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Viernes 7 de Noviembre de 2003

Washington rechaza la Corte Penal Internacional

por Matthew Dimmock

En los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra, el fiscal estadounidense Robert Jackson declaró: “Si ciertos actos y violaciones de tratados se consideran crímenes, son crímenes ya sea que los cometa Estados Unidos o Alemania. No estamos dispuestos a establecer una regla de conducta penal para otros que no estemos dispuestos a invocar para nosotros mismos”.

Sin embargo, las acciones perpetradas por la administración Bush ridiculizan los principios de Nuremberg negando con arrogancia la Corte Penal Internacional y la autoridad de la ley de derechos humanos internacionales sobre los ciudadanos estadounidenses.

En la década de 1980 John Bolton participó del gobierno del entonces Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Hace poco fue vicepresidente del instituto American Enterprise Institute (AEI) y miembro del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano, dos elementos fundamentales de la camarilla “neoconservadora” que dirige Washington.

Mientras estaba en el AEI, Bolton declaró firme e inequívocamente su oposición a la Corte Penal Internacional, o más precisamente, a que los Estados Unidos fuera parte de ella.

En una presentación que realizó el 23 de julio de 1998 ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, Bolton ironizó el apoyo a la Corte Penal Internacional calificándolo de “una exhortación emocional a un ideal de sistema jurídico internacional abstracto”. Una semana antes, las Naciones Unidas habían adoptado por una mayoría abrumadora de 120 votos a favor y 7 en contra (y 21 abstenciones), el Estatuto de Roma por el cual se establecía la Corte Penal Internacional.

El 31 de diciembre de 2000, 139 países habían firmado y 91 ratificado el Estatuto de Roma. El entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, también firmó el acuerdo ese día, señalando las “imperfecciones” de la Corte Penal Internacional y expresando el deseo sincero de solucionarlas, sin duda en términos favorables para el continuado expansionismo estadounidense.

La administración Bush puso fin rápidamente a eso decidiendo que la negativa lisa y llana a participar de la Corte era mucho más simple, y por consiguiente “desfirmó” el acuerdo en una carta enviada al Secretario General de la ONU, Kofi Annan, con fecha 6 de mayo de 2002. Fue firmada ni más ni menos que por John Bolton, ahora Subsecretario de Estado de los Estados Unidos para el control de armamentos y la seguridad internacional.

En 1998 Bolton explicó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado que las “exhortaciones emocionales a un ideal de sistema jurídico internacional abstracto” se basan en gran medida en la noción equívoca de que éste está emparentado intelectualmente con los juicios de Nuremberg (y Tokio) por crímenes de guerra, posteriores a la Segunda Guerra Mundial”. Aparentemente es una mera coincidencia que los principios rectores de la Corte Penal Internacional se parezcan tanto a los promulgados al finalizar los juicios de Nuremberg y Tokio.

Bolton describió el contexto en el cual se lograron esos juicios enumerando las circunstancias singulares en las cuales se dieron y de ahí simplemente concluyó que “es casi seguro que la Corte Penal Internacional fracasará”, infiriendo que es imposible la aplicación universal de los principios establecidos por esos juicios.

Es una conclusión interesante, especialmente si se lee la proclama realizada por el fiscal estadounidense de los juicios, Robert Jackson, quien insistió en que los principios de Nuremberg debían ser considerados como universales en su aplicabilidad: “Si ciertos actos y violaciones de tratados se consideran crímenes, son crímenes ya sea que los cometa Estados Unidos o Alemania. No estamos dispuestos a establecer una regla de conducta penal para otros que no estemos dispuestos a invocar para nosotros mismos”.

La actitud actual de la administración Bush ridiculiza estas afirmaciones, negando con arrogancia la Corte Penal Internacional así como la jurisdicción de la ley de derechos humanos internacionales sobre los ciudadanos estadounidenses. Con ello, dejó al descubierto la dualidad de criterios que Jackson rechazó tajantemente. Desde que “desfirmó” el Estatuto, Estados Unidos se dispuso minar la legitimidad y efectividad de la Corte Penal Internacional presionando a otros países para que firmen acuerdos bilaterales en los que se otorgue inmunidad a todos los ciudadanos estadounidenses.

Una herramienta fundamental para lograr esto es la nueva Ley de Protección a los Miembros del Servicio Americano, que reduce la ayuda militar a países que se niegan a firmar un acuerdo bilateral. También se han hecho amenazas menos formales (aunque igualmente graves), como retener el dinero de fondos de mitigación de desastres y de programas de salud rural en países menos adelantados.

Según un comunicado de prensa de la organización Human Rights Watch (HRW) del 10 de julio, coincidente con una carta enviada al Secretario de Estado de los Estados Unidos Colin Powell, por lo menos 48 países han firmado Acuerdos Bilaterales de Inmunidad con 38 de los países clasificados como “menos adelantados” por el índice del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo.

Richard Dicker, director del programa de justicia internacional de HRW, acusa a Estados Unidos de actuar como un patotero... “La campaña de los Estados Unidos no ha logrado socavar el apoyo mundial a la Corte. Pero ha logrado que el gobierno de los Estados Unidos parezca tonto y mezquino”.

“Los funcionarios de los Estados Unidos están embarcados en una campaña mundial para presionar a los gobiernos democráticos pequeños, vulnerables y a menudo frágiles... Debido a que la mayoría de los estados miembro de la Corte Penal Internacional son democracias con un compromiso relativamente fuerte con el imperio de la ley, la amenaza de reducir la ayuda representa una sanción principalmente para estados que observan valores democráticos”, establecía la carta de HREW. Al mismo tiempo, Washington ha aumentado la ayuda a gobiernos que tienen un mal desempeño en materia de derechos humanos y tienen instituciones democráticas cuestionables, todo en nombre de la “guerra al terror”.

En definitiva, la oposición del gobierno de los Estados Unidos a la Corte Penal Internacional se basa en su negativa a perder alguno de sus poderes en un organismo internacional, y poder así preservar su dominio mundial y salvaguardarlo de cualquier “obstáculo” a la expansión del imperio estadounidense que pueda interponerse en el futuro.

Por consiguiente, para Bolton los que proponen la Corte Penal Internacional están motivados “por una agenda no declarada que busca vincular a los Estados Unidos con organizaciones internacionales y por lo tanto dejar a los Estados Unidos en ‘una posición internacional mucho más débil’”. Critica que la Corte Penal Internacional sea relativamente independiente del Consejo de Seguridad, en referencia explícita al poder de veto de los Estados Unidos. De lo que Bolton está en contra es de un foro que sea más democrático y universal para la promoción de la paz y la justicia internacional, donde cada estado miembro disfrute de derechos equitativos y donde no haya reliquias de la Guerra Fría, tales como el derecho de veto.

Estados Unidos ambiciona que los temas de la paz y la justicia internacionales sigan siendo responsabilidad del Consejo de Seguridad, al cual puede controlar, y así poder definir los límites de la justicia y sólo promover casos que tengan ventajas estratégicas o de otro tipo para los Estados Unidos, mientras ignora otros en los cuales podría estar comprometido. Además, el imperialismo y la agenda empresarial de la globalización pueden seguir como hasta ahora a expensas de los derechos humanos y el desarrollo sustentable.

Es comprensible que Bush considere que la perspectiva de una Corte Penal Internacional es “muy preocupante”. Dirigiéndose a la prensa el 2 de julio pasado, expresó su temor de que “mientras los Estados Unidos trabajan para traer la paz a todo el mundo, nuestros diplomáticos y nuestros soldados podrían ser arrastrados(*) ante la corte”. Es increíble. ¿Cuál es la forma en que Estados Unidos planea traer la paz a todo el mundo que hace que Bush le tema a un organismo internacional también dedicado a la paz y la justicia? En la medida en que no tiene que rendir cuentas ante los Estados Unidos y sus “intereses nacionales” y objetivos de política exterior, la creación de la Corte Penal Internacional arroja incertidumbre y temor entre la elite política de los Estados Unidos. Y con buenas razones, excelentemente explicadas por Bolton: “Una lectura justa del tratado lo deja a uno incapaz de responder con seguridad si puede ocurrir que los Estados Unidos sean ahora acusados de crímenes de guerra por el uso legítimo pero controvertido de la fuerza para proteger la paz mundial. Ningún presidente de los Estados Unidos o sus asesores tendrían la garantía de estar inequívocamente a salvo de acusaciones politizadas que quieran endilgarles responsabilidad penal”.

Si esas medidas para “proteger la paz mundial” fueran realmente legítimas, ¿por qué hay falta de confianza con relación a su legalidad? ¿Por qué se considera imposible que haya acusaciones motivadas por la búsqueda genuina de justicia, y no por ataques políticos o por venganza? La arrogancia inherente a esta declaración es asombrosa: sencillamente, está más allá de toda comprensión e incluso de toda consideración que un ciudadano estadounidense pueda ser legítimamente llevado ante la Corte Penal Internacional.

Esta Corte está diseñada para complementar, no inhibir, estructuras legales nacionales, con el estatuto de Roma, dejando explícito que la Corte Penal Internacional intervendría e investigaría o procesaría solamente en el caso de que los países (tanto miembros como no miembros) “no se mostraran dispuestos o capaces” de dirigir las investigaciones o procesamientos ellos mismos de buena fe. Por lo tanto, si los Estados Unidos están "protegiendo la paz mundial", como aducen, entonces no deberían tener reparos con la autoridad de la Corte Penal Internacional.

Amnesty International ha señalado que “nuestros aliados no comparten nuestros temores”, con el aliado más cercano y ruidoso de Britain America en la “guerra al terror”, también uno de los que más apoyan la Corte Penal Internacional.

Los oficiales de los Estados Unidos son rápidos para señalar su compromiso con la justicia internacional y su responsabilidad; Powell se jacta continuamente de que los Estados Unidos son “el líder mundial con respecto a llevar a las personas ante la justicia” y con “las normas más exigentes en materia de responsabilidad que cualquier otro país en la faz de la Tierra”.

Si esto fuera cierto entonces su gobierno no tendría motivo alguno para preocuparse, ya que esas normas tan exigentes de responsabilidad aseguran que no habrá interferencias de la Corte Penal Internacional. Pero a Washington le preocupa que jueces profesionales y respetables de la Corte Penal Internacional, independientes del Consejo de Seguridad y por lo tanto del control de los Estados Unidos, puedan descubrir que algunos de los peores violadores de los derechos humanos en el mundo, los criminales de guerra más odiosos y recalcitrantes, podrían en efecto ser “presidentes de los Estados Unidos o sus asesores”. Esa gente tiene razones legítimas para temer la ira de la justicia internacional por los crímenes que pueden haber cometido.

La Corte Penal Internacional encarna las esperanzas de justicia de millones de personas de todo el mundo; una justicia que sea verdaderamente universal, sin dualidad de criterios y que no esté sujeta a los intereses económicos y geopolíticos de las elites dueñas del mundo. Un crimen contra la humanidad es exactamente eso, y los responsables deben ser llevados ante la justicia independientemente de su nacionalidad.

Servicio de la Red del Tercer Mundo

Acerca del autor: Matthew Dimmock es un periodista independiente actualmente radicado en Tailandia.

Este artículo ha sido reproducido del semanario Gree Left Weekly (Nº 554, 17 de setiembre de 2003. “Why Washington fears the International Criminal Court”).

Este artículo puede ser reproducido citando al autor y a Third World Network Features. Por favor envíe copia de la publicación.