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Lunes 24 de Mayo de 2004

Cómo afectarán las negociaciones de la OMC a los países en desarrollo.

por Martin Khor

Las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC) son uno de los factores internacionales que afectan el desempeño económico y la competitividad de un país. Hasta julio, habrá intensas negociaciones en la OMC sobre asuntos clave como los temas de Singapur, los aranceles industriales y los servicios. Estas negociaciones tendrán efectos significativos sobre las perspectivas económicas de los países en desarrollo.

En los próximos dos meses, los países miembros de la OMC mantendrán intensas conversaciones acerca de la agenda de la organización, en un esfuerzo por concluir “acuerdos marco” sobre algunos asuntos antes del fin de julio, cuando vencerá un nuevo plazo.

Las cuestiones clave serán los “temas de Singapur” (así llamados porque fueron lanzados en la Conferencia Ministerial de Singapur, en 1996) referentes a inversión, competencia, transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio, además de los aranceles agrícolas e industriales. También continúan las conversaciones sobre servicios. El resultado de todas estas negociaciones tendrá consecuencias fundamentales.

En la Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en el balneario mexicano de Cancún en septiembre de 2003, los principales países industrializados intentaron introducir nuevas normas o acuerdos en la organización mediante el lanzamiento de negociaciones sobre los “temas de Singapur”. Sin embargo, muchos países en desarrollo se opusieron a esa iniciativa y lograron imponerse.

Después de Cancún, los miembros de la OMC demoraron bastante en retomar las negociaciones, que sólo se reanudaron en marzo de 2004. Para fin de julio, una reunión del Consejo General tomará algunas decisiones importantes.

Desde 1996, los países industrializados han ejercido una enorme presión para iniciar negociaciones tendentes a la firma de nuevos acuerdos de la OMC sobre los “temas de Singapur”, pero muchos países en desarrollo se han resistido.

Si se llega a nuevos acuerdos sobre estos temas según las líneas propuestas por los países industrializados, será difícil para los países en desarrollo mantener muchas de sus políticas económicas y sociales clave. El desempeño económico y la competitividad de las empresas y granjas nacionales podría verse perjudicado.

Por ejemplo, si se firma un acuerdo sobre inversiones, Malasia podría tener dificultades para regular la inversión extranjera (por ejemplo, los requisitos sobre ingreso, participación, empresas conjuntas, entrada y salida de fondos, etc.) y dar preferencia o apoyo a las empresas nacionales.

Un acuerdo de competencia trabaría la ayuda a empresas nacionales para promover su desarrollo y su participación en el mercado, porque pondría énfasis en el principio de “libre competencia” entre compañías nacionales y extranjeras.

En cuanto a contratación pública, el objetivo final de los países industrializados es un tratado que establezca el “tratamiento nacional” para las firmas extranjeras, y prohíba entonces dar preferencia a empresas nacionales para realizar proyectos públicos o suministrar bienes o servicios al Estado. Los acuerdos propuestos reducirían el “espacio político” de Malasia para formular estrategias nacionales y de desarrollo. Las propuestas apuntan a reducir la asistencia nacional y otorgar derechos sin precedentes a las empresas,los bienes y los servicios extranjeros. También afectarían las políticas de desarrollo social, así como la administración macroeconómica y la regulación de flujos financieros.

Aunque las negociaciones de Cancún fracasaron, ahora existe una oportunidad para eliminar definitivamente de la agenda de la OMC al menos tres de los temas de Singapur. Si se presenta una propuesta en ese sentido en la reunión del Consejo General de la OMC, en julio, y obtiene el respaldo de la mayoría de los países en desarrollo, esos temas saldrán para siempre de la mesa de negociaciones.

En la reunión del Consejo General del 15 de diciembre pasado, 45 países en desarrollo emitieron un importante comunicado conjunto sobre los temas de Singapur.

“Los copatrocinadores de este documento, por tanto, opinan que se debe abandonar todo nuevo trabajo acerca de los temas de comercio e inversiones, comercio y política de competencia y transparencia en la contratación pública”, dice el comunicado.

Esto implica que los temas debería excluirse completamente de la OMC, es decir que no debería haber más discusiones sobre ellos, incluso a nivel de grupos de trabajo. En cuanto al cuarto tema (facilitación del comercio), los países en desarrollo pidieron que sólo continuaran las discusiones y aclaraciones.

La Unión Europea, Japón y otros países todavía pretenden continuar las conversaciones sobre los cuatro temas. Pero si una fuerte mayoría de países en desarrollo defienden con fuerza la eliminación de tres de los temas de la agenda, pueden tener éxito.

Hasta julio, existe la oportunidad de eliminar esos polémicos asuntos de una vez y para siempre, y así ahorrar tensiones y conflictos innecesarios en la OMC. Si se aprovecha esta oportunidad, puede desaparecer esa amenaza a las políticas nacionales de desarrollo. Lo que se requiere es un esfuerzo para unir tantos países en desarrollo como sea posible en una posición común.

La OMC también está negociando una nueva ronda de recortes de aranceles industriales, bajo el nombre de “acceso a mercados no agrícolas”. El principal texto en consideración se conoce como el texto Derbez, por el ministro de Comercio mexicano que presidió la conferencia de Cancún. Ese documento presenta muchos problemas que podrían amenazar la viabilidad y el crecimiento de empresas locales. En primer lugar, propone una “fórmula no lineal” a aplicar a todas las categorías de bienes, según la cual habría recortes arancelarios más importantes cuanto mayores sean los aranceles. Muchos países en desarrollo tienen y precisan aranceles más altos para proteger a sus pequeñas industrias. La fórmula no lineal reduciría drásticamente sus aranceles, haciendo que importaciones baratas amenacen sus industrias nacionales. En segundo lugar, el texto propone que casi todos los rubros arancelarios no sujetos a compromisos de reducción sean consolidados al doble de la tasa actual (es decir, que los aranceles no puedan aumentarse por encima de ese nivel) y también sean sujetos a una fórmula no lineal. Esto tendría graves consecuencias para numerosos países, dado que muchos sectores quedarán abiertos a las importaciones baratas.

En tercer lugar, existe también una propuesta de “enfoque sectorial” para que los aranceles sean abatidos a cero en pocos años en siete o más sectores. Obviamente, las empresas nacionales en esos sectores se verían perjudicadas. Como respuesta a estas iniciativas, se deberían adoptar las siguientes posiciones:

* Los países en desarrollo no deben quedar sujetos a criterios “no lineales” y sectoriales.

* Los países en desarrollo deben obtener flexibilidad para determinar su propio ritmo de reducción arancelaria. Se podría adoptar un enfoque similar al de las conversaciones de la Ronda Uruguay (1987-1995), cuando se estableció un objetivo de reducción general promedio de 27 por ciento para los países en desarrollo, los cuales podrían elegir el porcentaje de reducción para cada rubro arancelario. Además, los productos e industrias de especial sensibilidad o importancia no deberían sujetarse a ningún recorte arancelario.

* En la Ronda Uruguay, los países en desarrollo también tenían la opción de elegir qué productos someter a reducciones arancelarias.

Esta flexibilidad debería mantenerse.

Otra área de negociaciones son los servicios. Algunos de los principales países industrializados (y algunos en desarrollo) propusieron en las negociaciones de servicios de la OMC que Malasia y otros países en desarrollo se comprometieran a eliminar sus actuales restricciones o normas y prohibieran las futuras restricciones en una amplia variedad de subsectores de servicios, como finanzas, distribución, telecomunicaciones y otros servicios públicos, servicios profesionales, etc. Los proponentes pretenden que los proveedores extranjeros de servicios no tengan restricciones al ingreso ni a la participación.

Es importante destacar la diferencia entre la liberalización unilateral, realizada por un país a su propio ritmo y preferencia, y la liberalización por compromisos de la OMC. En la primera, un país puede decidir que le interesa liberalizar un sector y permitir la participación extranjera hasta cierto grado; si las circunstancias cambian, puede modificar sus políticas y reintroducir restricciones o normas, sin ser penalizado. Sin embargo, si las medidas de liberalización responden a compromisos de la OMC (establecidos en cronogramas del Acuerdo sobre Servicios), el país queda legalmente obligado a determinados niveles de liberalización y no puede modificarlos sin ofrecer una compensación adecuada. Por lo tanto, si cierto grado de liberalización se considera deseable en ciertos sectores, es mejor emprender ese proceso unilateralmente, sin compromisos en la OMC.

El Acuerdo sobre Servicios de la OMC también permite a los países elegir su propio grado de compromiso. Por ejemplo, si un país como Malasia recibe solicitudes de liberalización en muchos sectores, no necesariamente debe satisfacerlas. El acuerdo permite a los países en desarrollo liberalizar menos sectores a un ritmo más lento.

Los países en desarrollo deberían formular un plan maestro que establezca la estrategia nacional en materia de servicios. Ese plan debe apuntar a promover el sector nacional de servicios y su potencial de exportación, y proponer el nivel óptimo de participación extranjera en los distintos sectores. En base a esto, se puede determinar el ritmo y alcance deseables de la liberalización.

Las medidas de liberalización, cuando se consideran apropiadas, pueden adoptarse sobre una base unilateral, sin compromisos en la OMC, o al menos no al mismo nivel de liberalización. Esto otorgaría flexibilidad para modificar o revertir medidas si es necesario.

Debe quedar claro que, aunque los países son libres de hacer solicitudes, también son libres de aceptar o rechazar las de otros, y por tanto no deben sentirse "presionados" a aceptar compromisos inconvenientes.