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Viernes 11 de Abril de 2003

IRAQ: La guerra ilegal (I)

por Ronald McCoy

Un análisis de los aspectos legales, morales y estratégicos de los argumentos de Estados Unidos para lanzar su “guerra preventiva” contra Iraq sin la autorización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) demuestra que las amenazas, los preparativos bélicos y la propia acción militar fueron ilegales y contrarios a la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

En la década de 1930, estrechos intereses nacionales y el desequilibrio de poder en Europa generaron un conflicto que terminó abarcando al mundo entero. Siete décadas después, fuimos testigos de la liberación de esas mismas fuerzas de violencia y agresión en Iraq, con el potencial de provocar una conflagración mundial y, eventualmente, nuclear.

La invasión fue preparada por el gobierno más poderoso de la historia como parte de su obra de progreso, su “guerra contra el terrorismo” y sus planes de dominación mundial. El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, acusó a Iraq de ocultar armas de destrucción masiva y lo amenazó con un ataque militar si no las daba a conocer y las eliminaba. (...)

Cabe recordar en estas circunstancias las palabras del fiscal principal del tribunal de Nüremberg, Robert L. Jackson: “Debemos aclarar a los alemanes que el crimen por el cual se juzga a sus líderes caídos no es haber perdido la guerra, sino haberla iniciado. Y no debemos dejarnos arrastrar a un análisis de las causas del conflicto, porque nuestra posición es que nada justifica el recurso a la agresión. Renunciamos y condenamos la guerra como instrumento político”.

Un análisis de los aspectos legales, morales y estratégicos de los argumentos de Estados Unidos para lanzar su “guerra preventiva” contra Iraq sin la autorización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) demuestra que las amenazas, los preparativos bélicos y la propia acción militar fueron ilegales y contrarios a la letra y el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas y a las normas que rigen el uso de la fuerza en las relaciones internacionales.

Política de seguridad de Estados Unidos desde el 11 de septiembre de 2001

La respuesta inmediata de Estados Unidos a los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue un ataque militar contra Afganistán. El gobierno de Bush arguyó que, en su “guerra contra el terrorismo”, tenía derecho a anticiparse a las agresiones. Gran parte del público y muchos gobiernos opinaron que, aunque esas medidas sólo pueden justificarse en circunstancias excepcionales, la administración Bush no tenía una excusa creíble para atacar a Iraq. Hasta ahora, no se hallaron pruebas de la vinculación del régimen de Saddam Hussein con organizaciones terroristas ni de su posesión de armas de destrucción masiva.

La respuesta diplomática de Estados Unidos ante la admisión de Corea del Norte de que tiene un programa nuclear puso de relieve el doble discurso de Washington ante el peligro de la proliferación nuclear y confirmó las sospechas de que la guerra contra Iraq tiene más que ver con el control de Medio Oriente y sus reservas petroleras que con la contraproliferación de armas o el contraterrorismo.

Considerando que Estados Unidos es la primera potencia militar y económica del mundo, con bases militares en más de 60 países, una fuerza aérea de alta tecnología, una armada que patrulla todos los océanos y mares, y un programa espacial de armas, cabe a ese país la responsabilidad de respetar y cumplir las normas del derecho internacional que rigen el uso de la fuerza y rechazar la ley de la selva. En ausencia de una potencia que oficie de contrapeso, sólo la adhesión voluntaria de Washington al derecho internacional puede limitar su uso excesivo de la fuerza. Sin embargo, este país trata de imponer un orden mundial hegemónico, respaldado por la fuerza militar y el uso selectivo de las normas internacionales.

El ejercicio del poder militar por parte de Estados Unidos y la búsqueda de la dominación total por tierra, aire, mar y espacio exterior se basa en su creciente gasto militar, la dependencia de armas nucleares y convencionales de alta tecnología –incluso el desarrollo de una nueva generación de ojivas nucleares y sistemas de defensa antimisiles– y la amenaza de librar “guerras preventivas” en aras de la seguridad nacional. Esto es una manifestación de regresión moral y política.

Convencida de que la fuerza militar puede combatir al terrorismo, la administración de Bush, quizá el gobierno más imperialista y socialmente retrógrado de Estados Unidos desde la segunda guerra mundial, se lanzó a la guerra contra Iraq, después de haber destruido gran parte de Afganistán y causado miles de víctimas para derrocar al régimen Talibán. Suena hipócrita que la única superpotencia del mundo, con unas 10.000 armas nucleares, haya atacado un país más pequeño y débil en base a la acusación infundada de que tenía armas de destrucción masiva.

La guerra no aumentó la seguridad de los estadounidenses. Por el contrario, en el mundo árabe y musulmán fue percibida como un reflejo del doble discurso por el cual Estados Unidos finge que no sabe que Israel tiene 200 armas nucleares. El ataque a Iraq puede agitar el avispero islámico y producir hordas de terroristas. También puede desestabilizar Medio Oriente y representar graves riesgos para la seguridad regional y global, además de exacerbar el conflicto palestino-israelí y posiblemente conducir a una guerra entre Israel y el mundo árabe, con consecuencias catastróficas e impredecibles.

La guerra contra el terrorismo no puede ganarse en el campo de batalla, porque éste no existe. Tampoco se puede frenar a los terroristas con armas nucleares. Por lo tanto, el enfoque militar no sólo fracasará, sino que agravará la situación. La doctrina del secretario de Defensa estadounidense, Donald Rumsfeld, de “encontrar y destruir al enemigo antes de que nos ataque” no disuadirá a los terroristas suicidas.

La proliferación de armas de destrucción masiva

La administración Bush adoptó políticas muy diferentes hacia Iraq y hacia Corea del Norte, aunque incluyó a ambos en el “eje del mal”, junto a Irán. En el caso de Corea del Norte, Bush aclaró que prefiere la vía diplomática, aunque ese gobierno expulsó a los inspectores nucleares de la ONU y anunció su retiro del Tratado de No Proliferación Nuclear.

Bush intentó justificar la diferencia insistiendo en que Iraq representaba un peligro especial porque había invadido Irán en 1980 y Kuwait en 1990, además de haber utilizado armas químicas contra Irán y los kurdos iraquíes. Cabe recordar que fue Estados Unidos el que alentó a Iraq para que invadiera Irán, y también se dice que le hizo un guiño a Saddam Hussein en 1990 antes de que invadiera Kuwait. Estados Unidos no sólo conocía el uso de armas químicas por Iraq, sino que se las suministraba.

Washington se erigió como el árbitro de quién puede y quién no puede poseer armas de destrucción masiva. En 1998, cuando India y Pakistán realizaron sus primeras pruebas nucleares, Estados Unidos no hizo nada para impedir que esos países desarrollaran y poseyeran armas atómicas. Tampoco intervino para impedir que Israel adquiriera dichas armas.

El mundo árabe conoce bien el oportunismo estratégico de Washington, que le permitió adoptar criterios diferentes para Iraq, Israel y Corea del Norte. Es obvio que el petróleo es un factor económico y estratégico fundamental en la política estadounidense y que el supuesto desarrollo de armas de destrucción masiva no fue más que un pretexto para intervenir militarmente en Iraq y así asegurarse la dominación de esa rica región petrolera.

La posesión de armas de destrucción masiva por cualquier país es injustificable. Todos los países que las tienen deberían destruirlas, en especial los ocho estados nuclearizados: Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, Francia, China, Pakistán, India e Israel. Aun si Iraq hubiera tenido esas armas y los invasores las hubieran destruido, otros países intentarían protegerse con armas similares, siempre que otros las tengan. Por lo tanto, la guerra y el desarme selectivos no son soluciones eficaces para la proliferación de armas de destrucción masiva.

Derecho internacional

La guerra lanzada por Estados Unidos para derrocar a Saddam Hussein, sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, constituyó una “agresión de guerra”, un crimen internacional por el cual los líderes de Alemania y Japón fueron juzgados después de la segunda guerra mundial.

La devastación de ciudades y la enorme pérdida de vidas en esa guerra llevó a la fundación de la ONU “para proteger a las generaciones venideras del flagelo de la guerra”, “mantener la paz y la seguridad internacionales”, “tomar medidas colectivas eficaces para la prevención y eliminación de amenazas a la paz” y “resolver por medios pacíficos” las disputas internacionales.

La Carta de la ONU prohíbe el uso de la fuerza salvo en dos circunstancias específicas, definidas en el Artículo 51:

- Los estados pueden usar la fuerza en autodefensa individual o colectiva contra un ataque armado o un inminente ataque armado de otro estado.

- Los estados pueden realizar operaciones militares si los autoriza el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, tal autorización sólo puede otorgarse tras el fracaso de todos los esfuerzos por restaurar la paz y seguridad internacionales por medios pacíficos.

Resolución 1441 del Consejo de Seguridad

La crisis en Iraq fue planteada en el Consejo de Seguridad de la ONU y, pese a la fuerte presión de Estados Unidos, el Consejo aprobó por unanimidad el 8 de noviembre de 2002 una resolución sobre Iraq que no incluía la autorización del uso de la fuerza reclamada por Washington.

La resolución 1441 estableció un riguroso régimen de inspecciones que fortaleció la autoridad de la Comisión de Vigilancia, Verificación e Inspección de las Naciones Unidas (UNMOVIC) y la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA). También estableció que Iraq debía cooperar plenamente con los inspectores de armas, que a la vez debían tener tiempo suficiente para completar su trabajo.

La resolución no menciona el uso de la fuerza en caso de que Iraq no cumpla con las condiciones. Claramente, la intención de la resolución no fue autorizar automáticamente el uso de la fuerza en caso de violación por parte de Iraq. De hecho, fue Estados Unidos el que violó la Carta de la ONU al lanzar una acción militar sin la aprobación del Consejo.

Asimismo, la resolución 1441 logró por algún tiempo contener los llamados a la guerra en Iraq por Estados Unidos y Gran Bretaña, y redefinir la crisis de Iraq como un problema de desarme, y no de cambio de régimen. La norma sometió a Estados Unidos al multilateralismo y a la ONU, pero aun así reflejó la dominación de Washington sobre el foro mundial y el resto del mundo, y en definitiva, fijó las condiciones de la guerra. La negociación de los términos de la resolución llevó ocho semanas y reflejó la fuerte oposición internacional y doméstica a la guerra por el petróleo y el imperio que promovía Bush. Por lo tanto, más que limitar a Iraq, la resolución limitó a Estados Unidos.

Ningún elemento de la resolución otorgaba a Washington el derecho a determinar si Iraq había violado las condiciones, ni a decidir qué hacer en tal caso, aunque Estados Unidos se atribuyó esos derechos. Sin embargo, debido a la ambigüedad del lenguaje diplomático, el texto tampoco negaba explícitamente ese derecho ni reafirmaba la declaración de la Carta de la ONU de que sólo el Consejo de Seguridad está facultado para tomar decisiones de guerra y paz.

Pero, como dijo el secretario de Estado Colin Powell, “independientemente del resultado de las negociaciones del Consejo, al final habrá una resolución que concederá al presidente de Estados Unidos la autoridad y el derecho de actuar en defensa del pueblo estadounidense y de nuestros vecinos”. En otras palabras, Estados Unidos se reservó el derecho de actuar en forma independiente de la ONU.

Los registros del Consejo de Seguridad revelan que, en muchas otras ocasiones, Estados Unidos logró sus objetivos mediante la presión, el chantaje o el soborno a otros gobiernos. (...) — Third World Network Features. (FIN)

Acerca del autor: Ronald McCoy es médico y presidente de la organización Médicos de Malasia para la Prevención de la Guerra nuclear.
Lo que antecede es una versión editada y actualizada de un discurso que pronunció el 24 de enero de 2003 en Penang, Malasia, en el foro “No a la guerra en Iraq”.

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