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Comercio

Viernes 5 de Setiembre de 2003

Comentario sobre el borrador revisado de la Declaración Ministerial de Cancún*

por Red del Tercer Mundo - TWN

1. Introducción El presidente del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC) emitió en la noche del 24 de agosto de 2003 el borrador revisado de la Declaración Ministerial de Cancún “bajo su propia responsabilidad”. Este texto servirá de base para las negociaciones de Cancún. La Red del Tercer Mundo está profundamente preocupada por los procedimientos de elaboración del proyecto y su contenido, porque no constituyen buenos augurios para la Quinta Conferencia Ministerial. El borrador requiere cambios sustanciales.

2. Un proceso apresurado e insatisfactorio

La Red del Tercer Mundo está absolutamente insatisfecha con el proceso de elaboración del borrador. Lo peor es que los delegados y el público en general tienen muy poco tiempo para revisarlo y reaccionar.
El borrador revisado es el primer documento sustancial, porque el primer proyecto era apenas “esquelético”. Sin embargo, sólo se publicó en la noche del domingo 24 de agosto, dejando poco tiempo a las delegaciones para leerlo, enviarlo a sus capitales, obtener una respuesta y plantear una posición. Los asuntos en juego son técnicos y complejos, y las decisiones que se adopten repercutirán en la vida de miles de millones de personas.
En la medida en que no hay acuerdo total sobre los contenidos del proyecto, resulta fundamental que la opinión de los miembros disidentes se refleje con claridad en el texto. De otro modo, esos miembros estarán en desventaja en Cancún.
Las diferentes posiciones de los miembros deben reflejarse claramente en el borrador que formará la base de las negociaciones. Para ello, las delegaciones deben presentar sus respectivas posiciones y exigir que éstas se reflejen en el borrador revisado entre corchetes. Al menos, las opiniones de las diferentes delegaciones deberían compilarse en un anexo del texto. Y si se opta por una carta explicatoria de las distintas posiciones, el borrador de esa carta debe distribuirse entre los miembros para su aprobación antes de Cancún.

Otra posibilidad es que el borrador sea enviado a Cancún, pese a las discrepancias entre los miembros respecto de su contenido, bajo responsabilidad personal del presidente del Consejo General. La práctica del presidente de enviar textos a conferencias ministeriales bajo su propia responsabilidad comenzó en Ginebra antes de la conferencia de Doha (2001). La medida generó protestas de muchas delegaciones, que insistieron (infructuosamente) en que sólo un borrador aprobado por los miembros podía constituir la base de las negociaciones. Sin embargo, el texto enviado por el presidente fue la base de las negociaciones de Doha. Muchos países en desarrollo reclamaron después de la conferencia que se detuviera esa práctica, pero parece que se utilizará de nuevo, con el argumento de que no hay tiempo para redactar otro borrador. En este caso, una vez más carecerá de legitimidad el proceso de redacción y aprobación del texto, que es el aspecto más importante de la toma de decisiones.

El borrador a transmitir a la conferencia debe ser aprobado por todos los miembros. Quizá no sea posible un consenso, pero las diferencias deberían consignarse claramente. En cambio, el texto revisado sólo refleja discrepancias en algunas áreas, dando la falsa impresión de que existe acuerdo en la mayoría de los temas. Esta situación es injusta y debe rectificarse.

3. Principales problemas de contenido

En general, el borrador es muy desequilibrado y tiene varios aspectos perjudiciales para los intereses de los países en desarrollo. Estos no ganan prácticamente nada en cuanto a los “aspectos de desarrollo” de la agenda de Doha, es decir, los TRIPS y la salud pública, las cuestiones de aplicación, y el trato especial y diferenciado. Tampoco hay ganancias para los países menos adelantados. En materia de acceso a los mercados, los países industrializados no ceden sus privilegios de proteccionismo en el sector agrícola. Sin embargo, se pide a los países en desarrollo que asuman nuevas obligaciones para abrir sus mercados a productos agrícolas e industriales, y se les exhorta a participar en la liberalización de los servicios. Las partes relativas a la agricultura y al acceso a mercados no agrícolas son especialmente perjudiciales para las perspectivas de desarrollo.

En cuanto a los temas de Singapur, el borrador contiene dos opciones entre corchetes para cada uno de ellos. La primera opción consiste en empezar las negociaciones, con base en los puntos de consulta especificados en anexos. Lamentablemente, los anexos se basan en las posiciones extremas de los principales proponentes de las negociaciones, es decir, la Unión Europea y Japón. La segunda opción establece que la situación no permite el comienzo de negociaciones y prevé una aclaración adicional de los temas, pero no incluye anexos. Por lo tanto, existe un desequilibrio en la estructura del borrador en cuanto a los temas de Singapur.

A continuación, se analizan los puntos clave del proyecto.

4. Los TRIPS y la salud pública

Este asunto se trata en el párrafo 3. El borrador hace referencia a un anexo.

El 30 de agosto, el Consejo General adoptó el “Texto Motta” del 16 de diciembre de 2002 como solución al problema planteado en el párrafo 6 de la Declaración de Doha sobre los TRIPS y la Salud Pública (es decir, la necesidad de proveer acceso a los medicamentos para aquellos países con insuficiente o nula capacidad de fabricación), y le agregó una interpretación del presidente. El propio Texto Motta es un documento de compromiso e impone ciertas restricciones al uso de la “solución”, es decir, una excepción al artículo 31(f) del TRIPS. Este artículo establece que las licencias obligatorias deberían emitirse fundamentalmente para el mercado doméstico, lo que limita la posibilidad de exportación de fármacos genéricos. La interpretación presidencial anexa añade más restricciones:

(a) La solución será utilizada para proteger la salud pública y no “como instrumento para promover objetivos industriales o de política comercial”. Esto crea ambigüedad en cuanto a si se permitirán, y en qué medida, empresas o proyectos económicamente viables, y podría desalentar eventuales iniciativas.

(b) Los miembros “entienden” que el requisito de envasado y/o color o forma especial, para impedir el desvío de los fármacos, no tendrá un efecto significativo sobre los precios y también será aplicable a los ingredientes activos.

(c) Los miembros que deseen utilizar el sistema deberán notificar y proveer información al Consejo de los TRIPS sobre cómo determinar la falta de capacidad de fabricación.

(d) Los miembros podrán presentar “cualquier asunto relacionado con la interpretación o aplicación de la decisión, incluso asuntos relacionados con desvíos, al Consejo de los TRIPS para un rápido estudio, con miras a adoptar medidas apropiadas”. Asimismo, los miembros podrán “utilizar los buenos oficios del director general o el presidente del Consejo de los TRIPS” para encontrar una solución mutuamente aceptable cuando se considere que “no se ha cumplido plenamente con los términos de la Decisión”. El temor a que el uso de la excepción dé lugar a una solicitud de estudio puede ser un factor que desaliente el aprovechamiento de la solución.

Estas restricciones adicionales volverán más difícil la utilización de la solución por los países en desarrollo, en lo administrativo y en lo práctico. Además, pueden desalentar a potenciales productores de medicamentos genéricos y a potenciales importadores, que quizá lo consideren un proyecto económicamente poco rentable e incluso viable. Existen muy pocos casos de licencias obligatorias en países en desarrollo, y queda por ver si este sistema del párrafo 6 facilitará la producción, exportación e importación de medicamentos más accesibles. El Texto Motta debería entonces considerarse un compromiso que los países en desarrollo han aceptado, aunque con restricciones, y la declaración del presidente del 30 de agosto debería interpretarse como otra concesión de esos países para permitir un acuerdo antes de Cancún. No debería considerarse como una concesión de los países industrializados, ya que éstos esperan algo a cambio.

5. Agricultura

El párrafo 4 del borrador se refiere a la agricultura. Sin embargo, lo sustancial está en el Anexo A, que es muy complejo técnicamente. El anexo compromete a los miembros a adoptar ciertas decisiones sobre parámetros de apoyo doméstico, subsidios a las exportaciones y aranceles. Aunque no se incluyen cifras, este marco constituye una estructura que los países deberán adoptar posteriormente para sus políticas agrícolas.

No es posible que muchas delegaciones entiendan el significado y las implicaciones de estas cláusulas en tan poco tiempo. Asimismo, es injusto que tengan tan poco tiempo para estudiar el anexo. Será todavía más difícil en Cancún, donde los ministros tendrán apenas unos días para comprender los detalles técnicos, aunque en tres años los expertos no pudieron ponerse de acuerdo en Ginebra. Es improbable que se logre un acuerdo antes de Cancún, y sería injusto obligar a los ministros, que pueden no conocer los métodos y detalles técnicos, a adoptar decisiones cruciales bajo presión.

Si no se logra un acuerdo sobre el Anexo A antes de Cancún, en esa conferencia se debería adoptar la simple decisión de tomar nota de las negociaciones en curso y disponer que continúen en Ginebra.

Los siguientes son comentarios preliminares del Anexo A:

(a) Sobre apoyo doméstico (párrafo 1): Es muy lamentable que se permita la continuación de las distorsiones, dado que no se incluyen compromisos de los países industrializados para reducir el apoyo en general. De hecho, los subsidios del “compartimento azul” se amplían, y no se prevé ninguna disciplina en cuanto a los subsidios del “compartimento verde”. Por lo tanto, se abre el camino para continuar e incluso aumentar el apoyo doméstico en los países industrializados. En todo caso, éstos ya habían planeado trasladar sus subsidios del compartimento ámbar (pasibles de disciplinas específicas) al azul, y especialmente al verde.

(b) Sobre acceso a los mercados (párrafo 2): En esta área crucial, el anexo habilita a los países industrializados a eludir compromisos significativos de reducción arancelaria en productos con altos aranceles, permitiendo así el mantenimiento de una alta protección. Por otro lado, muchos países en desarrollo corren riesgo de quedar sujetos a importantes recortes de aranceles sobre varios productos, conforme a uno de dos sistemas. Este planteo es sumamente injusto. En principio, como no hay un compromiso auténtico de los países industrializados para eliminar o disminuir significativamente su apoyo doméstico ni sus subsidios de exportación (y en cuanto al acceso a los mercados, no tendrían que comprometerse a realizar recortes significativos en los rubros sujetos a altos aranceles), no se debería presionar a los países en desarrollo para que reduzcan más sus aranceles. Muchos países en desarrollo ya se vieron inundados por importaciones de bajo costo. Ellos precisan de la protección arancelaria para defenderse de las importaciones artificialmente baratas y altamente subsidiadas, pero, por el contrario, el borrador debilita más ese medio de defensa.

En el párrafo 2.1, se pide a los países en desarrollo que se comprometan a una “fórmula compuesta” de tres tipos de recortes arancelarios. Se trata básicamente de una propuesta de Estados Unidos y la Unión Europea. Algunos rubros arancelarios (llamados “sensibles a las importaciones”) se reducirán en una tasa promedio con un recorte mínimo, y también estarán sujetos a cuotas arancelarias; otros rubros estarán sujetos a un recorte mediante la aplicación de una “fórmula suiza”, y otros quedarán libres de aranceles. Este método permitirá a los países industrializados eludir compromisos significativos de apertura de sus mercados, dados sus actuales perfiles arancelarios. En general, Estados Unidos y la Unión Europea tienen aranceles agrícolas bajos, pero unos pocos de esos aranceles son muy altos. Mediante esta fórmula compleja, pueden colocar a esos aranceles en la primera categoría “sensible a las importaciones” que estaría sujeta a reducciones menores.

El párrafo 2.2 establece que, los rubros arancelarios que excedan determinado porcentaje (no especificado) en los países industrializados deberán ser abatidos hasta ese porcentaje para asegurar un mayor acceso a sus mercados en estas u otras áreas, incluso a través de cuotas arancelarias. Por un lado, esto parece constituir un mecanismo para poner un tope a los aranceles altos, pero por otro, provee una cláusula de escape al permitir la “transferencia” de la concesión a otra área.

El párrafo 2.4 establece que permanece en negociación la salvaguarda especial para los países industrializados. Muchos países en desarrollo reclamaron el fin de este tratamiento especial para aquellos países que transformaron en aranceles sus restricciones cuantitativas en la Ronda Uruguay (en su mayoría países industrializados), pero este punto todavía no se ha resuelto.

El párrafo 2.6 presenta una serie de fórmulas que comprometen a los países en desarrollo a reducir sus aranceles en tres categorías. La primera categoría contendrá artículos sensibles a las importaciones y presumiblemente se les aplicará los recortes arancelarios más bajos. Un porcentaje no especificado de sus rubros arancelarios deberán reducirse en una tasa promedio tampoco especificada, y se establecerá un porcentaje mínimo de reducción para cada rubro. Sólo en esta categoría se incluirán “productos especiales” que gozarán del limitado privilegio de sufrir recortes más bajos y no estar sujetos a compromisos de cuotas arancelarias. La segunda categoría de productos, con un porcentaje de rubros arancelarios a determinar, estará sujeta a recortes más altos según una tasa promedio no especificada, y cada rubro estará sujeto a una tasa no especificada mínima. Y, presumiblemente, la tercera categoría de productos estará sujeta a tasas más altas de reducción.

Es probable que los países en desarrollo sean presionados para incluir sólo una pequeña parte de sus rubros arancelarios en la categoría 1, y la mayoría en las categorías 2 y 3, sujetas a mayores recortes.

El anexo ofrece la opción de que, en lugar de los recortes arancelarios de las categorías 2 y 3, los países en desarrollo elijan la aplicación de la fórmula suiza. Pero ésta es apenas una fórmula de “armonización”, por la que los productos con aranceles más altos experimentan mayores reducciones.

Muchos países en desarrollo tienen aranceles “consolidados” (sujetos a compromisos en la OMC) bastante altos en amplias categorías de productos. Históricamente, los han utilizado para proteger a sus agricultores de las importaciones baratas. La protección arancelaria se volvió todavía más importante tras la eliminación de las restricciones cuantitativas (como las prohibiciones o cuotas de importación) en la Ronda Uruguay. Se trata de una forma de protección fundamental, dado que gran parte de la población mundial depende de la agricultura para sobrevivir. Muchos países en desarrollo fueron presionados para reducir sus aranceles aplicados en el marco de programas de ajuste estructural. Pero si sus aranceles consolidados son más altos, las normas de la OMC les permiten aumentar sus aranceles aplicados hasta alcanzar aquéllos, a menos que las condiciones del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional lo prohíban. Sin embargo, si se adoptan las propuestas del anexo, se forzará la reducción de los aranceles consolidados de los países en desarrollo, y esto también afectará sus aranceles aplicados.

Resulta paradójico que estas fórmulas para los países en desarrollo estén planteadas bajo el subtítulo “trato especial y diferenciado”, porque en realidad, castigarán a esos países, donde ya numerosos agricultores han sido arruinados por importaciones baratas.

El Sur en desarrollo debería resistir esta presión para liberalizar su sector agrícola. Los países en desarrollo no deben ser obligados a realizar más reducciones arancelarias en los productos alimenticios. Tampoco deberían ser obligados a recortar aranceles para todos aquellos productos agrícolas que en los países industrializados reciben subsidios domésticos o de exportación. Para otros productos no exentos, sólo debería aplicarse una fórmula sencilla de reducción promedio y general, exceptuando una categoría de productos especiales, que deberían estar exentos de compromisos de reducciones de aranceles o apoyo doméstico. Los países en desarrollo deberían ser habilitados para seleccionar esos productos con la flexibilidad que necesitan.

El párrafo 2.7 establece que la aplicabilidad del párrafo 2.2 para los países en desarrollo será negociada. Esto es riesgoso, dado que el párrafo 2.2 prevé que los rubros arancelarios que excedan un porcentaje máximo (no especificado) en los países en desarrollo deberán reducirse ese máximo, o de lo contrario se buscarán otras formas de ampliar el acceso a sus mercados. Tal compromiso debería aplicarse a los países del Norte, pero no a los del Sur.

El mecanismo de salvaguarda especial para los países en desarrollo previsto en el párrafo 2.8 es muy bienvenido. Es imperioso que este mecanismo funcione en la práctica y que los países en desarrollo puedan utilizarlo con flexibilidad para satisfacer sus necesidades. Su uso no debería ser limitado por condiciones o restricciones de productos. La frase “sujeto a condiciones y para productos a determinar” debería reemplazarse por otra que asegure que los países en desarrollo pueden utilizar el mecanismo de manera sencilla, flexible y eficaz para satisfacer sus necesidades.

(c) Sobre competencia de exportación: Esta sección adopta básicamente el enfoque de Estados Unidos y la Unión Europea, por lo tanto reproduce la falta de compromiso de los países industrializados para eliminar sus subsidios y créditos de exportación. Resulta lamentable e inaceptable que se acuerde permitir la continuación en paralelo de subsidios y créditos a la exportación para los mismos productos. Deberíamos retomar el mandato de Doha y garantizar la eliminación de todos los subsidios a las exportaciones en muy pocos años, además de imponer disciplinas a los créditos blandos de exportación.

6. Acceso a mercados no agrícolas

Párrafo 5 y anexo B. Las partes del borrador referentes a este tema incluyen algunas de las disposiciones más perjudiciales para los países en desarrollo. El anexo B contiene compromisos para que los países en desarrollo aumenten su porcentaje de rubros arancelarios consolidados a casi 100 por ciento y realicen importantes recortes en los aranceles sobre la mayoría de sus productos industriales. Esto no debería aceptarse, porque su aplicación podría ser muy dañina para las perspectivas de desarrollo industrial en países en desarrollo. Los asuntos cubiertos en el anexo B han sido discutidos extensamente en Ginebra y muchos de sus puntos resultan inaceptables para muchos países en desarrollo. Sin embargo, el presidente responsable de este anexo de borrador marginó las opiniones de los países en desarrollo y reprodujo más fielmente todavía el reciente documento conjunto de Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá.

Si no se puede lograr un acuerdo sobre el anexo B en los próximos días en Ginebra, no se lo debería incluir en el borrador. Por lo tanto, debería eliminarse la línea del párrafo 5 que dice: “Para este fin... este documento”. Los ministros deberían simplemente tomar nota del progreso alcanzado en el grupo de negociación y ordenarle que concluya su trabajo, como en la última línea del párrafo 5.

Los principales problemas del anexo B son:

Anexo B, párrafo 3: “La aplicación de una fórmula es la clave”. En realidad, depende de qué fórmula. La mayor parte de las fórmulas propuestas hasta ahora en las negociaciones de Ginebra (especialmente las de Estados Unidos y la Unión Europea) tienen efectos perjudiciales para los países en desarrollo. Esa línea debería cambiarse por: “El uso de fórmulas es uno de los métodos para reducir...”

Párrafo 3: “Fórmula no lineal”. El compromiso de los países en desarrollo con una fórmula no lineal causaría un grave perjuicio a sus industrias locales, por lo tanto este término debería ser rechazado. La fórmula no lineal apunta a lograr recortes muy pronunciados a los aranceles más altos, y recortes pronunciados a los aranceles de la franja media. Estas reducciones pueden perjudicar a las industrias nacionales, el empleo y los ingresos de los gobiernos. De hecho, estas medidas serían lo opuesto al principio de “que no haya reciprocidad plena”, o trato especial y diferenciado.

Párrafo 4: Los puntos de este párrafo sobre la fórmula no lineal no deberían aplicarse, porque ese concepto es inaceptable. En todo caso, deberían observarse los siguientes puntos:

--2º punto: Es muy injusto fijar la base para iniciar la disminución de aranceles no consolidados en el doble de la tasa aplicada, como se propone en este punto. Esa exigencia implica que los nuevos aranceles consolidados estarán muy cerca de las actuales tasas aplicadas y en algunos casos por debajo. En cambio, se debería otorgar a los países en desarrollo plena flexibilidad para fijar sus propias tasas al aumentar la cantidad de aranceles consolidados. (Ver también comentario sobre el párrafo 7, más abajo).

--4º punto: La fecha estimada del comienzo de los créditos para la liberalización autónoma no debería ser el final de la Ronda Uruguay sino antes, dado que muchos países en desarrollo empezaron su liberalización autónoma con los programas de ajuste estructural impulsados por las instituciones de Bretton Woods, en los años 80.

--5º punto: La propuesta para convertir en “ad valorem” todos los derechos aduaneros que no se aplican sobre el valor de los productos puede estar errada. Algunos productos industriales se comportan como productos básicos y por lo tanto son propensos a fluctuaciones de precios y a caídas abruptas. Un sistema ad valorem, por lo tanto, afectaría la recaudación aduanera y provocaría oleadas de importaciones si el precio del producto importado cayera considerablemente.

Párrafo 5. Este párrafo ofrece la opción de que aquellos países en desarrollo con un porcentaje de rubros arancelarios consolidados inferior a (35) por ciento comprometan (100) por ciento de sus rubros arancelarios, sin exceder el promedio general de aranceles consolidados. Por lo tanto, esos países serían excluidos de la fórmula. Pocos de los países menos adelantados serían elegibles para esta opción. Además, los países elegibles enfrentan un dilema, porque para poder aplicar la tasa promedio de reducción, deben consolidar 100 por ciento (o casi) de sus rubros arancelarios.

Párrafo 6. El anexo también propone que los aranceles en siete sectores sean eliminados por completo en un plazo determinado. Esta medida podría significar la muerte de algunas de esas industrias en países en desarrollo, que por mucho tiempo han reclamado que no se les incluya en ningún sistema obligatorio de eliminación de aranceles por sectores. Sin embargo, el anexo B insiste en que “es importante la participación de todos”, ignorando las demandas de los países en desarrollo de que el sistema siga siendo voluntario y preparando el camino para un compromiso obligatorio. Esto es inaceptable.

Párrafo 7. Establece que todos los países en desarrollo deben ampliar su cobertura de aranceles consolidados a 95 por ciento por lo menos. Hasta ahora, cada miembro tiene derecho a elegir su grado de cobertura, y se debería mantener esta flexibilidad. Además, los países deberían ser libres para elegir qué tasas de reducción aplicar a sus rubros arancelarios. Muchos países han dejado deliberadamente ciertos rubros arancelarios sin consolidar por razones de desarrollo. La propia OMC concibe esta flexibilidad, dado que todas las negociaciones de reducciones arancelarias hasta el momento se han aplicado únicamente a rubros consolidados. Además, la organización hace una diferencia entre aranceles consolidados y aplicados. Esta propuesta de comprometer 95 por ciento de los rubros arancelarios no tiene precedentes en la historia de las negociaciones multilaterales.

El anexo no hace referencia al debilitamiento de las preferencias comerciales. Sin embargo, esta cuestión debería tratarse en el ámbito de la OMC, y no en las instituciones financieras internacionales. La OMC debería establecer un mecanismo para hacer frente a la erosión de las preferencias. Las instituciones financieras deberían contribuir con fondos, pero sin imponer nuevas condiciones.

Con todos estos problemas pendientes, resulta inaceptable esta versión del anexo B. El propio borrador debería reconocer plenamente estas preocupaciones planteadas, o bien el anexo B debería ser eliminado.

También debería observarse que en ninguna de las anteriores rondas de negociaciones sobre recortes de aranceles industriales los países en desarrollo han estado sujetos a la aplicación de una fórmula. Ni siquiera los países industrializados se han sometido a alguna fórmula no lineal. Asimismo, los países en desarrollo han sido libres hasta ahora para determinar la cobertura de sus compromisos arancelarios. Resulta paradójico que, en nombre de la llamada Agenda de Desarrollo de Doha, se proponga eliminar la flexibilidad que hasta ahora han tenido esos países e imponerles grandes recortes arancelarios. Todo esto aunque, en el discurso, se dice tener en cuenta las necesidades especiales y los intereses de los países en desarrollo, así como el trato especial y diferenciado.

Los países en desarrollo no deben aceptar el sistema del anexo B para limitar su espacio político y su flexibilidad. Si lo aceptan, se sentará un precedente negativo y lamentable, sobre el cual se basarán futuras rondas de reducciones arancelarias. La presión de los países industrializados en ese sentido es lógica, porque tienen aranceles relativamente bajos en este sector. Cabe señalar que los países indutrializados han realizado ocho rondas de negociaciones para reducir gradualmente sus aranceles.

7. Trato especial y diferenciado y cuestiones de aplicación (párrafos 11 y 12)

Estos dos asuntos son clave para los esfuerzos de los países en desarrollo de rectificar al menos parte de los desequilibrios de las normas de la OMC. La Declaración de Doha reconoce la importancia de ambos temas, pero nos preocupa que su importancia sea degradada en virtud del tratamiento que les otorga el actual borrador.

La Declaración de Doha dejó claro que ambos asuntos son tema de negociación y forman parte de un compromiso único. De hecho, las cuestiones de aplicación fueron incorporadas deliberadamente como primer punto del Programa de Trabajo en la Declaración de Doha, incluso antes de la agricultura. El texto de Doha establece en el párrafo 12 que “las negociaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a la aplicación serán parte integrante del programa de trabajo que establecemos” y que “los acuerdos a que se llegue en una etapa inicial de dichas negociaciones se tratarán de conformidad con las disposiciones del párrafo 47”. Este párrafo se refiere al compromiso único. El trato especial y diferenciado también se incluye en el marco de la Decisión sobre Cuestiones de Aplicación y por lo tanto forma parte de las negociaciones y del compromiso único. Es esencial que esto sea reconocido y reafirmado.

Sin embargo, notamos con preocupación que los subtítulos correspondientes al trato especial y diferenciado y a las cuestiones de aplicación, en el margen izquierdo de los párrafos 11 y 12, no incluyen la palabra “negociaciones”, a diferencia de todos los otros temas de negociación, previstos en los párrafos 4 a 10. Esto debería rectificarse. En segundo lugar, ambos asuntos deberían recuperar su posición anterior y ser colocados más arriba en el documento, antes de la agricultura. Por último, los dos párrafos deben ser revisados para dejar claro, como en la Declaración de Doha, que son parte integrante del Programa de Trabajo de Doha y del compromiso único.

8. Los temas de Singapur

El texto prevé dos opciones para cada uno de los temas de Singapur. Esto es bienvenido. En los cuatro temas se mantiene la opción de proseguir la aclaración. Esta alternativa debería conservarse en el texto a transmitir a Cancún, porque representa la visión de un gran número de miembros.

Por otra parte, el contenido de los anexos D, E, F y G es causa de gran preocupación, porque respaldan el lanzamiento de negociaciones, que es la primera opción de cada uno de los temas. Ninguno de los anexos contiene modalidades sustantivas de negociación en un grado satisfactorio. Además, reflejan apenas la opinión expresada por un sector extremo en los grupos de trabajo. Un análisis de estos anexos permite entender el temor de muchos miembros de que el lanzamiento de negociaciones sobre estos temas pueda conducir a acuerdos y obligaciones con graves consecuencias sobre los países en desarrollo.

Para ser justo, el presidente debió plasmar las distintas opiniones sobre lo que constituirían modalidades de negociaciones, si quería incluir anexos para acompañar la decisión de lanzar negociaciones. Las diferentes posiciones sobre los temas fueron claramente expuestas en los grupos de trabajo y constan en los informes de las reuniones. Asimismo, fueron expresadas en consultas informales durante los últimos dos meses. Sin embargo, el presidente no las tuvo en cuenta, y en cambio consignó sólo la opinión de la Unión Europea y Japón –los proponentes de las negociaciones–, en especial sobre inversiones y cuestiones de aplicación.

El texto de la Unión Europea y Japón sobre inversiones (anexo D) sólo fue presentado en una reunión informal de jefes de delegación el 22 de agosto, y fue muy criticado por numerosos países. No se acordó su inclusión en el borrador de Cancún.

El texto sobre competencia (anexo E) se basa en una de las tres opciones planteadas por Frederic Jenny, presidente del correspondiente grupo de trabajo, a un pequeño grupo de delegaciones. La opción ni siquiera fue discutida en una reunión de jefes de delegación, mucho menos adoptada. En un documento anterior, Jenny sugirió incluso que esta opción sólo tenía el apoyo de una minoría, y por lo tanto presentó otras dos. Resulta entonces extraño e inaceptable que esa opinión minoritaria constituya todo un anexo.

El texto sobre transparencia en la contratación pública (anexo F) se basa en un documento de la Unión Europea presentado a un pequeño grupo durante consultas informales, en la semana previa a la emisión del borrador revisado. Ese documento fue rechazado por algunos países en desarrollo presentes. De hecho, el presidente de las consultas sobre el tema emitió su propio borrador, en el que consignaba más fielmente la posición de los países en desarrollo, pero los pequeños grupos de consulta lo rechazaron. Ni el borrador de la Unión Europea ni el del presidente fueron presentados en las reuniones de jefes de delegación. Sin embargo, el documento extremo de la Unión Europea surgió ahora como el anexo F.

En cuanto a la facilitación del comercio, no se conoce ningún borrador que haya sido presentado en las consultas o a los jefes de la delegación. A pesar de esto, repentinamente apareció un texto que refleja la posición de los proponentes de las negociaciones, bajo la forma del anexo G.

Existe entonces un desequilibrio en la estructura del borrador respecto de los temas de Singapur. Los proponentes de las negociaciones cuentan con la opción 1 del texto más los cuatro anexos, que podrán aprovechar plenamente en Cancún. Por otra parte, un gran número de países que rechazan las negociaciones poseen sólo la opción 2. Su pretensión de continuar la aclaración de los temas no fue consignada en anexos. En cambio, el presidente sólo hizo constar en los anexos D a G la posición de los proponentes, en particular de la Unión Europea y Japón.

El 27 de agosto, 13 países en desarrollo partidarios de la opción 2 presentaron un documento al Consejo General de la OMC (con una carta explicatoria del embajador de India) en el que exponen las cuestiones que requieren aclaración para cada uno de los temas de Singapur. Los firmantes solicitaron al presidente del Consejo que agregara esos cuatro documentos como anexos del borrador a transmitir a los ministros. El objetivo es reflejar la posición de aquellos países que no desean empezar las negociaciones sobre qué temas deberían ser objeto de mayor aclaración. Sin embargo, no es seguro que esos anexos alternativos sean agregados al borrador. En todo caso, deberían ser distribuidos y estudiados por todos.
--------------- * Este comentario fue redactado por Martin Khor con la asistencia de Goh Chien Yen, luego de discusiones con Cecilia Oh, Tetteh Hormeku y Meena Raman.




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