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Viernes 11 de Abril de 2003

IRAQ: La guerra ilegal (II)

por Ronald McCoy

Para resolver la crisis de Iraq, había alternativas diplomáticas, sin los riesgos humanos, políticos, financieros, éticos y ambientales de una intervención militar.

Autorización del Congreso de Estados Unidos

El gobierno de George W. Bush se anticipó a la guerra en Iraq al procurar y obtener la autorización del Congreso legislativo. El 11 de octubre de 2002, el Congreso autorizó al presidente a declarar y lanzar una “guerra preventiva” contra Iraq en cuanto lo considerara pertinente. Al hacerlo, el Congreso se cubrió con el manto del imperialismo y creó facultades presidenciales por encima y más allá de lo establecido en el derecho nacional e internacional.

Al delegar al presidente la facultad de declarar la guerra, el Congreso violó la Constitución de Estados Unidos, que intenta proteger al país contra declaraciones de guerra imprudentes e irreflexivas del Poder Ejecutivo, limitando esa facultad al Poder Legislativo. Esa limitación existía desde antes de los grandes esfuerzos del siglo XX por erigir barreras más fuertes contra la guerra mediante el derecho internacional, la moralidad pública y la Carta de las Naciones Unidas.

Aunque la humanidad muchas veces no se esforzó por evitar la guerra, evitarla sigue siendo un objetivo compartido por los pueblos del mundo y apoyado por todos los gobiernos. Sin embargo, el mundo fue testigo de una nueva guerra, esta vez “preventiva”, sin que hubiera un profundo debate público en Estados Unidos, el país que la inició. El trauma psicológico de los atentados del 11 de septiembre, el excesivo patriotismo y la influencia de una prensa complaciente con el gobierno jugaron cada uno su parte en la promoción de la acción militar.

La dominación de Estados Unidos en los asuntos internacionales implica una gran responsabilidad. Su comportamiento beligerante debería ser restringido por tres elementos:

* el derecho internacional, que sólo permite el uso de la fuerza en circunstancias específicas definidas por la Carta de la ONU;

* la moralidad internacional, que permite la intervención humanitaria para impedir genocidios o limpiezas étnicas, y

* la necesidad, cuando la supervivencia y los intereses fundamentales de un estado están auténticamente amenazados.

Con respecto a la crisis de Iraq, no se puede alegar que el derecho internacional respalda la guerra o que la brutalidad del régimen iraquí justificaba la intervención humanitaria. Esto descarta el argumento de la necesidad esgrimido por la administración Bush. Aunque los inspectores de desarme de la ONU no comprobaron la existencia de armas de destrucción masiva, Bush arguyó que Iraq debía ser desarmado por la fuerza porque no confiaba en la capacidad de los inspectores para hacer su tarea.

La doctrina Bush

La nueva doctrina estratégica de la guerra preventiva sostiene que Estados Unidos tiene derecho a usar la fuerza militar contra cualquier estado que considere hostil o intente adquirir armas de destrucción masiva. Iraq se transformó en el primer experimento de esa doctrina, según la cual la seguridad de todos los otros países está subordinada a los Estados Unidos. Esto es una negación explícita de los principios de soberanía e igualdad jurídica de los estados nacionales como base del derecho internacional. Sin el imperio de la ley, el mundo caerá en un estado de anarquía y regirá la ley de la selva.

La doctrina de la guerra preventiva se alimenta del clima doméstico de patriotismo dominante desde el 11 de septiembre de 2001. La promoción del uso de la fuerza militar bajo la bandera de la contraproliferación y el contraterrorismo constituye un repudio a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y los derechos humanos.

Es pertinente recordar la crisis del canal de Suez, en 1956, cuando Estados Unidos se opuso al uso no defensivo de la fuerza contra Egipto por parte de Gran Bretaña, Francia e Israel. En contraste, la doctrina de Bush prevé la anticipación armada a supuestos peligros, sospechas sobre las intenciones de otro país, vínculos potenciales con organizaciones terroristas o posibles planes de adquirir armas de destrucción masiva. Se trata de una doctrina sin límites, sin obligación de rendir cuentas a la ONU, sin dependencia de un juicio colectivo de gobiernos responsables y sin ninguna demostración convincente de necesidad práctica.

Es cierto que el desafío del megaterrorismo exige repensar la pertinencia de las normas y los límites al uso de la fuerza, adoptados en tiempos en que los conflictos armados se producían principalmente entre estados. Hoy en día, la violencia indiscriminada procede de actores no estatales y grupos terroristas, incluso redes ocultas de extremistas políticos y religiosos, con capacidad de atacar aun a los países más poderosos. Sin embargo, el terrorismo de Estado no derrotará al terrorismo no estatal. Primero que nada, deben atacarse las causas del terrorismo, entre ellas el sentido de injusticia perpetua entre los pobres y los oprimidos.

Conclusión

Para resolver la crisis de Iraq, había alternativas diplomáticas, sin los riesgos humanos, políticos, financieros, éticos y ambientales de una intervención militar. Iraq estaba cooperando con los inspectores de armas, y éstos debían tener más tiempo para completar su tarea. Después de todo, la ONU demoró dos años en verificar la eliminación del arsenal nuclear de Sudáfrica.

Todos los países deberían ser despojados de sus armas de destrucción masiva, incluido Estados Unidos, que tiene el mayor arsenal. Las potencias nucleares deben cumplir con sus obligaciones legales de desarmarse de acuerdo con tratados internacionales.

La ONU debe fortalecer y promover el paralizado proceso de desarme y establecer una comisión internacional sobre la eliminación de todas las armas de destrucción masiva. Asimismo, la ONU debe ser facultada para trabajar con la Organización de la Conferencia Islámica, que representa a 56 países musulmanes, para tratar los problemas de seguridad en Medio Oriente, incluido el espinoso conflicto palestino-israelí. La imposición de una solución a través de la intervención extranjera o la guerra no funcionará.

El uso de la fuerza militar contra la proliferación de armas y el terrorismo sólo conducirá a guerras sin fin y al caos. Únicamente a través de la diplomacia paciente, fortalecida por instituciones eficaces y el imperio de la ley, la humanidad encontrará un nuevo camino hacia la confianza y la cooperación mutua. El primer paso es abandonar la idea cínica de que la guerra es inevitable. Debemos tener la valentía y la visión de creer que la paz como objetivo es humanamente posible, y trabajar para ello.

Los atentados del 11 de septiembre fortalecieron a las poderosas fuerzas conservadoras de Washington y ofrecieron a los promotores de la Pax Americana un pretexto para adoptar la política de la anticipación armada. Para cambiar esto, las fuerzas progresistas de América, Europa y el resto del mundo deben activarse, racionalizando el miedo al terrorismo y convenciendo a los conservadores de que la guerra no derrotará al terrorismo ni eliminará la amenaza de las armas de destrucción masiva. El desarme universal, la justicia y el respeto al derecho internacional y al multilateralismo beneficiarían a todos los países. — Third World Network Features. (FIN)

Acerca del autor: Ronald McCoy es médico y presidente de la organización Médicos de Malasia para la Prevención de la Guerra nuclear.
Lo que antecede es una versión editada y actualizada de un discurso que pronunció el 24 de enero de 2003 en Penang, Malasia, en el foro “No a la guerra en Iraq”.

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