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Comercio

Viernes 23 de Abril de 2004

Agricultura del Sur enfrenta competencia injusta del Norte

por Bhagirath Lal Das

Exigir a los países en desarrollo el desmantelamiento de las pocas defensas que le quedan a su agricultura contra el abrumador impulso exportador de los países industrializados es un ejemplo de exigencia irrazonable y absoluta insensibilidad a los problemas de la agricultura en países como India.

En una reciente visita a India, Colin Powell, secretario de Estado (canciller) de Estados Unidos, fue interrogado acerca de las medidas de su gobierno para evitar que empresas nacionales dieran trabajo a compañías de software de India, en un proceso conocido como Tercerización de Procesos Empresariales (BPO, por sus siglas en inglés). La respuesta de Powell no fue nada convincente: dijo que India debía liberalizar sus importaciones agrícolas para compensar por la pérdida de empleos que causaba la BPO en Estados Unidos, según trascendió.

Antes de eso, otro alto funcionario de Estados Unidos, el representante comercial Robert Zoellick, habría hecho una sugerencia similar sobre la liberalización de las importaciones en India. Y anteriormente, el comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Pascal Lamy, también habría exigido la reducción de los aranceles agrícolas durante una visita a India.

Estos orquestados reclamos de liberalización comercial de India, en particular en el área de la agricultura, son bastante provocativos. Es bien sabido que India fue obligada por los países industrializados, y en especial por Estados Unidos, a eliminar todos los controles de importación sobre todos los productos, incluidos los agrícolas, antes de abril de 2001.

Actualmente, los aranceles aduaneros son el único medio para proteger la industria y la agricultura nacionales contra la competencia extranjera. Y esa competencia es extremadamente injusta. Exigir a los países en desarrollo el desmantelamiento de las pocas defensas que le quedan a su agricultura contra el abrumador impulso exportador de los principales países industrializados es un ejemplo de exigencia irrazonable y absoluta insensibilidad a los problemas de la agricultura en países como India.

Mientras reclaman a los países en desarrollo que eliminen protecciones para sus agricultores, los propios países industrializados, en especial Estados Unidos y los miembros de la UE, mantienen una alta protección a sus propios agricultores mediante fuertes subsidios y otros medios. El marco multilateral de comercio internacional, encarnado en el Acuerdo sobre Agricultura de la Organización Mundial del Comercio (OMC), establece una posición especial y privilegiada para los países ricos, que así continúan ofreciendo subsidios domésticos a sus agricultores en gran forma. De hecho, les dan más de 300.000 millones de dólares por año en subsidios. Un estudio publicado por la secretaría de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE, integrada por los países más ricos del mundo) en abril de 2001 indicó que los subsidios domésticos de los países industrializados equivalen a cerca de 40 por ciento de su producción agrícola.

Los subsidios domésticos detallados en el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC pertenecen, a grandes rasgos, a dos categorías: (1) los que deben reducirse anualmente y (2) los que están exonerados de reducción. El estudio de la OCDE señaló que 60 por ciento de los subsidios domésticos de los países industrializados están exceptuados de cualquier compromiso de reducción. Los países industrializados aplicaron entonces una astuta estrategia: recortaron los subsidios que debían reducir, y aumentaron los exonerados. De este modo, técnicamente cumplieron con sus obligaciones, aunque incrementaron el total de subsidios.

Otro estudio de la OCDE (2000) indicó que la Estimación de la Ayuda Total (una medida amplia de subsidios domésticos) en el Norte industrial aumentó de 276.000 millones de dólares por año entre 1986 y 1988 a 326.000 millones en 1999. La razón ofrecida para exceptuar determinados subsidios de la reducción es que no distorsionan el comercio. Sin embargo, esto no es exacto, dado que los subsidios a los agricultores de los países ricos, sean de una u otra categoría, fortalecen su capacidad de permanencia y por tanto les permite y los alienta a continuar con actividades que de otro modo serían inviables. En ese sentido, sí distorsionan la producción y el comercio.

El resultado de todos estos subsidios es que los principales países industrializados han podido mantener sus precios agrícolas muy por debajo del costo de producción. Por ejemplo, un informe de la organización humanitaria ActionAid señaló que en 2002, Gran Bretaña vendía su trigo a 70 libras la tonelada, cuando el costo de producción ascendía a 113 libras. De este modo, los países ricos pueden exportar productos artificialmente baratos a países en desarrollo como India, sometiendo a los agricultores del Tercer Mundo a una competencia muy injusta y exponiéndolos a graves riesgos.

Aunque a los países en desarrollo se les permite otorgar ciertos subsidios, éste es un derecho vacío, porque sus gobiernos no cuentan con los recursos financieros necesarios para ejercerlo. Los países industrializados, en especial la UE, proveen altos subsidios de exportación a sus agricultores. Aunque los ha reducido anualmente, el nivel de subsidios es todavía muy alto y asciende a unos 7.000 millones de dólares por año. Estados Unidos abolió sus subsidios directos a las exportaciones, pero ofrece subsidios indirectos mediante los créditos a la exportación, que no están incluidos en el compromiso de reducción. Los países industrializados justifican sus subsidios domésticos con el argumento de que, sin ese apoyo, los agricultores receptores se arruinarían totalmente, pero no pueden justificar de ninguna forma sus subsidios a las exportaciones, porque con ellos, en todas sus formas (directas o indirectas), arruinan el sustento de millones de pequeños agricultores en países como India. No sólo es una mala práctica comercial, sino que es sumamente injusta e inmoral.

Los países en desarrollo no están autorizados a ofrecer subsidios de exportaciones, porque la mayoría no lo ofrecía cuando la OMC entró en funcionamiento, el 1 de enero de 1995, y a partir de esa fecha no se permitió crear ningún subsidio nuevo. Además, aun si se les permitiera hacerlo, no podrían, porque no poseen los recursos financieros necesarios.

Los países industrializados tienen la facilidad especial de proteger a sus agricultores contra las importaciones mediante un mecanismo llamado “salvaguarda especial”, utilizado cuando la importación es de gran volumen o su precio es bajo. El criterio de elegibilidad para hacer uso de esta disposición es tal que los países en desarrollo, salvo unos pocos, no pueden usarlo. Por lo tanto, este mecanismo también es desequilibrado e injusto, porque permite a los países ricos que ya proveen tantos subsidios a sus agricultores brindarles una protección directa adicional contra las importaciones, mientras los países en desarrollo que no ofrecen ni pueden ofrecer subsidios a sus agricultores se ven impedidos de darles esa protección especial.

El grave perjuicio que estas políticas y medidas de los países industrializados causan a la agricultura de los países en desarrollo ha sido ampliamente estudiado y registrado. En particular, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (IFPRI) y las organizaciones humanitarias Oxfam y ActionAid han producido informes con ejemplos específicos del daño causado a los países en desarrollo.

Asimismo, el relator de la Subcomisión sobre el Derecho a la Alimentación de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó en marzo de 2004 un informe según el cual los subsidios en el Norte industrial han causado a los países en desarrollo una pérdida de 24.000 millones de dólares anuales en ingresos agrícolas y agroindustriales. Según el informe, la UE es responsable de más de la mitad de esa pérdida, y Estados Unidos, de un tercio.

En el marco de esta situación tan injusta y desequilibrada, los países industrializados, en particular Estados Unidos y la UE, presionan a los países en desarrollo para que eliminen lo que les queda de flexibilidad para proteger a sus agricultores. Es preciso resistir esas presiones con firmeza. Además, es necesario modificar las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre Agricultura de la OMC. Actualmente tenemos una oportunidad de hacerlo.

En los últimos dos años se han realizado negociaciones en el área de la agricultura para decidir qué hacer en cuanto a los subsidios domésticos, los subsidios a las exportaciones y los aranceles en este sector. Obviamente, existen grandes diferencias entre países ricos y pobres en casi todos los temas, y las negociaciones no han avanzado. Estados Unidos y la Comisión Europea (brazo ejecutivo de la UE, que representa a los países miembros de este bloque) llegaron a un acuerdo y presentaron una posición conjunta, basados en el principio de “perdón mutuo”, que implica una tolerancia recíproca de sus subsidios. Previsiblemente, ambos están unidos en el reclamo a los países en desarrollo de que reduzcan sustancialmente sus aranceles agrícolas.

En una medida muy bienvenida, varios países en desarrollo se unieron para oponerse a la posición conjunta de Estados Unidos y la UE. Esos países, que incluyen a Brasil, China, India, Argentina, Indonesia y Sudáfrica (conocidos como “Grupo de los 20”) adoptaron una posición común y solicitaron a los principales países industrializados que eliminaran o redujeran sus subsidios.

Otros 37 países en desarrollo también se unieron para proponer que la agricultura del Sur debe ser tratada de una forma totalmente diferente, y que los países en desarrollo tengan suficiente flexibilidad en cuanto a productos agrícolas importantes para la producción de alimentos, los pequeños agricultores y la economía rural. Las conversaciones informales continúan, pero los países ricos no dan señales de ceder en su posición.

En vista de lo antedicho, parece deseable adoptar la siguiente línea de negociación, recabar apoyo para ella y seguirla con determinación:

1) Los países industrializados deben eliminar sus subsidios de exportación de inmediato, o sea, en un período máximo de un año.

2) Los países industrializados deben eliminar progresivamente sus subsidios reducibles en un período máximo de 4 a 5 años.

3) Los subsidios de los países industrializados que actualmente están exonerados de recortes deben someterse a la disciplina de reducción y ser eliminados progresivamente, en un período máximo de 4 a 5 años.

4) La cláusula de salvaguarda especial para la protección de los agricultores, actualmente de uso casi exclusivo de los países industrializados, debe ser también pasible de aplicación por los países en desarrollo.

5) Los países en desarrollo tienen derecho a elegir algunos productos importantes para la producción de alimentos, los pequeños agricultores y la economía rural, y disponer de flexibilidad para mantener aranceles altos, imponer controles directos de importaciones y ofrecer subsidios domésticos en relación con esos productos.

6) Hasta que los países industrializados eliminen todos sus subsidios domésticos y de exportación, deberían permanecer en suspenso los compromisos de los países en desarrollo en cuanto a reducciones arancelarias y no imposición de controles de importación directos respecto de los productos procedentes de los países industrializados que aplican tales subsidios. FIN.­ Third World Network Features --- Acerca del autor: Bhagirath Lal Das fue secretario del gobierno de India. Anteriormente fue embajador y representante permanente de ese país ante el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT).




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