N° 197 – Octubre 2005

Los “nuevos” anuncios del G-8

Asegurando la sostenibilidad en el pago de la deuda

por Claudio Lara Cortés

Presionados tanto por el incumplimiento de pagos en que cayeron algunos países “emergentes” durante los últimos años como por la movilización de cientos de miles de personas que demandaban “Hacer de la Pobreza Historia”, los líderes del Grupo de los Ocho países (G-8) más ricos del planeta (incluido Rusia) anunciaban con gran ostentación al cierre de su cumbre en Escocia el 8 de julio un “acuerdo histórico” para incrementar la ayuda a países pobres y condonar sus deudas. Seguidamente, dejaban en claro que con esta medida “el G8 ya hizo su parte” y que “ahora le toca dar el paso a los países favorecidos” para terminar con la pobreza.

En realidad, los anuncios del Grupo de los Ocho (G-8) no se referían a todos los países devastados por la pobreza, sino sólo a 18 de ellos que tienen serios problemas para seguir pagando su deuda, entre los que se encuentran 14 del continente africano y cuatro de América Latina. Todos son parte de la Iniciativa sobre los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) lanzada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial en 1996 y que busca aliviar sus niveles de endeudamiento con los organismos “oficiales” previo cumplimiento de las condiciones impuestas. La suma total roza los 40.000 millones de dólares que dichos deudores deben precisamente al Banco Mundial y al FMI, así como al Banco Africano de Desarrollo. Otros 17 países están en la lista de esperan para beneficiarse de la condonación de sus deudas -nueve se encuentran en el punto de decisión y ocho en la etapa anterior a éste-, lo que daría un monto total de 55.000 millones de dólares.
Cabe recordar que anuncios similares ya se hicieron en 1999 cuando se buscó reformar la mencionada iniciativa PPAE. En ese año se prometió que la deuda anulada alcanzaría los 100.000 millones de dólares y la pobreza se reduciría de manera significativa. Pero menos de la mitad de los 42 países implicados en la iniciativa lograron llegar al fin del programa que debía cerrarse a fines del 2004 y que tuvo que ser prolongado para evitar el fiasco. No sólo ninguno de ellos vio rastros de los 100.000 millones de dólares, sino que entre 1999 y 2003 la deuda externa pública de los 18 países involucrados en el reciente anuncio del G-8 pasó de 68.000 millones a 73.000 millones de dólares. Si el anuncio de 1999 –también calificado de “histórico”- se hubiese hecho realidad, no tendría razón de ser la nueva promesa de los líderes del G-8.
A la hora de dimensionar el impacto del programa PPAE a nivel mundial, hay que tener en cuenta que los 18 países favorecidos por la condonación representan sólo el cinco por ciento de la población de los 165 países en desarrollo. Los 61 países de menores ingresos todavía deben alrededor de 600.000 millones de dólares, mientras que la deuda total de los países subdesarrollados alcanza la astronómica suma de 2,4 trillones de dólares.
Como se ve, los 40.000 millones de dólares (o 55.000 millones) ofrecidos por el G-8 son casi insignificantes en comparación con esos montos y con las necesidades reales de los países más pobres. Con este monto de condonaciones y con muchos de los compromisos anteriores establecidos bajo el paraguas de la Iniciativa que quedaron en meras promesas, cabe preguntarse si los países ricos y los organismos multilaterales están realmente interesados en una rápida reducción de la pobreza mundial.

¿“Sostenibilidad” de la deuda o reducción de la pobreza?

Más allá de las declaraciones mediáticas de la reunión del G-8 que destacaban su aporte a la disminución de la pobreza en África, habría que recordar que el objetivo explícito aparecido en la primera formulación de la iniciativa PPAL era “reducir la deuda a niveles sostenibles, dando así al proceso de reprogramación una estrategia de salida duradera”. Incluso en la Iniciativa “reforzada” dada a conocer en 1999 se insistía en una “salida permanente del proceso de reprogramación y la salida clara de una deuda insostenible”.
Años más tarde, en 2002, el FMI propuso una definición general de la “sostenibilidad de la deuda” que reza lo siguiente: ...“situación en la que se presupone que el prestatario puede continuar atendiendo los servicios de su deuda sin necesidad de introducir en el balance de ingresos y egresos una corrección futura indebidamente grande y ajena a la realidad”.
No es sorprendente, entonces, que el director gerente del FMI, Rodrigo Rato, sostuviera inmediatamente después de la cumbre del G-8 que “la propuesta va dirigida inicialmente a países con una situación insostenible de deuda externa”, aunque reconoció que “hay otros que sin tener un endeudamiento tan elevado, sufren un nivel de pobreza mayor”. Dicho en otras palabras, para el FMI –y los miembros del G-8- no cuenta tanto el drama de la pobreza sino la sustentabilidad en el servicio de la deuda total, especialmente la privada.
Queda así en evidencia que con la cancelación de la deuda multilateral se busca “aliviar” financieramente a los países pobres para sostener su capacidad de seguir pagando puntualmente a los bancos e instituciones financieras privadas de las potencias industrializadas antes que financiar programas orientados a reducir la pobreza. Al respecto, baste mencionar que la deuda externa total de África subsahariana era de 231.000 millones de dólares en 2003, de los cuales sólo 69.000 millones de dólares se deben a acreedores multilaterales y el resto (más de dos tercios) a acreedores privados.
Eso no es todo. Para poder acceder a la asistencia prevista en el punto de culminación del programa PPAE, los países pobres más endeudados tuvieron que cumplir una serie de condiciones impuestas por el FMI. Ellas consistían en la implementación no sólo de una estrategia de lucha contra la pobreza por un período mínimo de un año (!) sino también de nuevas reformas económicas ultraliberales (mayor apertura para los capitales extranjeros, más privatizaciones y liberalización total de la economía). Irónicamente, son las mismas reformas que impusiera antes el FMI y que contribuyeron a sumir en la pobreza total a gran parte de la población. Ahora el propio FMI les pide a los gobiernos de estos pueblos que luchen contra la pobreza, pero sin olvidar que antes deben pagar sus respectivas deudas a todos los acreedores.

Los cuatro países latinoamericanos “beneficiados” por el G-8

Al considerar la situación de los cuatro países latinoamericanos “beneficiados” por el anuncio del G-8 (Bolivia, Guyana, Honduras y Nicaragua), lo primero que queda en evidencia es que no toda la deuda “multilateral” ha sido condonada. En efecto, el beneficio se limita sólo a una parte que deben al Banco Mundial y al FMI, mientras que la deuda a otros organismos no fue incluida en la lista, como es el caso del Banco Interamericano del Desarrollo (BID). Ésta no es una cuestión menor para estos cuatro países, ya que sus deudas con dicho organismo ascienden en valores nominales a 1.383 millones de dólares en el caso de Bolivia, 360 millones en el de Guyana, 1.288 millones en el de Honduras y 1.099 en el de Nicaragua. Estos montos suman 4.130 millones de dólares, equivalentes a casi el 26 por ciento de la deuda pública externa de este grupo de países. Por lo demás, tendrán que pagar este año 216 millones de dólares al BID por concepto de servicio de la deuda.
Debe tenerse en cuenta, además, que los medios y la estrategia de implementación de esta iniciativa del G-8 están todavía en estudio por parte de los acreedores y serán analizadas en las próximas reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Esto resulta de suma importancia, puesto que el monto de alivio que reciba cada uno de los países beneficiados dependerá en gran medida de la fecha de corte que se considere, así como de la definición de los detalles respectivos a medios y estrategia.
Con respecto a la fecha de corte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) supone a modo de ejercicio dos posibilidades con resultados muy diferentes: i) una fecha cercana al anuncio realizado en junio por el G-8 (31 de mayo, 2005); ii) la fecha utilizada para el cálculo de la deuda en los documentos correspondientes a los cuatro puntos de culminación. En el primer caso, la reducción de la deuda ascendería a 6.168 millones de dólares, en tanto en el segundo, la disminución sería de sólo 4.003 millones de dólares.
En términos específicos, en la primera posibilidad, la deuda se reduciría en 1.992 millones de dólares en Bolivia, 347 millones de dólares en Guyana, 2.437 millones de dólares en Honduras y cerca de los 1.392 millones de dólares en Nicaragua. Estas rebajas corresponderían al 41, 32, 49 y 26 por ciento, respectivamente, de toda la deuda externa pública (a mayo de 2005). En cambio, en la segunda posibilidad, Bolivia se beneficiaría de la condonación de 1.315 millones de dólares, Guyana de unos 295 millones, Honduras de unos 1.403 millones y Nicaragua de aproximadamente 990 millones. La suma de los montos condonados correspondería apenas al 25 por ciento del total de la deuda externa pública, levemente inferior a lo adeudado por estos países al BID.
De todas maneras, no se puede desconocer la relativa importancia de la iniciativa PPAE para los países “beneficiados”, incluso antes del anuncio del G-8. Así, Bolivia, que fue el primero en arribar al punto de culminación, ha visto reducir su deuda de manera significativa. No obstante, como sostiene el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), “dicha disminución no se ha traducido en un aumento substancial del flujo de recursos hacia los gastos sociales, demostrando así que el vínculo entre reducción de la deuda y de la pobreza como principio básico de la iniciativa resulta insostenible”. En efecto, el porcentaje de la población viviendo bajo la línea de la pobreza en este país aumentó entre 1999 y 2002 desde 60,6 por ciento hasta 62,4 por ciento. También creció la población indigente. Hasta ahora, el caso boliviano no hace más que confirmar lo dicho anteriormente: la prioridad para el FMI y los países ricos no es terminar con el drama de la pobreza sino asegurar la sustentabilidad en el servicio de la deuda total.

------------------- Claudio Lara Cortés es economista chileno.