N° 159 - enero-marzo 2005

América Latina

Integración blanda y comercio rígido

por Eduardo Gudynas

Proliferan los discursos sobre la integración latinoamericana, concibiéndola como acuerdos esencialmente económicos y se olvidan temas críticos que condicionan el proceso, como los cambios en los patrones culturales o la herencia de las reformas neoliberales. Al olvidarse esas dimensiones, se vive una “integración blanda” que no logra una vertebración política. Un nuevo programa regional debe comenzar por recuperar esos temas olvidados recordando que la integración no es un desafío únicamente comercial sino que requiere una reconstrucción política en sociedades que han cambiado sustancialmente.

Los esquemas de integración ensayados por los países latinoamericanos desde mediados de la década del 80 transitaron, por un lado, reformulando viejos acuerdos y, por el otro, creando nuevas iniciativas. En el primer caso, acuerdos con una larga historia como la Comunidad Andina de Naciones o el Mercado Común Centroamericano sufrieron modificaciones, muchas veces presentadas como un “relanzamiento”, pero que en realidad recortaban sus aspectos políticos y acentuaban los objetivos comerciales. En el segundo caso se destacan la creación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).
En un plano geopolítico, Estados Unidos continúa desempeñando un papel sobresaliente en condicionar y modificar la agenda regional, tanto por medios diplomáticos como por instrumentos económicos o incluso intervenciones directas. En este plano, Estados Unidos está avanzando en una estrategia que abandona el multilateralismo para basarse en posturas unilaterales (con expresiones en temas comerciales, por ejemplo, prefiriendo los tratados de libre comercio a las negociaciones globales en la Organización Mundial de Comercio (Gudynas, 2004). La relación comercial que defiende Washington es asimétrica, basada en ganar acceso a los mercados de los países de América Latina mientras mantiene sectores domésticos protegidos (por ejemplo, agricultura), impone el libre flujo de capitales, y regulaciones sobre temas como patentes y protección a las corporaciones. La propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) significaba profundizar esos cambios por medio de una ampliación de un acuerdo tipo TLCAN al resto del continente. Esta visión del “libre comercio” también ha quedado asociada a su estrategia de seguridad nacional (ver US 2002).
En el plano económico y comercial, los intentos de integración también están limitados por la condición periférica y subordinada de los países latinoamericanos (ver Arrighi 1997, Martins 2005). La estructura productiva muestra una fuerte participación de la extracción de materias primas, una alta proporción de ellas en las exportaciones, siendo tomadores de precios internacionales, y por lo tanto muy sensibles a los vaivenes en los mercados globales. En casi todos los países se llevaron adelante reformas neoliberales que limitan las opciones económicas, pero además condicionan las opciones posibles en la integración. Por ejemplo, se efectuaron privatizaciones de empresas estatales, avanzó la transnacionalización de la economía, se liberalizó el comercio y el flujo de capitales, y la inversión extranjera cobró un papel sustancial.
En muchos casos tuvo lugar una desindustrialización con pérdida de puestos de trabajo genuinos, aumentó la informalidad y la pobreza persiste azotando una enorme proporción de latinoamericanos. Si bien crecieron las exportaciones, no se logró un salto cualitativo en la industrialización y en muchos países se acentuó aún más su perfil de exportador de productos primarios. Paralelamente, las importaciones aumentaron, generando crecientes déficit comerciales, a lo que se sumó el regreso del peso del endeudamiento externo (ver CEPAL 2001; Birch y Haar 2000; Martins 2005).
Tampoco debe olvidarse que los actores envueltos en el debate sobre la integración regional también cambiaron. La transnacionalización económica significó una notable pérdida de poder político para algunos representantes tradicionales del empresariado nacional, que fueron reemplazados por ejecutivos de corporaciones extranjeras. La despolitización y delegación democrática desembocó en un menor papel de los parlamentos, los gobiernos locales e incluso los sindicatos, se acentúo el déficit en la información pública y, por lo tanto, se empobreció la discusión sobre la inserción regional.
La vida política en muchos de los miembros de la Comunidad Andina de Naciones y el Mercosur derivó hacia una “democracia delegativa”, con un fuerte protagonismo presidencial, a veces con sesgo autoritario, debilitamiento de las instancias parlamentarias, y erosión de los mecanismos de participación ciudadana, como ocurrió con Alberto Fujimori en Perú o Carlos Menem en Argentina. Incluso en el caso de Mercosur, la evolución se estancó en un acuerdo intergubernamental, donde las “cumbres presidenciales” deben decidir sobre una amplia variedad de temas. Pero incluso se llegó a postular acuerdos comerciales “sin política”, como el caso de la negociación de un tratado de libre comercio entre Bolivia y Chile.
Los actores estatales que podían incidir en encauzar la integración también fueron muy golpeados. Varias agencias estatales claves en el diseño de las políticas de desarrollo fueron desmanteladas e incluso se desvaneció el concepto de planificación. Al carecerse de estrategias claras de desarrollo en el plano nacional era más que difícil acordar planes compartidos a escala regional.

Conceptos difusos, prácticas diversas

A pesar de todos estos problemas, la idea de la integración regional sigue contando con apoyo. Sus antecedentes más importantes apelaban a la imagen de la “unidad” de América Latina, pero a diferencia de la actualidad, donde se enfatiza el comercio, prevalecía un fuerte compromiso político (la articulación entre países era parte de una plataforma política), y respondía tanto a demandas nacionales como a buscar formas alternativas de presentarse frente al mundo, por lo tanto, la articulación entre países se correspondía con estrategias de desarrollo nacional y con ciertos objetivos de incidencia a nivel mundial (ver Devés Valdés, 2003).
Las referencias a la “unidad latinoamericana” se mantienen, pero sus contenidos cambiaron sustancialmente en la década del 90, al propagarse una visión comercial. Seguramente el mejor ejemplo del abordaje conceptual de esos años fue la propuesta de “regionalismo abierto” de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 1994), que concebía a la integración como un proceso esencialmente comercial, en particular basado en rebajas arancelarias y apertura de los mercados nacionales. La liberalización no sólo era dentro de una región sino a escala mundial, suponiéndose que operarían mecanismos de competitividad convencionales que permitirían una mejor capacidad exportadora.
Las ideas cepalinas eran funcionales a las reformas de mercado y, por lo tanto, se expresan en un “vacío de la política” en varios planos: ignoran la política internacional (por lo cual no consideran la geopolítica regional ni los conflictos sobre la seguridad); no se discuten adecuadamente las políticas de desarrollo en la perspectiva regional; y finalmente, existe un vacío en la política ciudadana (no se explora en detalle la promoción de la participación ciudadana y la apropiación política de la integración). Es una visión “contractual” de la integración, donde los gobiernos intercambian concesiones comerciales, con una institucionalidad mínima, y son promotores de la globalización. El ejemplo, según la CEPAL, era el TLCAN.
Si bien el “regionalismo abierto” de la CEPAL era una visión esencialmente comercial, la indefinición en otras dimensiones permitía que fuera invocada en muy diferentes contextos y reflejando distintas posiciones conceptuales. Se generó una enorme confusión donde los gobiernos de América Latina hablaban una y otra vez del “regionalismo abierto” para defender posiciones diferentes, y a veces contradictorias, incluyendo las reformas propias del Consenso de Washington.

Los temas olvidados

Los análisis convencionales -y posiblemente el de CEPAL sea el mejor ejemplo- continúan hasta hoy dejando temas esenciales de lado. Por lo tanto, es necesario recuperar los “temas olvidados”, ponerlos bajo discusión y analizar las relaciones entre ellos y sus implicancias para la integración regional. Se debe reconocer que han tenido lugar importantes cambios en la estructura y dinámica tanto de la sociedad política como de la sociedad civil.
Han cambiado cuestiones como las expectativas de las personas sobre los procesos políticos, los roles que asumen, los espacios disponibles para ese ejercicio y las elaboraciones sobre las estrategias de desarrollo que se defienden. Esos espacios son determinantes en los procesos de integración, ya que no sólo generan imágenes y símbolos sobre la integración regional, sino que también determinan las opciones de desarrollo que se deben articular entre los países.

La herencia neoliberal

En los últimos tiempos se sostiene que el neoliberalismo fracasó y se mira con optimismo una “nueva izquierda” que se difunde en América Latina, tomando como indicadores un conjunto heterogéneo de hechos, desde algunos alzamientos ciudadanos al triunfo de candidatos presidenciales que se autodefinen como progresistas. La conjunción entre el “fracaso” neoliberal y la “nueva izquierda” permitiría fortalecer los procesos de integración. Sin embargo hay muchas otras señales que enfrían ese optimismo.
Es necesario revisar la idea de la supuesta “derrota del neoliberalismo”. En el terreno de la política partidaria y la composición gubernamental, es cierto que en los últimos años no triunfaron muchos candidatos conservadores que apostaban a profundizar todavía más la propuesta neoliberal de los años 90, como Menem en Argentina, José Serra en Brasil, Guillermo Stirling en Uruguay y Ricardo Lavín en Chile. También es cierto que las evaluaciones de opinión pública muestran un creciente descontento hacia algunas medidas convencionales como las privatizaciones de empresas estatales o la flexibilización laboral.
Actualmente se habla de un eje progresista sudamericano: Lula da Silva en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina, Hugo Chávez en Venezuela, Tabaré Vázquez en Uruguay, y a veces Ricardo Lagos en Chile. Los programas de gobierno invocan ideas del campo de la izquierda o centro-izquierda -y en algunos casos los mismos políticos se definen así- y todos tienen discursos con fuertes invocaciones a la integración.
Pero también se debe admitir que el programa neoliberal desarrollado en América Latina desde mediados de la década del 80 logró cambios sustanciales en la organización del Estado, la dinámica política, el papel de la ciudadanía y la economía. No se pueden olvidar casi dos décadas de reformismo mercantil. Si se revisan las grandes demandas de reforma presentadas por el Banco Mundial en la década del 90, se debe reconocer que casi todas ellas ya se han cumplido, incluso en los sectores rezagados en algunos países, como el sistema de pensiones en Brasil (ver las propuestas de Burki y sus colaboradores, 1997, 1998 y 1999). Ha existido un “corrimiento” hacia posturas conservadoras, y lo que hoy se define como “izquierda” o “progresista” se lo hace bajo puntos de referencia distintos a los utilizados décadas atrás.
Esta problemática es evidente en varios casos. Por ejemplo, la Concertación por la Democracia en Chile promueve una nueva generación de medidas de flexibilización laboral e insiste en la apertura comercial unilateral con débiles compromisos políticos dentro de América Latina, manteniéndose por ejemplo el conflicto fronterizo con Bolivia. Posiblemente el caso más dramático sea el gobierno de Lula en Brasil, ya que sus políticas económicas también son convencionales, continuando las ensayadas por Fernando Henrique Cardoso. Existen particularidades en el gobierno de Lula, como el énfasis en la expansión de la agroindustria y el fortalecimiento de la consulta ciudadana, pero las medidas que se esperaban en el área social, educativa y ambiental no se han concretado adecuadamente. En cambio, Argentina sí está explorando otras posturas en materia de política económica, con posiciones más independientes frente a las instituciones financieras internacionales, ensayando el fortalecimientos de algunos sectores productivos, intentando la recomposición política, y con gestos muy positivos en materia de derechos humanos (ver Álvarez, 2003, Drake y Jaksic, 2002, García Linera y otros, 2001, López Maya, 1999, Smith y Korzeniewicz, 1997; Lewkowicz, 2002, Del Bufalo 2002, CEPAL 2001).
Los determinantes económicos parecen volverse sobre las aspiraciones progresistas, y permutan las agendas de regreso hacia medidas de gobierno concretas similares a las ejercidas en la década del 90. En tanto economías periféricas, los países compiten entre ellos ante los mercados de destino, fracturando los esfuerzos de integración, no logran generar una coordinación productiva y evitan entrar en el campo político. Por lo tanto, los gobiernos se quedan con un discurso integracionista emotivo, y a veces grandilocuente, pero que tiene enormes dificultades para concretarse en la práctica. Esas razones están detrás de los problemas dentro de los bloques y en la descoordinación a escala global. Un buen ejemplo de esto fue la ausencia de coordinación de los miembros del Mercosur en sus negociaciones con China en 2004.

La cultura del consumo individual

La dinámica cultural también ha cambiado sustancialmente, ya que buena parte de nuestras sociedades ahora privilegian el consumo y la posesión material, la calidad de vida está recostada sobre el acceso a bienes como electrodomésticos o automóviles, y servicios que son transferidos al sector privado. La interacción en los espacios públicos se ha reducido y se enfatiza la esfera íntima. Muchas actividades que se coordinaban en la esfera pública han sido reemplazadas por relaciones comerciales contractuales, la solidaridad está en retroceso y se busca el beneficio personal.
La responsabilidad social ha perdido sustancia derivando a posiciones de asistencialismo y compensación, ya que los mecanismos redistributivos son combatidos desde el mercado (ver Larraín, 2000). La violencia urbana y el sentimiento de inseguridad avanza en muchas ciudades, y con ello la añoranza de sistemas de protección policial. El papel del ciudadano como sujeto activo en la construcción política también se reduce frente a posturas individualistas, con roles propios de un “consumidor” buscando su beneficio personal antes que el bien común.
Muchas personas han gozado durante distintos tramos de la década del 90 de altos niveles de consumo, como resultado de la apertura comercial y la invasión de productos importados a bajo precio, y entonces los presupuestos sobre calidad de vida y satisfacción por el consumo han cambiado fuertemente (ver García Canclini, 1999). Incluso entre los sectores más empobrecidos, las expectativas de consumo también se alteraron, con situaciones conocidas como la compra de calzado deportivo de marcas muy publicitadas. Este tipo de factores impactan sobre las opciones políticas que aparecen como posibles para los gobiernos. Cualquier medida de integración regional alternativa que afecte el consumo de bienes suntuarios generará reacciones negativas no sólo de los agentes comerciales sino de amplios sectores de la población.

La política se encoge

Así, el mercado se convirtió en un escenario clave de la interacción social, abarcando tanto aquellas áreas que dejaba el Estado como avanzando sobre otros ámbitos de la vida personal. Existe al menos toda una generación que realizó su socialización bajo este programa neoliberal, donde la política, en el amplio sentido de deliberación pública del bien común, fue cercenada.
Mucha gente desconfía de la política (un caso extremo es Chile, donde muchos jóvenes no se inscriben en el registro electoral). Los asuntos colectivos se volvieron una cuestión ajena favoreciendo prácticas propias de un “gerenciamiento” mercantil de servicios, donde los resultados regularmente han sido insuficientes y en no pocas instancias desembocaron en corrupción. Esta retracción hacia el espacio privado explica en parte el fenómeno de la delegación democrática, acentuando los rasgos presidencialistas, con gobiernos más autoritarios y más alejados de la ciudadanía.
El vaciamiento de la política por la cultura del consumo individual no resuelve los problemas de fondo y los sectores que son excluidos de la construcción política han reaccionado en algunos casos –como el de las irrupciones indígenas y campesinas en los países andinos- para reapropiarse de su papel de ciudadanos.

La pérdida de la soberanía

Los intentos de articulación regionales están ocurriendo bajo el contexto de una globalización capitalista arrolladora que discurre en planos que van desde la economía a la cultura, y que por lo tanto determinan drásticamente las opciones posibles para los países latinoamericanos. Esa globalización tiene síntomas muy conocidos, como la creciente presencia de empresas transnacionales o la invasión de patrones culturales, y han sido objetos de muchos estudios y propuestas de reacción (ver Dos Santos, 2004; Stiglitz, 2002; Giddens, 2000; Ianni, 1999; Beck, 1998). En la perspectiva de la posibilidad de una integración latinoamericana es importante considerar algunos aspectos, no siempre evidentes, de la globalización actual.
Hay una redefinición de la soberanía en sus expresiones prácticas. Los países mantienen ciertas formas de soberanía formal (por ejemplo, entregar documentos de identidad, imprimir papel moneda, diseñar programas de estudio escolar, etc.), pero muchas otras funciones han sido recortadas, se desvanecieron o fueron transferidas a un espacio transnacionalizado.
El caso más evidente son las serias limitaciones para diseñar políticas económicas nacionales autónomas en tanto están condicionadas por agentes como el Fondo Monetario Internacional (por medio de cartas de intención), el Banco Mundial (por medio de Cartas de Política de Desarrollo o Préstamos de Ajuste Estructural), la Organización Mundial de Comercio (por medio de las reglas comerciales o los derechos de propiedad intelectual) o las agencias calificadoras de riesgo (como Moody’s o Standard & Poor’s). El Banco Mundial, y detrás suyo el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se inmiscuyen en todos los países, crean nuevos sistemas educativos y sanitarios, nuevos abordajes en la seguridad pública, modifican la acción municipal, alientan la privatización de la seguridad social, etc., y en todos los casos la perspectiva se basa en promover instrumentos de mercado. En las áreas de seguridad nacional y regional es evidente el poder de Estados Unidos. El caso más claro es la presencia efectiva de la DEA (agencia antidrogas) en varios países o la instalación de bases militares. Los actuales procesos de integración regional no han logrado detener esa pérdida de la soberanía e incluso en algunos casos la han acelerado (por ejemplo, el de México en el TLCAN).
Entre tanto, los gobiernos disimulan la pérdida de su soberanía real y se contentan con jugar con los aspectos formales. Se observan escaramuzas que aluden a la defensa de la soberanía en la integración regional, cuando en realidad se debería admitir que cualquiera de nuestros países tienen márgenes de maniobra muy reducidos debido a una pérdida sustancial de soberanía. No se debería atacar a la integración desde el plano de la soberanía, ya que es la única oportunidad real con que se cuenta para recuperarla. En efecto, para enfrentar las condicionalidades coordinadas entre las instituciones internacionales es necesario articular posiciones comunes entre conjuntos de países.

Mercaderías y reglas de producción

La globalización actual también tiene un componente distintivo al promover nuevas reglas sobre los procesos productivos. En efecto, se aplican regulaciones desde la apropiación de los recursos, pasando por su procesamiento, la forma en que se comercializan, el capital envuelto en esas fases. En esta fase de la globalización los conflictos sustantivos no residen en la propiedad sobre los medios de producción, sino en imponer reglas de funcionamiento sobre ellos. Los casos más notorios son las nuevas reglas sobre los derechos de los inversores o la ampliación del concepto de “servicios”. Esto ocurre por un proceso simultáneo donde diversos elementos pasan a ser considerados “mercaderías” y, por lo tanto, quedan bajo las reglas de comercio e inversión, mientras las propias reglas del comercio se expanden para abarcar nuevas áreas. El ejemplo más claro es el intento de imponer los “temas de Singapur” (inversiones, política de competencia, transparencia en la contratación pública y facilitación del comercio) en la Organización Mundial de Comercio.
Lo que esta globalización impone es una forma de regular la producción capitalista y el flujo de capitales. Las unidades productivas mantienen una dura competencia entre ellas, la eficiencia se concentra en las tasas de ganancia, los conflictos se dirimen por instrumentos de mercado, donde se ignoran las externalidades sociales y ambientales. La competencia de los Estado-nación se redefine en función de esas reglas. Uno de sus resultados es que los conflictos claves se dirimen más allá de las competencias estatales, como sucede con los tribunales arbitrales del Banco Mundial (CIADI).
Este proceso es más profundo, más insidioso y mucho más amplio, ya que se reproduce dentro de nuestros propios países. Las nuevas reglas de producción también generan nuevas subjetividades afectando los patrones culturales, tal como se comentó arriba (Hardt y Negri, 2002). De esta manera, la defensa de ese “libre comercio” y la apuesta a acuerdos como el ALCA tiene lugar no sólo en Washington, sino que se repiten en las grandes empresas latinoamericanas y en muchos gobiernos (los casos más claros son Chile y Colombia).

Integración blanda y desintegración productiva

¿Cuál es el objetivo de la integración? En otras palabras, para qué deseamos una vinculación más estrecha entre los países de América Latina. En el pasado, esa pregunta se contestaba aludiendo a la liberación y autonomía de los pueblos, en la actualidad se responde invocando el aumento en el comercio. Está claro que restringir la respuesta al tema comercial no es suficiente y probablemente terminará siendo funcional a los tratados de libre comercio convencional. Una respuesta adecuada implica incorporar otras dimensiones que también afectan la integración, como los patrones culturales que definen las aspiraciones en calidad de vida o las esferas políticas que posibilitarían coordinar estrategias productivas. Desde esa perspectiva es indispensable incorporar los “temas olvidados”.
Los argumentos y evidencias presentados en las secciones anteriores indican que muchas de las reformas neoliberales realizadas en la región han desencadenado cambios sustanciales que limitan seriamente los procesos de integración. La globalización contemporánea refuerza la permanencia de esos cambios y en muchos casos los profundiza. Estos factores hacen que nuestros países sigan atrapados en un capitalismo periférico donde se ofrecen productos de exportación similares, y por lo tanto se compite en los mercados globales. Bajo estas rígidas condiciones, los intentos de integración efectiva están muy limitados y el debilitamiento de los espacios políticos también impide buscar respaldo ciudadano para alternativas reales.
Las condiciones actuales reales operan en sentido contrario, generando una “desintegración” productiva. Los países no logran articularse productivamente y terminan compitiendo entre ellos, tanto en el plano de las exportaciones como en el de ofrecer ventajas para atraer la inversión externa. El problema se agrava todavía más en tanto las disputas comerciales sobre temas como aranceles, certificados de origen o proporción de contenido nacional no constituyen la esencia de los problemas de integración sino que son su epifenómeno. Las trabas se encuentran en asuntos mucho más sustanciales, como el rechazo a la supranacionalidad, la incapacidad para generar políticas regionales o la propia esencia de las estrategias de desarrollo, que están directamente relacionadas con los “temas olvidados”.
Incluso dentro del Mercosur, donde actualmente hay cierta cercanía política entre casi todos los gobiernos, las políticas seguidas no contribuyen a la integración regional y no resuelven las tensiones. En efecto, el bloque está creciendo por medio de convenios restringidos al plano comercial y que no generan compromisos políticos. Bajo esta “expansión débil” se han sumado Chile, Bolivia y Perú. De esta manera se ganan nuevos asociados, lo que alimenta las declaraciones optimistas, pero debilita la identidad política del Mercosur. Esta tensión entre la “expansión débil” y el debilitamiento político explica que no se lograra un acuerdo para un Protocolo de Ouro Preto II. En otros planos críticos no existe una coordinación sustantiva. Ya se han citado varios ejemplos, pero ahora se puede agregar las posturas casi opuestas de Argentina y Brasil frente al Fondo Monetario Internacional.
La integración regional en sus formatos actuales no responde a los problemas reales de la región. Es una “integración blanda” que fluye bajo diferentes intentos, distintos marcos conceptuales, y su propia esencia flexible hace que no se logren acuerdos políticos vinculantes entre los países. Pero paralelamente existe un andamiaje comercial muy rígido, impuesto por la dinámica capitalista, y esa rigidez tiene determinaciones mucho más profundas en la integración real que se vive en la región. Las reglas actuales del comercio no necesariamente contribuyen a la integración, sino que en algunos casos, cuando son aplicadas bajo el formato de tratados de libre comercio, impiden el acercamiento entre los países al mantener o acentuar la competencia comercial (Gudynas, 2005).
De esta manera, la integración que vivimos deviene en una serie de símbolos y gestos, pero no logra frenar ni revertir una dinámica económica que opera en sentido opuesto, a la desintegración, donde países y empresas compiten continuamente en el mercado. Posiblemente los símbolos más ambiciosos se sucedieron en 2004 con el lanzamiento de la Comunidad Sudamericana de Naciones en Cusco (Perú). Pero incluso en ese momento fueron evidentes las tensiones, ya que fue notoria la ausencia de tres presidentes del Mercosur en disconformidad con las actitudes de Brasil. Un problema similar se plantea entre la propuesta de esa Comunidad y el lanzamiento de la Aplicación de la Alternativa Bolivariana para las Américas (ALBA) por Cuba y Venezuela.
Buena parte de la discusión actual no profundiza en estas cuestiones y sigue insistiendo en aspectos instrumentales. No se abordan, por ejemplo, los problemas reales sobre la soberanía o la dependencia en las políticas económicas. Son cuestiones urticantes, que despiertan pasiones y sobre las cuales los análisis detallados escasean, pero que representan la esencia de nuestros problemas.
La recuperación de los “temas olvidados” genera un programa de análisis y debate que requiere volver a discutir el diseño de nuevas estrategias de desarrollo que tengan como primer objetivo la calidad de vida, y no el mero aumento de las exportaciones. Paralelamente, regresa la urgencia de construir autonomías nacionales que permitan superar las condicionalidades de la coyuntura actual y generar una nueva soberanía ampliada desde la integración regional. Cualquiera de estos cambios necesita de una reconstrucción de los espacios políticos, dándole una nueva sustancia al proceso de integración, partiendo desde el protagonismo ciudadano.
En ese esfuerzo, la supranacionalidad no es un problema, sino el medio que permite re-politizar la integración. Desafíos urgentes, como la generación de una política regional común en materia agropecuaria o energética, sea en la Comunidad Andina de Naciones o en el Mercosur, necesariamente necesitan de un marco supranacional que para ser efectivo no puede estar restringido a los acuerdos comerciales vigentes ni a los actuales estilos de desarrollo, sino que deben ser funcionales a otras estrategias. Asimismo, la autonomía es indispensable para recuperar márgenes de maniobra frente a la nueva globalización, y dejar de ser meros actores periféricos que se mueven al vaivén de los precios de las materias primas o acatan las misiones de las instituciones financieras internacionales.

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--------------- Eduardo Gudynas es investigador en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad – América Latina) y el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), Montevideo, Uruguay: claes@adinet.com.uy Este texto es un adelanto de un próximo libro del autor sobre integración regional y desarrollo sustentable.