Nº 208 - setiembre 2006

TLC Uruguay-Estados Unidos

Hora de hacer las cuentas

por Roberto Bissio

Uruguay podría cometer errores irreparables si firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos sin tener en cuenta la apertura de servicios del Estado a la competencia y la imposición de normas de propiedad intelectual. Con medicamentos más caros y mayores costos de funcionamiento, el Plan Nacional de Salud del país se vería postergado y la atención médica encarecida.

El sitio web de la señora Susan Schwab, representante comercial del presidente George W. Bush, registra varios tratados de libre comercio (TLC) en vías de negociación y aprobación (con Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Corea, Lesotho, Malasia, Panamá, Tailandia y los países del África austral –Botswana, Namibia, Sudáfrica, Lesotho y Swazilandia).
Uruguay no está entre ellos. Y por dos buenas razones. La primera es que el gobierno uruguayo aún no ha decidido si quiere un TLC u otro tipo de acuerdo menos estricto (que Estados Unidos no quiere). La segunda es que el plazo otorgado por el Congreso estadounidense al presidente para presentar este tipo de tratados vence a mediados del año que viene, lo que quiere decir que hay pocos meses para negociar un acuerdo que normalmente lleva varios años.
Antes de decidirnos a negociar un acuerdo contra reloj, con el riesgo consiguiente de cometer errores que podrán ser irreparables, los uruguayos debemos sacar bien las cuentas y balancear la zanahoria contra el garrote, potenciales ganancias y pérdidas del TLC. De un lado la esperanza de mayor acceso al mayor mercado del planeta, del otro no sólo la apertura a productos estadounidenses sino también la imposición de normas mucho más estrictas de propiedad intelectual (no sólo va a desaparecer Cinemateca Uruguaya, sino también toda la industria farmacéutica nacional), la obligación de no discriminar a productos y empresas de ese país en las compras del Estados (incluyendo entes y municipios, con lo que se amputa un brazo esencial para cualquier intento de promover al “país productivo” desde el gobierno) y la apertura de los servicios a la competencia (incluyendo finanzas, telecomunicaciones y agua, lo que a su vez podría requerir una reforma constitucional).

Riesgos para la agricultura

Si la lista de concesiones a hacer es abrumadora, las expectativas de qué puede ganarse en el área agrícola no son para hacer saltar de alegría. Para empezar, la señora Schwab está impedida por ley (la llamada Bipartisan Trade Promotion Authority Act de 2002) de firmar un TLC que contenga reducciones tarifarias a productos agrícolas más allá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Y, como se sabe, la Ronda de Doha de la OMC acaba de fracasar por la negativa estadounidense a hacer concesiones en el área agrícola.
Si no vamos a obtener reducciones tarifarias ni, menos aún, cortes en los subsidios estadounidenses a su agricultura, toda la esperanza está cifrada en la ampliación de las cuotas. No va a ser fácil.
Australia, país desarrollado con mucho mayor poder de negociación que Uruguay, firmó en 2005 un TLC con Estados Unidos. A pesar de que su gobierno reiteradamente anunció que “sin azúcar no hay acuerdo”, la cuota azucarera australiana de 87.402 toneladas por año no se movió un pelo.
Al igual que Uruguay, Australia tiene en la carne su principal producto de exportación a Estados Unidos. Allí sí el gobierno australiano logró negociar un aumento de 18,5 por ciento en sus cuotas. Pero sólo en el área de carne manufacturada (picada para hamburguesas o comida de mascotas) y diferido de cómodas cuotas a lo largo de 18 años. Según análisis de economistas australianos, el beneficio del TLC para los ganaderos será media vaca exportada más por estancia y por año. Y Estados Unidos se reserva el derecho de aplicar salvaguardias y subir de nuevo las tarifas si, por algún motivo, los precios de la carne australiana bajan sorpresivamente.
En contrapartida, Estados Unidos, el principal exportador agrícola del mundo, quiere unos TLC que, según el testimonio de la vice-representante comercial, Karan Bathia, ante la comisión de relaciones internacionales de la cámara baja en Washington, “creen oportunidades para los granjeros estadounidenses, los trabajadores y los empresarios”. En ese orden. La “granja” (léase agroindustria) primero.
Así, por ejemplo, el TLC de Estados Unidos con México dispuso la liberalización total de los productos agrícolas para 2008 (con 15 años de ajuste para el maíz y los frijoles). Las importaciones realizadas por México de maíz, que es su principal producto agrícola, se triplicaron y el precio interno cayó. Las importaciones de soja, trigo, pollo y carne vacuna crecieron 500 por ciento desplazando la producción mexicana. Crecieron, sí, las exportaciones mexicanas de frutas y vegetales, pero no lo suficiente como para compensar y México perdió 1.700.000 puestos de trabajo rurales desde la entrada en vigor de su TLC.
Capaz que, contra lo que se dice, no es ideología y manifiestos lo que los ministros ponen arriba de la mesa al discutir TLC, sino calculadoras...

Advertencia: el TLC es peligroso para la salud

Médecins Sans Frontières (Médicos sin Fronteras), la ONG ganadora del Premio Nobel de la Paz en 1999, ha lanzado en Ginebra una advertencia inusual: los tratados bilaterales de libre comercio (TLC) que promueve Estados Unidos contienen disposiciones que atentan contra la salud de los países pobres. Tratándose de una organización notoriamente reacia a pronunciarse políticamente y que por estatutos no establece alianzas con gobiernos, empresas u otras ONG, el alerta de los médicos voluntarios merece ser tomado en cuenta.
Tras analizar la letra y la aplicación de los TLC firmados con Estados Unidos por Australia, Chile, Canadá, México, Singapur y Marruecos, los médicos concluyen que “el diablo está en los detalles” y explican que “la letra chica de estos acuerdos incluye provisiones que van mucho mas allá de las medidas sobre propiedad intelectual acordadas en el marco de la OMC, al anteponer el interés comercial por encima de la salud pública”.
Si bien muchos gobiernos han exceptuado los servicios de salud de aquellos que el TLC abriría a la libre competencia con inversores extranjeros, los TLC tienen enorme impacto sobre los medicamentos.
Los TLC prorrogan muchos años (y tal vez indefinidamente) el monopolio de las grandes firmas farmacéuticas sobre los medicamentos que producen, aun cuando no tengan patentes registradas en el país con el que se firma el TLC. Las patentes que caducaron se pueden renovar “descubriendo” nuevos usos para el mismo remedio o mantener de hecho al obligar a quien quiera registrar el mismo producto con otra marca a volver a demostrar su utilidad, porque ya no la fórmula sino también la demostración científica por la que se concedió la autorización inicial pasa a ser “propiedad intelectual protegida”. No sólo la fabricación de genéricos en Uruguay quedaría prácticamente prohibida si se firma un TLC con estas cláusulas, sino que tampoco se podrá importar medicamentos más baratos de terceros países.
Bajo los términos de los TLC recientemente firmados por Estados Unidos, el Estado queda, además, imposibilitado de fijar precios máximos para los medicamentos y hasta de autorizar la producción o importación por terceros de medicinas que por alguna razón comercial el dueño de la patente no quisiera vender en el país.
Cuánto costaría elevar de esa manera los niveles uruguayos de protección de la propiedad intelectual es difícil de estimar, pero tómese como botón de muestra el dato de los costos de tratamiento con AZT a los pacientes seropositivos: ¡la introducción de los genéricos en Brasil hizo bajar el precio de la dosis de mil dólares a cien! Fue, precisamente, la imposibilidad de tratar la pandemia del VIH-sida con carísimos medicamentos monopolizados lo que llevó a la OMC, ante la presión conjunta de ONG y países pobres, a establecer excepciones para permitir la producción o importación de medicamentos genéricos por los países pobres.
El senador Edward Kennedy introdujo en 2002 una enmienda que requiere a los negociadores norteamericanos “respetar” la Declaración de Doha que antepone el derecho a la salud a la propiedad intelectual, pero en la vida real de los TLC esa cláusula se ignora. La ley de “promoción comercial” de 2002 (también llamada fast track) que fija plazos y límites a los negociadores comerciales norteamericanos exige que si un TLC contiene normas de propiedad intelectual (y hasta ahora todos las tienen), éstas no pueden admitir menos protección a las patentes que la que los laboratorios tienen en Estados Unidos o sea la más alta del mundo. En ese año de 2002 los laboratorios transnacionales empleaban en Washington a 675 lobbystas (profesionales de la presión política), casi siete por cada senador. Ochenta por ciento de las contribuciones electorales de los 25 mayores laboratorios fueron para el Partido Republicano y el gasto total en influencias políticas de la industria farmacéutica entre 1997 y 2002 se estima en 650 millones de dólares.
Con medicamentos más caros y mayores costos de funcionamiento, el Plan Nacional de Salud en Uruguay se vería postergado y la atención médica encarecida. Las mutualistas, los laboratorios nacionales, las autoridades de salud pública, el Sindicado Médico y la Federación Uruguaya de la Salud no pueden estar ausentes de las consultas sobre el TLC.

-------------- Roberto Bissio es director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM).