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Lunes 17 de Febrero de 2003

Propuesta para añadir valor al trabajo doméstico

Enero de 2003

El proyecto de Ley del Patrimonio Familiar presentado en Costa Rica, tendente a otorgar garantías económicas a las amas de casa, destaca el valor económico del trabajo doméstico y la necesidad de que el Estado regule esa actividad. Los críticos arguyen que los términos de la iniciativa acentuarán los conflictos y convertirán el matrimonio en un mero arreglo económico. Los partidarios sostienen que la ley apenas protege a las mujeres de la explotación doméstica y ayuda a colocar su trabajo en la adecuada perspectiva económica.

El uso de las palabras "contrato familiar" ha alborotado los sectores conservadores de Costa Rica. Los críticos de la propuesta Ley de Patrimonio Familiar sostienen que la formalización de las relaciones económicas en el hogar corromperá los vínculos afectivos que forman la base del matrimonio.

La iniciativa fue presentada por diputadas de los tres mayores partidos políticos: Margarita Penon, del Partido de la Acción Ciudadana, Kyra de la Rosa Alvarado, del Partido Liberación Nacional, y Gloria Valerin, del gobernante Partido Unidad Socialcristiana.

Los partidarios de la propuesta consideran que la valoración económica del trabajo doméstico creará una nueva conciencia sobre el valor de ese trabajo y la persona que lo realiza.

El proyecto, incluido por primera vez en la agenda legislativa en octubre de 2002, plantea una reforma del código de familia y leyes relacionadas, concentrada en la igualdad de géneros y los derechos humanos de la mujer.

La ley establecería dos tipos de regulación matrimonial: una sobre bienes comunes y otra sobre los términos económicos del matrimonio, definidos en un contrato matrimonial.

La regulación de los bienes comunes tiende a proteger la casa familiar, un automóvil por un valor de hasta 35 salarios mínimos, los muebles y artículos eléctricos del hogar y las cuentas bancarias conjuntas de la pareja.

El proyecto también tiende a establecer un fondo especial para cubrir los costos familiares de acuerdo con el nivel económico, con miras a atender las necesidades de cada miembro.

Este fondo patrimonial familiar, administrado por la pareja, sería construido con el apoyo de ambos y tomaría en cuenta el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos.

Según la propuesta, el matrimonio también incluiría un acuerdo sobre tareas domésticas, cuidado de los hijos, educación adulta, seguro social, pensiones y jubilaciones, compras y consumo, apertura de cuentas bancarias conjuntas y el fondo familiar patrimonial.

"Si el matrimonio se separa, los bienes serán divididos en tres partes: el padre, la madre y los hijos. Hasta ahora, cuando ocurre la separación, los hijos en general se quedan con la madre y ella debe mantenerlos con su parte de los activos familiares", dijo Valerin.

La ley también exige que en las ceremonias civiles se mencione que ninguna de las partes tiene derecho a dominar a la otra.

Pedro Beirut, ex magistrado y especialista en derecho de familia, opinó que este proyecto es perjudicial porque atenta contra los derechos de la familia para proteger a la mujer.

"Todo lo relacionado con la distribución de bienes es causa de conflicto. Las mujeres cuidan de sus hijos por amor, no como negocio", dijo.

Valerin respondió que "lo que las mujeres hacen por amor no es lo que está en cuestión, sino la discriminación que eso provoca. En muchos casos, la persona que se hace cargo del trabajo doméstico queda subordinada y su trabajo no es valorado".

La solidaridad económica en la familia debe tener una regulación especial para que el manejo del dinero y los bienes contribuya a su desarrollo integral, comentó Esmeralda Britton, ministra de la Comisión de la Mujer.

Sin embargo, sectores vinculados con la Iglesia Católica se oponen al proyecto porque podría reducir el matrimonio a un simple contrato de servicios, según Hugo Barrantes, arzobispo de San José. Sin embargo, el arzobispo estuvo de acuerdo en que las tareas domésticas deberían distribuirse de manera más equitativa.

Tradicionalmente se cree que las tareas domésticas no constituyen un trabajo, comentó Ginet Vargas, psicóloga especializada en adolescentes. En una sociedad que sólo valora las cosas en términos económicos, el trabajo doméstico no tiene valor, dijo.

Esa devaluación arrojó como resultado un trato discriminatorio de los trabajadores domésticos en el Código Laboral. La jornada laboral estándar para esos trabajadores es de 12 horas, en lugar de ocho como en el resto de las actividades, y la semana laboral consta de seis días y medio de trabajo, en lugar de seis. - Third World Network Features.

Este artículo fue publicado por primera vez en Central America Report (Vol. XXIX Nº 47, 6 de diciembre de 2002), por Inforpress Centroamericana.

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