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Lunes 27 de Diciembre de 2004

Plataforma de “Derechos, Reglas y Responsabilidades” para la Revisión de la Política de Salvaguardas de la CFI

La Corporación Financiera Internacional (CFI) ha otorgado más de US$40 mil millones directamente a empresas privadas, muchas de ellas corporaciones trasnacionales que operan en países en desarrollo, en nombre del desarrollo sustentable y la reducción de la pobreza. La CFI participa también en el otorgamiento de miles de millones de dólares adicionales a través de su papel de catalizador financiero, los cuales van a menudo a proyectos que generan contaminación y degradación ambiental, pobreza y mayor desigualdad social.

La CFI afirma que genera mayor aptitud ambiental y social, que mejora proyectos de alto riesgo, y que sin su participación, los proyectos serían mucho peores. Sin embargo, estudios internos y evaluaciones independientes realizados por las comunidades afectadas y organizaciones de la sociedad civil, muestran problemas serios y sistemáticos en la implementación de las políticas de salvaguarda ambiental y social de la institución. También es dudoso que el mejor uso de los fondos públicos para el desarrollo y la reducción de la pobreza sea para mitigar las consecuencias negativas de esos proyectos de alto riesgo, en vez de invertir en proyectos que tengan beneficios de desarrollo más claros.

La experiencia pasada demuestra la necesidad de reglas claras y aplicables para los préstamos de la CFI, y de reformas institucionales significativas que garanticen diligencia, aseguren una implementación eficaz y mejoren la rendición de cuentas hacia las comunidades y ciudadanos afectados. Las políticas propuestas no atienden estas preocupaciones, sino que optan por mayor flexibilidad y subjetividad. Nos oponemos a este enfoque y exigimos a la CFI mejorar y fortalecer sus políticas ambientales y sociales, y garantizar que las corporaciones trasnacionales respeten los derechos humanos fundamentales, los derechos laborales y las leyes ambientales como condición para acceder al crédito de la CFI.

Las instituciones públicas globales deben operar para el bien público. Exigimos a la CFI acatar Derechos, Reglas y Responsabilidades (DRR) claros y obligatorios para promover el bien público a través de sus créditos.

El Proceso de Revisión de Salvaguardas de la CFI debe atender problemas actuales en la implementación de políticas de salvaguarda, garantizar que no haya retroceso ni debilitamiento de las políticas existentes, y fortalecer y mejorar las políticas ambientales y sociales. Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes exigen a la CFI y a su Junta Directiva adoptar los siguientes puntos.

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1. Adoptar Estándares Desempeño que establezcan reglas claras y vinculantes que satisfagan los más altos estándares ambientales y sociales para la CFI y sus prestatarios, lo cual permitiría a la CFI reclamar un liderazgo en la determinación de referentes internacionales y demostrar su compromiso con el respeto a las leyes internacionales y los derechos humanos.

2. Comprometerse, y rendir cuentas, con la reducción de la pobreza y el desarrollo sustentable. Una de las responsabilidades centrales de la CFI debe ser la evaluación de todos los proyectos que considera para su financiamiento a fin de determinar si contribuirán a reducir la pobreza y cómo lo lograrán, incluyendo a nivel local, y monitorear e informar pública y regularmente los resultados de cada proyecto, sus efectos sobre el desarrollo, y cualquier esfuerzo necesario de mitigación, a fin de asegurar un nivel básico de rendición de cuentas.

3. Establecer mecanismos claros para hacer más aplicables y responsables las políticas y rechazar la auto-supervisión de las corporaciones, como se plantea en los Estándares de Desempeño propuestos. La CFI debe asumir la responsabilidad de la supervisión y el monitoreo significativo de proyectos, rindiendo cuentas transparentes, lo cual debe incluir, como mínimo, la apertura al público de todos los Planes de Acción.

4. Garantizar que la información se dé a conocer en un lenguaje adecuado, de manera programada y previsible, durante el ciclo del proyecto. Esto incluye definir reglas claras para la presentación de todos los planes de acción, evaluaciones ambientales y sociales, informes de monitoreo y evaluación, y procedimientos que reflejen un genuino compromiso con la apertura. La CFI también debe requerir la apertura al público de todos lo contratos gubernamentales y similares, así como el incremento en la transparencia sobre los ingresos de las inversiones apoyadas por la CFI.

5. Revisar el desempeño previo de todas las compañías en asuntos ambientales, sociales y de derechos humanos. La CFI solo debería prestar a clientes que están totalmente comprometidos con el desarrollo sustentable, la defensa del medio ambiente y los derechos humanos internacionalmente reconocidos de las comunidades locales, los trabajadores y los grupos vulnerables. Enfatizamos una de las principales conclusiones de la revisión interna de la CAO sobre las políticas de salvaguarda de la CFI, la cual afirma que el compromiso de los clientes del sector privado con las protecciones sociales y ambientales es el principal indicador de si las compañías cumplen o no con las políticas de la CFI.

6. Sostener y garantizar el respeto a los derechos humanos, las leyes ambientales y laborales, las normas y convenciones. Los Estándares de Desempeño deben hacer referencia a las leyes y estándares internacionales pertinentes, y garantizar que los proyectos sean diseñados e implementados de acuerdo con los compromisos internacionales aplicables de los clientes y de los países anfitriones. La CFI tiene la obligación de garantizar que sus clientes acaten las leyes y normas internacionales y, en consecuencia, como lo recomienda la CAO, debe “considerar sistemáticamente los riesgos para los derechos humanos a nivel del proyecto, dar los pasos adecuados (y eficaces) para mitigarlos y proveer una guía clara para los clientes sobre ambos aspectos. (E)stos aspectos deben ser reportados a nivel del proyecto.” Tales evaluaciones e informes deben ser emprendidos por terceras partes independientes y acreditadas y no por los propios clientes, y deben ser una precondición del apoyo de la CFI al proyecto. Las personas afectadas, las comunidades y los pueblos indígenas tienen derecho a participar en las evaluaciones de los proyectos, los informes y las auditorías de derechos humanos.

7. Garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas internacionalmente reconocidos, incluyendo el derecho a la propiedad, tradicional o no, de la tierra y de los recursos, y sólo apoyar proyectos que tengan el previo consentimiento, libre e informado de los pueblos indígenas, generado por sus procesos e instituciones consuetudinarios de toma de decisiones, luego de consultas significativas y de buena fe y su participación efectiva e informada comenzando desde las primeras etapas del diseño del proyecto, y su aceptación de los beneficios. Estos procesos consuetudinarios de toma de decisiones culturalmente apropiados y colectivos constituyen la autogestión de los pueblos indígenas. Todos los acuerdos entre partes serán reflejados en los convenios crediticios y serán puestos a disposición del público. Rechazamos tajantemente la cínica manipulación del consentimiento previo, libre e informado como “consulta previa, libre e informada que conduce al amplio apoyo de la comunidad” e insistimos en que la ni CFI ni nadie empleen estos términos.

8. Garantizar que existan las condiciones para un compromiso significativo con las comunidades afectadas (consentimiento previo, libre e informado). Además, la CFI debe asegurar un proceso según el cual, después de tener acceso a toda la información relevante en un lenguaje y forma adecuados, las comunidades locales identifiquen sus prioridades de desarrollo y los beneficios y resultados que quieren alcanzar, más que permitir a las compañías o a otros determinar los beneficios que proporcionarán. Una de las principales responsabilidades de la CFI debe ser evaluar la aceptación de la comunidad, los asentamientos negociados y la participación significativa y no dejar esto a los clientes del sector privado. Ello requiere de supervisión y monitoreo constantes para garantizar que todos los acuerdos entre las comunidades y los clientes sean respetados alo largo del tiempo. Todos los proyectos que involucran el desplazamiento de gente deben estar sujetos al consentimiento de los afectados, resultar en un mejoramiento de sus niveles de vida, e incluir el pleno restablecimiento de sus medios de sustento.

9. Incluir un enfoque de monitoreo auto-seleccionado y comunitario para proyectos con impactos sociales y ambientales significativos, a fin de mejorar la supervisión y rendición de cuentas de dichos proyectos. Un elemento clave será el fortalecimiento de la capacidad de las comunidades para monitorear proyectos con independencia de las compañías y los gobiernos, asegurando que sean puestos a disposición fondos para este propósito. Consecuentemente, las comunidades deben tener influencia sobre los términos de la metodología de monitoreo empleada. Todos los monitores comunitarios deben ser informados sobre los requerimientos de las políticas y los Estándares de Desempeño de la CFI, en un lenguaje y forma apropiados para ellos, para que tengan una plena comprensión de sus derechos y remedios potenciales. Los resultados y recomendaciones del monitoreo deben hacerse públicos e influir en la dirección futura del proyecto.

10. Comprometerse con la medición, revelación y reducción de los impactos dañinos del cambio climático en el mundo en desarrollo, demandando una reducción en las emisiones producidas por las inversiones de la CFI. Trabajar con las compañías para reducir emisiones y operar más eficientemente, e informar completamente sobre emisiones directas e indirectas que resulten de la cartera de inversiones de la CFI, incluyendo intermediarios financieros. En consecuencia, la CFI debe cambiar más agresivamente su cartera hacia créditos de energía renovable.

11. Definir las circunstancias de no participación de la CFI en su política general, de acuerdo con la actual Lista de Exclusión y ampliándola para incluir, como mínimo,

· Áreas protegidas IUCN I-IV y sitios que son Patrimonio de la Humanidad para todas las actividades industriales y otras áreas catalogadas como de alto valor de conservación, como están definidas a través de los procesos multilaterales para todos los proyectos de Categoría A;

· Ciertas prácticas particularmente destructivas, como el vertido de desechos de minas en ríos y mares;

· Clarificar las circunstancias sociales, culturales y ambientales de no participación y los criterios empleados.

Firman en apoyo:

Kate Walsh AID/WATCH, Australia Justin Sherrard Cambiar Pty Limited, Australia

Binnie O'Dwyer Friends of the Earth, Australia Rowland Benjamin Information for Action, Australia

Stewart Mills Jubilee Australia, Australia Techa Beaumont Mineral Policy Institute, Australia

Dr Mariann Lloyd-Smith National Toxics Network, Australia John Seed Rainforest Information Centre, Australia

Elfriede Schachner AGEZ - Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit (Coalition of 29 Development NGOs), Austria Nonno Breuss ECA-Watch Austria and ATTAC, Austria

Heinz Hödl Koordinierungsstelle der Österreichischen Bischofskonferenz iinternationale Entwicklung und Mission (KOO), Austria Mayis Gulaliyev Center for Civic Initiatives, Azerbaijan

Galina Kozlova Ecograph, Azerbaijan Telman Zeynalov Ecological Department NGO FORUM, Azerbaijan

Telman Zeynalov National Center of Enviromental Forecasting, Azerbaijan Zakir Kibria BanglaPraxis, Bangladesh

Arup Rahee LOKOJ, Bangladesh Ashraf-ul-Alam Tutu Coastal Development Partnership (CDP), Bangladesh

Ann De Jonghe Broederlijk Delen, Belgium Judith Neyer FERN, Belgium

Johan Bosman KWIA, Flemish Support Group for Indigenous Peoples, Belgium Jan Cappelle Proyecto Gato, Belgium

Henry Tito CEADES (Centro de Estudios Aplicados del Desarollo Social), OICH (Organización Indigena Chiquitana), y CPESC (Coordinadora de Pueblos Etnicos de Santa Cruz), Bolivia Smiler Morosi Paz Confederacion Nacional de Naciones Indegenas Orginiarias de Bolivia (CONNIOB), Bolivia

Flávia Barros INCLUIR - Instituto de Pesquisa e Assessoria sobre Desenvolvimento e Globalização, Brasil Roberto Smeraldi Amigos da Terra - Amazônia Brasileira, Brazil

Esther Neuhaus Brazilian Forum of NGOs and Social Movements for Environment and Development, (Representing over 1000 Groups), Brazil Alcides Faria Ecoa - Ecology and Action, Brazil

Francisco Milanez Ecofund, Brazil Maurício Galinkin Fundação CEBRAC, Brazil

Renato Cunha Gambá, Brazil Sérgio Guimarães Instituto Centro de Vida, Brazil

Donald Sawyer Instituto Sociedade, População e Naturaza, Brazil Marcus Faro Rede Brasil sobre Bancos Multilaterais, Brazil

Bestey Neal Rede Mata Atlântica, Brazil Alessandro Menezes Rede Pantanal, Brazil

Petko Kovatchev Center for Environmental Information and Education, Bulgaria Ivailo Hlebarov Za Zemiata, Bulgaria

Issaka Herman TRAORE, Burkina Faso Seak Sophat Royal University of Phnom Penh, Cambodia

Florence Ntassi Center for Environment and Development (CED), Cameroon Akong Charles Ndika Global Village Cameroon, Cameroon

Ndoumbe Nkotto Honoré FOCARFE, Cameroon Anil Naidoo Blue Planet Project/The Council of Canadians, Canada

Robert Walker Ethical Funds, Canada Graham Saul Friends of the Earth, Canada

Michael Bassett Halifax Initiative Coalition, Canada Jamie Kneen Mining Watch, Canada

Dermot Foley Real Assets Investment Management Inc., Canada Derek MacCuish The Social Justice Committee, Canada

Isaac Rojas COECOCeiba - FoE Costa Rica, Costa Rica Petr Hlobil Centre for Transport and Energy (CDE), Czech Republic

Pavel Pribyl Hnuti Duha, Czech Republic Hannah Ellis Friends of the Earth, England, Wales & Northern Ireland

Peep Mardiste Estonian Green Movement, Estonia David Eloy AITEC, France

Jean-Luc Touly Association pour un Contrat Mondial de l'Eau, France Alex Nikichuk ATTAC France Water Group, France

Philippe Quirion Climate Action Network, France Sebastien Fourmy French IFI network, France

Sébastien Godinot Friends of the Earth, France Xavier Bouchet Gabas Nature et Patrimoine, France

Yannick Jadot Greenpeace, France Guy Leger MNLE, France

Aurore Lebouchard Mouvement International de la Reconcilation (MIR France), France Monique Derue Peuples Solidaires, France

Annie Girard Réseau Foi et Justice Afrique-Europe, France Bernard Salamand Ritimo, France

Danielle Toure Roberget Eau Vive, France Gerard Borvon S-EAU-S, France

Michel Roy Secours Catholique / Caritas, France Sharon Courtoux Survie SFI, France

Regis Renard Terre des Hommes, France Remy Martin Uminate (network of 150 local NGOs), France

Kakha Nadiradze Association for Farmers Rights Defense (AFRD), Georgia Nino Gujaraidze Green Alternative Association, Georgia

Lali Kobiashvili The Association of Childrens` and Patients’ Rights Protection Asklepsius, Georgia Lasha Chkhartishvili Union of Environmental Protection and Animal Rights - "LOBO", Georgia

Tsovinar Nazarova People's Harmonious Development Society, Georgia Gertraud Gauer-Süß Bremer Informationszentrum für Menschenrechte und Entwicklung, Germany

Ulrich H. Gundert Brot für die Welt, Germany Roger Meyer Eirene Deutscher Zeig E.V., Germany

Ulrich Mueller FoodFirst Information & Action Network, Germany Jürgen Marquardt Lernen – Helfen – Leben, Germany

Reinhard Behrend Rettet den Regenwald, Germany Knud Voecking Urgewald, Germany

Andrea Plöger W E E D - World Economy, Ecology & Development, Germany Daniel Owusu-Koranteng Wassa Association of Communities Affected by Mining, Ghana

Yannick Etienne Batay Ouvriye, Haiti Ákos Éger National Society of Conservationists, Hungary

Joe Athialy The People's Movement, India Meda Gurudutt Prasad CADME/ACTION, India

Souparna Lahiri Delhi Forum, India Mukta Srivastava Initiative, India

Medha Patkar Narmada Bachao Andolan (Save the Narmada Movement), India Sanjay M.G.

National Alliance of People's Movements, India

Prajnalankar Bhikkhu Peace Campaign Group (PCG), India Himanshu Thakkar South Asia Network on Dams, Rivers & People (SANDRP), India

Binny Buchori INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), Indonesia Heine Nababan People's Coalition for the Rights to Water, Indonesia

Longgena Ginting WALHI, Indonesia Manana Kochladze CEE Bankwatch Network, International

Kate Watters Crude Accountability, International Janneke Bruil Friends of the Earth, International

Daniel Moss Grassroots International, International Bernice Romero Oxfam International, International

Johan Frijns BankTrack, International Jaroslava Colajacomo Campagna per la riforma della Banca Mondiale (CRBM), Italy

Laura Radiconcini Friends of the Earth, Italy Francesco Ferrante Legambiente, Italy

Gianfranco Bologna WWF, Italy Yoshihito Miyakoshi A SEED, Japan

Naomi Kanzaki Friends of the Earth, Japan Keiko Kusuhara Fukuoka NGO forum on ADB, Japan

Yuki Tanabe Japan Center for a Sustainable Environment and Society (JACSES), Japan Setsuko Kudo Jubilee Kansai Net-Work, Japan

FUKUDA Kenji Mekong Watch, Japan Semen Svitelman Green Salvation, Kazakhstan

Andrey Andreyev NGO Legal Initiative, Kazakhstan Valery Uleev Jalal-Abad Regional Human Rights Organization "Justice" ("Spravedlivost"), Kyrgyzstan

Ramazan Dyryldaev Committee for Human Rights, Kyrgyz Republic Igor Hadjamberdiev, For Civil Society NGO, Kyrgyz Republic

Kalia Moldogazieva Human Development Center "Tree of Life", Kyrgyz Republic Natalia Ablova Bureau on Human Rights and Rule of Law, Kyrgyzstan

Tolekan Ismailova PA "Civil Society Against Corruption", Kyrgyzstan Saulius Piksrys Atgaja, Lithuania

Ana Colovic Eco-sense, Macedonia Balan Palanisamy Penang Inshore Fishermen Welfare Association (PIFWA), Malaysia

Roy Laifungbam South Asian Solidarity for Rivers and People (SARP), Nepal Filka Sekulova A SEED Europe, Netherlands

Henneke Brink Both ENDS, Netherlands Eloho Ogberagha Agency for Health and Environmental Projects, Nigeria

Innih Archibong Liberty Now, Nigeria Andrew Preston Association for International Water and Forest Studies, Norway

Lars Løvold Rainforest Foundation, Norway Naeem Iqbal Pakistan Network for Rivers Dams and People, Pakistan

Shaukat Omari Transparency International, Pakistan Lester Seri Conservation Melanesia Inc., Papua New Guinea

Jorge Bejar Apaza Asociación Civil LABOR, Perú Miguel Palacín Quispe CONACAMI (National Confederation of Peruvian Communities Affected by Mining), Perú

Oscar Díaz Barbosa & Zaira Carbajal Jara Instituto Ambientalista Natura, Perú Joan Carling Cordillera Peoples Alliance, Philippines

Monica Wilson GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives), Philippines and USA Joanna Bulawa Green Federation Gaja, Poland

Andrzej Gula Institute for Environmental Tax Reform, Poland Anna Roggenbuck Polish Green Network, Poland

Renato Miguel Ascenso Roldao Euronatura – Centre for Environmental Law and Sustainable Development/ ECA Iberia, Portugal Sergey Fedorov Arkhangelsk Association of Ecological Organizations, Russia

Fatima Kobzhasarova Chelyabinsk City Public Movement of Women "Fatiha", Russia A.Petrov Druzina Movement, Russia

Inga Zinovieva Ecological Environmet Center Dauria, Russia Andrey Laletin Friends of the Siberian Forests, Russia

Ivan Blokov Greenpeace, Russia Dr. Evgeny V. Vilkov Russian Academy of Sciences, of Daghestan Scientific Centre, Russia

Dmitriy Lisitsyn, Sakhalin Environment Watch, Russia Alexander Arbachakov Taiga Research and Protection Agency, Russia

Kalinina Natalia V.

The Organization Amur Ecological Club, Russia Jennie Sutton The Regional NGO Baikal Environmental Wave of the Russian Federation, Russia

Peter Mihok Center for Environmental Public Advocacy, Slovakia Wally Menne Timberwatch Coalition, South Africa

Mario Carreño Fuego Proyecto de Cooperación y Ayuda al Pueblo Ticuna, Spain Mailer Mattié Selva.org, Spain

Hemantha Withanage Center for Environmental Justice, Sri Lanka Deshamanya Dr. Ponna Wignaraja South Asian Perspectives Network Association, Sri Lanka

Christine Eberlein Berne Declaration, Switzerland Bruno Gurtner Swiss Coalition of Development Organizations, Switzerland

Jim Enright Mangrove Action Project (MAP), Thailand Antonina Galkina MC Joint Action, Ukraine

Yury Urbansky National Ecological Center of Ukraine, Ukraine Jeff Powell Bretton Woods Project, United Kingdom

Tom Griffiths Forest Peoples Programme, United Kingdom Richard Harkinson Minewatch, United Kingdom

Nicholas Hildyard The Corner House, United Kingdom Roberto Bissio Third World Institute, Uruguay

Soren Ambrose 50 Years Is Enough: U.S. Network for Global Economic Justice, USA Dave Batker Asia Pacific Environmental Exchange, USA

Dick Kamp Border Ecology Project, USA Lauren Compere Boston Common Asset Management, LLC, USA

Susan Vickers Catholic Healthcare West, USA Julie Tanner Christian Brothers Investment Services, Inc., USA

Anne Perrault Center for International Environmental Law (CIEL), USA Doug Hellinger Development Gap, USA

Adam Kanzer Domini Social Investments LLC, USA Valerie Heinonen Dominican Sisters of Hope, USA

Tom Athanasiou EcoEquity, USA Bruce Rich Environmental Defense, USA

David Waskow Friends of the Earth, USA Elaine Zuckerman Gender Action, USA

Paula Palmer Global Response, USA Rev. David Schilling and Sister Patricia Wolf Interfaith Center on Corporate Responsibility, USA

Dana Clark International Accountability Project, USA Bama Athreya International Labor Rights Fund, USA

Peter Bosshard International Rivers Network, USA Doris Gormley Jesuit Conference, USA

Séamus P. Finn OMI Justice/Peace & Integrity of Creation, USA Andrew Brengle KLD Research & Analytics, Inc., USA

Alfredo Quarto Mangrove Action Project, USA Marie Dennis Maryknoll Office for Global Concerns, USA

Catherine Rowan Maryknoll Sisters, USA Mark A. Regier Mennonite Mutual Aid, USA

Valerie Heinonen Mercy Investment Program, USA Barbara Bramble National Wildlife Federation, USA

S. Jacob Scherr Natural Resources Defense Council, USA Bruce Herbert Newground Social Investment, USA

Doug Norlen Pacific Environment, USA Marcia Ishii-Eiteman, PhD Pesticide Action Network North America (PANNA), USA

Mike Brune Rainforest Action Network, USA Tim Keating Rainforest Relief, USA

Valerie Heinonen Sisters of Mercy Regional Community of Detroit Ursuline, Sisters of Tildonk-U.S. Province, USA Steve Lippman Trillium Asset Management, USA

Rev. Douglas B. Hunt United Church of Christ Network for Environmental and Economic Responsibility, USA Aniruddha Vahadilla, USA

Bruce Jenkins Bank Information Center, USA Kevin Danaher Global Exchange, USA

Nora. M. Nash Corporate Social Responsibility Sisters of St Francis of Philadelphia, USA Domuladjanov Ibragijon “For Ecologically Clean Ferghana” Association, Uzbekistan

Caucasus Environmental NGO Network (CENN)

http://forestpeoples.gn.apc.org/Briefings/World20Bank/ifc_safegd_pol_platfrm_dec04_sp.htm#top