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Jueves 25 de Mayo de 2006

Justicia para las mujeres en situación de guerra: Una visión de Amnistía Internacional

por Irene Khan

Los cuerpos de las mujeres han sido víctimas de guerra no reconocidas por demasiado tiempo. Es necesario hacer uso de mecanismos para frenar esa violencia y dar justicia, esperanza y protección a las víctimas.

Z, de 15 años, se sentó de espaldas a mí, demasiado avergonzada para mirarme a la cara mientras contaba su historia. Ella y otras tres adolescentes recogían leña en las afueras de su aldea en el oeste de Darfur, Sudán, cuando fueron atacadas por miembros de una milicia respaldada por el gobierno. Z sufrió una violación múltiple y quedó embarazada. Como es recién casada, tiene terror de que su esposo la abandone y su comunidad la margine si se descubre lo que le ocurrió.

La adolescente, cuya identidad queda en reserva por razones obvias, es sólo una de miles de mujeres y niñas que han sido violadas o han sufrido otros abusos sexuales durante el conflicto en la región sudanesa de Darfur. Pero Darfur no es único. Cientos de miles de mujeres han sufrido el mismo destino en conflictos de todo el mundo.

La costumbre, la cultura y la religión hacen que las mujeres sean portadoras del “honor” de sus comunidades, por lo tanto, los atentados contra su integridad física se transforman en una herramienta para aterrorizar, degradar y “derrotar” a poblaciones enteras, así como para castigar, intimidar y humillar a mujeres.

En la antigua Yugoslavia, la violación masiva fue utilizada para expulsar a comunidades enteras de sus hogares. En Ruanda, la violación y la violencia sexual se transformaron en instrumentos del genocidio. En Afganistán, las partes en pugna utilizan de manera cotidiana los secuestros, los matrimonios forzados y la violencia contra mujeres y niñas para humillar al enemigo o tomar venganza. Y el hecho de que las “mujeres del placer” coreanas todavía estén a la espera de una disculpa de Japón por haberlas forzado a ofrecer servicios sexuales a los soldados japoneses durante la segunda guerra mundial es sólo un ejemplo de la facilidad con que el mundo olvida la necesidad de justicia para las mujeres víctimas de guerras.

Los patrones de violencia contra mujeres en tiempos de guerra no surgen “naturalmente” ni son un daño colateral de los conflictos. Por el contrario, son dispuestos o tolerados por las más altas jerarquías políticas o militares, y persisten porque los perpetradores saben que pueden salir impunes.

Aunque están penalizadas por el derecho internacional y algunas leyes nacionales, las violaciones y otras formas de violencia de género durante conflictos armados raramente son castigadas. Obtener justicia para las víctimas a través de sistemas nacionales de justicia penal es extremadamente difícil, ya sea porque el conflicto destruye esos sistemas o porque las partes en conflicto comparten algún interés en eludir la responsabilidad.

Los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda tomaron algunas medidas audaces para procesar y condenar a los autores de violaciones. El Estatuto de Roma que creó en 1998 la Corte Penal Internacional (CPI) definió un amplio espectro de formas de violencia sexual como crímenes de guerra y contra la humanidad, incluso violaciones, esclavitud sexual, esterilización o embarazo forzados y persecución por motivos de género.

La justicia internacional es la clave para poner fin a la impunidad. Aunque la CPI sólo podrá juzgar un número limitado de casos, los juicios internacionales de alto perfil podrían asestar un duro golpe a la cultura de impunidad prevaleciente. Al juzgar a líderes destacados que tenían conocimiento o debieron tenerlo sobre la violencia sexual pero lo alentaron o lo ignoraron, la CPI transmitirá el mensaje de que ya no existe carta blanca para cometer esos actos atroces.

Para que el sistema internacional de justicia funcione, los gobiernos deben tomar medidas concretas en apoyo de la CPI. Hasta ahora, 100 países han ratificado el Estatuto de Roma, entre ellos algunos países en conflicto (Afganistán, República Democrática de Congo, Colombia, Uganda y Timor Oriental) donde se han cometido algunas de las peores atrocidades contra mujeres.

Ahora, los estados parte del Estatuto de Roma deben dar expresión política y práctica a su compromiso, en primer lugar aprobando las leyes necesarias, ayudando al fiscal de la CPI en sus investigaciones, compartiendo pruebas con él y ofreciendo protección a testigos en riesgo.

Sudán no es parte del Estatuto de Roma de la CPI. Sin embargo, eso no significa que los responsables de crímenes en ese país no puedan ser sometidos a la justicia internacional.

Sólo se logrará justicia para mujeres víctimas de guerra si los líderes mundiales están dispuestos a hacer algo más que piadosas declaraciones de condena a la violencia sexual. Deben adoptar una agenda de acción para poner fin a la impunidad, centrada en la CPI y complementada por investigaciones y procesamientos en tribunales internacionales, incluso mediante el uso de la jurisdicción universal y compensaciones a las víctimas y sus familias.

Los cuerpos de las mujeres han sido víctimas de guerra no reconocidas por demasiado tiempo. Es necesario hacer uso de mecanismos para frenar esa violencia y dar justicia, esperanza y protección a jóvenes víctimas como Z. – Third World Network Features 2964/06

Acerca de la autora: Irene Khan es la secretaria general de Amnistía Internacional.

Este artículo fue publicado por primera vez en Habitat Debate (marzo de 2006).