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Jueves 8 de Enero de 2004
Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información elude tres temas clave
por Martin Khor
La reciente Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información adoptó una
Declaración y un Plan de Acción que apuntan a “una sociedad de la
información orientada hacia las personas, donde todos puedan crear,
compartir y tener acceso a la información y al conocimiento”. Sin embargo,debido a desacuerdos básicos, postergó decisiones sobre dos asuntos clave(gobernanza mundial de Internet y creación de un Fondo de Solidaridad
Digital), y apenas abordó la cuestión de la propiedad intelectual.
La Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI) terminó la
noche del 12 de diciembre con la adopción de una Declaración y un Plan de
Acción que apuntan a “una sociedad de la información orientada hacia las
personas, donde todos puedan crear, compartir y tener acceso a la
información y al conocimiento”.
La Declaración contiene 11 principios clave, y el Plan de Acción, 147
propuestas. Muchos asuntos planteados en la discusión sobre la era de la
información se plasmaron en los documentos de la cumbre, como el derecho a la información, la equidad, el acceso, el derecho a la identidad cultural y a la diversidad, el contenido local, y la construcción de capacidad para los pobres a marginados. Pero algunos temas fundamentales, como el impacto de la propiedad intelectual en el acceso a la información, apenas si se trataron. Además, las decisiones sobre la gobernanza de Internet y la
creación de un Fondo de Solidaridad Digital, dos asuntos controvertidos,
se postergaron hasta la segunda fase de la cumbre, a celebrarse en Túnez
en 2005.
Los desacuerdos sobre los dos temas polémicos llegaron a amenazar el clima
y el resultado del proceso preparatorio de la cumbre. Para disgusto de
muchos líderes de países en desarrollo, esos asuntos permanecieron sin
resolver. Sin embargo, se acordó continuar la discusión, con la ayuda de
los grupos de trabajo separados establecidos por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, para tomar la
decisión final en la conferencia de Túnez.
La gobernanza de Internet fue uno de los asuntos más polémicos de la CMSI.
Actualmente, la emisión de nombres de dominio de Internet es administrada
por una organización privada, la Corporación de Internet para la
Asignación de Nombres y Números (ICANN), con sede en San Francisco, en el estado de California, Estados Unidos. Muchos países en desarrollo
argumentaron que la administración de los nombres de dominio y otros
aspectos de la gestión mundial de Internet debería quedar en manos de un
organismo intergubernamental, como la Unión Internacional de
Telecomunicaciones.
“Desde el momento en que Internet está gobernada por leyes de un país en
particular, no habilita realmente la participación de otras personas, y
está modelada por una cultura específica”, señaló el ministro de
Comunicaciones de Sudáfrica, Ivy Matsepe-Casaburri, en entrevista con
Terraviva, el diario de la conferencia de la agencia de noticias Inter
Press Service (IPS).
“La forma de gobierno de Internet no debería estar sujeta a las leyes de
un país, porque en caso de conflicto, un país en desarrollo como
Bangladesh debería presentar su demanda ante tribunales de Estados
Unidos”, agregó.
Sin embargo, algunos países industrializados se resistieron férreamente a la demanda de una supervisión intergubernamental de Internet. Al final, la cumbre decidió posponer la decisión y solicitar al secretario general de la ONU que estableciera un grupo de trabajo sobre la gobernanza de Internet para realizar “propuestas de acción adecuadas” antes de 2005. El
grupo debe desarrollar una “definición de trabajo”, identificar las
cuestiones de política relacionadas con el público que sean pertinentes
para la gobernanza de Internet, “lograr una comprensión común de los
respectivos ámbitos y responsabilidades de los gobiernos, las organizaciones intergubernamentales e internacionales existentes y otros foros así como el sector privado y la sociedad civil de los países en desarrollo y los países desarrollados”, y “preparar un Informe sobre los resultados de esta actividad, que se someterá a la consideración de la
segunda fase de la CMSI que se celebrará en Túnez en 2005, para que ésta tome las medidas del caso” (Párrafo 13b del Plan de Acción).
En la Declaración, el asunto es abordado de la siguiente manera en el
párrafo 48: “La gestión internacional de Internet debe ser multilateral,
transparente y democrática, y contar con plena participación de los
gobiernos, el sector privado, la sociedad civil y las organizaciones
internacionales. En esta gestión habría que garantizar la distribución
equitativa de recursos, facilitar el acceso a todos, garantizar un
funcionamiento estable y seguro de Internet, y tener en cuenta el
multilingüismo”.
El segundo asunto polémico era cómo financiar las diversas propuestas del
Plan de Acción para salvar la brecha digital. Los países en desarrollo
propusieron la Agenda de Solidaridad Digital para movilizar “recursos
humanos, financieros y tecnológicos que permitan incluir a todos los
hombres y mujeres en la sociedad de la información emergente”, lo cual se
transformó en el párrafo 27 del Plan de Acción. Pero su propuesta de un
Fondo de Solidaridad Digital para financiar esa agenda fue rechazada por
los países industrializados, algunos de los cuales arguyeron que la ayuda
actual era suficiente y que los países en desarrollo deberían comprometer
sus propios fondos.
Esto hizo que muchos líderes y diplomáticos del Tercer Mundo arguyeran que las buenas intenciones y propuestas de la cumbre finalmente no
significarían nada concreto para sus países, porque no contarían con los
medios financieros para aplicar las medidas propuestas. En representación
de los países africanos, el presidente Abdoulaye, de Senegal, consideró
“muy importante” el fondo propuesto. Pero Estados Unidos señaló que no
había pruebas de la necesidad del fondo y reclamó un estudio para determinar si los actuales mecanismos financieros, incluida la ayuda bilateral, no son suficientes.
Una vez más, la decisión final se postergó hasta la cumbre de Túnez. Y una
vez más, se pidió al secretario general de la ONU que estableciera un grupo de trabajo para determinar si los actuales mecanismos de financiación son suficientes para hacer frente a los desafíos de la brecha digital.
El estudio deberá terminarse para fines de 2004 y presentarse a consideración de la segunda fase de la cumbre. “Sobre la base de las conclusiones del examen, se examinarán mejoras e innovaciones de los mecanismos de financiación y, en particular, la eficacia, la viabilidad y
la creación de un fondo de solidaridad digital internacional” (Plan de
Acción, párrafo 27, sección D2f).
Un tercer asunto polémico es de qué manera los regímenes actuales y
futuros de propiedad intelectual aumentan el costo de la información y las comunicaciones para los consumidores, y a la vez afectan el acceso del público, en especial de los pobres, a la información y al uso de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Algunas organizaciones no gubernamentales e instituciones de investigación se ocupan cada vez más del tema y señalan que el régimen de propiedad intelectual aumenta el poder monopólico de las empresas y socava los
principios y medidas promovidos por la cumbre sobre el acceso y la
participación universales en la sociedad de la información, porque
incrementa el precio del software y en el futuro puede llevar a restricciones y al aumento del costo de la transmisión de datos por Internet.
En la cumbre, grupos de la sociedad civil emitieron su propia declaración,
“Moldeando las sociedades de la información según las necesidades
humanas”, que presentaron a los gobiernos en la sesión oficial final el 12 de diciembre. Las ONG observaron que la vasta mayoría de la humanidad
carece de acceso al dominio público del conocimiento global. Sin embargo,
en lugar de extender y fortalecer ese dominio, se está restringiendo la
información cada vez más en manos privadas, por ejemplo mediante las
patentes de los programas informáticos. Los grupos exhortaron a la ONU a
evaluar el impacto de actuales acuerdos para el reconocimiento de los
monopolios del conocimiento y la información, incluso en la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO) y la Organización Mundial del
Comercio, sobre la pobreza y los derechos humanos. Deberían hacerse
esfuerzos para limitar los monopolios intelectuales, estimular la
innovación y recompensar la iniciativa, exhortaron, en lugar de mantener
el conocimiento en manos privadas, lo cual es de escaso provecho para la
sociedad. Asimismo, advirtieron que la actual tendencia de los gobiernos
de otorgar más derechos de propiedad intelectual a las empresas socavará
los principios de acceso público y equidad expresados en los documentos de
la cumbre, y señalaron que el tema está insuficiente e inadecuadamente
tratado en la Declaración oficial.
El párrafo 42 establece: “La protección de la propiedad intelectual es
importante para propiciar la innovación y la creatividad en la sociedad de
la información, como también lo son la amplia divulgación, la difusión y
el intercambio de conocimientos. Facilitar la participación significativa
de todos en todas las esferas de la propiedad intelectual, mediante la
sensibilización y la creación de capacidades, es parte irrenunciable de
una sociedad de la información integradora”.
La Declaración busca entonces un equilibrio entre la protección de la
propiedad intelectual (que concede monopolios y restringe el acceso al
conocimiento) y la necesidad de difundir y compartir el conocimiento, y
reclama que todos puedan debatir y decidir sobre estos temas. Esta postura
equivale a eludir una cuestión fundamental en el derecho y el acceso a la información, que resurgirá con más fuerza a medida que se cuestione si los
objetivos y planes de la cumbre pueden aplicarse con la expansión de los
actuales regímenes de propiedad intelectual.
La Declaración y el Plan de Acción abordan ampliamente varios aspectos de
la cuestión de la información.
En la sección “Nuestra visión común” de la Declaración, los jefes de
Estado y gobierno expresaron su compromiso común de construir “construir
una sociedad de la información centrada en la persona, incluyente y
orientada al desarrollo, en la que todos puedan crear, consultar, utilizar
y compartir la información y el conocimiento, para que las personas, las
comunidades y los pueblos puedan desarrollar su pleno potencial en la
promoción de su desarrollo sostenible y mejorar su calidad de vida”.
La Declaración reafirma el derecho a la libertad de opinión y expresión, y
que la comunicación es una necesidad humana básica en la sociedad de la
información. Señala que las TIC son instrumentos y no fines en sí mismos,
que los beneficios de la tecnología de la información está distribuidos de
forma injusta, y que la brecha digital debe transformarse en oportunidades
digitales para todos. Asimismo, enfatiza las necesidades de los grupos
marginales y vulnerables.
La Declaración establece 11 principios clave, a saber:
* Función compartida de los gobiernos y todas las partes interesadas en la
promoción de las TIC para el desarrollo;
* Necesidad de desarrollar la infraestructura de las TIC, para llegar a áreas remotas;
* Universalidad del acceso y la contribución a la información (destacando la necesidad de un dominio público rico y el acceso a los programas
informáticos);
* Construcción de capacidad, ofreciendo a cada persona la competencia y el
conocimiento necesarios para participar plenamente de la sociedad de la
información;
* Creación de confianza y seguridad en la utilización de las TIC;
* Creación de un entorno propicio, por ejemplo a través de leyes y
reglamentos, competencia justa, normas internacionales y gobernanza
adecuada de Internet.
* Generación de beneficios en todos los aspectos de la vida por las
aplicaciones de las TIC, por ejemplo en las actividades y servicios
gubernamentales, la atención y la información sanitaria, la educación y la
capacitación, la actividad económica, la agricultura, la protección del
medio ambiente, la vida cultural y la erradicación de la pobreza;
* Respeto a la diversidad e identidad culturales, la diversidad lingüística y la creación y difusión de contenido en diversos lenguajes y formatos;
* Reafirmación de la libertad de prensa e información;
* Consideración de las dimensiones éticas de la sociedad de la información
(reclamando a todos los actores que impidan el uso abusivo de las TIC
motivado por el racismo, el odio, la violencia, el abuso infantil, etc.),
y
* Compromiso con la cooperación internacional y regional.
El Plan de Acción, que contiene 147 propuestas, se sujeta a los 11
principios de la Declaración. (FIN)Third World Network Features
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