Nº 210 - Noviembre 2006

Uruguay cancela su deuda con el FMI

Un final anunciado

por María José Romero

El gobierno uruguayo anunció que pagará por anticipado su deuda con el FMI por 1.080 millones de dólares, cancelando así el programa económico que finalizaba en junio de 2008, una histórica decisión que motivó la reacción de partidos políticos, organizaciones sociales y analistas.

El ministro de Economía de Uruguay, Danilo Astori, destacó que la cancelación de la deuda de su país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no se trata de una ruptura con el organismo multilateral sino una “salida amistosa, cordial y prolija”.
El anuncio se efectuó el 8 de noviembre, cuatro días antes de las elecciones internas del Frente Amplio, partido en el gobierno, mientras que el pagó se fijó para el 14 de noviembre.
Desde el gobierno se resaltó el significado histórico de la decisión, ya que Uruguay mantiene programas económicos con el FMI desde 1960 en forma ininterrumpida. Según remarcó Astori, esto supone dejar de lado las “condicionalidades” del FMI y ganar “versatilidad” en términos de política económica.
Esta decisión se enmarca dentro de la política de desendeudamiento y reperfilamiento de deuda que el país viene practicando desde comienzos de año. De esta manera, se han llevado adelante sucesivas colocaciones de bonos en el mercado internacional, las que hacen posible ahora esta operación.
Sin embargo, es necesario resaltar que esta decisión no supone una disminución en el nivel de endeudamiento del país, sino un cambio en la composición de los acreedores con gran significado político y simbólico.
Astori señaló que la decisión cuenta con el apoyo incondicional del presidente Tabaré Vázquez y de todo el gobierno, lo que en términos prácticos resultará fundamental para el futuro económico del país, ya que Uruguay queda librado ahora a la credibilidad de su política económica en el mercado internacional.
El ministro subrayó también que los compromisos contenidos en el acuerdo “no son el programa del FMI” sino el programa del gobierno. Por este motivo, está en los planes del gobierno uruguayo seguir con las reformas estructurales y las pautas económicas previstas en la carta de intención con el FMI, sólo que ahora no tendrá fechas límite para su aprobación.
Para 2006 se espera alcanzar un superávit primario de 3,7 por ciento del PIB, mientras que para 2007 la meta (acordada con el FMI) era de cuatro por ciento. Se espera no aumentar excesivamente las cifras del gasto público, pero todo se definirá a mediados del año próximo.
Como miembro del FMI, Uruguay seguirá contando con su asistencia técnica y continuará sujeto a sus monitoreos de acuerdo a las disposiciones del Artículo IV del Estatuto del organismo multilateral.

Repercusiones

La mayoría de los legisladores y dirigentes del Frente Amplio consideraron altamente positiva la cancelación de deuda con el FMI. Aunque hubo también quienes relativizaron el éxito e incluso quienes expresaron sus dudas sobre la oportunidad del anuncio, en vísperas de la elección interna. Desde los sectores del oficialismo más críticos con la política económica también se celebró la medida por considerar que con ella el país gana en “soberanía” e “independencia” porque ya no hay que “rendirle cuentas” a nadie.
Varios de los legisladores oficialistas señalaron que ahora es tiempo de volcar los beneficios y ahorros que tendrá el país en educación, obra pública y en el “país productivo”, una de las banderas electorales del Frente Amplio con las que ganó las elecciones en 2004.
Los partidos opositores en general estuvieron de acuerdo con la decisión pero, como era de esperar, sus principales dirigentes no hicieron declaraciones de tono exitista. Por el contrario, muchos de los legisladores opositores hicieron notar la contradicción que esta medida genera dentro del gobierno, ya que los sectores más radicales se pronunciaban hasta no hace mucho tiempo en contra del FMI y del pago de la deuda externa, considerándola incluso ilegítima.
Desde la central sindical PIT-CNT se criticó a Astori por priorizar la deuda con el FMI antes que la “deuda social”, haciendo referencia a las limitaciones presupuestarias que defiende el ministro de Economía. “Nos gustaría saber a qué corresponde esa deuda que se está cancelando. El PIT-CNT y otras organizaciones sociales plantearon la necesidad de una auditoria ciudadana, para que la gente sepa en definitiva cómo se contrajo esa deuda”, consideró Luis Puig, uno de los principales dirigentes de la central sindical.
Sin embargo, también la central obrera dividió sus reacciones, ya que los sectores más “conservadores” saludaron la decisión del gobierno, resaltando el fin de las condicionalidades.
Desde el FMI, el director gerente del organismo, Rodrigo Rato, saludó la decisión uruguaya a través de un comunicado de prensa en el que destacó la recuperación económica del país sudamericano luego de la crisis de 2001-02.

Evaluación económica

Los analistas coincidieron en afirmar que la medida era previsible y positiva, aunque señalaron que sus resultados se evaluarán de acuerdo a las futuras acciones del gobierno en materia de política económica.
Para la economista Mercedes Ramos, de la consultora PriceWaterhouseCoopers, “el anuncio deja al país con una mayor importancia relativa de la deuda con acreedores privados y mayor importancia relativa de la deuda de largo plazo, las últimas emisiones de títulos vencen en el año 2022 y 2036”. Por lo tanto, esta estrategia modifica la composición del endeudamiento público.
A finales de 2003, el 46 por ciento de la deuda pública correspondía a los organismos internacionales, mientras que en junio de este año esa cifra había bajado al 32 por ciento. Esto mejora las posibilidades de pago de esas amortizaciones, aunque los niveles de deuda del país siguen siendo elevados e implican el pago anual de 800 millones de dólares de intereses.
El economista Pablo Rosselli, de la consultora Tea Deloitte & Touche, advirtió que “Uruguay necesita conservar un superávit primario fuerte, tan fuerte como el acordado con el FMI”.
Para Roselli, la clave es mantener la disciplina fiscal. En teoría, esta operación de cancelación ante el FMI puede ser vista como una señal de fortaleza pero también podría generar dudas en términos de qué ocurrirá con la política fiscal y la política monetaria si, al no tener la exigencia del FMI, se flexibilizaran.
Por otra parte, el economista subrayó también que el haber cancelado este programa deja a Uruguay en una muy buena posición por si en el futuro vuelve a necesitar cierto apoyo financiero del FMI, por ejemplo ante un deterioro muy fuerte del contexto internacional.

La deuda en Uruguay

La deuda con el FMI se establece en Derechos Especiales de Giro (DEG) que se conforman en base a una canasta de monedas y que tienen una tasa de interés variable según el monto del endeudamiento y su relación con la cuota que le corresponde a cada país en el FMI. En el caso de Uruguay, esa cuota es de 308 millones de DEG, por lo que la deuda uruguaya es del orden de 270 por ciento de su cuota.
A partir de esta decisión, el Banco Central ahorró 11.409.000 de dólares, de acuerdo a la diferencia de tasas de interés entre lo que está pagando al FMI y la deuda que ha tomado en las operaciones de canje. Lo que se ahorra Uruguay corresponde a las diferencias de tasas ponderadas medias de 6,79 por ciento (FMI) y 5,86 por ciento (tenedores de títulos uruguayos).
Actualmente la deuda pública uruguaya representa un 75 por ciento del PIB (65 por ciento aproximadamente corresponde a deuda externa), mientras que luego de la crisis de 2001-02 la deuda representó el 100 por ciento del PIB, segundo puesto mundial en ese coeficiente. A nivel internacional se considera aceptable un nivel de deuda del 40 por ciento, por lo que aún el país se encuentra muy lejos de esa cifra. El gobierno, al inicio de su período en marzo de 2005, se planteó como meta el desendeudamiento, privilegiando el concepto de "deuda soberana".

El contexto regional e internacional

Actualmente el contexto regional es claramente favorable a un desendeudamiento con el FMI y la legitimidad del organismo se encuentra en muchos casos en crisis.
En la lista de países que cancelaron por adelantado su deuda con el FMI figuran Pakistán, Serbia y Ucrania. En 2003, Tailandia saldó su deuda dos años antes del vencimiento, mientras que a fines de 2004 Rusia canceló una deuda de 3.300 millones de dólares. Por último, en diciembre de 2005 Brasil (15.500 millones de dólares) y Argentina (9.810 millones de dólares) anunciaron la misma decisión como una victoria económica y política frente a la institución. Ambos países saldaron sus deudas gracias a una importante acumulación de reservas internacionales.
Sin embargo, esto no significa que aquellos gobiernos que cancelaron sus acuerdos con el FMI hayan puesto en práctica políticas muy diferentes a las que llevaban adelante de la mano de la institución, sino que por el contrario los gobiernos de Brasil y Argentina, por ejemplo, debieron cuidar más aún sus finanzas a fin de mantener un superávit primario que les permita recuperar reservas y mantener estable su economía.
La decisión de Brasil y Argentina y su posterior desempeño económico fortaleció su posición ante el FMI. De esta manera, ambos países ejercieron un fuerte liderazgo dentro del G-24 que dio lugar a la presentación de una propuesta alternativa de reforma de la institución durante de la última reunión anual del FMI-Banco Mundial en Singapur.
Para el FMI, la pérdida de sus principales clientes agravó el déficit presupuestal y operativo de la institución, que este año alcanzará los 116 millones de dólares. Esta situación tiene también su contrapartida en términos de legitimidad, ya que sus “recetas” han perdido credibilidad en países latinoamericanos gobernados por partidos de izquierda o centro-izquierda.

Perspectivas de futuro

Al evaluar el contexto regional y la situación política y económica nacional es necesario relativizar las consecuencias de la decisión uruguaya. No depender de un programa rígido supone manejo económico menos condicionado pero no menos ordenado. El problema para el gobierno será manejar las presiones sectoriales por un aumento del gasto público, lo que con seguridad no será una tarea fácil.
La disponibilidad de una mayor “versatilidad” y la pérdida de las condicionalidades del FMI no dejan de ser un arma de doble filo. Un programa con el FMI puede ser utilizado por parte del ministro de Economía como un escudo ante las presiones sectoriales locales y un sello de “calidad” ante los inversores.
Mientras Astori se mantenga al frente del Ministerio de Economía y logre imponer sus lineamientos de política económica las cosas irán por el mismo camino. Sin embargo, se abriría un interrogante si otra persona ocupa el cargo.
Para los grupos sociales que reclaman mayores recursos para la educación y la salud, entre otras “deudas” pendientes, la decisión supone un acto simbólico y sólo un paso más en una larga búsqueda por mayor justicia social.

----------------- María José Romero es politóloga e investigadora de Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) en el Instituto del Tercer Mundo (ITeM).