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Lunes 10 de Octubre de 2005

Leyes sobre semillas: hacia el Apartheid agrícola

por GRAIN

Todas las leyes sobre semillas son represoras. Excluyen del mercado a las semillas de los agricultores, creando así una especie de apartheid agrícola en aquellos países en que se aplican estrictamente.

“Leyes sobre semillas” es un término muy vago. Pero para quien trabajó en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) o en el Ministerio de Agricultura de cualquier (así llamado) país en desarrollo a fines de los años 60, probablemente tenga un significado mucho más claro. En aquel entonces, esas leyes eran normas que regían la comercialización de las semillas: qué materiales podían venderse en el mercado, y bajo qué condiciones.

De los años 60 a los 80, instituciones como la FAO y el Banco Mundial se esforzaron activamente para que los países en desarrollo aprobaran leyes sobre semillas. La idea principal, en términos oficiales, era lograr que sólo semillas “de buena calidad” llegaran hasta los agricultores, a fin de aumentar la productividad y por tanto alimentar a crecientes poblaciones.

Sin embargo, las normas de comercialización que tan eficazmente impulsaron la FAO y el Banco Mundial llegaron desde Europa y América del Norte, precisamente donde tiene su sede la industria semillera. En esta industria, las semillas son producidas por profesionales especializados, y ya no por los agricultores en sus granjas. Desde un principio debió ser claro que las leyes sobre semillas tenían muy poco que ver con la protección a los granjeros y mucho con la creación de condiciones para que la industria semillera privada conquistara y controlara mercados en todo el mundo.

Si las analizamos hoy, nos daremos cuenta de que todas las leyes sobre semillas son represoras. Establecen lo que los agricultores no pueden hacer. Dicen qué tipo de semillas no pueden venderse, intercambiarse, y en algunos casos, usarse. Todo en nombre de la regulación del comercio y la protección de los agricultores. En este sentido, las leyes sobre semillas van de la mano con regímenes de derechos de propiedad intelectual como la protección de obtenciones vegetales y las patentes. Ambos tipos de leyes (reglamentos de comercialización y derechos de propiedad) se fortalecen mutuamente.

De hecho, según la situación, las leyes sobre semillas pueden ser mucho peores que eso, ya que excluyen del mercado a las semillas de los agricultores, creando así una especie de apartheid agrícola en aquellos países donde se aplican estrictamente. Las semillas protegidas por derechos de propiedad intelectual ya no pueden ser comercializadas, salvo por quienes las poseen. Las leyes sobre semillas tienden a prohibir también la circulación de las variedades tradicionales (semillas no producidas por la industria semillera ni protegidas por derechos de propiedad intelectual). Todo lo que se puede comprar legalmente son unos pocos ideotipos aprobados por el gobierno.

Como se puede inferir, las leyes sobre semillas y los derechos de propiedad intelectual nacieron en gran medida del mismo proceso, enlazados como una hélice de ADN. En Europa, las normas sobre comercialización de semillas elaboradas tras la Primera Guerra Mundial dieron origen en 1961 a lo que se llamó Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. En Estados Unidos, el proceso fue similar, salvo que este país fue mucho más rápido y estableció un sistema de patente de plantas en 1930.

En ambos casos, las semillas se estaban transformando en un nuevo negocio y una nueva “ciencia”, y la nueva clase de fitomejoradores quería defensas legales para proteger sus ganancias e intereses. De ahí surgió el clamor por los derechos de propiedad, para poder impedir que otros tomaran sus nuevas plantas y las multiplicaran por cuenta propia. Y de ahí el esfuerzo por establecer normas de mercado para el comercio de semillas, lo que implica eliminar la competencia de los agricultores y acordar estrictos criterios para permitir únicamente la venta de las llamadas variedades “mejoradas” o “de alto rendimiento”.

Más allá de eso, Europa y Estados Unidos tomaron caminos algo diferentes. Europa optó por el control estatal, creando normas obligatorias y destinando fuerzas policiales para controlar todos los detalles del comercio de semillas, aunque muchas de las operaciones fueron desde entonces traspasadas al sector privado.

En la Unión Europea, el sistema es obligatorio. Si alguien desea vender semillas, debe registrar su variedad en una lista nacional y certificarla. La certificación implica probar que la obtención es distinta, uniforme y estable (el mismo criterio que para los fitomejoradores) y que presenta una verdadera ventaja agronómica o tecnológica sobre las variedades actuales (salvo para las verduras). De lo contrario, no es posible vender las semillas.

Estados Unidos adoptó los mismos criterios y procedimientos para aplicar los controles de calidad, pero hizo al sistema voluntario. Esto significa que no es necesario registrarse y obtener la certificación. Pero ahí se terminan las diferencias. Las leyes sobre semillas y los derechos de los fitomejoradores están tan íntimamente ligados que con frecuencia el mismo organismo gubernamental y los mismos técnicos se encargan de ambos. Es raro encontrar obtenciones agrícolas certificadas que no estén vinculadas con derechos de monopolio de los fitomejoradores.

El resultado de todo esto ha sido una gran limpieza de diversidad genética en el mercado y en la granja. También ha significado una pérdida de poder gradual pero constante para los agricultores. Las variedades tradicionales, el conocimiento tradicional y las habilidades tradicionales de cultivo, selección y conservación de semillas casi han desaparecido de las granjas del mundo industrializado.

Los países en desarrollo han sido empujados por el mismo camino en los últimos 40 años. Cabilderos, consultores y agencias de desarrollo han tratado de convencerlos de adoptar el sistema europeo o el estadounidense, o una combinación de ambos. Como resultado, en la mayoría de los países del mundo existen hoy leyes sobre semillas. En la mitad de los casos, el registro y la certificación de la variedad son condiciones obligatorias (modelo europeo) para poder comercializarla. El criterio de “distinta, uniforme y estable” prevalece en todas partes, y hay varios sistemas internacionales destinados a facilitar y armonizar el comercio de semillas en todo el mundo.

Sin embargo, las semillas comerciales representan apenas una porción de lo que los agricultores siembran realmente. En los países en desarrollo, los agricultores (no el mercado ni el estado) satisfacen directamente cerca de 70 por ciento de su propia demanda de semillas. En África, ese porcentaje asciende a 90. En Europa, varía entre cinco por ciento en Suiza y 50 por ciento en Alemania. Por lo tanto, pese a las normas, los agricultores son todavía los principales proveedores de semillas del mundo. Esto no significa que las leyes sobre semillas sean ineficaces, pero muestra cuánto más daño éstas pueden hacer.

Actualmente, las leyes sobre semillas están cambiando en muchas partes del mundo. Es por esto que hemos decidido analizar la situación: (...)

* En Asia y América Latina, se están reescribiendo leyes para adaptarlas a nuevas tendencias de la industria y el comercio de semillas. Esto se traduce en una creciente integración con las leyes sobre derechos de propiedad intelectual, nuevos vínculos con reglamentos de bioseguridad para facilitar la comercialización de semillas modificadas genéticamente y, en algunos países, en una inquietante tendencia al enfoque obligatorio de la Unión Europea. En muchos países, de Bolivia a India, grupos de agricultores, movimientos sociales y organizaciones no gubernamentales (ONG) intentan comprender cabalmente estos nuevos desafíos legales y elaborar estrategias adecuadas para sortearlos.

* En África, representantes de la industria semillera sumados a Estados Unidos y algunos gobiernos europeos se esfuerzan por construir nuevos mercados regionales basados en nuevas leyes regionales de semillas. Quizá África sea el continente menos afectado por leyes semilleras hasta ahora, pero estos nuevos sistemas regionales podrían hacer la vida muy difícil para los pequeños agricultores que intentan construir o reforzar la autonomía semillera local.

* En Europa oriental, muchos países están adoptando el sistema de la Unión Europea en aras de la armonización y la eventual integración al bloque. En Europa occidental, los países luchan, por un lado, por adaptarse a la industria de la biotecnología y la nueva política de coexistencia (entre la agricultura convencional, orgánica y transgénica), y por otro, para crear un nuevo espacio jurídico para variedades tradicionales y locales. En muchos sentidos, Europa ha sido la región más golpeada por las leyes sobre semillas todos estos años, y hay muchos grupos y activistas que trabajan para liberar a la diversidad de cultivos de su gueto económico y legal y reincorporarla a la agricultura cotidiana y los mercados alimentarios. Por un lado, las leyes sobre semillas tienden a ser más estrictas, a medida que los gobiernos y la industria duplican sus esfuerzos por generar una clientela cautiva para las semillas producidas por empresas multinacionales. Pero por otro, existe una tendencia emergente a flexibilizar las normas y dejar cierto espacio a las variedades tradicionales y las selecciones hechas por los agricultores. Esto se traduce con frecuencia en propuestas de catálogos o listas separadas, como excepción al criterio de “distinta, uniforme y estable” y al pago de los derechos habituales.

En Europa hay un gran frente de batalla ahora. Pero Brasil también elaboró una brecha legislativa para las semillas de los agricultores, mientras que Malawi y Mozambique han intentado dar espacio a los resultados de la fitomejoración con la participación de variedades locales o de agricultores, Argelia trabaja en la misma dirección, China excluyó las semillas de los agricultores de su nueva ley, e India enfrenta fuertes protestas contra su actual proyecto de Ley sobre Semillas.

¿Qué significa todo esto? Depende de la perspectiva. Desde un punto de vista general, los agricultores estarían mucho mejor si el registro y la certificación de semillas no fueran obligatorios en primer lugar, de modo de poder acceder al material que deseen y en la cantidad que deseen. Además, demasiadas de estas leyes prohíben el intercambio entre agricultores de sus propias semillas. Ya sea que estas leyes se apliquen o no, constituyen una insólita negación de lo que debería ser un derecho básico.

Cuando nos adentramos en la comercialización, el asunto se vuelve más peligroso. La apertura de mercados oficiales de semillas actualmente cerrados a variedades tradicionales y de agricultores podría llevarnos en una de dos direcciones opuestas. Por un lado, puede ser una oportunidad para fortalecer la agricultura local, controlada por los agricultores, sin el estorbo de la represión estatal y los prejuicios sistemáticos que empujan a los agricultores hacia un modelo agrícola controlado por las grandes empresas y una pequeña elite.

Sin embargo, para realizar esa oportunidad, se requiere un intenso trabajo de estrategia política de parte de los agricultores a fin de desarrollar el suministro local de semillas, trabajar con los consumidores, comerciantes y funcionarios de gobiernos locales para integrar realmente la diversidad local al sistema alimentario, y defender esos sistemas de la contaminación genética y los grandes monopolios empresariales, que podrían aprovecharse fácilmente. No es una tarea imposible, y existe un enorme reservorio de intereses y recursos para avanzar en esa dirección. Pero exige una estrategia sofisticada y una buena organización, porque las claves del éxito consisten en la descentralización, la autonomía real, el control local, los derechos colectivos y una fuerte integración cultural de los sistemas alimentarios sustentados de esta manera.

Por otro lado, abrir los mercados oficiales de semillas a variedades locales también podría abrir las compuertas a la destrucción masiva de la diversidad local, en especial si se adopta un enfoque capitalista hacia el establecimiento de mercados de semillas de agricultores. Este es un peligro muy real y sería contrario a cualquier pretensión de fortalecer los medios de sustento y derechos comunitarios o el control de los agricultores. Equivaldría a crear industrias de semillas de agricultores según el modelo de la industria convencional de semillas de empresas multinacionales.

No es difícil prever el riesgo de una mayor privatización, monopolización y, por último, de la uniformidad genética a la que conducirá tal enfoque. La tentación de seguir este camino es muy grande (ya sea por parte de pequeños empresarios, asociaciones de agricultores, ONG, cooperativas o la propia Syngenta), en especial considerando la creciente demanda mundial de productos orgánicos, agricultura libre de transgénicos y mercados locales comunitarios.

Los sistemas de semillas controladas por los agricultores deben prosperar para que puedan existir en diferentes países formas de agricultura autónomas, con importancia cultural y apoyo social. Aunque 70 por ciento del suministro de semillas del mundo en desarrollo procede de los agricultores en la actualidad, no se debe dar por sentado que esto seguirá siendo así. Ese 70 por ciento es cada vez más vulnerable a la absorción por la industria semillera internacional en gran escala, como ha ocurrido ya en Europa, América del Norte, Japón y Australia. Este es, precisamente, el objetivo de las leyes sobre semillas.

Podemos luchar para apoyar y fortalecer los sistemas de semillas de agricultores dentro o fuera de la ley, pero dentro, nunca ganaremos. Las leyes están hechas para la industria, y en el mejor de los casos, pueden flexibilizarse para dar cierto respiro a los agricultores. La verdadera lucha, sin embargo, es en el terreno, trabajando para fortalecer los sistemas de semillas de agricultores y la autonomía en acción. Third World Network Features ------ GRAIN (www.grain.org) es una organización no gubernamental (ONG) que promueve el manejo y uso sustentable de la biodiversidad agrícola por medio del control de la gente sobre los recursos genéticos y el conocimiento tradicional. Este artículo se publicó por primera vez en su revista Seedling (julio de 2005).