No. 90 - Abril 1999

PRODUCTOS MANIPULADOS GENETICAMENTE

Uruguay y el Protocolo de Bioseguridad

En la Conferencia sobre Bioseguridad, celebrada del 14 al 23 de febrero en Cartagena, Colombia, Uruguay se alineó con el grupo de Miami, constituido por Estados Unidos, Canadá, Argentina y Chile, y contribuyó a obstaculizar la firma de un protocolo de bioseguridad. Un grupo de ONG uruguayas emitieron el siguiente comunicado.

Se están reuniendo en este momento en Cartagena, Colombia, los países firmantes del Convenio sobre Diversidad Biológica de Naciones Unidas, para tratar los aspectos relacionados a la seguridad de los productos manipulados genéticamente, que se incluirán en un acuerdo internacional obligatorio legalmente llamado Protocolo de Bioseguridad.
En el marco de estas negociaciones, la delegación uruguaya, compuesta por representantes del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente está siendo denunciada por asumir posiciones que no tienen en cuenta los aspectos negativos de la salud humana y renuncian a pedir compensaciones en caso de que el uso de estos productos provoque daños económicos a los productores nacionales y/o al país.

Estas posiciones son presentadas en las negociaciones por el llamado Grupo de Miami, integrado por Estados Unidos, Canadá, Australia, Argentina, Chile y Uruguay, ante el estupor de muchas delegaciones oficiales de otros países del Tercer Mundo (que acusan a Uruguay, Argentina y Chile de romper la unidad latinoamericana en el tema) y de la dura crítica de la totalidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) ambientalistas, indígenas y campesinas que siguen el tema en todo el mundo.

Uruguay, Chile y Argentina están defendiendo en este momento posiciones que no solamente están claramente en contra de los intereses de sus poblaciones en general, sus productores agropecuarios y particularmente contra los consumidores, sino incluso de sus intereses económicos como países, ya que descartan voluntariamente que deban ser compensados en caso de daños económicos producidos por el uso de estos productos. Uruguay además no tiene regulación, ni siquiera comercia ni produce transgénicos todavía, o sea que las razones de su apoyo a Estados Unidos y Canadá que sí se benefician, queda por explicar.

La posición de estos tres países recoge casi textualmente la que difundió la Coalición Global de la Industria, grupo de presión de las multinacionales más poderosas en biotecnología. Asimismo, en el caso de Uruguay, es consecuente con la mentalidad de demostrar "buena conducta" -tal como lo ha hecho con la Ley de Inversiones y la de Propiedad Intelectual- frente a la Organización Mundial de Comercio, adelantándose a lo que esta organización podría considerar "trabas" al comercio, aún en perjuicio de nuestros propios intereses. Es claro que para Uruguay incluso sería más beneficioso, aún del punto de vista económico, además de ambiental y de salud, perfilarse y encontrar un lugar como país realmente "natural", declarándose libre de transgénicos y promoviendo la agricultura libre de químicos.

La delegación oficial de Uruguay -que llevó una posición ministerial absolutamente inconsulta tanto con el parlamento como con la sociedad civil- defiende entre otras cosas:

* que no se incluyan los riesgos para la salud humana en los mecanismos operativos del protocolo de bioseguridad. (Es decir, que no se incluyan en el mecanismo de "Acuerdo fundamentado previo" y en el proceso de Evaluación de Riesgos que es donde realmente se podrían percibir estas amenazas).

* que no se deba aplicar el principio de precaución. Este principio significa que ante la duda de riesgo no se debe proceder hasta que quede demostrada la inocuidad del objeto en cuestión. (Aquí se propone que quede en los objetivos generales como una declaración de deseo, pero que no se incluya realmente en los mecanismos operativos como principio guía vinculante).

* que no se consideren los productos comerciales de consumo directo y los derivados en el protocolo. (Es decir que sólo entrarían en el protocolo las semillas para ser sembradas y reproducidas. Esto deja por fuera, todos los otros productos de consumo por ejemplo semillas para la alimentación -granos-, vacunas, microorganismos, agentes de control biológico y fundamentalmente los alimentos procesados, harinas, etc.).

* que no exista la llamada responsabilidad socioeconómica, es decir que las empresas y países exportadores de estos productos tengan que asumir ninguna responsabilidad en caso de que se produzcan daños intencionales o accidentales que tengan un fuerte impacto socioeconómico en el país. (Por ejemplo, si el maíz transgénico que se quiere cultivar contamina a otros productores o hay un "escape" -ya que es de polinización abierta, es decir se cruza libremente en el ambiente-, que produzca "supermalezas" por transmisión de propiedades de resistencia no queridas, o que desplace variedades criollas adaptadas o transmita propiedades antibióticas a los consumidores directamente a través de cualquier derivado que lo contenga -todas cosas que ya han sucedido en otros países-, la empresa que lo puso en circulación no debe asumir ninguna responsabilidad, ni siquiera sabiendo que ya han ocurrido estos hechos en otros países).

Ante estas y otras posiciones similares de Uruguay han reaccionado fuertemente las organizaciones uruguayas el Instituto del Tercer Mundo, REDES-Amigos de la Tierra, CEUTA, Línea Verde, CIEDUR, Red de Acción contra Plaguicidas (RA-PAL), que junto a otras vienen haciendo un seguimiento del tema a nivel oficial y de información al publico. La producción y el consumo de productos transgénicos implica riesgos muy altos para el ambiente y la salud humana que el público ni la sociedad en su conjunto siquiera ha tenido oportunidad de conocer y debatir.

Algunas de estas organizaciones, presentaron sus preocupaciones a las delegaciones que irían a Cartagena, pero evidentemente éstas no sólo han hecho caso omiso sino que han empeorado sus posiciones al unirse al Grupo de Miami. En estas entrevistas se le alcanzó a las delegaciones la declaración que varias decenas de organizaciones ambientalistas y del sector rural e indígena firmaron e impulsan ante las negociaciones y que reúne mayormente las principales preocupaciones frente al tema.

Montevideo, 19 de febrero de 1999

Instituto del Tercer Mundo, CEUTA, REDES-Amigos de la Tierra, Red de Acción contra Plaguicidas (RAP-AL Uruguay), Línea Verde, CIEDUR.