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Comercio

Martes 27 de Setiembre de 2005

ONG denuncian ofensiva por ‘métodos complementarios’ en negociaciones del AGCS

por Kanaga Raja

Más de treinta organizaciones de la sociedad civil enviaron el jueves una carta de rechazo a la OMC contra la ofensiva coordinada de varios países miembros desarrollados para reformular radicalmente la forma en que se habrá de llevar la ronda actual de negociaciones sobre el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), a través de los llamados “métodos complementarios”.

Esto socavará gravemente las de por sí limitadas flexibilidades existentes en el AGCS y en las negociaciones y por lo tanto llevará a los países miembros en desarrollo por el camino insostenible e inicuo de la liberalización de los servicios, sostiene la carta.

La carta, que fue distribuida a todas las misiones de la OMC en Ginebra, se envió poco antes de una reunión informal sobre ‘estrategias complementarias’ cuya realización estaba prevista para la tarde del jueves en la OMC.

Entre las organizaciones de la sociedad civil y los sindicatos que firmaron la carta están Internacional de Servicios Públicos; Africa Trade Network; Institute for Agriculture and Trade Policy (IATP); Focus on the Global South; Unión Internacional de los Trabajadores de la Alimentación (UITA); Oxfam International; Amigos de la Tierra; International Gender and Trade Network; War on Want; World Development Movement; Consumer Association of Penang, Malasia; WWF; Southern and Eastern Africa Trade Information and Negotiations Institute (SEATINI); Red del Tercer Mundo; Federación Internacional de Trabajadores de las Industrias Metalúrgicas (FITIM); Econews Kenya; National Confederation of Officers Association (India); RMALC (México); Stop the New Round Coalition (Filipinas); WEED (Alemania); y Polaris Institute (Canadá).

Las organizaciones manifestaron su asombro y estupor ante el intento coordinado de la CE, Japón, Australia, Suiza, Corea y Taiwán para modificar, en medio de las negociaciones, el formato de negociación que todos los miembros de la OMC habían acordado antes del comienzo de las negociaciones del AGCS.

Los cambios sugeridos por la CE y otros están contenidos en sus propuestas sobre las “estrategias complementarias” realizadas en la reunión informal de la Sesión Especial del Consejo sobre el Comercio de Servicios de la OMC el 13 de septiembre.

En su carta, los grupos señalaron que las negociaciones en curso del AGCS se basan en los principios de la liberalización progresiva y en el derecho de los estados miembros a la regulación. Estos preceptos y parámetros de negociación derivados del acuerdo del AGCS están cuidadosamente codificados en el documento conocido como "Directrices y procedimientos para las negociaciones sobre el comercio de servicios (S/L/93)". En virtud del parágrafo 15 de la Declaración Ministerial de Doha, las pautas proporcionan el mandato para las negociaciones de servicios en curso.

Estos principios son importantes porque permiten a los estados miembros determinar por su cuenta el alcance y la profundidad de la liberalización de los servicios que están preparados para asumir en las negociaciones en curso. Sin embargo, como señalaron las organizaciones de la sociedad civil en reiteradas ocasiones, estos principios se respetan más en su violación que en su cumplimiento. En la práctica se ejerce una presión inmensa sobre los países en desarrollo para que se comprometan en numerosos sectores.

La carta indicó que recientemente varios países, en su mayoría desarrollados (incluidos la UE, Japón, Australia, Suiza, Taiwán y Corea), presentaron propuestas sobre “métodos complementarios” de negociación para el AGCS. Los EUA y Nueva Zelanda también indicaron su respaldo a esta campaña conjunta.

Lejos de ser complementarias, estas propuestas contradicen y mucho al marco del AGCS, las Directrices y procedimientos, y el mandato fijado por la Declaración Ministerial de Doha.

En la actualidad, el AGCS posee una estrategia de ‘lista positiva’, por la cual los países mencionan solo aquellos compromisos que están dispuestos a asumir. Asimismo, las negociaciones se realizan sobre la base de solicitudes y ofrecimientos bilaterales, y los países tienen el derecho de realizar ofrecimientos según lo que consideren adecuado para sus intereses nacionales.

Sin embargo, esas propuestas procuran convertir al proceso bilateral de negociación en una “estrategia multilateral” por la cual los países tendrán que comprometerse a liberalizarse en un número mínimo de sectores y en un grado mínimo, destacaron los grupos.

Según estas propuestas, los países en desarrollo (incluidos los de menor desarrollo, o PMD) están obligados a comprometer a la liberalización a un número considerable de sectores de importancia comercial y a profundizar esa liberalización retirando las restricciones de acceso a los mercados y al tratamiento nacional, sin tomar en cuenta si están capacitados para hacerlo.

Uno de los objetivos destacados es la liberalización de la “presencia comercial”, o sea el Modo 3 del AGCS. Los países en desarrollo estarán obligados a liberar un porcentaje mínimo de subsectores a la participación de empresas y proveedores de servicios extranjeros.

Por ejemplo, en la propuesta japonesa todos los miembros, incluidos los países en desarrollo y los países de menor desarrollo, asumirán compromisos en todos los subsectores de los servicios financieros. Asimismo, las propuestas procuran eliminar las principales regulaciones nacionales (como las limitaciones al capital extranjero, las limitaciones al tipo de entidad jurídica y a la cantidad total de empresas de servicios) en relación con las inversiones (del Modo 3) en el sector de servicios financieros.

Además, expresaron las organizaciones, Japón quiere que se otorgue tratamiento nacional a las empresas extranjeras de servicios financieros. Este tipo de desregulación tendrá profundas consecuencias para la viabilidad y estabilidad de los sectores financieros de muchos países miembros en desarrollo.

La propuesta de la CE recomienda una liberalización mucho más agresiva en el Modo 3 (presencia comercial), donde las empresas de los países desarrollados muestran interés, solicitando un mínimo de 51% de propiedad extranjera. En la práctica esto anula todos los requisitos de desempeño que los países quizá deseen hacer cumplir a las compañías extranjeras.

Pero en el Modo 4 (movimiento de personas físicas), donde el mundo en desarrollo muestra interés, la CE permite específicamente el mantenimiento de las pruebas de necesidad económica, una de las principales barreras que enfrentan actualmente los países en desarrollo. Por lo tanto, los países en desarrollo no recibirán avances significativos en el Modo 4.

Las trasnacionales con sede en el mundo desarrollado controlan 80% del comercio de los servicios en la actualidad, y más de 90% de los servicios de infraestructura, como los servicios financieros, de la construcción, la informática y las telecomunicaciones. Por lo tanto, la liberalización de este comercio beneficia en gran medida a las trasnacionales de la UE, los EEUU, Suiza, Australia, Japón y otros, afirmaron las organizaciones.

Más inquietante es que, incluso en sus propios mercados nacionales, la mayoría de las empresas locales de servicios del mundo en desarrollo no podrán competir con las enormes multinacionales de los países desarrollados. La liberalización por la fuerza y la eliminación de la regulación nacional para que las empresas extranjeras reciban el mismo tratamiento diezmará a las empresas de servicios locales del Sur y provocará más desempleo y descenso del acceso a servicios esenciales como la salud, la educación, el agua y la energía, agregaron las organizaciones.

Algunas de estas propuestas de los países desarrollados antes mencionados también piden a los países en desarrollo que instituyan sus niveles existentes de liberalización real y luego que vayan más lejos aun y se comprometan con una liberalización más profunda.

De ser aceptadas, las propuestas modificarán drásticamente la estructura y la arquitectura del AGCS y su modalidad de negociación, y eliminarán gran parte de la flexibilidad que los países en desarrollo tienen en la actualidad.

Las organizaciones subrayaron que “tendría, desde nuestro punto de vista, un impacto profundamente adverso para las necesidades e intereses de desarrollo de los países en desarrollo”.

Las organizaciones de la sociedad civil pidieron a los miembros relevantes de la OMC que abandonen su ofensiva para presionar o forzar a los países en desarrollo a liberalizar sus sectores de servicios más allá de lo que sean capaces o estén dispuestos a asumir.

Las mismas solicitaron que:

* no se introduzcan enfoques de referencia ni multilaterales ni de otro tipo de las llamadas estrategias complementarias en el proceso de negociación para obligar a los países en desarrollo a asumir compromisos;

* los miembros que plantearon propuestas sobre estos métodos complementarios no deben seguir defendiéndolas, y los demás miembros no deben aceptarlas;

* todos los países miembros en desarrollo y los de menor desarrollo deben poder definir y decidir libremente por su cuenta sus compromisos y no ser sometidos a presión ni acoso;

* deberá realizarse una evaluación integral e independiente de las consecuencias que tendrá la liberalización de los servicios para el desarrollo, el medio ambiente, el empleo, el género y la sociedad, en todos los países antes de avanzar en la ronda actual de negociaciones del AGCS; y

* la continuación de las negociaciones de los servicios deberá estar precedida por procesos nacionales e integrales de legislación que abarquen a todos los grupos afectados en el país y al público en general, y todas las solicitudes y ofrecimientos se deberán divulgar públicamente sin demoras.




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