Nº 208 - setiembre 2006

UNCTAD: países del Sur necesitan mayor “espacio de política”

por Kanaga Raja

Las normas del comercio internacional y los condicionamientos que las acompañan en la ayuda y los préstamos dirigidos a los países en desarrollo no deberían llegar al punto de poner restricciones a los gobiernos de esos países que les impida hacer lo que es mejor para sus economías, según el informe de este año de la UNCTAD.

Con el argumento de que es necesario un mayor “espacio de política” para los países del Sur, en el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2006, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) recomienda que los gobiernos de esos países muestren voluntad y creatividad en la formulación de las políticas macroeconómicas.
En el informe se dice que para trabajar para el desarrollo es necesario que la creciente interdependencia económica mundial esté complementada con un sistema bien estructurado de gobernanza económica mundial.
Las políticas económicas nacionales centradas en sí mismas –incluso las políticas comerciales mercantilistas o las políticas macroeconómicas de “empobrecer al vecino” y las referentes al tipo cambiario- a través de las cuales los países influyentes pueden lesionar los resultados económicos de los demás, deben ser controladas por normas y disciplinas multilaterales, dice el informe de la UNCTAD. Pero esas restricciones a la autonomía política nacional no deberían exigir que las autoridades de los países en desarrollo renuncien a políticas que apoyan el desarrollo económico.
En el informe se argumenta que no hay un equilibrio uniforme cuantificable entre las disciplinas multilaterales y la autonomía política nacional que pudiera servir a todos los países o aplicarse en todas las esferas de la actividad económica. El grado de autonomía política nacional necesaria para promover el desarrollo económico nacional difiere de un país a otro.
En el Consenso de Sao Paulo, logrado en la UNCTAD XI en 2004, la comunidad internacional reconoció “la necesidad de un equilibrio adecuado entre el espacio de las políticas nacionales y las disciplinas y compromisos internacionales”.
Para encaminarse en esa dirección, se dice en el informe, el régimen multilateral de comercio debe tomar mejor cuenta de las asimetrías existentes entre sus miembros, y deben crearse acuerdos multilaterales efectivos para la gestión de los tipos cambiarios.
En el informe se recomienda que los países en desarrollo procuren aplicar políticas industriales activas. También se sugiere mantener las estructuras arancelarias a un nivel relativamente más alto y modular los aranceles aplicados en determinados sectores industriales en torno a un nivel promedio relativamente inferior.
Si bien el programa de trabajo de Doha en sí mismo no ha ofrecido vinculaciones a cada línea arancelaria de los países en desarrollo, las propuestas en consideración después de la Conferencia Ministerial de Hong Kong de diciembre de 2005 conciben que los países en desarrollo reduzcan sus aranceles y los vinculen sobre cada línea arancelaria.
En el informe anual de la UNCTAD, que este año aborda el tema “Asociación mundial y políticas nacionales para el desarrollo”, se argumenta que la globalización agudiza el impacto de las influencias externas sobre los objetivos de las políticas nacionales.
No obstante, se señala en el informe, los tratados bilaterales y regionales de comercio a menudo implican limitaciones aún más severas, y hay numerosos canales no comerciales que constriñen el espacio de política. Un ejemplo notorio son las condiciones impuestas que acompañan los créditos extendidos por las instituciones financieras internacionales. La proliferación de esos condicionamientos en los últimos 20 años ha dado lugar a crecientes críticas, especialmente en la medida que se han extendido a sectores estructurales e incluso no económicos sin tener suficientemente en cuenta, en su formulación, los factores específicos del país.
En el informe se señala que aparte de esas limitaciones de jure de la autonomía política nacional, que son el resultado de compromisos con las obligaciones y la aceptación de normas establecidas por sistemas e instituciones de gobernanza económica internacional, también hay una serie de limitaciones importantes que resultan en los hechos de las decisiones políticas relativas a la forma y el grado de integración de un país a la economía internacional.
De ello, lo más visible es la pérdida de la capacidad de utilizar los tipos de cambio como un instrumento efectivo para el ajuste externo, o el tipo de interés como un instrumento para influenciar la demanda interna y las condiciones del crédito.
La desregulación de los mercados financieros internos, la eliminación de los controles al crédito, la desregulación de los tipos de interés y la privatización de los bancos fueron elementos clave en el programa de reforma de las décadas del 80 y 90.
Paradójicamente, según se dice en el informe, si bien el programa convencional hizo todos los intentos por “lograr que los precios de los mercados financieros fueran correctos”, no se ofrecieron nociones acerca de cómo deberían manejarse los precios más importantes, los tipos de cambio y, estrechamente vinculados a ellos, los tipos de interés. Las dos opciones para la política nacional sobre el tipo de cambio que finalmente surgieron fueron o bien dejar flotar libremente la moneda o bien adoptar un tipo cambiario completamente fijo, opciones que pasaron a conocerse como “soluciones de apuro”.
Las “soluciones de apuro” se basan en la noción de que, en el caso de la libre flotación, los mercados financieros internacionales ajustan armónicamente los tipos de cambio a su nivel de “equilibrio”, mientras que en el caso del tipo de cambio fijo, los mercados financieros, de productos y laborales siempre se ajustarían armónica y rápidamente a un nuevo equilibrio, con un tipo de cambio predeterminado.
Pero, en realidad, los tipos de cambio dentro de un régimen de flotación han demostrado ser muy inestables, provocando largos periodos de alineamiento desigual, con nefastas consecuencias para la actividad económica real de las economías en cuestión.
Dada esta experiencia de tipos de cambio a la vez rígidos y de libre flotación, los regímenes “intermedios” se han convertido en la opción preferida de la mayoría de los países en desarrollo con mercados de capital abiertos. Ofrecen mayor margen de maniobra cuando hay inestabilidad en los mercados financieros internacionales y permiten el ajuste del tipo de cambio real a un nivel más acorde con la estrategia de desarrollo de un país.
Combinar una cuenta de capital completamente abierta con la autonomía total de la política monetaria y la estabilidad absoluta del tipo de cambio es imposible, dice la UNCTAD. En el informe se sugiere que embarcarse en un régimen cambiario de flotación controlada, combinado con controles de capital selectivos (es decir, exigir cierta autonomía de la política monetaria), parece ser la segunda mejor solución.
En el informe se señala que para las economías abiertas pequeñas, y para los países en desarrollo en particular, el tipo de cambio debe ser lo suficientemente flexible como para impedir alineamientos desiguales persistentes, pero también lo suficientemente estable como para evitar la volatilidad excesiva y desalentar la especulación financiera. A falta de acuerdos multilaterales efectivos para el manejo del tipo de cambio, la política macroeconómica de varios países en desarrollo ha apuntado cada vez más a evitar la sobrevaloración de la moneda.
Esto no ha sido solo un medio para mantener o mejorar la competitividad internacional, también ha sido una condición necesaria para mantener bajas las tasas de cambio nacionales y ha servido de seguro contra el riesgo de futuras crisis financieras. Además, la independencia de los mercados de capital internacionales permite a los bancos centrales utilizar sus instrumentos para aplicar activamente objetivos de desarrollo.
Hay ejemplos promisorios que han demostrado que es posible evitar una aceleración de la inflación con medidas no monetarias, tales como la política de ingresos, la creación de instituciones de apoyo a la formación de un consenso nacional sobre reivindicaciones salariales razonables, o una intervención estatal directa en el proceso de formación de los precios y, especialmente, de los salarios. China, al igual que Argentina, con su experimentación de nuevos instrumentos de estabilización de precios se ha ganado recientemente un considerable espacio de política.
En el informe también se insta a los países en desarrollo a adoptar políticas industriales activas para acelerar el crecimiento económico y el cambio estructural que en el largo plazo generen puestos de trabajo y aumenten los niveles de vida.
Según el informe, esto es un cambio con respecto a las décadas del 80 y 90, cuando las instituciones de Bretton Woods aconsejaron a los países en desarrollo que se mantuvieran prescindentes y dejaran que las fuerzas del mercado fijasen "precios correctos".
El mejoramiento del entorno económico mundial para muchos países en desarrollo –incluida la reactivación que se está dando en algunos países como resultado de la gran demanda de petróleo y otras materias primas, así como el aumento de la capacidad manufacturera de otros, como China- debe convertirse en un proceso dinámico de crecimiento económico y cambio estructural que cree empleo y aumente el nivel de vida a largo plazo.
Para lograrlo, en el informe se dice que los países en desarrollo deberían dedicarse activamente a promover y fortalecer la empresa nacional. Esos países no deberían verse demasiado limitados por las normas comerciales internacionales o las condiciones impuestas por las entidades crediticias internacionales y no poder hacer lo que más convendría a sus economías.
En el informe se insta a los gobiernos a adoptar políticas macroeconómicas e industriales activas para acelerar la inversión privada y el mejoramiento tecnológico y estimular a las fuerzas creativas de los mercados: son las decisiones empresariales innovadoras y que conllevan riesgos las que generan nuevas líneas de producción y crean nuevas empresas y puestos de trabajo. De ser necesario, los gobiernos también deberían proteger las empresas nacientes, incluso aplicando con prudencia subvenciones y aranceles, hasta que los productores nacionales adquirieran competitividad en el ámbito internacional en la venta de productos cada vez más sofisticados.
En el informe se señala que las profundas reformas realizadas por la mayoría de los países en desarrollo en la década del 80 y 90, a menudo a instancias de las instituciones financieras y entidades crediticias internacionales, no dieron los resultados prometidos. Las reformas hacían hincapié en una mayor estabilidad macroeconómica, una mayor confianza en las fuerzas del mercado y una rápida apertura a la competencia internacional. Sin embargo, en muchos casos la inversión privada no aumentó en la medida prevista, muchas economías se estancaron o incluso se retrajeron, y muchos países en desarrollo que ya tenían elevados niveles de pobreza comprobaron que esos pasos hacia una economía liberalizada aumentaban la desigualdad en lugar de reducirla.
El programa de reforma se centraba casi exclusivamente en las fuerzas del mercado para una asignación más eficiente de los recursos a través de mejoras en la estructura de los incentivos y la reducción discrecional de la intervención del Estado. El mejoramiento de la eficiencia en la asignación de recursos se procuró a través de la liberalización y la desregulación a nivel nacional, y a través de la apertura a la competencia a escala mundial. Con los años, el programa de reforma se ha ampliado hasta incluir elementos adicionales tales como la liberalización de la cuenta de capital y el mejoramiento de la gobernanza nacional, por un lado, y un mayor énfasis en la reducción de la pobreza y los aspectos sociales del desarrollo, por el otro.
El programa de la reforma ortodoxa se basó en la creencia de que la acumulación de capital, una condición previa tanto para el crecimiento del producto como para la introducción de cambios en las estructuras económicas, incluida la diversificación, la industrialización y el mejoramiento tecnológico, seguiría automáticamente a una mejor asignación de los recursos existentes. En el informe se dice que esta expectativa rara vez se cumplió. En realidad, las reformas ortodoxas estuvieron frecuentemente acompañadas de bajas tasas de inversión y desindustrialización, a menudo con consecuencias sociales negativas.
Además, si bien la liberalización y la desregulación pudieron haber generado ventajas en cuanto a la eficiencia, esas ventajas no se tradujeron automáticamente en un crecimiento más rápido del ingreso. Por el contrario, a menudo provocaron una creciente desigualdad. Las políticas promovidas con miras a lograr precios relativamente “correctos” fracasaron a nivel micro, porque en demasiados casos lograron precios “incorrectos” a nivel macro.
En el informe se dice que la reciente reactivación de muchos países en desarrollo -alimentada en parte por la demanda de Estados Unidos y China- sólo generará un crecimiento sostenido cuando los gobiernos apoyen decididamente el proceso de acumulación de capital y cambio estructural. Se aduce que el cambio estructural no puede dejarse en manos de los mercados únicamente y se critica el enfoque ortodoxo de las "políticas macroeconómicas adecuadas" según el cual se considera que la estabilidad de los precios es la condición más importante de un crecimiento económico sostenido.
En el informe se sostiene que la política monetaria podría desempeñar un papel más eficaz en apoyo del crecimiento centrándose en la fijación de un tipo de interés real bajo, que incitaría a invertir, y un tipo de cambio competitivo y estable, que promovería la producción nacional en los mercados mundiales. Para permitir que la política monetaria desempeñe ese papel, las economías de mercado emergentes deberían reducir su dependencia respecto a las corrientes de capital extranjero, como ya lo han hecho muchas de ellas, y establecer nuevos instrumentos no monetarios para estabilizar los precios, como la política de ingresos o la intervención directa en la formación de los precios y, especialmente, de los salarios.
También se destaca que toda prescripción para el desarrollo económico debe respetar la situación específica de cada país. No existe una fórmula uniforme.
Sin embargo, en el informe se identifican algunos factores comunes que deberían aplicarse: unas políticas que favorezcan la inversión innovadora; la adaptación de las tecnologías importadas a las condiciones locales; el fortalecimiento de la política industrial; y la "integración comercial estratégica", es decir, la introducción cautelosa y controlada de las empresas nacionales en los mercados internacionales.
En el informe se hace hincapié en que el gobierno debería prestar apoyo al sector privado únicamente sobre la base de objetivos operacionales claramente establecidos que pudieran seguirse de cerca, y únicamente durante períodos especificados.
Unas subvenciones transitorias y cuidadosamente concebidas pueden fomentar inversiones innovadoras, y una protección temporal respecto de las importaciones puede permitir que se desarrollen procesos de aprendizaje entre las empresas nacionales, según se dice en el informe. Se añade que los aranceles aduaneros aplicados a los productos industriales siguen siendo un instrumento importante porque son fuente de ingresos fiscales difíciles de sustituir en muchos de los países más pobres del mundo, y porque los acuerdos internacionales han reducido el grado de libertad para utilizar otros instrumentos de política en apoyo de la diversificación y el mejoramiento tecnológico.
En el informe se recomienda mantener los aranceles aprobados en el ámbito internacional a un nivel relativamente más alto y modular los aranceles aplicados en determinados sectores industriales en torno a un nivel medio relativamente inferior. Ese criterio sólo es posible si las reducciones de los aranceles industriales que podrían resultar de las negociaciones comerciales multilaterales en curso se aplican solo a los aranceles medios y no a cada línea arancelaria, se afirma en el informe.
Ese enfoque flexible de los aranceles podría apoyarse fijando límites globales a las subvenciones, dentro de los cuales los miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC) están autorizados a conceder de manera flexible subvenciones a las empresas y los sectores económicos. Un sistema de ese tipo podría ser similar a las disposiciones de la Medida Global de la Ayuda (MGA) para la agricultura, en virtud de las cuales los miembros de la OMC han fijado objetivos para las reducciones de porcentajes dejando al mismo tiempo una considerable flexibilidad a los gobiernos de los países miembros en la asignación de las reducciones entre los distintos productos agrícolas.
Varios países en desarrollo han mantenido un régimen arancelario que les permite modular aranceles aplicados a bienes manufacturados. Sin embargo, las negociaciones multilaterales en curso en torno al acceso al mercado para los productos no agrícolas están destinadas a reducir esta flexibilidad en la fijación y contingencia de los aranceles que se ha permitido a los países en desarrollo mantener hasta ahora.
En suma, se dice en el informe, la política arancelaria de un país en desarrollo debe formar parte de una estrategia de industrialización a largo plazo. La liberalización comercial selectiva debería estar acorde con la capacidad de un país para lograr el mejoramiento tecnológico. Además, la protección temporal debería estar combinada con la promoción de las exportaciones, asociada con objetivos cuantitativos que sean fáciles de controlar y permitan a los gobiernos retirar su apoyo a empresas que no logran los objetivos de mejoramiento.
Desde que los Acuerdos de la Ronda Uruguay redujeron los grados de libertad de los países en desarrollo a utilizar otros instrumentos de política destinados a apoyar la diversificación y el mejoramiento tecnológico, la importancia relativa de los aranceles industriales ha aumentado.
También se señala en el informe que un análisis de la evolución de la estructura arancelaria post-Ronda Uruguay entre 1994 y 2005 revela que los productos de interés exportador para los países en desarrollo enfrentan los obstáculos arancelarios más elevados en los mercados de los países desarrollados. Entre 1994 y 2005, los países desarrollados redujeron los aranceles medios ponderados sobre sus importaciones provenientes de otros países desarrollados más que sobre sus importaciones provenientes de países en desarrollo. Esta diferencia en las reducciones arancelarias es especialmente importante para los productos agrícolas y las manufacturas intensivas en mano de obra.
Los productos de especial interés exportador para los países en desarrollo a menudo son objeto de aranceles específicos, crestas arancelarias y progresión arancelaria en los mercados de los países desarrollados. Las crestas arancelarias se aplican principalmente a los productos agrícolas y las manufacturas intensivas en mano de obra. Entre 1994 y 2005, la cantidad de crestas arancelarias internacionales aplicadas por los países desarrollados a las exportaciones de los países en desarrollo aumentaron en más de 13 por ciento, mientras que los niveles máximos correspondientes de los aranceles aumentaron de 800 a 1.235 por ciento.
En el informe se dice que si bien unas mejores condiciones de acceso a los mercados en los países desarrollados han mejorado en cierto grado las oportunidades exportadoras de los países en desarrollo, en el marco del sistema multilateral de comercio esas condiciones continúan siendo desfavorables para los países en desarrollo.
En el informe también se señala que las normas y reglamentaciones del comercio internacional que surgen de las negociaciones multilaterales y de un creciente número de tratados comerciales regionales y bilaterales podrían suprimir la utilización de las mismas medidas políticas que fueron fundamentales para la evolución de las economías hoy maduras y de los últimos países en industrializarse. Si bien esas normas y compromisos se extienden a todos los firmantes de la misma forma en términos de obligaciones legales, son mucho más pesadas para los países en desarrollo en términos económicos.
Esto implica que es esencialmente importante analizar la metáfora del “campo de juego parejo” no en términos de obligaciones legales sino en términos de limitaciones económicas, considerando las distintas características estructurales y grados de desarrollo de los países.
En el informe se dice que la imposición de los requisitos de desempeño a los inversionistas extranjeros es una medida de regulación clave que ha sido limitada por el Acuerdo de la OMC sobre las Medidas de Inversión Relacionadas con el Comercio (TRIMs). Si bien los países desarrollados aplicaron ampliamente esos requisitos en los primeros estadios de su desarrollo industrial, apenas recientemente los países en desarrollo comenzaron a utilizar esas herramientas de política para fomentar su industrialización y mejoramiento tecnológico.
En los esfuerzos por participar en las redes internacionales de producción, por ejemplo, los requisitos de contenido local se han introducido con miras a aumentar la transferencia de tecnología y la utilización de insumos producidos localmente. Los testimonios empíricos indican que esas medidas pueden ayudar a cumplir esos objetivos. Sin embargo, los países desarrollados han llevado una serie de casos ante el mecanismo de solución de diferencias de la OMC en contra de los países en desarrollo, especialmente en el sector automotor, invocando las normas y compromisos del Acuerdo sobre TRIMs.
El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias se aplica a subvenciones específicas, y así afecta a la función selectiva de las políticas. Es asimétrica en la medida que las subvenciones imponen un costo a los presupuestos públicos, que los países desarrollados pueden soportar más fácilmente que los países en desarrollo. Prohíbe que las subvenciones sean condicionales al desempeño en las exportaciones. Sin embargo, éste ha sido un instrumento importante en los mecanismos de control recíprocos aplicados en algunos países del sudeste asiático, que con frecuencia han sido identificados como elementos esenciales para el gran éxito de la política industrial de esa región, en comparación con América Latina.
Muchos observadores consideran que el Acuerdo sobre los Derechos de la Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS) es el más controvertido de los acuerdos de la Ronda Uruguay debido a su potencial para restringir el acceso de los países en desarrollo a la tecnología, el conocimiento y los medicamentos. Las limitaciones introducidas por el Acuerdo sobre TRIPS implican una asimetría que favorece a los titulares de la propiedad intelectual –principalmente en los países desarrollados- a expensas de quienes intentan lograr el acceso a ese contenido intelectual, principalmente en los países en desarrollo. También, las disposiciones relativas a la transferencia de tecnología y la cooperación técnica, que son de importancia principalmente para los países en desarrollo, son de una naturaleza de “máximo esfuerzo” y difíciles de aplicar, y el incumplimiento no es objeto de sanción.
En el informe se señala que los países en desarrollo pueden imponer normas restrictivas a la revelación de patentes y, por consiguiente, otorgar patentes menos amplias, o pueden tener una utilización discrecional flexible de las licencias obligatorias. Sin embargo, en muchos casos los tratados de comercio regionales y bilaterales excluyen parte de la autonomía que los TRIPS dejaron disponible a los países en desarrollo.
Según se revela en el informe, una evaluación del grado en que diversos tratados comerciales internacionales han restringido los márgenes de libertad de los países en desarrollo para aplicar políticas comerciales e industriales proactivas brinda un panorama combinado.
Por un lado, las normas y compromisos de la OMC han hecho mucho más difícil para los países en desarrollo combinar la orientación hacia fuera con el tipo de instrumentos de política que emplearon los países industrializados maduros y tardíos para promover la diversificación económica y el mejoramiento tecnológico. Por otro lado, con las actuales normas del comercio multilateral, los países todavía tienen la posibilidad de aplicar políticas que los ayudarán a generar nueva capacidad productiva y nuevos sectores de ventaja comparativa. Esas políticas tienen que ver en gran medida con la prestación de fondos públicos en apoyo a las actividades de investigación e innovación.
En el informe se aduce que un régimen multilateral de comercio que dé cabida a todos debe tener un grado de flexibilidad suficiente como para reflejar los intereses y necesidades de todos sus miembros. Los procedimientos de negociación de la OMC muchas veces han dado la impresión de no tener transparencia y no brindar participación, de manera que algunos países parecen tener mayor influencia que otros. Las decisiones adoptadas en las reuniones llamadas de “sala verde” o en otros grupos de una cantidad limitada de miembros, a menudo son presentadas a la totalidad de los miembros como un hecho consumado. Esos procedimientos pueden haber sido el resultado de esfuerzos bien intencionados por preservar la practicidad y eficacia en procesos decisorios complejos. Pero han generado preocupación por la influencia y la representación desigual de las prioridades nacionales en procesos cuyos resultados afectan a todos los participantes.
Nuevas discusiones y negociaciones también tendrán que explorar una gama de opciones dirigidas a crear un nuevo marco o nuevas directrices para el trato especial y diferenciado dentro de la OMC. Probablemente haya que empezar por el reconocimiento de que el trato especial y diferenciado para los países en desarrollo significa revertir los desequilibrios estructurales, más que otorgar concesiones. Desde esta perspectiva, y con el espíritu de la asociación mundial para el desarrollo, los países desarrollados tendrían que acordar un nuevo marco o nuevas directrices para el trato especial y diferenciado, sin recibir concesiones a cambio.
El Programa de Trabajo de Doha todavía tiene que cumplir con la promesa de desarrollo de la Declaración de Doha. El resultado final bien puede reducir aún más la flexibilidad para la formulación de políticas por parte de los países en desarrollo, especialmente en el sector de aranceles industriales. Por otro lado, un fracaso de las negociaciones multilaterales en curso podría provocar que se dé mayor importancia a los tratados de comercio regionales o bilaterales como los mecanismos legales que definen las normas y disciplinas en el comercio internacional.
En el informe se subraya que la OMC ofrece normas y compromisos negociados, vinculantes y aplicables. La certeza y previsibilidad resultantes en el comercio internacional son beneficios clave de este régimen. Poner en peligro la norma básica de la no discriminación y complicar la adhesión a las normas del actual régimen multilateral de comercio basadas en el consenso, conlleva el riesgo de provocar una proliferación de acuerdos específicos con disciplinas que bien pueden ir más allá del alcance deseado por los países en desarrollo.
Alarmados por la creciente volatilidad de los mercados de acciones, productos básicos y monetarios de los países en desarrollo y las economías emergentes, en el informe también se advierte acerca de que de no mediar una acción internacional rápida para reducir los desequilibrios comerciales mundiales, la crisis financiera luego de una caída del dólar amenazará el buen desempeño del crecimiento de la economía mundial.
La flexibilidad y el pragmatismo de la política macroeconómica de Estados Unidos que hasta ahora ha impedido que las deficiencias del sistema mundial de comercio provoquen deflación y recesión –y ha limitado el daño “solamente” a enormes desequilibrios comerciales- no pueden durar para siempre, y no lo harán. El reclamo que surge del informe es un esfuerzo multilateral por corregir los desequilibrios mundiales, en parte a través de una expansión de la demanda interna en países industrializados clave fuera de Estados Unidos –como Japón y Alemania, que actualmente tienen enormes excedentes- de manera que las conmociones no se esparzan por todo el mundo en desarrollo.
En una conferencia de prensa celebrada poco antes del lanzamiento del informe, el 31 de agosto, el secretario general de la UNCTAD, Supachai Panitchpakdi, declaró que el informe tiene una dimensión muy importante: su tratamiento del espacio de política nacional, que siempre ha permanecido en la antesala de las discusiones. Agregó que el informe era un esfuerzo muy valiente y constructivo de la UNCTAD de “tomar el toro por los cuernos”, refiriéndose en este sentido a la discusión del espacio de política tal como fue mandatado por el Consenso de Sao Paulo (párrafo 9) y el Resultado de la Cumbre Mundial (párrafo 22d).
Heiner Flassbeck, director de la División de Estrategias de Globalización y Desarrollo de la UNCTAD, dijo que en términos del pensamiento macroeconómico tradicional, si uno observa a China, por ejemplo, en los últimos 20 años, el 95 por ciento de los buenos economistas llegarían a la conclusión de que la situación de ese país es imposible: un país que crece casi a 10 por ciento anual en el término de 15 años, y con índices muy bajos de inflación e interés. Lo que la UNCTAD ha estado haciendo es intentando demostrar por qué esto fue posible. China utilizó más instrumentos de política y su formulación de políticas fue diferente de la asignación tradicional de políticas circunscritas por condiciones “monetarias adecuadas”. Esto coincide con el pensamiento crítico que está surgiendo luego de lo que se denominó el Consenso de Washisngton, que se basaba en la idea de “lograr precios correctos”.
En respuesta a una pregunta sobre el fracaso del Consenso de Washington y qué conclusiones se extrajeron en el informe sobre las reformas de segunda generación a partir de que Joseph Stigliz señaló que esas reformas de segunda generación también fracasaron, Flassbeck manifestó que el Banco Mundial ha aprendido mucho de la experiencia del Consenso de Washington y que el Consenso de Washington no es suficiente.
“No estamos a favor de la reglamentación total del mercado, pero decimos que la desregulación total del mercado no es una solución al problema del desarrollo. Se necesita más que eso. En ciertos sectores se necesitan otras formas de reglamentación y tal vez la desregulación”, expresó, agregando que es necesario analizarlo cuidadosamente ya que no hay una solución uniforme para todos.
“No seamos tímidos para analizar cosas que eran tabú para el Consenso de Washington, pero considerémoslas en una estrategia de desarrollo más amplia, desde el punto de vista de la macroeconomía y también de la microeconomía”, declaró. (SUNS)