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Viernes 26 de Diciembre de 2003

Y Ahora...¿Quien es culpable de amiguismo?

por Martin Khor

Un alto funcionario de comercio estadounidense acusó recientemente a los ministros y autoridades de los países en desarrollo de ostentar costosas joyas en la Conferencia de la Organización Mundial del Comercio en Cancún, insinuando que la corrupción era el motivo por el cual se negaban a negociar un nuevo tratado sobre compras del sector público. Pero informes recientes revelan como el mismo gobierno estadounidense está volcando miles y miles de millones de dólares en empresas vinculadas a sus dirigentes y amigos por concepto de adjudicación de contratos en Iraq y Afganistán. ¿Estaremos ante un caso de la paja en el ojo ajeno?

Dos informes recientes dejan en evidencia una vez más el doble discurso con el que se maneja la administración estadounidense, que critica a otros países por prácticas deshonrosas, cuando él mismo es tan, o incluso más, culpable de ello. Un caso de la paja en el ojo ajeno.

En noviembre, la agencia de noticias Reuters informó que un alto funcionario de comercio estadounidense sugirió que la corrupción gubernamental era uno de los motivos por los cuales en la reunión de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Cancún algunos países en desarrollo se mostraron reticentes a iniciar negociaciones en materia, por ejemplo, de compras del sector público.

El Subsecretario de Comercio de los Estados Unidos, Grant Aldonas, afirmó que: ‘Cuando miro al mundo en desarrollo y miro a los dirigentes en la sala que ostentan costosas joyas y luego se niegan a negociar sobre la transparencia en las compras del sector público, tengo una perspectiva muy distinta sobre si quieren un acuerdo.’

Al realizar declaraciones en Washington, explicó por qué los Estados Unidos y la Unión Europea no están ‘muy incentivados para bajar nuestras barreras comerciales si los países pobres se niegan a bajar las suyas’.

El comentario grosero de Aldonas sobre la vestimenta de los Ministros y autoridades de los países en desarrollo en la reunión Ministerial de Cancún desató gran indignación entre los diplomáticos de estos países en Ginebra. Esto por cierto no contribuyó en nada a los intentos que se estaban realizando por retomar las conversaciones truncadas en Cancún.

Muchos países en desarrollo se habían resistido a fuertes presiones de la UE y otros países desarrollados para que se iniciaran negociaciones sobre compras del sector público y otros tres ‘temas nuevos’ (inversiones, competencia y facilitación del comercio), porque percibían que sus economías y sociedades se verían seriamente perjudicadas con el establecimiento de tratados sobre estos temas en la OMC.

Los países en desarrollo lograron imponer su posición porque se unieron en torno a una plataforma común. La unidad alcanzada por los países más pobres enfureció a los países ricos.

Y la reacción de Aldonas es un síntoma de ello. Al no poder ganar su caso con argumentos, recurre a ataques personales contra los Ministros y altos funcionarios ¡por las alhajas que usaron en Cancún!

Está táctica de ataque plantea, sin embargo, dos grandes problemas.

En primer lugar, se da en un momento en que el mismo gobierno estadounidense está bajo crecientes ataques desde dentro y fuera del país por el amiguismo sin precedentes con el que sus propios altos funcionarios favorecen a sus amigos. Recientes críticas apuntan justamente a la falta de transparencia en las compras y contratos del gobierno de Estados Unidos y a la adjudicación de miles de millones de dólares en contratos a empresas directamente vinculadas a dirigentes gubernamentales.

En segundo lugar, la oposición de los países en desarrollo a un nuevo tratado de la OMC sobre compras del sector público tiene motivos mucho más serios que la protección de las parcelas corruptas de sus dirigentes.

Más o menos en el mismo momento en que Aldonas pronunciaba su discurso sobre ‘joyas costosas’, los medios norteamericanos se inundaban de denuncias de contratos de miles de millones de dólares para la reconstrucción estadounidense de Iraq y Afganistán otorgados a empresas vinculadas a la administración Bush y a la financiación de campañas electorales.

Los adjudicatarios de los diez contratos más grandes para obras en Iraq y Afganistán habían contribuido aproximadamente US$ 1 millón de dólares por año a partidos políticos nacionales, candidatos y comités de acción política (incluidos Republicanos y Demócratas) en Estados Unidos desde 1990, según un estudio realizado por el Centro para la Integridad Pública. Este estudio descubrió que contratistas privados que habían recibido miles de millones de dólares en contratos de reconstrucción contribuyeron con grandes sumas a la campaña electoral del presidente estadounidense George Bush, y colocaron en los puestos más altos de sus compañías y en sus directorios a numerosos ex funcionarios federales muy bien conectados, según un artículo publicado en el Wall Street Journal con fecha 31 de octubre-2 de noviembre.

Decenas de compañías adjudicatarias de contratos habían contribuido a campañas políticas, siendo el Presidente Bush el candidato que más dinero ha recibido desde 1990. Según datos recabados por el Centro, más de 70 empresas que obtuvieron US$ 8 mil millones en contratos de obra para Iraq y Afganistán en los años 2002 y 2003, habían contribuido con alrededor de US$ 49 millones a partidos y comités políticos.

‘El procedimiento de contratación para obras tanto en Iraq como en Afganistán está envuelto en un nube de favoritismo y amiguismo político,’ afirmó Charles Lewis, director del Centro. ‘Es totalmente indignante.’

El Centro encontró que era muy difícil obtener detalles básicos sobre las dimensiones y alcances de los contratos adjudicados por el Pentágono, el Departamento de Estado y la Agencia para el Desarrollo Internacional de EE.UU. (USAID), y puso en duda el grado de control que existe sobre los miles de millones de dólares que se destinan al gasto público.

Según el Wall Street Journal, las acusaciones del Centro sobre la falta de transparencia en las relaciones financieras de la administración con sus contratistas reflejan las quejas vertidas en el Congreso norteamericano, que aprobó recientemente un pedido de fondos de la Casa Blanca de US$ 87 mil millones para Iraq y Afganistán. Algunos miembros del Congreso han cuestionado la forma en que las fuerzas de ocupación estadounidense están gastando el dinero de los contribuyentes norteamericanos, y la Oficina de la Contaduría General está examinando cómo se adjudicaron los contratos de posguerra.

Las dos principales empresas adjudicatarias de contratos son Halliburton y su subsidiaria Kellogg Brown and Root o KBR (con contratos por valor de US$ 2,3 mil millones) y Bechtel (US$ 1 mil millones).

El Vicepresidente estadounidense Dick Chenney ocupó el cargo de Director General en Halliburton de 1995 a 2000. George Shultz fue presidente de Bechtel durante ocho años antes de ser nombrado secretario de estado del ex Presidente Ronald Reagan.

Según otro informe de la revista Harper's Magazine (noviembre 2003), en marzo pasado el Cuerpo de Ingenieros del Ejercito de EE.UU. le adjudicó a la subsidiaria de Halliburton, KBR, un contrato, extensible a US$ 7 mil millones durante un período de dos años, para abastecer todas las necesidades logísticas y de mantenimiento de las fuerzas estadounidenses en Iraq.

Al mismo tiempo, USAID otorgó a Bechtel un contrato inicial de US$ 34,6 millones para reconstruir las instalaciones iraquíes de generación de energía, sus redes de distribución de energía eléctrica, sistemas de suministro de agua y saneamiento y aeropuertos. Bechtel facturará al gobierno estadounidense hasta US$ 680 millones por concepto de gastos en un período de 18 meses.

‘Estos contratos por cantidades indeterminadas no se obtuvieron mediante concursos de licitación sino a través de negociaciones encubiertas dirigidas por la administración Bush,’ afirma Chalmers Johnson, autor del informe “El negocio de la guerra”, publicado en Harper's.

‘Más allá de lo que haya o no haya cambiado después del 11 de setiembre, una cosa ha quedado clara: la fabricación de municiones y la especulación bélica han reemplazado a los negocios energéticos y de telecomunicaciones introducidos por Enron y Worldcom a fines de la década de 1990 como el medio más eficaz para que los capitalistas bien conectados se atiborren a costas de las arcas públicas.

‘Llamar a estas empresas “privadas”, sin embargo, es algo puramente ideológico. Actualmente la fabricación de municiones en los Estados Unidos no es para nada una actividad privada. Es socialismo de Estado.’

Otros informes de prensa vinculan a otros altos funcionarios o personas estrechamente conectadas a la Administración con negocios anteriores, actuales o futuros relacionados con las guerras de Iraq y Afganistán y la ‘guerra al terrorismo’. En un artículo del 11 de mayo de 2003, el diario londinense The Observer brindó algunos ejemplos. Entre ellos se encuentran el Secretario de Defensa Donald Rumsfeld (que era director de ABB cuando esta ganó un contrato para el suministro de dos reactores de agua ligera a Corea del Norte), Richard Perle (integrante del Consejo de Políticas de Defensa del Pentágono y socio gerente de Trirene, que invierte en empresas que operan con productos de interés para la seguridad interna), y James Woolsey (ex jefe de la CIA, integrante del Consejo de Políticas de Defensa y destacado por sus agresivas posiciones pro bélicas), que es director de Paladin Capital, creada inmediatamente después del 11 de setiembre como una oportunidad de negocio que ofrece ‘grandes posibilidades de inversión en seguridad interna’.

Nueve integrantes del influyente Consejo de Políticas de Defensa del Pentágono están vinculados a contratistas de defensa que obtuvieron contratos de defensa por un valor de más de US$ 76 mil millones en 2001 y 2002, según el Centro para la Integridad Pública, citado en el diario The Observer.

Ante esta situación –que ha sido duramente criticada incluso por las corrientes mayoritarias estadounidenses- es el colmo del doble discurso que funcionarios de comercio de Estados Unidos insinúen que los Ministros y autoridades gubernamentales de los países en desarrollo se oponen a la transparencia en las compras del sector público porque ello supondría un freno a su corrupción evidenciada por las joyas que usan.

Hay otra razón detrás del escepticismo que despierta el ataque de Aldonas a la corrupción en el Tercer Mundo.

Es cierto que en muchos países en desarrollo la corrupción está muy extendida y que urge dotar de mucha más transparencia a los mecanismos gubernamentales de contratación y compra ­ tanto en los países pobres como en los ricos. Pero esta no es la verdadera motivación que lleva a los grandes países desarrollados a presionar para que se establezca un tratado en la OMC sobre ‘transparencia en las compras del sector público’.

Según han manifestado claramente, los países ricos quieren liberalizar el negocio de las compras del sector público -estimado en cientos de miles de millones de dólares- de los países en desarrollo, para que sus gigantescas empresas transnacionales puedan apoderarse de los contratos y negocios que actualmente son adjudicados a empresas locales.

La mayoría de los gobiernos de países en desarrollo, al comprar suministros o adjudicar contratos para obras y otros proyectos, dan preferencia a postulantes nacionales, como forma de fomentar las actividades de individuos y empresas nacionales e incentivar la economía interna.

Los países desarrollados quieren poner fin a este tratamiento preferencial, en nombre del ‘libre comercio’. Es así que proponen el establecimiento de un acuerdo sobre transparencia en las compras públicas. Procurarán luego, sin duda, extender dicho tratado para abarcar el ‘acceso a mercados’, lo cual significa que individuos y empresas extranjeras deberán tener al menos igual acceso al negocio de la contratación pública en el mundo en desarrollo.

El resultado de un tratado como este sería que las empresas locales perderían cualquier ventaja que pudieran tener. Y un ‘campo de juego nivelado’ de este tipo equivaldría a la absorción por parte de las grandes empresas extranjeras de un sector importantísimo de la economía nacional de los países en desarrollo.

Esta conducta depredadora de las grandes empresas extranjeras (algunas de ellas favorecidas por vínculos amiguistas con sus propios gobiernos) tendría consecuencias adversas severas para el desarrollo nacional de los países en desarrollo. Por lo tanto, estos países no se equivocan al resistir los intentos de los países ricos de comenzar a negociar tal tratado. Deben seguir unidos y mantenerse firme en su posición en la OMC, defendiendo a sus países de estos potenciales ataques depredadores.

Al mismo tiempo, los países en desarrollo deben poner su propia casa en orden e introducir unilateralmente sistemas de compras del sector público más transparentes, cortando de raíz toda práctica corrupta que exista.

El hecho de que el amiguismo esté tan extendido en el gobierno estadounidense y que este caiga en el doble discurso al acusar a otros de lo mismo, no debería ser motivo para no poner nuestra casa en orden por iniciativa propia. (FIN) Third World Network Features.