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Comercio

Lunes 8 de Marzo de 2004

por Chakravarthi Raghavan

El progreso hacia la reducción del hambre y la desnutrición casi se ha detenido, y es escandaloso que 840 millones de personas estén desnutridas en un mundo que produce alimentos más que suficientes para toda su población, dijo Jean Ziegler, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Derecho a la Alimentación, en un informe a la Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos.

Ziegler urgió a todos los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a poner fin a los actuales desequilibrios e injusticias del Acuerdo sobre Agricultura de esa organización y a reflejar en él las necesidades y los derechos de los países en desarrollo tanto como de los industrializados, para garantizar que las normas internacionales de comercio no amenacen el derecho a la alimentación. El funcionario realizó su exhortación tras conocerse la conclusión de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de que la lucha contra el hambre y la desnutrición mundial casi ha cesado.

“Se debe asegurar con urgencia el sustento de los agricultores pobres, que constituyen 75 por ciento de los 1.200 millones de personas más pobres del mundo, para que puedan alimentarse dignamente”, dijo Ziegler, y reclamó una revisión de los modelos agrícolas orientados a la exportación, que amenazan el medio de vida de millones de agricultores rurales, en especial si la reestructuración económica no produce nuevas fuentes de trabajo en otros sectores.

Algunos estudios recientes revelaron que el modelo agrícola basado en la mecanización del cultivo y la comercialización de la agricultura en el mundo en desarrollo provocará el desplazamiento de los agricultores pobres de sus tierras, sin posibilidad de que obtengan empleo en las industrias.

Ziegler recomendó en su informe considerar la soberanía alimentaria como un modelo alternativo para la agricultura y el comercio agrícola, de modo que los gobiernos cumplan su obligación de respetar, proteger y satisfacer el derecho a la alimentación, “un derecho humano fundamental protegido por el derecho internacional”.

En referencia al colapso de la Quinta Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada el pasado septiembre en el balneario mexicano de Cancún, Ziegler afirmó que la principal causa de ese fracaso fue “la intransigencia y el doble discurso de los países industrializados del Norte sobre la cuestión de la agricultura y la seguridad alimentaria, y la incapacidad del Acuerdo sobre Agricultura para ofrecer seguridad alimentaria a los países más pobres”.

El comercio agrícola, señaló, dista de ser libre y justo, y muchos países industrializados siguen protegiendo y subsidiando su producción de alimentos básicos, mientras muchos países en desarrollo se vuelven dependientes de las importaciones de alimentos y padecen la competencia injusta de los productos de aquéllos, que se venden por debajo del costo de producción. Los productos subsidiados “desplazan la producción local de alimentos básicos y arruinan el sustento de los agricultores en los países en desarrollo, y tienen importantes consecuencias en la realización del derecho a la alimentación”, agregó el relator especial.

Pese a predicar el libre comercio agrícola, la Unión Europea, Estados Unidos, Japón y otros países industrializados todavía protegen su agricultura para asegurar la producción de alimentos básicos. Ziegler citó cifras y recordó que el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, declaró en julio de 2001 una cuestión de seguridad nacional el autoabastecimiento alimentario. En el mismo discurso, Bush criticó las barreras comerciales que impiden a los productos estadounidenses entrar en otros mercados, comentó.

Al mismo tiempo, países en desarrollo han sido persuadidos por programas del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, más que por el Acuerdo sobre Agricultura de la OMC, de liberalizar en forma unilateral su sector agrícola, sólo para descubrir que los prometidos beneficios del “libre comercio agrícola” nunca se materializaban.

Por el contrario, sus agricultores fueron devastados, como demuestran estudios realizados en México y Zambia, por los precios artificialmente bajos de productos agrícolas subsidiados.

Según el Instituto Internacional de Investigaciones sobre Política Alimentaria (IFPRI, por sus siglas en inglés), al ofrecer a la agricultura subsidios por 850 millones de dólares al día o 311.000 millones de dólares en 2001, los países industrializados desplazaron la agricultura en los países en desarrollo, lo que cuesta a las naciones más pobres del mundo unos 24.000 millones de dólares al año en ingresos agrícolas y agroindustriales. La Unión Europea es responsable de más de la mitad de ese perjuicio, Estados Unidos de un tercio, y Japón y otros países asiáticos de altos ingresos, de otro 10 por ciento.

Mientras algunos países industrializados, con la excepción de Australia, continúan protegiendo su agricultura como una cuestión de seguridad nacional, seguridad alimentaria o multifuncionalidad, los países en desarrollo más pobres quedan en gran desventaja, dado que no pueden subsidiar su agricultura, y en cambio deben reducir sus aranceles y abrirse a la competencia injusta de los productos subsidiados de los países ricos.

“Está surgiendo un modelo de comercio en que los países industrializados dominan la producción de alimentos básicos, como arroz, maíz y trigo, leche y carne, mientras los países en desarrollo más pobres producen cultivos comerciales tropicales, como café, algodón o flores, para poder venderlos y comprar sus alimentos. Esos cultivos tropicales deben pagar altos aranceles o son sujetos a progresividad arancelaria en los países industrializados”.

En los últimos 30 años, los 49 países menos desarrollados del mundo pasaron de ser exportadores netos de alimentos a importadores netos, mientras el costo de sus importaciones de alimentos aumentaba de 45 a 70 por ciento del valor de sus exportaciones totales de mercancías. Esto les hace cada vez más difícil pagar sus importaciones.

Esos países son, entonces, incapaces de producir sus propios alimentos y de asegurarse ingresos suficientes para comprarlos, por lo tanto son vulnerables a la inseguridad alimentaria y no pueden garantizar la realización del derecho a la alimentación.

Para los países en desarrollo que liberalizaron su agricultura, la experiencia no ha sido positiva.

Los consumidores tampoco se han beneficiado, porque los monopolios públicos han sido reemplazados por los privados. Un estudio del Banco Mundial reveló que, desde 1974, los precios al consumo aumentaron mientras los precios de los productos agrícolas disminuían. Por ejemplo, los precios del café cayeron 18 por ciento entre 1975 y 1993, mientras los precios al consumo aumentaban 249% en Estados Unidos, lo que aumentó las sospechas de comercio injusto en los mercados mundiales de productos básicos, según el informe.

Los mercados mundiales de productos básicos están cada vez más dominados por menos empresas multinacionales con el poder para exigir la reducción de los precios de los productores y mantener altos los precios al consumo, aumentando así sus propios márgenes de ganancia. Prácticas similares ocurren en menor escala en países que han liberalizado su sector agrícola, donde el número de actores privados puede ser muy limitado y los consumidores no se benefician de los precios bajos prometidos por los defensores del libre comercio.

Esto se debe a la falta de surgimiento de un sector privado competitivo o a las prácticas monopólicas de las agroempresas multinacionales, que acaparan el control del comercio, el procesamiento y la comercialización de los productos arícolas. Esta es la dinámica causante de una injusta situación en la que pocas personas o empresas se enriquecen a expensas de la mayoría de los agricultores y consumidores, tanto en el Norte como en el Sur. La misma dinámica funciona entre países, y es una de las razones de la creciente brecha entre naciones industrializadas y en desarrollo.

Los principales beneficiarios de la liberalización comercial han sido los grandes agricultores y las mayores empresas, con la capacidad de aprovechar la reestructuración económica, mientras los más pobres y marginados, en particular los agricultores pobres, quedan cada vez más rezagados.

Todo esto aumenta, lógicamente, la desconfianza de muchos países y personas hacia las promesas del libre comercio para garantizar la seguridad alimentaria, en especial en vista de de la postura “haz lo que yo digo, no lo que yo hago” de los países del Norte. El colapso de conversaciones multilaterales de comercio, cada vez más frecuente, es un síntoma de la actual injusticia del sistema mundial de comercio, que la OMC perpetúa en lugar de resolver, debido al desequilibrio de poder entre sus países miembros, señaló el relator especial.

El fracaso de Cancún, añadió, se debió principalmente a la intransigencia de los países industrializados, que se negaban a hacer concesiones sobre agricultura a menos que los países en desarrollo abrieran todavía más sus mercados a las empresas del Norte a través de los “temas de Singapur”.

Ante la falta de reconocimiento de sus demandas, el Grupo de los 22 países en desarrollo encabezados por Brasil se mantuvo firme y resistió la prepotencia de los países ricos. Para este grupo, era mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo en Cancún.

Varios grupos de la sociedad civil que ven a las injusticias del sistema mundial de comercio agrícola como un desastre para la seguridad alimentaria, en especial de países y personas pobres, cuestionan el paradigma del libre comercio agrícola en su totalidad y exhortan a cambiar el enfoque hacia la “soberanía alimentaria”, en contraposición a los actuales modelos de agricultura industrial, orientada a la exportación, y de comercio agrícola.

Por ahora, la idea está en una fase conceptual, con pocos estudios académicos o sistemáticos.

En referencia a la posición de los grupos de la sociedad civil, el relator especial dijo que el primer elemento clave es la recuperación de la soberanía nacional e individual sobre la política de seguridad alimentaria. Muchos países han sido privados de opciones políticas como la imposición de aranceles a las importaciones de alimentos, dado que las normas de la OMC hacen difícil revertir la liberalización.

En términos de soberanía alimentaria, cada país debería ser capaz de determinar hasta qué grado desea ser autosuficiente en materia de alimentos básicos. La agricultura de pequeña escala debería ser protegida por asegurar objetivos de seguridad alimentaria, empleo y ambiente, destacó el relator especial, siempre que esa protección no amenace el sustento de otros agricultores de otros países.

Aunque la soberanía alimentaria no excluiría la posibilidad de subsidios, establecería en forma explícita el derecho de los países importadores a imponer aranceles para protegerse contra el “dumping” de las exportaciones subsidiadas. Los subsidios deberían estar permitidos, pero sólo para apoyar a los pequeños agricultores que producen para el mercado doméstico, no para exportación. Nunca se deberían permitir subsidios a la agricultura de gran escala ni al sector exportador.

La soberanía alimentaria, explicó Ziegler, pondría énfasis en la agricultura de pequeña escala orientada al mercado interno, en contraposición al actual modelo de agricultura industrializada, orientada a la exportación. También implicaría un mayor acceso a los recursos por parte de los pobres, en especial de las mujeres, para contrarrestar la creciente concentración de la propiedad de los recursos.

“La inseguridad alimentaria, como la pobreza, es con frecuencia el resultado de la falta de acceso a recursos productivos, más que la falta de alimentos disponibles”, dijo. Es necesario un acceso equitativo a la tierra, las semillas, el agua, los créditos y otros recursos productivos, que se contraponga a la actual relación de poder y distribución, a través de reformas agrarias. Es necesario combatir la creciente concentración de la propiedad en la producción, el procesamiento y la comercialización agrícola en manos de agroempresas multinacionales, a través de una mejor política internacional de competencia y contra los monopolios, y de la prohibición de la apropiación del conocimiento por medio de sistemas de derechos de propiedad intelectual.

El concepto de seguridad alimentaria reconocería también el derecho de los países a rechazar tecnologías inapropiadas sobre la base del principio cautelar, el derecho de los consumidores a decidir lo qué y cómo consumen y por quiénes es producido lo que consumen. Los consumidores deberían poder elegir si desean comer alimentos transgénicos, cuyo etiquetado se considera una barrera indirecta al comercio.

Asimismo, el concepto significa mayor participación de los consumidores en el establecimiento de normas, ya sea en el plano nacional o internacional, por ejemplo en la Comisión del Codex Alimentarius de la FAO y la Organización Mundial de la Salud.

El relator especial considera que, como estados partes de los convenios internacionales sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los gobiernos están legalmente obligados a garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos, en cualquier sistema político o económico, así como a respetar, proteger y satisfacer el derecho a la alimentación.

El actual sistema de comercio, sostuvo, afecta la seguridad alimentaria de los más pobres y marginados, y genera injusticias cada vez mayores. “Es hora de buscar un medio alternativo que asegure el derecho a la alimentación”, dijo. “El derecho comercial internacional debe respetar los compromisos que los países han asumido en virtud del derecho humanitario internacional. Si las normas comerciales amenazan el derecho a la alimentación, entonces esas normas deben ser impugnadas... El derecho a la alimentación es una importante base legal para la lucha por la seguridad alimentaria”.

“Todos los países deben convertir el derecho a la alimentación en una realidad para todos. El hambre no es inevitable ni aceptable. Es una masacre diaria y una vergüenza para la humanidad”, concluyó Ziegler. (FIN)SUNS.

Este artículo puede ser reproducido citando al autor, la revista u organismo cooperador y a Third World Network. Rogamos nos envíe copia de la publicación.




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