No. 45 - Junio 1995

CUMBRE SOCIAL DE LA ONU

Avances muy magros

por Martin Khor (*)

La Cumbre Social de la ONU puso en evidencia los problemas sociales del mundo y reafirmó la necesidad de que los gobiernos intervengan en el mercado para proteger el bien público. La aplicación de estas directivas puede ser débil, a menos que las organizaciones civiles reclamen su cumplimiento con la energía que mostraron en la Cumbre.

La Cumbre Social de las Naciones Unidas, que duró una semana y finalizó el 12 de marzo pasado, tal vez no fue un acontecimiento trascendental, pero contribuyó al útil propósito de lograr que el mundo tome nota de algunas tendencias económico-sociales negativas, y ayudar a generar cierta voluntad política y energía para contrarrestarlas. En la reunión (cuya denominación oficial fue Cumbre Mundial de la ONU para el Desarrollo Social) participaron 115 jefes de gobierno y cinco vicepresidentes, quienes suscribieron la Declaración de Copenhague, donde se establecen las intenciones políticas en diez "compromisos".

Paralelo a la reunión oficial se realizó un foro de ONGs al cual asistieron miles de líderes y representantes de organizaciones no gubernamentales, entre ellas grupos que participan en actividades de desarrollo, trabajo social, salud, bienestar, derechos humanos y derechos de la mujer.

Dada la naturaleza de estas reuniones cumbres, los documentos oficiales que fueron finalmente aprobados habían sido escritos a toda prisa luego de meses de dificultosas negociaciones. Tratándose de documentos de consenso, no tienen nada intelectualmente original o perspicaz que agregar a la ya abundante cantidad de artículos y libros existentes acerca de lo que está mal en el mundo y cómo corregirlo.

Lo importante de la Declaración y del Programa de Accion, es que la mayoría de los líderes políticos mundiales se pusieron de acuerdo y suscribieron ambos documentos. Los ciudadanos de todo el mundo pueden entonces hacer que sus gobiernos mantengan sus compromisos, y utilizar los documentos de la Cumbre como referencia para profundizar en el proceso de reforma social. Porque de eso se trató supuestamente la Cumbre Social: de una reforma social, desde la gran escala internacional hasta los niveles nacionales y de base.

El "mercado libre" y el papel del Estado

La Cumbre comenzó como la idea de algunos diplomáticos de la ONU -notablemente el embajador de Chile, Juan Somavía, quien finalmente presidió todo el proceso preparatorio- que estaban profundamente preocupados por las crecientes desigualdades entre ricos y pobres en todo el mundo, el aumento del desempleo y los preocupantes signos de disgregación social.

La promesa de un mundo mejor, unificado a fines de la Guerra Fría, no se materializó. En lugar de ello, las fuerzas de "liberalización" se fortalecieron para dar impulso a programas que debilitan los poderes del gobierno sobre la economía, y dan libertad total a las "fuerzas del mercado libre" para operar.

La experiencia ha demostrado que en condiciones de mercado libre, el crecimiento puede ser uno de los resultados, pero la distribución de sus beneficios es generalmente desigual, y con frecuencia gravemente desigual. Pero la función tradicionalmente equilibradora del estado en la redistribución de las ganancias del crecimiento había sido reducida a través de la desreglamentación, las franquicias impositivas para la elite y para las empresas y, en muchos países del Norte, el desmantelamiento de la seguridad social estatal.

El modelo del "laissez faire" fue transferido al Sur a través de los "programas de ajuste estructural" del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional como condicionalidades para refinanciar deudas y otorgar nuevos préstamos a más de 80 países que enfrentaban dificultades en el pago de la deuda. La Ronda Uruguay de negociaciones comerciales extendió el proceso, facilitando la liberalización nacional e internacional del comercio, las inversiones y servicios, incluidas las finanzas.

Con el desmantelamiento de la reglamentación gubernamental a nivel nacional, y la ausencia de reglamentación internacional la liberalización y las operaciones de mercado libre pueden llevar a la inestabilidad y al caos social.

Esto lo demuestran las importantes sacudidas financieras de los últimos tres meses: la devaluación de México y los hechos posteriores, la caída del Barings Bank, y la actual confusión en los mercados de moneda extranjera con la caída del dólar estadounidense.

Lo que debió haber sido

La intención original fue que la Cumbre Social reafirmara el compromiso político con valores sociales, como justicia y equidad social, preocupación por los pobres y carenciados y ampliación de sus derechos, prioridad para la creación de empleos para todos, y contrarrestar la tendencia a la desintegración social.

Para ello, la Cumbre tendría que haber reafirmado la importante función y responsabilidad de los gobiernos para equilibrar el poder del comercio y los mercados con la necesidad de brindar servicios sociales básicos y erradicar la pobreza. La Cumbre, en otras palabras, cambiaría el actual énfasis sesgado en la economía orientada al comercio y conducida por éste, priorizando el desarrollo social.

El apresuramiento hacia el "laissez faire" sería revisado por la función del estado para satisfacer las necesidades de los pueblos y el respeto a los derechos de éstos.

A nivel nacional, los gobiernos se comprometerían a orientar sus presupuestos y las economías de sus países hacia la provisión de oportunidades de empleo, recursos para los pobres y servicios sociales. A nivel internacional, habría un compromiso de erradicar o reducir los límites que constriñen a los países en desarrollo (como la deuda, las políticas de ajuste estructural y la falta de afluencia de recursos hacia el Sur).

Y a nivel institucional mundial, las instituciones de Bretton Woods dominadas por el Norte, que son ampliamente responsables de mantener las desigualdades del sistema económico mundial, tendrían que asumir mayor responsabilidad públicamente, y responder más a los deseos de la mayoría de los países, tal como éstos lo expresaran a través de la ONU.

Negociaciones diluyentes

En las negociaciones que insumieron más de un año en cuatro reuniones preparatorias, el borrador de declaración y programa de acción preparado por la Secretaría de la ONU fue progresivamente diluido por muchos países del Norte que no querían comprometerse a reformar el sistema económico internacional.

Los países desarrollados se resistieron al llamado de los países del Sur a una solución amplia al problema de la deuda, o a rediseñar en su base los programas de ajuste estructural. Insistieron, en cambio, en alabar la Ronda Uruguay y el régimen de libre comercio establecido conforme a la Organización Mundial de Comercio, negándose a las sugerencias del Tercer Mundo de que algunos países no se beneficiarían y en cambio podrían verse perjudicados.

No obstante, quedó suficiente material en los documentos oficiales como para justificar la utilidad de la Cumbre Social. La Declaración de Copenhague llama a promover mercados libres, mientras que reconoce "la necesidad de intervenir en los mercados hasta el punto que sea necesario, para evitar o contrarrestar las fallas del mercado, promover la estabilidad y la inversión a largo plazo, asegurar la competencia justa y la conducta ética, armonizar la economía y el desarrollo social", incluidos los programas que facultan a las personas pobres y carenciadas para "participar plena y productivamente en la economía y la sociedad".

Esta declaración, que podría haber parecido suave e insignificante hace unos años, podría resultar muy significativa en el actual mundo orientado al mercado, al reafirmar que el mercado no debe dejarse librado a sí mismo, y que los gobiernos pueden intervenir y es legítimo que lo hagan por el bien social.

Compromisos del Estado con los pobres

Entre los diez compromisos de la declaración hay diversas afirmaciones sobre los derechos de los pobres y de los ciudadanos. El compromiso número dos habla del objetivo de "erradicar la pobreza en el mundo mediante una acción nacional enérgica y la cooperación internacional".

El compromiso número tres promueve el pleno empleo como "prioridad básica" permitiendo que cada uno tenga "medios de vida seguros y sostenibles". Este compromiso es significativo porque el "pleno empleo" como prioridad de los programas económicos keynesianos de la posguerra, ha sido sustituido durante los últimos años en algunos países del Norte -es el caso de Estados Unidos y el Reino Unido- por el objetivo de reducir la inflación y equilibrar el presupuesto.

En el Sur, los programas de ajuste estructural que llevan a la recesión y los recortes del gasto público también aumentaron los niveles de desempleo.

A nivel internacional, las cláusulas más importantes se relacionan con la deuda, el ajuste estructural y los vínculos entre la ONU y las instituciones de Bretton Woods.

El compromiso número ocho sobre los programas de ajuste estructural se queda corto en la crítica de los actuales programas y en cuanto a rediseñar el concepto y los elementos esenciales de los programas. Sin embargo compromete a asignar prioridad a los objetivos sociales. Afirma que los programas de ajuste estructural deberían contener "objetivos de desarrollo social, en particular de erradicación de la pobreza, la generación de empleo y productivo y la promoción de la integración social".

Logros modestos

En general, entonces, la Cumbre tuvo un éxito modesto y limitado en resaltar algunos de los principales males sociales del mundo, y en lograr que los líderes políticos se comprometan a abordar los síntomas, incluyendo algunas insinuaciones de observar las raíces estructurales de los problemas.

Pero de ninguna manera ha galvanizado de manera suficiente la voluntad política para considerar los excesos de las tendencias liberalizadoras e internacionalizadoras, ni iniciará por sí misma una erradicación seria de la pobreza y el desempleo.

El logro principal de la Cumbre puede llegar a ser la conjunción de muchos miles de organizaciones cívicas, de desarrollo y grupos sociales, que realizaron el Foro de ONGs en Copenhague: un acontecimiento más significativo y tal vez más importante que la Conferencia Oficial.

Más de 700 organizaciones civiles, a través de un largo proceso de debate y reuniones, elaboraron finalmente la Declaración Alternativa de Copenhague que critica a los líderes políticos por no haber hecho suficiente.

Si persiste la energía de las ONGs, ésta puede ser la esperanza de que los gobiernos se sientan acicateados para cumplir los compromisos asumidos en Copenhague, o llegar todavía más lejos, en los próximos años.

(*) Martin Khor es director de la Red del Tercer Mundo