N° 159 - enero-marzo 2005

La deforestación en Brasil

Cómo la soja y la ganadería están destruyendo la Amazonía con la ayuda de la CFI

por Emily Caruso

La Corporación Financiera Internacional (CFI) ha financiado la expansión de soja en Brasil a través de una de las compañías de la agroindustria más irresponsable, y propone financiar al mayor grupo ganadero. Ambas actividades han demostrado ser no sólo destructivas para los frágiles ecosistemas del país, sino también para los pueblos indígenas y los pobres sin tierra.

En Brasil, en los últimos 60 años la agricultura de la soja se ha expandido de cero a más de 21 millones de hectáreas de tierra cultivada. El cultivo de la soja se inició en los estados sureños más áridos, pero ahora se ha extendido a las zonas del centro y el oeste, invadiendo principalmente el cerrado (el bosque de sabana latinoamericano) y en menor medida el bosque tropical de la Amazonía. Uno de los motores de la expansión de la agricultura de la soja ha sido la gigantesca expansión de la ganadería en Brasil, principalmente en los estados de Mato Grosso, Pará y Rondônia. La cantidad de cabezas de ganado aumentó de 26 millones en 1990 a 164 millones en 2004. La Corporación Financiera Internacional (CFI) tiene participación directa, desde hace poco tiempo, tanto en la expansión de la soja como en la explotación ganadera en Brasil.
Tradicionalmente la cría de ganado ha sido identificada como la causa principal de la deforestación en la Amazonía, pero ahora el cultivo de soja ocupa un cercano segundo lugar. A la fecha, ambos factores juntos han provocado el desmonte de 80 millones de hectáreas de tierra (que equivale aproximadamente al 10 por ciento de la superficie total del país).
En 2003, el Centro Internacional de Investigación Forestal (CIFOR) dio a conocer un informe que pone de relieve cómo la causa principal de la deforestación de Brasil fue la rápida expansión de las pasturas para ganado: otra vez la conocida Conexión Hamburguesa. El estudio reveló que entre 1997 y 2003, las exportaciones de carne brasileña se quintuplicaron y que en 2003, por primera vez, el crecimiento de la producción de ganado brasileño –80 por ciento del cual está en la Amazonía- estaba dirigido a la exportación.
Simultáneamente, desde el brote de aftosa de 2001, la soja se ha convertido cada vez más en el ingrediente básico de la alimentación del ganado en Europa y Estados Unidos, y un volumen importante de la producción de soja de Brasil es exportada a Europa (en 2003, las exportaciones de soja representaron seis por ciento del PIB de Brasil). El gobierno brasileño estima ahora que su producción total de soja alcanzará los 63,6 millones de toneladas en 2005. Así, la superficie de cultivo de soja aumentó aproximadamente 50 por ciento en los últimos cuatro años (de 14 millones de hectáreas en 1990 a 21 millones de hectáreas en 2004). El cultivo de soja en la Amazonía ha estado en la raíz de la creciente deforestación directa del cerrado y de la creciente deforestación indirecta de la Amazonía a través del desplazamiento de actividades vinculadas a la tierra de las zonas invadidas por la soja.
Como explica Philip Fearnside, coautor de un informe publicado en Science (21 de mayo de 2004) y miembro del Instituto Nacional de Investigación de la Amazonía en Manaus, Brasil: “Los productores de soja provocan directamente cierto grado de desmonte. Pero su impacto en la deforestación es mucho mayor por la utilización que hacen de tierras, sabanas y bosques de transición, que obliga a criadores de ganado y agricultores migratorios a internarse aún más en el bosque. La producción sojera también impulsa política y económicamente la construcción de proyectos de infraestructura, que aceleran la deforestación provocada por otros actores”.
Muchos han reiterado el peligro de que la expansión de la soja invada aún más negativamente el ecosistema del bosque tropical húmedo. WWF ha estimado que en 2020, podrían destruirse cerca de 22 millones de hectáreas de bosques y sabanas en América Latina como consecuencia de la producción de soja.
Esto no sólo devastaría ecosistemas únicos, sino que pondría en riesgo innumerables integrantes de pueblos indígenas, sus culturas y su supervivencia. En muchas regiones, regímenes poco claros de tenencia de la tierra y la corrupción han sido de gran ayuda para la expansión del negocio de la soja. Los pueblos indígenas se ven amenazados de expulsión de sus tierras ancestrales para hacer lugar a la soja, mientras que los campesinos sin tierra se ven amenazados con seguir perdiendo territorio y recursos hídricos. De hecho, la agricultura de la soja ha demostrado que altera los sistemas hidrológicos y climáticos locales, y ésta puede ser la razón de que los rendimientos de soja hayan caído en 2003-2004 como resultado de la sequía.
Las violaciones de los derechos humanos como resultado de la expansión de la ganadería en los estados amazónicos de Mato Grosso, Rondônia y Pará son graves, especialmente con relación a los pueblos indígenas y los campesinos sin tierra. Ha habido un prolongado conflicto entre pueblos indígenas y ganaderos que han invadido sus tierras. En la mayoría de los casos, los ganaderos ganan las batallas, en gran medida por la corrupta protección política que tienen y el uso de la violencia. Ha habido reiterados casos como el de los Guaranda-Kiaowá en Mato Grasso, cuya lucha por las tierras ante la invasión de ganaderos en los últimos 20 años ha sido causa de desplazamientos, violencia, asesinatos, pérdida de formas de sustento, hambrunas y suicidios.
A pesar de las graves consecuencias ambientales y sociales de la producción de soja y la cría de ganado, en los dos últimos años, la CFI concedió dos préstamos a la mayor compañía agroindustrial de soja del país, el Grupo Amaggi, y se apresta a aprobar un préstamo a Bertín, el mayor exportador de carne vacuna de Brasil.
A la cabeza de la expansión de la soja en Brasil está Blairo Maggi, llamado el “Rey de la soja”, gobernador de Mato Grasso y director del Grupo Amaggi. En julio de 2002 y diciembre de 2004, la CFI le prestó al Grupo Amaggi 30 millones de dólares. El préstamo de 2002 estuvo destinado a apoyar las crecientes necesidades de capital circulante de Amaggi, para ofrecer adelantos y posibilitar el almacenamiento de soja y productos derivados. El préstamo concedido en 2004 fue para instalar nuevos centros de colección de soja y silos, y para ayudar aún más a cubrir las crecientes necesidades de capital circulante del grupo.
Blairo Maggi es, casualmente, también el que más impulsa la pavimentación de la ruta BR-163, la autopista que pronto unirá a Mato Grosso con Santarém, un importante puerto del río Amazonas. Esto facilitará enormemente el transporte de soja y, según el Instituto de la Amazonía de Investigación Ambiental, los 1.600 kilómetros de la carretera atravesarán una extensión de 10 millones de hectáreas de tierra a lo largo de la región. No obstante, Maggi no se inmuta: “Para mí, un aumento del 40 por ciento de la deforestación no significa nada en absoluto, y no me siento culpable en absoluto por lo que estamos haciendo aquí. Hablamos de una superficie mayor que Europa que apenas si ha sido tocada, así que no hay nada de qué preocuparse”.
Acto seguido, en diciembre de 2004, aparentemente se aprobó un préstamo de 300 millones de dólares para Bertín, a pesar de enérgicas protestas de ONGs nacionales e internacionales. Robert Goodland, ex alto funcionario del Banco Mundial, señaló en diciembre de 2004 que “el proyecto Bertín viola las salvaguardias ambientales del Banco”.
Está demostrado que la expansión de la producción de soja y de la ganadería incrementan enormemente la deforestación y generan graves problemas sociales, económicos y culturales para los pueblos indígenas y los campesinos sin tierra de Brasil. Sin embargo, la política de salvaguardia de la CFI relativa a los bosques -la Política Forestal (OP 4.36) de 1998- no brinda salvaguardia alguna para los bosques y los pueblos que dependen de ellos en proyectos que no están directamente relacionados con la explotación forestal. Por lo tanto, los proyectos mencionados en este artículo son llevados a cabo sin que existan disposiciones para sus impactos en los bosques y los pueblos de los bosques. Además, hay sólo otra política que ofrecería cierta protección a los ecosistemas de la Amazonía en el marco de esos proyectos: la política sobre Hábitats Naturales (OP 4.04). La disposición más importante de esta política es que “la CFI no presta apoyo para proyectos que, a su juicio, entrañan una conversión o degradación importante de hábitats naturales críticos” (apartado 3). Esta disposición debería lógicamente abarcar los ecosistemas de cerrado y bosque amazónico y, sin embargo, claramente, “en opinión de la CFI”, los proyectos de expansión de soja que ha financiado y el proyecto de cría de ganado cuyo financiamiento propone, no entrañan una conversión “importante” de esos hábitats críticos.
La CFI ha financiado la expansión de soja a través de una de las compañías de la agroindustria más irresponsables, y propone financiar al mayor grupo ganadero de Brasil. Ambas actividades han demostrado reiteradamente ser no sólo destructivas en gran escala para los frágiles ecosistemas de Brasil, sino también para los pueblos indígenas y los pobres sin tierra. Las políticas de salvaguardia actuales de la CFI y el sistema de control de la sustentabilidad ambiental y social brindan protección inadecuada a los bosques, a los pueblos que dependen de ellos y a los sectores sin tierra. La carencia de la política es, pues, enorme, y obvia. El proceso actual emprendido por la CFI de revisión de las salvaguardias tiene mucho para mejorar y muchas lagunas para resolver antes de que sea aceptado por ONGs, pueblos indígenas y comunidades dependientes de los bosques.

------------ Emily Caruso es asistente para las campañas de Forest Peoples Programme: www.forestpeoples.org.
Emily@forestpeoples.org