No. 45 - Junio 1995

BOLIVIA

Prosigue batalla entre gobierno y cocaleros

La tensa situación en Bolivia, donde el gobierno impuso el estado de sitio a raíz del reciente conflicto de la Central Obrera Boliviana (COB), es marco de la lucha de los plantadores de coca para obtener de las autoridades algo más que plazos de erradicación del cultivo.

Durante la primera quincena de mayo fue liberado el principal dirigente de los plantadores de coca en Bolivia, Evo Morales, aunque se desconocían las condiciones de dicha liberación.
Si bien el gobierno había rechazado otorgar la libertad a los principales dirigentes cocaleros, la sistemática presión ejercitada por los productores de la hoja de coca pareció haber dado sus frutos. Durante el último encuentro ampliado del Comité Coordinador de las Cinco Federaciones del Trópico los cocaleros decidieron exigir la libertad de sus dirigentes para negociar con el gobierno.

Además advirtieron que no se produciría la erradicación de una sola planta de coca más en tanto el gobierno no autorizara la libertad de Morales. Este fue trasladado desde su lugar de confinamiento, Ramón Darío, a la Policía Técnica Judicial (PTJ) de la ciudad de La Paz, donde su produjo su liberación.

Por otra parte, los cocaleros informaron al gobierno que no cumplirían con los compromisos firmados en el Acta de Entendimiento, que puso fin al conflicto entre el Magisterio, la Central Obrera Boliviana (COB) y el gobierno.

El ministro de Gobierno, Carlos Sánchez Berzaín, había rechazado la postura de los cocaleros, pues "esta actitud está sujeta a condicionamientos que el gobierno no está dispuesto a aceptar".

Sánchez Berzaín aseguró que pese al intenso patrullaje de efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (UMOPAR) y los bloqueos "relámpagos", en la zona de los cocales reina "tranquilidad".

Fracasaron metas de erradicación

Paralelamente, en una suerte de balance del Plan de Erradicación de Coca a Corto Plazo impulsado por el gobierno, los productores de coca y las autoridades de la Dirección de Reconversión Agrícola (DIRECO) admitieron que el mismo fracasó debido a que no se alcanzaron las metas de destrucción de las 600 hectáreas mensuales. Según el periódico "Opinión" del 8 del mayo, durante el mes de abril la erradicación voluntaria de cocales alcanzó sólo 480 hectáreas.

Desde el 10 de mayo y durante los siguientes 54 días, la misión de las autoridades estaría encaminada a reducir 1.402 hectáreas de coca, que suponen una destrucción mensual de 701 hectáreas a un promedio de 25 por día.

La posibilidad de alcanzar estas metas depende sobre todo de los acuerdos que pueda lograr el gobierno con los cocaleros, acuerdos que parecen aproximarse a partir de la liberación de Morales.

Confirman violación de derechos humanos en el Chapare

El diputado Luis Eduardo Siles, miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, confirmó en una reciente visita al Trópico Cochabambino, que en el Chapare hubo violación a los derechos humanos: "Tengo la idea de que se manejaron las cosas con excesos y con excesivas 'metidas de pata' que no benefician al gobierno, sino a los opositores. Hechos como patear, entrar a las casas a media noche, sacarlos en calzoncillos y golpearlos, tienen que tener control; son cosas en las que el ministro de Gobierno debe tener control y, si no tiene control sobre este tipo de hechos, no le corresponde ejercer esa función", afirmó.

Por otra parte, la Comisión Interinstitucional conformada por representantes de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y otras instituciones, dio a conocer los resultados de su visita al Chapare, indicando que en la región tropical no existe la supuesta "paz social".

El presidente de la APDH, Federico Aguiló, preguntó "¿de qué tranquilidad hablan cuando existe un gran número de personas y dirigentes que se encuentran -por temor a ser detenidos o reprimidos- en la clandestinidad? Con justa razón, pues han sido engañados cuando habían accedido a cooperar con el gobierno para evitar el veto de EEUU".

La Comisión reveló que un campesino acusado de haber "macheteado" a un policía fue obligado por la fuerza "con golpes de hierro en la cabeza y pateaduras" a declarar que era culpable. "El es ex catequista y nos dijo que esa noche estaba descansando en su casa junto a su familia y que en un fuerte operativo las fuerzas de seguridad maltrataron a su mujer, que está embarazada, por lo que salió a defender a su familia", añadió la Comisión. Del mismo modo informó que los testimonios recogidos en Isarzama señalaron la existencia de violencia. Allí se recogieron restos de bala de casquillos, granadas de guerra y gases lacrimógenos que fueron arrojados dentro de las viviendas en horas de la madrugada. "Los relatos son estremecedores; tenemos grabaciones que nos cuentan que esa noche hubo casi 20 desmayados entre los niños; varios de ellos presentan síntomas de diarrea y vómitos por consumo excesivo de gases lacrimógenos".

No será levantado estado de sitio

Mientras tanto, el gobierno del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada volvió a reiterar que "no tiene previsto suspender el estado de sitio" y que éste durará el plazo que contempla la Constitución Política del Estado, es decir 90 días. Pese a que paulatinamente se fueron normalizando las actividades en el sector de la enseñanza y de la producción, el ministro de Comunicación Social señaló que el gobierno por ahora no se ha planteado el cese de las medidas de excepción.

Fuente: CEDIB