No. 111/112 - Enero/Febrero 2001

Mercado de gases de efecto invernadero

Empresas corrompen negociaciones de la ONU

Poderosos intereses siguen exigiendo el derecho de "cumplir" sus compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante instrumentos improvisados y errados, como la comercialización internacional de las emisiones, la aplicación de "sumideros de carbono" y la energía nuclear. Mientras tanto, ha surgido un nuevo sector financiero: el de los corredores de emisiones.

La sexta reunión de la Conferencia de las Partes (COP 6) para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en noviembre en La Haya, terminó sin el resultado esperado: concluir con los tres años de negociaciones para aplicar el Protocolo de Kioto. Los ministros europeos de Medio Ambiente rechazaron a último momento una propuesta que habría permitido a los gobiernos del Norte y sus grandes compañías incumplir la reducción de gases de efecto invernadero prometida y, de hecho, aumentar sus emisiones. Una alianza non sancta entre gobiernos del Norte y el poder unificado de las empresas estuvo a punto de convertir el Protocolo de Kioto en el tratado ambiental más favorable a los intereses industriales de la historia, al incorporar al conjunto de reglas del Protocolo una extensa variedad de "soluciones" fraudulentas.

Desde entonces, y ya preparándose para la próxima conferencia a realizarse en Bonn a mediados de este año, poderosos intereses siguen exigiendo el derecho de "cumplir" sus compromisos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante instrumentos improvisados y errados, como la comercialización internacional de las emisiones, la aplicación de "sumideros de carbono" (absorción de carbono mediante plantaciones, productos derivados de la madera, la tierra y la agricultura tanto industrial como modificada genéticamente) y la energía nuclear.

Muchas de las "soluciones" propuestas tienen graves consecuencias sociales y ambientales. Mientras tanto, incluso antes de que se haya llegado a un acuerdo sobre las normas de Kioto, ha surgido un nuevo sector financiero: el de los corredores de emisiones. Muchos tuvieron una presencia masiva en la COP6, armados con el poder financiero de las grandes compañías para exigir "el libre comercio mundial de los gases de efecto invernadero". El atractivo es evidente: el mercado de créditos de emisión podría alcanzar miles de millones de dólares en las próximas décadas. La idea es que si un país desarrolla un proyecto para reducir emisiones (o aumentar sumideros), puede venderle las "unidades de reducción de emisiones" (UREs) conseguidas a otro.

La justicia social y ambiental, y la estabilidad misma de los sistemas climáticos del mundo se verán perjudicadas si se impide el cambio absolutamente necesario que acabe con las políticas económicas insostenibles e injustas. En fuerte contraste con la conclusión de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992, los gobiernos y las industrias del Norte pretenden asegurar que continúe el exceso de consumo de tipos de energía derivados de combustibles fósiles. El mayor desafío posterior a la COP6 es detener la comercialización de la atmósfera y abrir el camino a las políticas climáticas que buscan una reducción real de las emisiones para poner fin a la dependencia de los combustibles fósiles y al crecimiento interminable de la producción y el uso de la energía.

¿Licencia para contaminar?

El mundo recibió al Protocolo de Kioto en 1997 como el primer tratado con fuerza jurídica para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. Las negociaciones posteriores se concentraron en las tres "soluciones" derivadas del mercado e incluidas en el Protocolo: comercialización de emisiones, Aplicación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio.

El primero en incorporar mecanismos derivados del mercado en el Protocolo de Kioto fue Estados Unidos, para asegurarse de que el tratado no amenazara sus intereses económicos, aunque un número creciente de gobiernos del Norte han seguido su ejemplo. Las grandes compañías, antes contrarias al Protocolo, rápidamente apoyaron la comercialización de las emisiones de gases de efecto invernadero, la herramienta perfecta para evitar las normativas gubernamentales que obligarían a las empresas a reducir sus emisiones. La ofensiva a escala mundial de los intereses industriales ha sido un factor clave en la adopción de dudosos mecanismos derivados del mercado para resolver la crisis climática. La presión política para permitir estos mecanismos de escape comerciales culminó en la COP6, debilitando aun más al Protocolo, y acabó con la esperanza de alcanzar el acuerdo político necesario para impedir la crisis climática.

La comercialización de las emisiones permite a los 39 gobiernos del Norte -comprometidos por el Protocolo a realizar reducciones colectivas- vender y comprar entre ellos el derecho a contaminar. El plan, cuyo inicio está previsto para el 2008, permite a los países comprar créditos de emisión de otro país que haya logrado reducir sus emisiones por debajo de las metas de Kioto, con lo que se evita reducir las propias. La Aplicación Conjunta y el Mecanismo de Desarrollo Limpio otorgan créditos de emisión a los gobiernos y empresas del Norte mediante proyectos especiales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en otro país. Estos proyectos se pueden realizar entre los países industrializados y sus empresas o entre un gobierno o compañía industrializada y un país del Sur. Aunque las reglas y los procedimientos de estos instrumentos aún no han asido acordados, ya se han ideado cientos de proyectos y otros se están aplicando. Los mecanismos derivados del mercado implican que es más económico para los países del Norte invertir en proyectos de reducción en el exterior que reducir sus propias emisiones.

Estos mecanismos aparentemente inocuos ocultan una realidad perturbadora. Permiten a los países industrializados y sus compañías comprar el derecho de contaminar y no tener que cumplir ni el más mínimo compromiso del Protocolo de Kioto. Los mecanismos derivados del mercado no cumplirán las metas de reducción acordadas para las emisiones de gases de efecto invernadero y podrían causar daños ambientales y sociales inimaginables. Estos mecanismos convierten a los gases de efecto invernadero en productos comerciables, cristalizan la desigualdad existente entre el Norte y el Sur con respecto al uso de la atmósfera y los recursos naturales y crean numerosas oportunidades de lucro para las empresas trasnacionales. Estos planes permitirán a las trasnacionales y los gobiernos del Norte comprar a los países del Sur a bajo precio incontables créditos de emisiones, mediante proyectos de explotación, imponiendo al Sur lo que el Centro para la Ciencia y el Medio Ambiente de India denomina "colonialismo de carbono". Todos los créditos a bajo precio estarán en poder del Norte cuando llegue la hora de que los países del Sur reduzcan sus propias emisiones, dejándoles sólo las opciones más caras para todos los compromisos de reducción de emisiones que puedan contraer en el futuro.

Comercio de aire caliente

La forma más conocida de corrupción climática que pretende ser incorporada al Protocolo de Kioto es el comercio de "aire caliente", o sea la venta de permisos de exceso de emisiones. La cantidad de aire caliente a la venta en el mercado mundial del carbono puede permitir a Estados Unidos cumplir con casi todos los compromisos asumidos en Kioto mediante la compra de permisos, sin tener que gastar un centavo en la reducción de sus propias emisiones.

Los mayores proveedores de aire caliente serán Rusia, Ucrania y Kazajstán, cuyas emisiones de CO2 son 45% inferiores a las que emitían en 1990. Estos países tienen gran interés en ofrecer su enorme cantidad de derechos de exceso de emisiones a cambio de moneda fuerte.

El comercio del aire caliente podría alcanzar los 30.000 millones de dólares por año. Como la compra y venta de aire caliente no ayuda a revertir el calentamiento planetario, esta forma de fraude climático provocará un incremento neto de las emisiones, en lugar de la reducción de 5,2 por ciento adoptada como meta en Kioto.

Economía de burbuja

Los gobiernos no son los únicos que pueden comerciar permisos de emisiones y créditos de carbono, también puede hacerlo el sector privado. Las compañías ya comercializaron 50.000 millones de dólares en créditos de emisiones en 1999. El mercado de la venta de emisiones podría ascender a proporciones astronómicas, lo cual explica la explosiva aparición de un mercado mundial para las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que aún no se adoptó el conjunto de reglas para implementar el Protocolo de Kioto.

El Banco Mundial creó un Fondo Prototipo de Carbono que obtiene recursos de los gobiernos del Norte y sus empresas y los inyecta a proyectos de los países del Sur. A cambio, el Banco Mundial paga a sus inversores en concepto de dividendo, créditos de carbono, relacionados con la reducción de emisiones alcanzada. El Banco Mundial también pretende dirigir el Mecanismo de Desarrollo Limpio, algo vergonzoso si se considera la dependencia de los combustibles fósiles que la institución multilateral promueve en el Sur.

En tanto, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) ayudó a crear la Asociación Internacional de Comercialización de Emisiones. Esta sociedad con representantes del sector privado, como la Bolsa de Valores de Australia, la Bolsa Internacional de Productos Petrolíferos, Shell, BP Amoco, Statoil y Tokyo Electric Power, se propone crear un mercado mundial de emisiones, con el Protocolo de Kioto o sin él.

Capitalismo "casino" con el carbono

El dominio de los mecanismos derivados del mercado en las negociaciones de cambio climático produjo un campo nuevo: el corretaje de las emisiones. El grupo SGS (Societe Generale de Surveillance), Trexler and Associates, Winrock International, Evolution Markets LLS y otras firmas corredoras de los créditos de los gases de efecto invernadero eligen los proyectos que consideran aptos para recibir créditos de carbono y son intermediarios entre compradores y vendedores. Como ocurre con otros mercados financieros internacionales, el mercado de las emisiones también implicará transacciones que serán puramente especulativas. La corredora Mitsubishi, por ejemplo, prevé "un negocio en el cual compraremos derechos de emisión a bajo precio y los venderemos a precios más altos con lo cual obtendremos una ganancia". Los fondos de cobertura seguramente hallarán su lugar en este mercado multimillonario, así como la especulación de "futuros" y "opciones".

Sumideros: tierra, agricultura y bosques

Estados Unidos advirtió que no ratificará el Protocolo de Kioto a menos que se incluyan los "sumideros de carbono". Washington espera que los sumideros cubran hasta la mitad de sus obligaciones anuales de reducción para el 2010. Las compañías agroindustriales, con Monsanto a la cabeza, consideran que la "absorción de carbono" es un mercado nuevo y lucrativo, y presionan con fuerza para que el gobierno de Estados Unidos defienda la idea de que los sumideros de bosques y tierras agrícolas son una fuente de créditos de carbono. Eso permitiría a los países del Norte emitir 12,5 por ciento más gases de efecto invernadero que los permitidos por el Protocolo de Kioto, según una fuente.

Plantar árboles para absorber el CO2 de la atmósfera quizá parezca una idea novedosa, pero el concepto es muy problemático. La comunidad científica duda de la capacidad de los bosques para actuar como sumideros de carbono, y es imposible medir la cantidad de carbono absorbido. Por otra parte, los defensores de los sumideros omiten señalar las consecuencias destructivas que generan las plantaciones industriales y a gran escala de árboles en todo el mundo. Aunque permiten a las compañías del Norte "compensar" sus emisiones de gases de efecto invernadero a costos bajos, estas plantaciones causan alteraciones sociales y ambientales. Entre los efectos secundarios de este tipo de lavado de carbono se encuentran el desplazamiento de poblaciones enteras, desigualdades en la tenencia de la tierra, deforestación acelerada, daños a la biodiversidad y agotamiento de los recursos hídricos.

Cambio climático: ¿el retorno de la energía nuclear?

El atractivo de la energía nuclear se ha disipado ahora que cada vez más países clausuran sus plantas atómicas, pero el Mecanismo de Desarrollo Limpio podría dar nueva vida a una de las industrias más tóxicas del mundo. La industria nuclear, apoyada por Estados Unidos, Japón y otros gobiernos del Norte, también tuvo gran representación en la COP6, armada con folletos que portaban mensajes como la consigna del Foro Nuclear Internacional, "Energía nuclear: parte de la solución".

La industria hace gestiones para que la tecnología nuclear se incluya como una de las posibles opciones de los proyectos entre una empresa o gobierno del Norte y un país del Sur, lo cual daría un gran impulso a la proliferación de plantas de energía nuclear en el mundo. Algunos gobiernos de países influyentes del Sur, como Brasil y China, también apoyan esa inclusión, lo cual convertiría al Mecanismo de Desarrollo Limpio en un nuevo subsidio para la industria nuclear.

La estrategia empresarial: de la oposición a la asimilación

La principal meta de las grandes compañías en las negociaciones climáticas es asegurar la comercialización ilimitada de las emisiones, e incluso el uso pleno de los sumideros de carbono. Los intereses empresariales –que involucran no sólo a las compañías de combustibles fósiles sino a casi todos los sectores industriales– se inspiran en el deseo de evitar lo que consideran la peor de las posibilidades: que el gobierno regule ese negocio. Además, la mayoría de las compañías descubrieron que pueden obtener grandes ganancias si logran adaptar los mecanismos de Kioto a sus intereses.

Esta estrategia de presión dista mucho de la actitud que tenían las empresas con respecto al cambio climático a principios de la década del 90. Las empresas se distanciaron gradualmente de su estrategia inicial agresivo-defensiva que negaba la existencia del cambio climático y discutía sus causas. Luego procuraron demorar la toma de decisiones, lo cual implicó subrayar el alto costo de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la responsabilidad que le corresponde a los países en desarrollo. Hoy, la industria ha adoptado lo que se refiere como una actitud "constructiva", al promover la acción voluntaria de las compañías en combinación con "soluciones" derivadas del mercado.

El cambio era evidente en 1997, cuando la industria abogó por primera vez a favor de la acción voluntaria como la solución más eficaz , preparándose ya para la Cumbre de Kioto. Posteriormente, la industria apoyó los mecanismos derivados del mercado del Protocolo y exigió su expansión. Esta transformación de la estrategia empresarial es una respuesta calculada a la creciente presión política en torno del cambio climático, sobre todo en Europa. Ante el peligro de quedar marginadas y de que los gobiernos adoptaran políticas climáticas que entraran en conflicto con los intereses empresariales, la industria se percató de que si participaba en las negociaciones sería más fácil demorar o evitar las medidas reguladoras estatales, a la vez que creaba nuevas posibilidades de lucro.

La verdad de la "acción voluntaria"

Los intereses empresariales aseguran que la intervención estatal para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es contraproducente y que ellos pueden resolver la situación por su cuenta mediante la inversión en tecnologías nuevas. Esos argumentos son apoyados por publicaciones repletas de estudios reconfortantes sobre fábricas de las transnacionales donde se redujeron las emisiones por unidad de producción. Lo que ocultan estos informes es el lugar que ocupan estas compañías en la emisión mundial de gases de efecto invernadero, sin mencionar los "efectos secundarios" de sistemas de transporte insustentables que, inevitablemente, siempre promueven.

El Instituto de Investigación de Desarrollo Social de la ONU publicó un informe sobre las iniciativas ambientales realizadas voluntariamente por la industria. En él se concluía que esas iniciativas "con frecuencia concluyen en incumplimiento, metas o estándares insuficientes o en el ‘lavado de cara ambiental’ ". Sobre el uso estratégico de ese ‘lavado de cara ambiental’ por parte de las compañías contaminantes". El informe señala que "la ilusión de un cambio más profundo surge en parte de que las trasnacionales y asociaciones empresariales o industriales involucradas son importantes actores del escenario internacional y promueven activamente su nueva actitud a través de los medios, la publicidad, conferencias e instituciones internacionales".

Las compañías europeas y sus grupos de presión adoptaron el cambio antes que sus pares de América del Norte, sobre todo debido a la realidad política en Europa, donde el cambio climático ha sido un tema político candente desde principios de la década del 90 y donde era mayor el riesgo político que implicaba seguir negando el problema. Grupos como la organización empresarial UNICE, la federación de la industria química CEFIC y la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) protagonizan la ofensiva en las capitales europeas y durante las negociaciones climáticas de la ONU. Aunque las negociaciones climáticas son un campo de batalla importante para la industria europea, su cruzada por la autorregulación se libra principalmente en Europa, específicamente en las instituciones de la Unión Europea y en los gobiernos nacionales. La actitud más activa y compleja en este ámbito proviene de la ERT, integrada por 45 ejecutivos de las principales empresas europeas, que aprovecha al máximo su acceso político privilegiado a la Comisión Europea y los gobiernos nacionales. La ERT resumió su mensaje a la Unión Europea en un informe divulgado estratégicamente a mediados de octubre, exactamente un mes antes de la COP6. Allí se presentan casos de acción voluntaria de las industrias para reducir la emisión de CO2, con lo cual la ERT esperaba que la Unión Europea se abstuviera de tomar medidas políticas contrarias a los intereses empresariales que representa.

Al otro lado del Atlántico, grupos empresariales como Business Roundtable (BRT), US Council for International Business (USCIB), American Petroleum Institute (API) y la Coalición Global del Clima (GCC) también se subieron al carro de la participación política para promover los mecanismos derivados del mercado. Pero la realidad política nacional -donde los temas ambientales influyen menos en la opinión pública- permite a muchos grupos empresariales de Estados Unidos jugar a dos puntas: promueven las "soluciones" derivadas del mercado en las negociaciones climáticas internacionales, mientras en casa niegan que el cambio climático responda a causas humanas y se oponen a que el Congreso ratifique el Protocolo de Kioto. Esta estrategia asegura la victoria de las empresas, ocurra lo que ocurra. La diversidad de estrategias puede parecer contradictoria, pero responde a la realidad y las sutilezas de los procesos políticos nacionales e internacionales.

Como manifestó la propia industria petrolera, el desafío de las compañías a ambos lados del Atlántico no es intentar resolver la disputa política, sino "buscar respuestas a expresiones de interés de los consumidores que sean específicas de cada hemisferio y que también puedan servir a los accionistas". Sin embargo, a pesar de esta división geográfica de las estrategias sobre cómo responder a las presiones de la política ambiental, la industria permaneció unida y bien organizada durante las negociaciones climáticas del año pasado. Al cooperar en grupos internacionales como la Cámara Internacional de Comercio (ICC), el Consejo Mundial de Negocios para el Desarrollo Sustentable (WBCSD) y la Asociación Internacional por el Cambio Climático (ICCP), cerraron filas para poder dominar el proceso político. Esta posición colectiva fue perfeccionada en los últimos años en las principales negociaciones de la ONU, con la misión de obtener el uso ilimitado de todos los mecanismos de Kioto -incluida la aplicación de los sumideros de carbono- para habilitar nuevos mercados lucrativos, mientras se evita tomar acciones reales sobre el cambio climático.

COP6: ¿libre comercio de gases de efecto invernadero?

El ICC y el WBCSD también fueron los grupos de presión más visibles en la COP6, con más de 100 y 200 representantes respectivamente. Su mensaje: no a la regulación con fuerza jurídica de los gobiernos, sí a la acción voluntaria de las industrias y a la comercialización ilimitada de las emisiones. En una declaración reveladora, el vicepresidente de ICC Richard McCormick, advirtió contra la posibilidad de que un acuerdo "rápido y bonito" provocara un cambio drástico y costoso en la forma en que los países industrializados utilizan la energía. Pero ese cambio es justo lo que hace falta si ha de evitarse un cambio climático catastrófico.

Mientras los grupos de presión empresariales tuvieron una presencia sin precedentes en la COP6, la diferencia más notable con las reuniones anteriores fue la abrumadora presencia de los corredores de emisiones. Los mecanismos derivados del mercado dominan a tal grado las negociaciones climáticas de la ONU que el centro de conferencias estaba repleto de representantes de las firmas corredoras de emisiones, muchos de ellos de grandes consultoras como PricewaterhouseCoopers y de bancos que descubrieron en "la economía de carbono" una posible mina de oro. Los corredores de emisiones están integrados en numerosos grupos de presión, y el mayor de ellos es la Asociación Comercial de Emisiones, que llevó 48 representantes a La Haya.

Si se agregan las revistas especializadas –como Carbon Trader y Carbon Market Analyst- que inundaron el centro de conferencias con costosas publicaciones, la impresión general era que se trataba más de una feria comercial que de una conferencia intergubernamental para resolver uno de los problemas ambientales y sociales más urgentes del mundo. Indiferentes al problema del cambio climático, el llamado de los corredores de emisiones al libre comercio de los gases de efecto invernadero se escuchó con fuerza en los pasillos de la COP6 y fue captado por las delegaciones gubernamentales que allí discutían.

La traición de la Unión Europea bloqueada a último momento

Las empresas estaban seguras de que sus gestiones ante la COP6 darían sus frutos. Allí sólo tendrían que mantener la presión para evitar un cambio de postura de los gobiernos ante la acción de los ecologistas y de las manifestaciones realizadas dentro y fuera del centro de conferencias. Hasta la última noche de las negociaciones, la reunión sobre el cambio climático en La Haya pasó sin novedades. Las posturas de los gobiernos del Norte eran evidentes desde el inicio y sólo diferían en el grado de apoyo a la tergiversación del Protocolo de Kioto. Por una parte estaban Australia, Canadá, Estados Unidos y Noruega, que promovían el uso ilimitado de los mecanismos de mercado de Kioto. Por el otro estaba la Unión Europea, argumentando que los países debían cumplir al menos 50 por ciento del compromiso de reducción "en casa".

La Unión Europea también manifestó dudas sobre la inclusión de los sumideros de carbono entre los mecanismos derivados del mercado, mientras el grupo de Estados Unidos pretendía el uso ilimitado de los mismos. La Unión Europea también propuso una "lista positiva" para el Mecanismo de Desarrollo Limpio que limitaría los proyectos a tecnologías sólidas como energía renovable, lo cual excluiría las inversiones en energía nuclear. El grupo de Estados Unidos, por el contrario, pretendía que todas las tecnologías se incluyeran en el Mecanismo de Desarrollo Limpio y en la Aplicación Conjunta. Finalmente, la Unión Europea apoya las sanciones financieras para los países que no cumplan las obligaciones asumidas en Kioto, mientras el grupo de Estados Unidos se opone a las medidas con fuerza jurídica, como sanciones y multas.

Los gobiernos del Sur, unidos en el Grupo de los 77, adoptaron una postura más clara y progresista que la de la Unión Europea. Al final de la COP6, la Unión Europea se inclinó cada vez más por las posturas del grupo de Estados Unidos. La Unión Europea tiene antecedentes de mitigar su postura en el contexto de las negociaciones y aceptar medidas de término medio para no quedar en desventaja competitiva ante Estados Unidos. Este fue el caso en la Cumbre de Kioto, donde la Unión Europea se comprometió a asumir reducciones de sólo ocho por ciento en lugar del 15 por ciento que había anunciado.

El último día, Estados Unidos, la Unión Europea y un pequeño grupo de países pasaron negociando para llegar a un arreglo. El presidente de la COP6, Jan Pronk, ministro de Medio Ambiente de Holanda, había presentado una propuesta que se inclinaba por la postura de Estados Unidos y proponía el uso ilimitado de los mecanismos derivados del mercado y un uso muy amplio de los "sumideros de carbono", así como del comercio de aire caliente para "cumplir" las metas de reducción de Kioto. La propuesta habría significado en los hechos un tratado climático que permitía a los países industrializados aumentar sus emisiones, en contradicción con lo acordado en Kioto en 1997. Se llegó a un acuerdo preliminar sobre la propuesta de Pronk, pero fue rechazado a último momento por los ministros de Ambiente más progresistas, entre los que se encontraban los de Alemania, los países nórdicos y Francia.

La cruzada para corromper el Protocolo de Kioto continúa

A los autores de esta desastrosa propuesta para implementar el Protocolo de Kioto no les llevó mucho tiempo reagruparse. A principios de diciembre se realizó en Ottawa una reunión informal de ministros de Canadá, Estados Unidos y varios países europeos. Según el Wall Street Journal, varios gobiernos europeos habían cambiado de parecer sobre la propuesta que habían rechazado en la COP6 y estaban listos para apoyarla. "El cambio de opinión en el campo de la Unión Europea se dio gracias a la presión de las empresas europeas", según el diario. Pero la reunión concluyó sin resultados, ya que algunos ministros europeos no quedaron convencidos. No obstante, el incidente revela con claridad cuánto favorecía a las empresas el fallido acuerdo de la COP6. Debe haber sido la primera vez en la historia que las compañías presionaron a los gobiernos para adoptar un tratado ambiental.

El sector industrial espera que la próxima conferencia a realizarse en Bonn produzca el tipo de Protocolo de Kioto que desea. Un observador de un centro de investigación europeo destacó que las negociaciones sólo fallaron debido a falta de tiempo y que casi se alcanzó un acuerdo sobre los mecanismos derivados del mercado, lo cual convierte al fracaso de la COP6 en un "incidente menor en la historia de las negociaciones internacionales".

Carbon Market Analyst, una de muchas publicaciones del "mercado emergente del carbono", modificó su llamado índice ECX (índice de valor estimado de carbono) de 1,31 antes de la COP6 a 0,51 después de la misma, lo cual refleja la incertidumbre que redujo la demanda de los permisos de contaminación. Simultáneamente, la publicación mantiene el optimismo sobre el futuro del mercado. "Parece probable que un acuerdo en la continuación de la COP6 incluya una cantidad considerable de actividades de sumidero con bajo o ningún costo", señaló. De hecho, pocos dudan de que el crecimiento explosivo de la comercialización internacional de emisiones continúe a pesar del colapso de la COP6. Cada vez más gobiernos del Norte, incluso en Europa, incluyen la comercialización de emisiones en sus políticas nacionales de cambio climático, y la idea es que los mercados internacionales de las emisiones de gases de efecto invernadero se desarrollarán con el Protocolo de Kioto o sin él.

Globalización económica frente a estabilidad climática

La conclusión después de la COP6 es que, lo que al principio eran motivos ambientales que condujeron a las negociaciones climáticas, ahora han sido absorbidos por los intereses comerciales. Utilizando todos los recursos de presión empresarial y medidas vacías de protección ambiental, las empresas lograron presentarse a sí mismas y al libre comercio de los gases de efecto invernadero como soluciones a la crisis climática. El Protocolo de Kioto fue corrompido para darle a las transnacionales, las principales culpables detrás del cambio climático, una posición privilegiada en la aplicación y habilitación de las "soluciones" derivadas del mercado. La comercialización del carbono abre nuevos mercados para el sector privado y le permite explotar a pleno las oportunidades financieras que surgen de la crisis climática, ya sea con las nuevas tecnologías ambientales o a través del fraude climático subsidiado.

La inclusión de soluciones derivadas del mercado en el Protocolo de Kioto abrió una caja de Pandora que terminará por socavar totalmente las metas de reducción de Kioto. En el proceso, la discusión sobre el recalentamiento de la atmósfera del planeta se limitó a un debate técnico que ignora cuestiones esenciales como la eficacia, la justicia y la equidad. El precio de la corrupción del Protocolo de Kioto será pagado por los países y comunidades más pobres y vulnerables, que también son los más perjudicados por el cambio climático.

Estos hechos perturbadores están intrínsecamente vinculados al proceso de globalización económica en curso y a la ideología que lo sostiene. La globalización dirigida por las empresas –con su interminable demanda de combustibles fósiles- agrava la crisis ecológica mundial, manifestada en el recalentamiento de la atmósfera. Sin embargo, los gobiernos del Norte siguen comprometidos ciegamente con el dogma neoliberal que acepta a los mercados desregulados como la solución a todo problema imaginable. Ahora que los estados aceptan la mercantilización de uno tras otro de los ámbitos de la sociedad, la comercialización de la atmósfera no debería ser una sorpresa. El principio "quien contamina paga" pasó a ser "quien contamina gana", a medida que las empresas se libran de toda responsabilidad por la crisis climática, aunque aseguran que son más responsables que nunca.

Previsiblemente, los representantes de la industria también lucran con el debate climático al aprovechar la oportunidad para exigir un mayor desmantelamiento de las barreras a la inversión extranjera, lo cual refleja las ambiciones empresariales detrás del fallido Acuerdo Multilateral de Inversiones. No es de sorprender que los gobiernos del Sur estén dispuestos a acceder a nuevas fuentes de ingreso mediante la venta de los créditos de carbono, al otorgar espacio para las plantaciones industriales de árboles y demás. La mayoría de estos países sufren el peso de la deuda externa y, tras la intervención del Fondo Monetario Internacional, sus economías han sido reestructuradas para depender de la inversión extranjera y las exportaciones.

Detener el frenesí mercantil que ha colonizado a las negociaciones climáticas de la ONU es un requisito previo para alcanzar soluciones efectivas y de justicia social a la crisis climática. Una primera necesidad es que el Norte reconozca la deuda ecológica que mantiene con el Sur, ya que 80 por ciento del carbono emitido desde 1850 se originó en el Norte. Una solución justa también implica el reconocimiento pleno de la equidad entre y dentro de los países, con igualdad de derechos a la atmósfera para todos. Las soluciones reales implican una transformación profunda de la sociedad, o sea economías que ya no dependan de los combustibles fósiles. Son absolutamente esenciales políticas efectivas para obligar a las empresas a adaptarse a la necesidad de estabilizar el clima. El peso ahora recae sobre las organizaciones de base de todo el mundo para que presionen a sus gobiernos y estos adopten soluciones reales a la crisis climática, en lugar de ceder ante el lavado de cara ambiental de las empresas.

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Este artículo es una versión resumida y actualizada de "Greenhouse Market Mania - UN climate talks corrupted by corporate pseudo-solutions", un informe publicado por Corporate Europe Observatory (CEO) en noviembre de 2000. El texto completo se encuentra en: www.xs4all.nl/~ceo

CEO es una organización europea de investigación y activismo que combate las amenazas a la democracia, la equidad, la justicia social y el ambiente representadas por el poder económico y político de las empresas y sus grupos de presión.

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