Nº 196 - Setiembre 2005

Comercio de servicios en la OMC

Sociedad civil expresa preocupación

por Kanaga Raja

En una carta a negociadores comerciales de países miembros de la OMC, más de 160 grupos de la sociedad civil de todo el mundo pidieron detener las presiones ejercidas sobre los países en desarrollo para que liberalicen sus sectores de servicios. Esta campaña por la apertura de mercados, advirtieron, “sólo servirá a los intereses expansionistas de las empresas de servicios”.

Más de 160 organizaciones no gubernamentales (ONG) de todo el mundo enviaron una carta a los embajadores ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) el 23 de junio expresando su profunda preocupación por la actual ronda de negociaciones sobre servicios. La carta, dirigida a los jefes de las delegaciones, al presidente de las negociaciones sobre servicios, al presidente del Consejo General y al director general de la OMC, exhorta a los negociadores a dejar de presionar a los países en desarrollo para que abran sus sectores de servicios a las empresas multinacionales con sede en países industrializados.
Entre los firmantes de la carta, que fue enviada antes de la reanudación de las negociaciones el 27 de junio, se cuentan ActionAid International, ATTAC, Observatorio Europeo de Corporaciones, Amigos de la Tierra, Greenpeace Internacional, IATP, Instituto por la Justicia Global, IBASE (Brasil) Foro Internacional sobre Globalización, Oxfam Solidaridad (Bélgica), Global Trade Watch, Public Citizen, Public Services International Sierra Club (Canadá y Estados Unidos), SEATINI, Declaración de Berna, Consejo de Canadienses, Red del Tercer Mundo y Movimiento por el Desarrollo Mundial.

Agenda empresarial

En marzo, en la última reunión de la sesión especial del Consejo sobre Comercio de Servicios de la OMC, el presidente de la sesión se refirió a la baja cantidad y calidad de las ofertas sobre liberalización de servicios recibidas de los miembros hasta entonces.
Hasta ahora, sólo 50 países presentaron ofertas, contando a los 25 integrantes de la Unión Europea como uno. Los países industrializados continúan insistiendo en que 40 países en desarrollo y 32 de los menos adelantados realicen ofertas para la apertura de sus mercados de servicios.
“Esto es una negación de la supuesta flexibilidad del GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), que permitiría a los países optar por colocar determinados servicios sobre la mesa de negociaciones o no”, dijeron los grupos.
Los sectores clave en que los países industrializados procuran compromisos de los países en desarrollo son, entre otros: finanzas, energía, ambiente, agua, turismo, distribución y servicios de transporte.
Por un lado, estos son los sectores de servicios en que las multinacionales con sede en Estados Unidos y la Unión Europea procuran ampliar sus mercados. Por otro, estos sectores representan una base crucial para la realización de los derechos humanos y los servicios de apoyo fundamentales para la producción agrícola e industrial, dice la carta.
La misiva señala que el GATS es esencialmente un tratado de inversiones. Fundamentalmente, fue creado para proteger los derechos de los inversores y extender la liberalización de los servicios para empresas extranjeras. Es por eso que grandes grupos empresariales de presión como la Coalición Estadounidense de Industrias de Servicios y el Foro Europeo de Servicios presionan fuertemente para que los países en desarrollo realicen compromisos ahora. Y, una vez realizados, serán “efectivamente irreversibles”. Al mismo tiempo, la capacidad de los países en desarrollo para que sus propias industrias de servicios funcionen de forma competitiva en mercados mundiales es muy pequeña o inexistente, lo que vuelve muy sesgadas a las negociaciones.
Los grupos de la sociedad civil advirtieron que, para acelerar la presión y asegurar resultados en las negociaciones, Estados Unidos y la Unión Europea promueven el establecimiento de “puntos de referencia” que limitarían la flexibilidad de los países para decidir qué sectores de servicios colocar sobre la mesa de las negociaciones, y además coordinan esas demandas mediante “grupos de amigos” informales en sectores clave.
“Condenamos en especial los intentos de reclasificar las telecomunicaciones para incluir contenido de valor agregado, de modo de asegurar compromisos en ese sector que los gobiernos no están dispuestos a hacer. Los compromisos realizados bajo la nueva clasificación propuesta privarían a los gobiernos de la posibilidad de evaluar las consecuencias de esas tecnologías y decidir la forma adecuada de regulación”, declararon las ONG. “Este debilitamiento de la llamada flexibilidad en las negociaciones del GATS –junto con la falta de propuesta y apoyo de los países industrializados respecto de importantes iniciativas orientadas al desarrollo en las negociaciones simultáneas sobre agricultura y en las referentes al acceso a los mercados para productos no agrícolas– deja al descubierto la brecha entre el discurso y la realidad en la llamada Ronda de Desarrollo de Doha”.

Peligro de liberalización

Los grupos advirtieron que los compromisos de liberalización en materia de servicios tendrán un fuerte impacto en las opciones nacionales sobre políticas de desarrollo y su implementación.
Contrariamente a las afirmaciones realizadas sobre la liberalización de servicios, los grupos de la sociedad civil advirtieron que: * La desregulación y el acceso a los mercados para empresas extranjeras de servicios, a través del GATS, no promoverá los objetivos de desarrollo de los países del Sur ni satisfará las necesidades de sus ciudadanos.
* La inversión extranjera directa en muchos sectores de servicios ocurre principalmente a través de empresas multinacionales que absorben servicios públicos privatizados y firmas nacionales, en lugar de establecer nuevas empresas; * No hay pruebas de que la apertura lleve a la creación de nuevas oportunidades de empleo, y sí de que las privatizaciones provocan pérdida de empleos.
* Hay pruebas de que las ampliaciones de los servicios se limitan esencialmente a una elite.
* Cuando se liberalizan servicios públicos como el agua, la educación y la salud, la población sufre las consecuencias. “Recordemos lo que pasó cuando Argentina permitió que el suministro de agua y el saneamiento quedaran a cargo de la multinacional Suez. Los argentinos sufrieron el aumento de tarifas, el incumplimiento de las promesas de extensión de los servicios y la construcción de una nueva planta de tratamiento que vertió aguas residuales en el Río de la Plata”.
* Estos mismos proveedores de servicios exigen luego compensación por sus propios fracasos y usan el lenguaje del comercio para justificar sus intereses egoístas.
La carta de las ONG también señala que la OMC ha ignorado los reiterados pedidos de países en desarrollo de una evaluación completa del efecto de la liberalización de servicios sobre el desarrollo, el ambiente y la sociedad, antes de continuar con las negociaciones. En este sentido, cita un reciente estudio de la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que cuestiona los prometidos beneficios de la privatización y la liberalización en el sector de los servicios y demuestra cómo los países en desarrollo perderán flexibilidad en sus políticas públicas debido al GATS.
El documento de la UNCTAD, titulado “El comercio de servicios y sus consecuencias para el desarrollo”, dice que las negociaciones de la OMC en este sector no han logrado hasta ahora un equilibrio general de los derechos y obligaciones y que las ofertas iniciales de los principales socios comerciales han sido decepcionantes para los países en desarrollo. Agrega que los beneficios de la privatización y la liberalización no son automáticos y que se necesita flexibilidad política y una secuencia adecuada para la liberalización.
Los grupos de la sociedad civil también recordaron recientes decisiones sobre servicios de la OMC, por ejemplo el caso Telmex y el de los juegos de azar en Estados Unidos, que exponen los peligros de abrir el sector de los servicios sin conocer plenamente sus consecuencias, aun para países experimentados en asuntos comerciales.

Flexibilidad para formular políticas

“El régimen del GATS contiene otras medidas igualmente perniciosas que pueden utilizarse para reducir el espacio de los gobiernos para formular políticas públicas”, advirtieron las ONG, y señalaron que el párrafo 4 del artículo VI del GATS (sobre regulación nacional), por ejemplo, prevé que los gobiernos puedan impugnar leyes y reglamentos de otros países que perciban como una barrera comercial disimulada.
Como señala el estudio de la Secretaría de la UNCTAD, esa posibilidad reduce la flexibilidad y seguridad de los países en desarrollo para el establecimiento de leyes y reglamentos. El derecho a regular y a mantener la flexibilidad política es esencial para que estos países puedan promover sus propias prioridades y estrategias de desarrollo, en especial porque la mayoría de ellos no gozan de un marco institucional óptimo.
Al mismo tiempo, dice la carta, los países en desarrollo esperan obtener enormes ganancias en virtud del Modo 4, referente al “movimiento de personas naturales” a otros países para proveer servicios. No obstante, está claro que la mayoría de los países industrializados no realizarán ofertas sustanciales, especialmente en materia de mano de obra no calificada o de baja especialización, debido a presiones internas.
Por otra parte, no se han evaluado los potenciales efectos de la pérdida de trabajadores especializados sobre la salud, la educación o los servicios profesionales en los países en desarrollo. Además, los países ricos no han reconocido ninguna obligación de compensar a aquéllos por el costo de la capacitación de esos profesionales, destacaron los grupos.
Asimismo, observaron que la forma de conducción de las negociaciones y las experiencias sobre liberalización y privatizacion de servicios dan motivos a los trabajadores para preocuparse por la posibilidad de pérdida salarial, inseguridad laboral, reducción de derechos laborales, deterioro del salario real y aumento de las demandas de flexibilidad laboral, dado que la protección de los derechos laborales y la promoción de normas laborales son vistas cada vez más como “medidas proteccionistas u obstáculos al libre comercio”.
Las ONG exhortaron a los países miembros de la OMC a “detener la actual campaña a favor de un acuerdo muy cuestionable que sólo servirá a los intereses expansionistas de las empresas de servicios y será un profundo deservicio a ciudadanos de todo el mundo”.
La carta a los embajadores ante la OMC reclama: * Una evaluación completa e independiente del impacto de la liberalización de los servicios en materia social, ambiental, de desarrollo, empleo y género en todos los países, pero en especial en los países en desarrollo, antes de continuar con las negociaciones del GATS.
* Procesos nacionales de creación de políticas que involucren a todas las circunscripciones afectadas y al público en general.
* Exclusión de “puntos de referencia” u otros cambios en el proceso de negociación que fuercen a los países en desarrollo a adoptar compromisos precipitados en sectores específicos.
* Exclusión de cualquier modalidad de regulación doméstica que limite la posibilidad de los países de establecer normas y reglamentos para proteger a su población y su ambiente.
* Exclusión explícita de la liberalización de ciertos sectores, en especial la salud, la educación, la cultura, la asistencia social, el agua, los servicios postales, la energía y las nuevas tecnologías.
* Cancelación inmediata de todas las deudas ilegítimas del Tercer Mundo por instituciones financieras internacionales, y fin inmediato de las presiones sobre los países en desarrollo para que liberalicen o privaticen sus servicios públicos mediante condiciones a sus créditos.
“Si las negociaciones no prosiguen sobre estas bases, exhortamos a los países en desarrollo a reconsiderar seriamente la continuación de las conversaciones. Están en juego el acceso a servicios esenciales y el sustento de millones de personas en el mundo en desarrollo”, concluye la carta.