Nº 209 - octubre 2006

ONGs se retiran de reunión con jefes del FMI-Banco Mundial

La deportación de varios representantes de la sociedad civil y la detención e interrogatorio de varios otros en el aeropuerto de Singapur durante las reuniones anuales del Banco Mundial y el FMI provocó la retirada de las ONG de una reunión que mantuvieron el viernes 15 de setiembre con las máximas autoridades de ambos organismos multilaterales.

Las organizaciones de la sociedad civil se retiraron de una reunión abierta mantenida en Singapur con el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, y el director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo De Rato, luego de que los dirigentes de las Instituciones Bretton Woods no lograran proporcionar una respuesta satisfactoria a las inquietudes planteadas en torno al tema del acceso de la sociedad civil a las reuniones anuales de ambos organismos multilaterales.
Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil organizaron una protesta “silenciosa” en el espacio destinado a este fin en el Centro de Convenciones Suntec donde se están celebrando las Reuniones Anuales.
Las protestas y la retirada del viernes 15 de setiembre tuvieron lugar luego de la deportación de varios representantes de la sociedad civil por parte de las autoridades singapurenses y de la detención e interrogatorio de varios otros por lapsos de hasta seis horas, por parte de funcionarios de inmigración en el aeropuerto Changi de Singapur en el transcurso de los últimos tres días.
Estas acciones de las autoridades singapurenses se suman a la proscripción de unos veintisiete integrantes de veinte organizaciones no gubernamentales (ONG) en la ciudad-estado durante el período de las reuniones anuales que tienen lugar aquí. Entre los individuos proscriptos se incluyen algunos que fueron acreditados por el Banco Mundial y el FMI para asistir a las reuniones y al foro oficial de la sociedad civil celebrado dentro del centro de conferencias.
Entre los que fueron detenidos e interrogados también se incluye cierta cantidad de individuos que fueron debidamente acreditados. A un periodista italiano acreditado también se lo proscribió en el país y a una representante de una ONG singapurense se le revocó su acreditación.
Los grupos de la sociedad civil se mostraron desconformes con la fría respuesta del Banco Mundial y el FMI frente al tema del acceso denegado y el tratamiento propinado a los representantes de la sociedad civil por parte de los funcionarios de inmigración singapurenses. Tanto Wolfowitz como De Rato reconocieron que estos actos de Singapur constituyen una clara violación del Memorando de Entendimiento firmado entre las dos instituciones y Singapur como anfitrión de las Reuniones Anuales de 2006, denominadas aquí como “Singapur 2006”.
Sin embargo, los grupos de la sociedad civil sienten frustración ante el hecho de que a pesar de las declaraciones realizadas por los directores de las Instituciones Bretton Woods con respecto a que Singapur estaría violando el acuerdo de país anfitrión, el Banco Mundial y el FMI no se han comprometido a ejercer mayores acciones más allá de las denuncias verbales sobre el accionar de Singapur.
Los representantes de la sociedad civil asistieron a los foros de la sociedad civil tradicionalmente llevados a cabo la semana anterior a las reuniones del Banco Mundial y el FMI.
La reunión abierta, un evento sistemático en las reuniones de los dos organismos multilaterales en el que el presidente del Banco Mundial y el director gerente del FMI se encuentran y dialogan con la sociedad civil, el 15 de setiembre en el centro de convenciones y también contó con la presencia de otros delegados y la prensa.
Durante la apertura de la reunión presidida por John O'Callaghan, del Consejo Australiano para el Desarrollo Internacional (ACFID), éste observó que las preocupaciones más apremiantes de la sociedad civil se centraban actualmente en el tema del acceso y solicitó que el mismo fuera considerado en primera instancia.
Luego de las presentaciones iniciales por parte de Wolfowitz y De Rato, quienes también aludieron a la denegación de acceso como una sombra que se cierne sobre las Reuniones Anuales, Roberto Bissio, director de Social Watch tomó la palabra y denunció la lista negra de organizaciones de la sociedad civil, individuos y periodistas confeccionada por Singapur, las deportaciones y dilatadas detenciones arbitrarias por parte de las autoridades de inmigración así como la revocación de acreditaciones.
Bissio, quien llegó a Singapur junto con la representante de una ONG a quien se entregó una orden de deportación y otra a quien se la interrogó durante más de una hora en el aeropuerto, destacó la difícil situación atravesada por estas personas que se vieron sometidas a semejante tratamiento por parte de las autoridades. Hablando en nombre de varias ONG presentes en la sala, exigió que el Banco Mundial y el FMI se comprometieran a algo más que una mera expresión de “pesar” con respecto a las acciones del país anfitrión para resolver el tema del acceso y tratamiento propinado a los representantes de la sociedad civil.
En respuesta a esto, Wolfowitz calificó a dichas restricciones de “autoritarias” e “inaceptables”. Agregó que las acciones constituían una violación del acuerdo de país anfitrión y que él mismo y De Rato habían planteado el tema ante el primer ministro y presidente de Singapur y habían solicitado su cooperación con las instituciones para resolver esta cuestión. Wolfowitz dijo: “Hemos manifestado que esto va más allá de una cuestión de legislación local. Se ha hecho un daño tremendo a Singapur y este ha sido autoinfligido. Constituye una violación de nuestro memorando de entendimiento y decimos esto muy enfáticamente”. Expresó encontrarse muy desilusionado de que Singapur no hubiera adoptado un “enfoque más visionario” frente a la participación de la sociedad civil en las reuniones.
De Rato también consideró a estos acontecimientos como “un tema muy serio” y dijo que al tiempo que agradecía al pueblo singapurense por su hospitalidad, la denegación del acceso a organizaciones y grupos de la sociedad civil acreditados tendían un manto sobre el proceso de las Reuniones Anuales. Expresó que el FMI consideraba a la participación de las organizaciones de la sociedad civil como un factor importante e integral al trabajo de la institución y que “a las personas que acreditamos, las consideramos como si trabajaran con nosotros”. De Rato agregó que no tenía ninguna duda de que los representantes acreditados respetarían las disposiciones legales de Singapur y por lo tanto, las autoridades estaban cometiendo un error al negarles el acceso a las reuniones.
Sin embargo, cuando Bissio los presionó acerca de qué otras medidas tomarían el Banco Mundial y el FMI para asegurar se respetase el acuerdo del país anfitrión y la integridad de las Reuniones Anuales de 2006 en general, tanto Wolfowitz como De Rato no se explayaron más allá de sus expresiones anteriores de pesar y de sus ofrecimientos para intervenir en casos individuales de representantes acreditados que hubieran sido detenidos o proscriptos.
Bissio entonces afirmó que esto iba mucho más allá de casos individuales e insistió en que las obligaciones asumidas de acuerdo con los acuerdos de país anfitrión debían ser respetadas dado que estos acuerdos constituyen el pilar de las reuniones intergubernamentales e internacionales y que estas reuniones no podrían funcionar sin tales garantías fundamentales para el acceso de todos los delegados. Luego citó como precedente a ocasiones en las que reuniones intergubernamentales fueron suspendidas o transferidas a otros escenarios por causa de violaciones de los deberes del país anfitrión y preguntó si el Banco Mundial y el FMI considerarían un accionar similar con respecto a las Reuniones Anuales de 2006.
Wolfowitz y De Rato, al tiempo que reconocieron que constituía “un buen argumento”, dijeron que esta posibilidad no tenía andamiento en esta instancia y que las reuniones continuarían según lo planificado a pesar de estas proscripciones, deportaciones y detenciones.
A esta altura, los representantes de ONG se levantaron y se retiraron uno por uno de la reunión en signo de protesta.
Los grupos de la sociedad civil habían denunciado la denegación de acceso a individuos acreditados a la Reunión Anual y han sostenido reiteradamente que el Banco Mundial y el FMI comparten la misma responsabilidad por las acciones del gobierno de Singapur dado que las instituciones acordaron celebrar las reuniones en esta ciudad-estado que es reconocida por sus severas restricciones a la libertad de expresión y a las protestas públicas, a pesar de las inquietudes planteadas por la sociedad civil en torno a este tema. Una gran cantidad de ONG también lanzaron un boicot contra los eventos oficiales de la sociedad civil dentro del marco de las reuniones como protesta a estas restricciones y en solidaridad con los colegas proscriptos y deportados.
Al momento de dirigirse a la prensa, el Comité Organizador de “Singapur 2006” publicó una declaración estableciendo que con posterioridad a la revisión de la lista de 27 individuos proscriptos, decidieron “permitir el ingreso de 22 de los 27 representantes de organizaciones de la sociedad civil” pero esto llegó demasiado tarde para aquellos que ya fueron deportados o que no viajaron hasta aquí debido a la existencia de la lista negra. Esta revisión tampoco garantiza el acceso de algunos representantes que pueden no hallarse formalmente acreditados por las instituciones por diferentes motivos, incluyendo aquellos que podrían haber presentado sus solicitudes de acreditación demasiado tarde o aquellos que vienen a participar en eventos no acreditados que se encuentran organizados fuera del centro de conferencias.
Al revertir algunas de las proscripciones sobre organizaciones de la sociedad civil, y al permitir el ingreso de 22 de los 27 representantes a los que se había negado previamente el acceso, el Comité Organizador del país anfitrión manifestó que el Banco Mundial y el FMI fueron informados de que “si los cinco representantes de organizaciones de la sociedad civil restantes intentaban ingresar a Singapur, serían sometidos a un interrogatorio y se les podría negar el acceso”. Se desconoce cuáles son los cinco individuos que permanecen en esta “lista negra” ya que no se revelaron nombres.
Entretanto, una representante de Action Aid Brasil, Maria Clara Couto Soares, quien había llegado a Singapur en un vuelo con conexión desde París, recibió una orden de deportación luego de haber sido interrogada durante varias horas y detenida en una sala de detención en el aeropuerto. Soares, quien no se encontraba formalmente acreditada pero que ha estado trabajado para Action Aid durante tres años, recibió esta orden a pesar de la mediación por parte de la embajada brasileña en Singapur, de acuerdo con fuentes de ONG. Otros tres representantes de Action Aid, todos acreditados, también fueron sometidos a detenciones e interrogatorios por períodos que comprendieron desde dos hasta seis horas en el aeropuerto.
Iara Pietricovsky de INESC Brasil, a pesar de encontrarse acreditada para las Reuniones Anuales, también fue detenida e interrogada por las autoridades durante más de una hora en el aeropuerto. Y otro representante de Social Watch, el académico filipino Filomeno Santa Ana, también fue detenido e interrogado durante seis horas en el aeropuerto. Irónicamente, Santa Ana estuvo anteriormente en Singapur este año para participar en el proceso de organización oficial, organizado por el Banco Mundial, el FMI y el gobierno singapurense, con miras a la participación de la sociedad civil en estas mismas reuniones.