No. 42 - Marzo 1995

INMIGRACIÓN

Un muro entre el Norte y el Sur

por Irene León

Pocos meses después de la aprobación en California de la propuesta 187 que priva a los inmigrantes ilegales del acceso a los servicios sociales, la iniciativa xenófoba va ganando terreno en los estados de Florida, Texas y Arizona.

La nueva asimilación de la inmigración como delincuencia ha facilitado la militarización de los servicios de inmigración de Estados Unidos. Miles de familias de ilegales viven en un creciente clima de inseguridad mientras los solicitantes de asilo son concentrados en campos fuertemente vigilados.

Para impedir el ingreso de los llamados "indeseables" a los Estados Unidos, el gobierno de Bill Clinton está empeñado en la construcción de un muro que cubrirá, de este a oeste, su frontera con México; ha multiplicado el presupuesto para robustecer la policía de inmigración; ha creado cárceles para ilegales y ha invertido en diversos mecanismos, no tan legales, para detectar las redes de inmigración clandestina.

También ha desarrollado métodos para eliminar la inmigración ilegal desde su origen. La obtención de una visa para viajar a Estados Unidos se ha convertido en una empresa imposible, pues las restricciones y las condiciones impuestas son múltiples.

La disuasión empieza por tratar de sospechosas a todas las personas y la más mínima irregularidad burocrática acarrea el rechazo sin derecho a apelación.

Quienes tienen la intención de convertirse en trabajadores/as ilegales ni siquiera llegan a conocer las embajadas y optan cada vez más por recurrir a las redes clandestinas de inmigración y emprender periplos cuyos altibajos dejarían cortas a las más dramáticas películas de Hollywood.

Delación: deber cívico

Las autoridades policiales y administrativas organizan virtuales cacerías de trabajadores clandestinos, que involucran cada vez más abiertamente a miembros de la sociedad civil.

Se ha erigido la delación como un deber cívico. El personal de las compañías de aviación, por ejemplo, se ha convertido en una suerte de auxiliar de la policía de inmigración; los trabajadores de los servicios públicos están llamados a verificar, aun sin necesidad, los documentos y denunciar a la policía toda sospecha de ilegalidad.

En los centros de trabajo se asiste al resurgimiento de luchas viscerales que se fundamentan, principalmente, en razones étnicas y xenófobas. El contexto de criminalización de la inmigración ilegal permite el incremento de la explotación de los trabajadores y trabajadoras clandestinas, pues los patronos, pretextando el acecho de la policía de inmigración, mantienen un estado de miedo permanente, aumentan las horas de trabajo y disminuyen los salarios.

Amenaza a la raza blanca

En California, por ejemplo, el surgimiento de organizaciones de defensa de los "derechos de los blancos" tales como Stop-it y FAIR (Federation for American Immigration Reform), crea una coyuntura social donde el racismo se manifiesta cada vez más abiertamente. Como justificación, se habla del peligro de desaparición de la etnia blanca acosada por la invasión de etnias del Sur.

Pero en 1990 el número de nacidos en el extranjero ascendía a unos 7 millones de personas, es decir más o menos una quinta parte de la población de California, el doble de lo que era en 1980, pero mucho menos que durante la Primera Guerra Mundial, cuando el 60% de los obreros eran extranjeros.

Sin embargo, el gobernador republicano Pete Wilson dedicó buena parte de su campaña en 1994 a incentivar la xenofobia de amplios sectores de la población blanca al establecer una estrecha relación entre inmigración y crisis, ilegalidad y delincuencia.

La exacerbación del sentimiento antiinmigrante y las propuestas encaminadas a frenar la inmigración ilegal se han convertido en un producto publicitario omnipresente para ganar simpatías electorales.

Fuente: ALAI