Nº 191 - Abril 2005

Naciones Unidas

Tendencia al aumento del hambre mundial debe revertirse

por Kanaga Raja

La tendencia al aumento del hambre y la desnutrición mundiales debe revertirse, y los gobiernos deben cumplir los compromisos que asumieron en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 y la de 2002, así como en la Declaración del Milenio, instó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación.

“Es una atrocidad que más de seis millones de niños pequeños mueran por enfermedades relacionadas con el hambre cada año, en un mundo más próspero que nunca y que produce suficientes alimentos para toda su población”, expresó Jean Ziegler, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la alimentación. El comentario consta en su informe (E/CN.4/2005/47) al 61º período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, que se celebra del 14 de marzo al 22 de abril.
La tendencia al aumento del hambre y la desnutrición mundiales debe revertirse, y los gobiernos deben cumplir los compromisos que asumieron en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 y la de 2002, así como en la Declaración del Milenio, instó Ziegler. Además, todos los gobiernos deben tomar medidas inmediatas para garantizar la realización progresiva del derecho a alimentos suficientes, de acuerdo con sus obligaciones internacionales de derechos humanos. “Es escandaloso que en un mundo más rico que nunca, millones de niños pequeños deban morir de hambre. Cada día, más de 17.000 niños menores de cinco años mueren por enfermedades relacionadas con el hambre. Y cada día, cientos de millones de niños no reciben alimentos suficientes para llevar una vida normal, lo que los deja mental y físicamente discapacitados”, señaló.
El hambre mundial aumentó nuevamente este año, destacó Ziegler. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informó que el número de personas gravemente desnutridas aumentó de 842 a 852 millones desde el año pasado. “De hecho, parece que el hambre ha aumentado cada año desde la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996. Esto es una negación de las promesas realizadas por los gobiernos en las cumbres de 1996 y 2002, y de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es inaceptable”, dijo Ziegler.
Para la FAO, la intensificación de la lucha contra el hambre es una cuestión moral y económica. El hambre y la desnutrición cuestan a los países en desarrollo hasta 50.000 millones de dólares en productividad perdida, porque incapacita mental o físicamente a hombres, mujeres y niños, mientras que reducir la desnutrición a la mitad en 15 de los países más pobres del mundo costaría sólo 25 millones de dólares.
Sin embargo, para la FAO la lucha contra el hambre no es una cuestión de derechos humanos, señaló Ziegler, quien resaltó que el derecho a la alimentación y a no pasar hambre son derechos humanos protegidos por el derecho internacional. Ambos derechos están definidos en el Comentario General nº 12 del Comité sobre Asuntos Económicos, Sociales y Culturales, y en las Pautas Voluntarias adoptadas por el Consejo de la FAO en noviembre de 2004.
El hambre no es inevitable, afirmó Ziegler, porque el planeta tiene capacidad para producir alimentos que aporten 2.100 kilocalorías por día a 12.000 millones de personas, el doble de la población mundial actual. Lo que se requiere es un compromiso político para poner fin a las injusticias y la corrupción, que hacen a los pobres más pobres y a los ricos más ricos. “Necesitamos soluciones políticas, y no complicadas soluciones técnicas”, exhortó Ziegler, y señaló que nuevas y costosas tecnologías como las semillas modificadas genéticamente no erradicarán el hambre. Para lograr ese fin, las semillas transgénicas deberían distribuirse en forma gratuita, o de lo contrario aumentarán el hambre al concentrar los recursos en manos de unos pocos.
Ziegler aprobó los esfuerzos de Brasil mediante su iniciativa “Hambre cero”, así como las propuestas presentadas por Brasil y Francia en el 59º período de sesiones de la Asamblea General de la ONU para financiar la lucha contra el hambre. Aunque estos esfuerzos son esenciales, dijo, los esfuerzos y recursos invertidos en la internacional “Alianza contra el Hambre” son insignificantes en comparación con los miles de millones de dólares invertidos en la “guerra contra el terrorismo”.
Erradicar el hambre y la pobreza no es sólo una cuestión de hallar los recursos, sino también de desafiar las injusticias estructurales y desigualdades de poder que permiten abusos contra los derechos humanos, señaló Ziegler.
Existen muchas políticas y acciones gubernamentales que tienen efectos negativos sobre el derecho a la alimentación de personas que viven en otros países, por ejemplo, en el cambio del comercio internacional, los subsidios agrícolas que hacen que países del Norte vendan sus productos por debajo del costo de producción, desplazando a millones de campesinos del Sur de la agricultura, que es su única ventaja comparativa.
En este sentido, el informe explora la cuestión de las responsabilidades “extraterritoriales” en relación con el derecho a la alimentación, para asegurar que las medidas de los gobiernos no tengan efectos adversos sobre las personas que viven fuera de su jurisdicción territorial.
El surgimiento gradual de un mercado mundial integrado, la globalización progresiva de las relaciones comerciales, económicas y sociales entre los pueblos, y el poder supranacional de empresas multinacionales privadas, en especial en el Sur, significa que deben afrontarse nuevos desafíos relacionados con las fronteras tradicionales de los derechos humanos, dice el informe. Estos nuevos desafíos incluyen responsabilidades sobre derechos humanos de actores no gubernamentales, como las empresas transnacionales y organizaciones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio (OMC), además de las obligaciones extraterritoriales de los gobiernos.
Todos los países deberían asegurar que sus políticas no tengan efectos negativos sobre el derecho a la alimentación de individuos que viven en otros países, y el comercio internacional de bienes agrícolas es un claro ejemplo de esto, dijo Ziegler.
También existe una creciente falta de coherencia en las políticas de los gobiernos. Por ejemplo, éstos pueden comprometerse por un lado con una visión humanista del desarrollo, pero por otro, adoptar políticas comerciales que tengan efectos negativos en los derechos humanos de otros países. Las políticas y los programas de desarrollo no siempre están bien coordinados con las políticas y los programas comerciales acordados en el marco de la OMC, el FMI y el Banco Mundial. Por ejemplo, señaló Ziegler, es posible que los países industrializados ofrezcan asistencia para el desarrollo agrícola y, a la vez, subsidien su agricultura y vendan productos por debajo del costo de producción, de forma que limiten las posibilidades de desarrollo agrícola en países del Sur.
El relator especial de la ONU exhortó a los gobiernos a abstenerse de adoptar políticas cuyos efectos sobre el derecho a la alimentación sean previsiblemente negativos. Por ejemplo, no deben subsidiar productos agrícolas que luego serán exportados principalmente a países en desarrollo agrícolas, porque los agricultores de esos países se verán privados de su forma de sustento y no podrán comprar alimentos, aunque éstos sean más baratos.
En México, por ejemplo, se estima que hasta 15 millones de agricultores y sus familias, principalmente de comunidades indígenas, se verán privados de su medio de vida como resultado del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la competencia del maíz subsidiado de Estados Unidos. Los gobiernos también deben abstenerse de tomar, en el ámbito de instituciones multilaterales, decisiones que afecten el derecho a la alimentación en otros países, y asegurarse de que terceros sujetos a su jurisdicción, como las empresas transnacionales, no violen ese derecho.
Con el creciente control monopólico de empresas multinacionales sobre todos los elementos de la cadena alimentaria y sobre la mayoría de las concesiones de agua en todo el mundo, es cada vez más difícil para los gobiernos hacer que esas empresas que tienen actividades en sus territorios respeten los derechos humanos. Eso hace esencial que los países sede de esas compañías, con frecuencia más poderosos, aprueben normas apropiadas, señala el informe.
La responsabilidad primaria por la realización y protección del derecho a la alimentación radica en los gobiernos nacionales, según los mencionados Comentario General nº 12 y las Pautas Voluntarias. “Es una vergüenza para la humanidad seguir permitiendo que un niño menor de cinco años muera cada cinco segundos de hambre o enfermedades relacionadas, que una persona pierda la vista cada cuatro minutos por falta de vitamina A, y que en un mundo más rico que nunca antes, el número de desnutridos graves haya aumentado a 852 millones de personas. Es tiempo de hacer cumplir el derecho a la alimentación”, urgió Ziegler.