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Lunes 17 de Febrero de 2003

Bananeros nicaragüenses envenenados con pesticidas reclaman indemnización

En los años 70, más de 30.000 trabajadores fueron expuestos a un pesticida volátil de amplio uso en las plantaciones de banano de América Central, según sindicatos agrícolas de la región. Las consecuencias incluyeron numerosos casos de cáncer, defectos congénitos y esterilidad. En Nicaragua, 8.000 trabajadores afectados demandaron a las firmas internacionales que fabricaron y distribuyeron la sustancia química en cuestión. Una ley aprobada en 2000 durante el gobierno de Arnoldo Alemán respalda la posición de los trabajadores, pero su aplicación está amenazada por presiones de la embajada de Estados Unidos.

El dibromocloropropano (DBCP), vendido bajo el nombre comercial de Nemagón, es un pesticida antiguamente utilizado para matar los gusanos nemátodos que infectan las raíces de los bananos. Se aplicaba en el suelo a través de un sistema de irrigación que, según los trabajadores, contaminaba el suministro de agua. Los demandantes alegan que la sustancia afectó en particular a las mujeres embarazadas que bebieron esa agua.

Según estadísticas del Centro Humboldt, una organización ambientalista nicaragüense que apoya a los damnificados, al menos 8.000 trabajadores sufrieron problemas de salud a causa del DBCP, y 256 murieron de cáncer o insuficiencia renal después de una exposición prolongada a la sustancia.

Luego de descubrir los problemas de salud y fertilidad resultantes de la exposición al producto, trabajadores de Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala iniciaron acciones judiciales contra los fabricantes y distribuidores del pesticida.

Esas compañías, que incluyen a Shell, Dow y Occidental, realizaron arreglos extrajudiciales con algunos grupos de trabajadores de Costa Rica y Honduras por montos que varían entre 100 y 15.000 dólares por trabajador.

Según expertos legales que participan del caso, los demandantes prefirieron acudir a tribunales de Estados Unidos porque les ofrecen mayores oportunidades de recibir una compensación importante. Sin esa posibilidad, los demandantes no hubieran podido reunir el equipo de abogados necesario para demandar a empresas transnacionales.

Las compañías demandadas prefieren defenderse en cortes locales, donde existe menos riesgo de un resultado costoso. En otros casos relacionados con el DBCP, esas firmas alegaron con éxito un principio jurídico estadounidense llamado "foro inconveniente", según el cual los tribunales de Estados Unidos no tienen jurisdicción si para las empresas demandadas es más conveniente realizar el juicio en el país donde ocurrieron los hechos en cuestión.

Frente a esto, en 2000 el parlamento de Nicaragua aprobó una ley aplicable sólo a los nicaragüenses que plantearan demandas por daños causados por el DBCP. La ley 364, promulgada por el entonces presidente Arnoldo Alemán, exige que las compañías demandadas ante tribunales nicaragüenses depositen como garantía 100.000 dólares por demandante para cubrir los costos de los juicios y eventuales sentencias en su contra. Dado que los demandantes son cerca de 8.000, el depósito sumaría 800 millones de dólares, más que los ingresos totales del gobierno y más que las exportaciones anuales de Nicaragua.

Si las compañías no depositan ese dinero, deben derivar su caso a una corte de Estados Unidos, renunciando explícitamente al argumento de que el juicio les sería más favorable en tribunales nicaragüenses.

Es dudoso que las empresas, la mayoría de las cuales ya no tienen actividades en Nicaragua, paguen una suma tan grande. La ley nicaragüense es vista entonces como una estrategia para forzar un juicio en Estados Unidos.

El pasado marzo, Oliver Garza, entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua, envió una carta al gobierno de Bolaños en la que le solicitaba un análisis de la constitucionalidad de la ley, informaron fuentes de Managua.

En septiembre, el fiscal general Francisco Fiallos emitió una opinión crítica hacia la ley y sugirió su inconstitucionalidad. Fiallos envió su opinión a la Corte Suprema y pidió su distribución entre los magistrados de todo el país.

Según Julio Sánchez Gutiérrez, coordinador de la campaña del Centro Humboldt, la derogación de la ley significaría el fin del caso para los demandantes, dado que no tendrían la posibilidad de una compensación lo suficientemente importante para contratar un equipo adecuado de abogados.

"Estados Unidos está interesado en que la ley sea declarada inconstitucional, para que los demandantes no tengan acceso a ese instrumento jurídico", afirmó Sánchez.

La embajada estadounidense en Nicaragua no respondió a solicitudes de comentarios, pero la carta de Garza sugería que la ley podría acarrear una disminución de las inversiones extranjeras en este país, según fuentes gubernamentales.

La opinión del fiscal Fiallos provocó duras críticas de sindicatos agrícolas y de la oposición política, por lo que el gobierno decidió retirarla. Julio Vegas Pasquier, secretario de la Presidencia, dijo al diario nicaragüense La Prensa: "No queremos dejar a los afectados desamparados. Tratamos de dejar eso bien claro retirando cualquier tipo de fallo (sobre la ley), como la presentada por la fiscalía general". (La Prensa, 23/10/02).

Para el gobierno de Bolaños, el caso de Nemagón presenta un gran desafío. La ley 364 fue recibida favorablemente por los afectados, en un caso paradigmático sobre los peligros de los pesticidas para la salud. Pero Bolaños tiene fuertes vínculos con las empresas que dominan la agricultura en Nicaragua. Entre 1960 y 1970, el mandatario fue director de SAINSA, la mayor compañía algodonera de Nicaragua.

Además, las críticas de la embajada de Estados Unidos, uno de los aliados más importantes de Bolaños en su campaña contra Alemán, podrían ejercer la presión necesaria para anular la ley. Sin embargo, cualquier acción que Bolaños adopte contra una ley popular promulgada por Alemán podría generar solidaridad hacia su rival político.

Según Eliseo Núñez, portavoz de la facción de Alemán del Partido Liberal, "Alemán apoyó a los trabajadores para que pudieran lograr una compensación justa de las transnacionales... Esta posición causó un conflicto dentro del gobierno (entre Alemán y Bolaños cuando éste era vicepresidente). Bolaños se opuso a cualquier respaldo institucional a los trabajadores del banano". (La Prensa, 22/10/02) - Third World Network Features.

Efectos del DBCP sobre la salud

El dibromocloropropano es un líquido denso y amarillo utilizado para matar los nemátodos del suelo. En 1974, agricultores estadounidenses utilizaron 4.500 toneladas de DBCP como nematicida. Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, no existe un nivel seguro de DBCP en el suministro de agua, y una exposición a un nivel superior a 0,2 partes por 1.000 millones, aun por períodos cortos, puede provocar daños a los riñones, el hígado y los testículos. A largo plazo, puede causar "daño renal, infertilidad y cáncer", según la EPA.
En Estados Unidos, el uso del DBCP está prohibido desde 1979, debido a sus efectos sobre la salud humana. Sin embargo, Shell sabía de estas consecuencias muchos años antes, según el científico Ted Torkelson, de Shell. Torkelson elaboró normas para el uso del DBCP que incluían el uso de "máscaras faciales ... equipadas con vaporizadores" y "ropas impermeables al material". Los sindicatos sostienen que estas normas nunca les fueron comunicadas a los trabajadores nicaragüenses.

Este artículo fue publicado por primera vez en Central America Report (Vol. XXIX, Nº 42, 1 de noviembre de 2002, "Nicaragua: Caso de pesticida abre fisuras en el gobierno"), publicado por Inforpress Centroamericana.

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