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Lunes 17 de Febrero de 2003

Temporada de despidos en Filipinas

Enero de 2003

Este año se esperan en Filipinas despidos masivos en el sector público, que muchos atribuyen a la complicidad del gobierno con los intereses del capital internacional representados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio.

por Felicisimo Manalansan

A menos que la presidenta Gloria Macapagal Arroyo deseche su anunciada propuesta de cerrar 14 oficinas gubernamentales, más de 10.000 funcionarios públicos quedarán sin empleo en Filipinas este año.

Sin embargo, los despedidos podrían ser más a causa de la campaña gubernamental para privatizar la mayor parte de la burocracia civil de 1,5 millones de funcionarios, que prestan servicios sociales vitales para los 80 millones de filipinos, advirtió Courage, la organización madre de los sindicatos de funcionarios públicos.

Luego de que el gobierno superara el déficit presupuestal proyectado de 130.000 millones de pesos (unos 2.453 millones de dólares, a 53 pesos por dólar), Arroyo ordenó a todas las agencias gubernamentales que realizaran su propia privatización y con ello aumentaron los rumores de que millones de trabajadores del sector público podrían ser despedidos.

La presidenta justificó la abolición de 14 oficinas gubernamentales, entre ellas la Oficina de la Imprenta Nacional, con el argumento de que el gobierno se ahorrará unos 1.600 millones de pesos con esta propuesta.

Aparentemente, después la presidencia se dio cuenta de su error al proponer la abolición de esas oficinas, algunas de las cuales fueron creadas por ley, y cambió su táctica. Ahora reclama su "desactivación", alegando que tiene el poder de reducir una burocracia inflada.

Pero la sustitución de la propuesta de cierre por la de reducción no cambia el destino de los funcionarios afectados.

Según Mario Adarlo, presidente de la Asociación de Trabajadores de la Oficina de la Imprenta Nacional, se trata de la misma táctica que llevó a la abolición de la Oficina de Información sobre Inteligencia Económica del Departamento de Finanzas en 2000.

Unos 1.250 empleados de esa oficina quedaron sin trabajo por la "desactivación" de la unidad gubernamental contra el contrabando, luego de que ésta provocara la ira del entonces presidente Joseph Estrada por haber interceptado madera de contrabando perteneciente a una persona cercana al mandatario, ahora encarcelado.

Los asediados funcionarios estatales por ahora sólo saben que tendrán trabajo hasta diciembre de este año.

El congresista Rolando Andaya, presidente de la Comisión de Asignaciones Presupuestales de la Cámara de Representantes, les comunicó a Adarlo y a los 615 miembros de la Asociación de Trabajadores de la Oficina de la Imprenta Nacional que la presidencia le instruyó específicamente que retuviera fondos para esa oficina y los otros 13 organismos gubernamentales a desactivar, entre ellos la Oficina de Telecomunicaciones, que emplea a 5.400 funcionarios.

Según Adarlo, los empleados de la Oficina de la Imprenta Nacional han realizado manifestaciones masivas a diario frente al edificio de la imprenta desde que tuvieron noticia del plan del gobierno, el 20 de agosto último. Asimismo, se han hecho oir ante líderes del Senado y la cámara baja, donde asistieron a sesiones sobre su situación y la de otros empleados del Estado.

Los más de 300.000 miembros de Courage tienen entonces sobradas causas para inquietarse, dado que su fuente de trabajo está amenazada por el propio gobierno.

"Mientras los empleos en el sector privado desaparecen a causa de la globalización, a los funcionarios del sector público se nos niega nuestro derecho a la seguridad de nuestros cargos debido a la complicidad del gobierno con los intereses del capital internacional representados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial", declaró Ferdinand Gaite, presidente de Courage. "Esto promueve el objetivo estratégico del gobierno de privatizar todos los servicios públicos que, dicho sea de paso, hasta ahora ha provisto de forma mínima", agregó.

Aparte de la intención del gobierno de forzar el retiro anticipado de al menos 10.000 funcionarios públicos, Gaite considera que también habrá recortes masivos de empleos que podrían afectar "a decenas o cientos de miles" de empleados del Estado.

Gaite citó a empleados de varias agencias de vivienda, incluso la Autoridad Nacional de Vivienda, que pronto podrían perder su empleo como resultado de la creación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, en base a una ley que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes y actualmente está en deliberación en una comisión bicameral. Se prevé que la ley tendrá consecuencias de gran alcance, básicamente la delegación al sector privado de la provisión de servicios básicos de vivienda para la población urbana.

Colectivamente, 7.000 funcionarios de siete agencias de vivienda se oponen al nuevo Departamento, que no sólo desplazará a la mayoría de ellos sino que también transferirá proyectos públicos de vivienda al interés económico de la industria privada de los bienes raíces.

Gaite advirtió que lo mismo podría ocurrirle pronto a los funcionarios de la Autoridad Nacional de Alimentos. La mayoría de sus 5.500 empleados serán considerados excedentes en virtud del propuesto programa de liberalización de las importaciones de arroz. El programa incluye las condiciones de un crédito para el desarrollo del sector de los granos por 175 millones de dólares, concedido por el Banco Asiático de Desarrollo.

Otros organismos pasibles de reorganización son la Oficina de Recaudación Interna, la Oficina de Aduanas y agencias anexas al Departamento de Trabajo y Empleo.

El personal de unidades locales de gobierno, dijo Gaite, está sintiendo los efectos de medidas de reorganización masiva de la burocracia, mientras se prescinde también de empleados ocasionales que durante años sirvieron al gobierno.

"Todo esto bajo una aplicación esquemática de las políticas gubernamentales de privatización, liberalización y desregulación. Con miras a obtener grandes ganancias, los servicios públicos son ofrecidos a los grandes capitales nacionales y extranjeros. Lo que ofrece la presidenta Arroyo es el futuro de cientos de miles de funcionarios públicos sólo para mantenerse en su cargo más allá de 2004", acusó Gaite.

Por su parte, el gobierno acusa a Courage de exagerar las propuestas gubernamentales para poner orden en la burocracia, pero Gaite señala que fue la presidencia la que empezó todo cuando Arroyo anunció en forma arbitraria la abolición de las 14 oficinas gubernamentales.

Si no hubiera sido por la información de la prensa, agregó, los funcionarios no se habrían enterado de que 14 oficinas públicas se iban a disolver por recomendación de la nueva Comisión Presidencial sobre Gobierno Eficaz, compuesta por los secretarios del Departamento de Presupuesto y Administración, la Comisión del Servicio Civil, el Departamento de Finanzas y otras instituciones gubernamentales.

Según Andaya, la Comisión Presidencial presentó la lista de las 14 oficinas luego de que la presidenta le solicitara un estudio sobre formas de reducir el déficit presupuestal.

"El gobierno trata de aparentar que la burocracia es la causa del déficit presupuestal, pero la Comisión no considera que los burócratas con altas remuneraciones agravan ese déficit", comentó Gaite.

"Más importante, no son las asignaciones presupuestales para las oficinas civiles -que incluso generan ingresos para el gobierno- las que consumen el presupuesto público, sino las gigantescas asignaciones a sectores improductivos como el ejército y el servicio de la deuda externa", agregó.

La presidenta Arroyo, en defensa de su decisión de abolir la Oficina de la Imprenta Nacional, señaló que habrá fondos del Banco Mundial para un retiro anticipado "generoso" para los empleados del organismo.

"El elemento estratégico aquí es que el Banco Mundial financiará un generoso retiro anticipado, que no se cargará al déficit presupuestal", dijo Arroyo el pasado agosto, citada por un importante periódico.

El mismo periódico cita al secretario de prensa Ignacio Bunye, a cuya oficina está subordinada la Imprenta Nacional, exhortando a la abolición de esta institución creada por la ley 296 de 1901 y luego por el decreto ejecutivo 295, bajo la llamada Constitución de la Libertad de la presidenta Corazón Aquino.

Gaite, por otra parte, se rió de lo que Arroyo llamó "elemento estratégico". "Cuando se habla de estrategia, significa algo a largo plazo. No veo nada estratégico en la abolición de la Imprenta Nacional, al menos que tenga algo que ver con (los comicios de) 2004".

La presidenta fue acusada de intentar abolir la Imprenta Nacional -una unidad gubernamental generadora de ingresos que, según su sindicato de funcionarios, ha aportado un año tras otro un promedio de 100 millones de pesos para el Tesoro-, con miras a preparar su victoria electoral para 2004 a través de fraudes masivos.

Tessie Aquino-Oreta, un senador de la oposición, sugirió que el gobierno propuso la abolición de las 14 oficinas gubernamentales como "cortina de humo" para el cierre de la Imprenta Nacional.

La Imprenta Nacional imprime materiales electorales como las papeletas y los registros. Su abolición, según los críticos, permitiría que la impresión de esos materiales quedara en manos de una empresa semiprivada controlada por aliados de la presidencia.

A tiro de piedra de la Imprenta Nacional en EDSA, ciudad de Quezon, está la Unidad de Producción de la Organización de Productividad Asiática (OPA), a la que Adarlo acusa de usurpar funciones y clientes exclusivos de la Imprenta Nacional. En los últimos dos años, dijo, OPA ha asumido agresivamente tareas de impresión del gobierno que antes realizaba la Imprenta Nacional.

Según documentos provistos por Adarlo a IBON Features, OPA es una corporación pública creada durante el régimen de Marcos. Aunque los miembros de la junta directiva de OPA son designados por el gobierno, sus empleados no son funcionarios públicos, ya que no se rigen por la Ley de Servicio Civil sino por el Código Laboral.

Cargada por una deuda de 700 millones de pesos con el Banco Nacional de Filipinas y otra de 15 millones con el Banco de Tierras de Filipinas, OPA fue colocada en el Fideicomiso de Privatización de Activos en 1989. En diciembre de 2000, el entonces presidente Estrada la transfirió a la Oficina del Secretario de Prensa, hasta su disposición final.

OPA remitió por última vez al tesoro nacional una suma de 271.389,71 pesos en 1989. Dante Ang, publicista de prensa de Arroyo y editor del Manila Times, es miembro del directorio de OPA, mientras que Renato Velaso, director general de la Agencia de Información Filipina (también subordinada a la Oficina del Secretario de Prensa), es su presidente.

Gaite consideró que hay motivos siniestros detrás de la propuesta abolición de la Oficina de Telecomunicaciones de DOTC y de la Comisión de la DFA sobre los Filipinos en Ultramar. La primera, dijo, juega un papel crucial en la transmisión de los resultados electorales, mientras la última supervisa directamente a los trabajadores filipinos migrantes, en medio de iniciativas parlamentarias para aprobar un proyecto de votación en ausencia para los trabajadores filipinos contratados en el exterior.

Gaite duda que exista un fondo del Banco Mundial para el retiro anticipado de funcionarios gubernamentales, y a la vez está indignado porque el gobierno parece dispuesto a sacrificar a sus empleados en aras de su propio interés.

"Está claro: el gobierno utilizará una vez más a los funcionarios públicos para pagar sus propias deudas", concluyó.

Courage siempre ha sabido que detrás de tales planes de reorganización y reducción de la burocracia están instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el FMI, dijo Gaite.

Un Memorando sobre Políticas Económicas y Financieras emitido por el Banco Mundial en 1998 destacó como principal "área clave de reforma" la "promoción de la reestructuración de la burocracia gubernamental", señaló Gaite.

El Memorando forma parte de un crédito de 1.400 millones de dólares concedido al gobierno de Estrada para la reforma del sector público, y las medidas promovidas ahora por Arroyo están calculadas para obtener la liberación de la siguiente parte del préstamo, dijo Gaite.

Interrogado sobre cómo ve Courage el papel del Banco Mundial en las medidas de la actual administración que afectan la seguridad laboral de los funcionarios públicos, Gaite respondió que, como el resto del pueblo filipino, Courage está involucrado en una protesta militante contra el Banco Mundial, el FMI y la Organización Mundial del Comercio como instrumentos del poder.

Como parte de sus esfuerzos de organización de los funcionarios del Estado, Courage lleva adelante una campaña de educación para explicar cómo esas instituciones internacionales perpetúan "condiciones injustas" en la sociedad filipina, explicó.

Además, en respuesta a las amenazas a la seguridad laboral de los empleados públicos, los miembros de Courage lanzaron una nueva alianza llamada Tanggol Trabaho (Defensa del Trabajo), que comprende a otros trabajadores del sector público. - Third World Network Features.

Acerca del autor: Felicisimo Manalansan escribe para IBON Features, donde se publicó por primera vez este artículo.

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