Nº 183 - agosto 2004

Nuevo Indicador de Riesgo País Alternativo.

Argentina y Brasil en default socioambiental.

por Eduardo Gudynas

Una nueva medida del “riesgo país”, que incorpora aspectos sociales y ambientales, demuestra que 17 naciones latinoamericanas se encuentran en situación crítica o amenazada en su desarrollo. Según el Indicador de Riesgo País Alternativo (IRPA), Argentina y Brasil son calificados en default socioambiental.

Durante el Foro Social de las Américas, celebrado en Quito del 25 al 30 de julio, se presentó un nuevo indicador de riesgo país alternativo, que supera el reduccionismo económico incorporando los aspectos sociales y ambientales. Como resultado de la aplicación de la metodología del nuevo indicador se concluyó que Argentina y Brasil se encuentran en default económico, social y ambiental.

El Indicador de Riesgo País Alternativo (IRPA), desarrollado por un equipo de D3E-CLAES integrado por Denise Gorfinkiel, Rocío Lapitz, Gerardo Evia y Eduardo Gudynas, plantea posiciones muy diferentes a las calificaciones convencionales que realizan empresas del sector financiero como J.P. Morgan o Moody’s. Esas agencias evalúan la capacidad de pago de las deudas, sean de países, municipios o empresas. En el caso del “riesgo país” convencional se estima la capacidad de repago de las naciones en referencia a los intereses de los bonos de Estados Unidos. Esa medida ha cobrado una importancia enorme, determinando los flujos de capitales que entran y salen de cada país, y limitando seriamente las medidas económicas que pueden ensayar los gobiernos.

Mantener el riesgo bajo se convierte en una meta en sí misma de las estrategias económicas, y para ese fin se sacrifican medidas sociales, laborales y ambientales. En los últimos meses se han sucedido varios ejemplos de ese tipo en América Latina. Por ejemplo, los intentos de elevar el salario mínimo en Brasil o incrementar las jubilaciones y pensiones en Ecuador desencadenan el aumento del riesgo país convencional.

En la presentación de la metodología incluida en los documentos presentados en Quito, Gorfinkiel señala que el IRPA debe analizar las variables económicas desde otra perspectiva y debe incorporar los aspectos ambientales y sociales, pero también debe permitir visualizar “la autonomía o dependencia que enfrentan los países frente al proceso globalizador”.

El IRPA compara la situación de cada nación contra valores de “riesgo aceptable” en lugar de seguir el procedimiento tradicional que toma como referencia los bonos de Estados Unidos. Se consideraron dimensiones económicas (por ejemplo, las exportaciones de productos primarios sobre el total de exportaciones), ambientales (porcentaje de la superficie protegida), sociales (tasa de alfabetización), políticas (nivel de apoyo a la democracia) y tecnológicas (usuarios de Internet). En total se utilizaron 11 variables, y para cada una de ellas se establecieron las diferencias entre la situación de cada nación frente al “riesgo aceptable”, y de esta manera se construyó el indicador agregado.

El IRPA fue presentado en un taller en el Foro Social de las Américas que contó con la presencia de integrantes de las instituciones promotoras y recibió comentarios del economista ecuatoriano Alberto Acosta, la abogada colombiana Margarita Florez y el biólogo Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (REMALC). Todos los testimonios de los participantes reflejaron el enorme peso concedido al indicador convencional. Villamar puntualizó que el riesgo país convencional es un termómetro que venden los intermediarios financieros para ejercer su influencia a nivel nacional y local.

Los resultados del IRPA demuestran que 15 naciones latinoamericanas se encuentran en situación comprometida. Sólo Costa Rica se aproxima a un riesgo tolerable. Seis países obtienen valores de cinco a 10 puntos, y son calificados en “Amenaza”, mientras que nueve registran valores de más de 10 y hasta 20 puntos, y se considera que se encuentran en situación “Crítica”. Finalmente, otros dos países, Argentina y Brasil registran los más altos niveles del IRPA, y son calificados en “Default socioambiental”.

La situación de Brasil es particularmente dramática. Mientras se mantiene una alta recaudación y superávit fiscal, la inversión social y ambiental del gobierno se ha congelado, y no ha sido posible remontar la situación de pobreza generalizada. Este cuadro contrasta fuertemente con las buenas calificaciones convencionales que se otorgan a Brasil (riesgo país en el orden de 600 a 700 puntos).

Economías grandes a intermedias de América Latina, como México, Chile o Colombia, poseen valores del IRPA mayores a los del riesgo país convencional. Incluso países como Chile o México, que cuentan con las mejores calificaciones en América Latina, enfrentan situaciones críticas en la medición del nuevo indicador alternativo.

El IRPA no sólo tiene importancia por los resultados de las evaluaciones, sino también porque obliga a establecer metas y prioridades en el desarrollo nacional, para determinar los niveles de “riesgo aceptable”. Mientras que el indicador tradicional enfatiza la recuperación de préstamos e inversiones, y por lo tanto se restringe en ciertos aspectos económicos, el IRPA apunta a la calidad del desarrollo.

El indicador apunta, además, a romper ciertas relaciones cuestionables. El riesgo país convencional no sólo es una mirada economicista sobre el desarrollo, sino que se hace desde fuera a partir de instituciones transnacionalizadas. De esta manera, los procesos democráticos internos se erosionan, ya que las evaluaciones de los propios ciudadanos son irrelevantes, en tanto se presta más atención a las calificaciones que se hacen desde oficinas en centros financieros. Las empresas calificadoras de riesgo incluso llegan a presentar “consejos”, ofrecen “directivas” o realizan “advertencias” sobre la marcha de las economías nacionales. Las medidas que desembocan en condiciones sociales o ambientales sobre el desarrollo, como mejorar la calidad laboral o elevar los requerimientos ambientales, usualmente elevan el riesgo país, y por lo tanto terminan siendo combatidas por los propios gobiernos. La construcción del IRPA, la selección de las variables a considerar, así como la determinación de cada “riesgo aceptable” abren las puertas a un trabajo participativo para volver a poner en primer plano las necesidades de desarrollo nacional.

En efecto, una evaluación de la incertidumbre ante las estrategias de desarrollo no puede estar enfocada únicamente en la recuperaciones de las inversiones, sino que también debe considerar los impactos dentro de cada país. De esta manera, aquellas acciones que sean efectivas en reducir la pobreza, generar empleo o mantener la calidad ambiental, reducen el riesgo de impactos negativos.

El problema reside en que las calificaciones convencionales no consideran aspectos de ese tipo y, cuando lo hacen, en más de una ocasión lo interpretan como un “riesgo político” que reduce las posibilidades de repago de las obligaciones. Además, en tanto las calificaciones tradicionales son externas y se realizan desde los centros financieros, aumentan todavía más la dependencia de nuestros países.

Los procesos democráticos internos están desacoplados con las evaluaciones de las calificadoras. El IRPA ataca estas limitaciones, en tanto se enfoca en la “calidad” del desarrollo y sus impactos reales en las condiciones de vida dentro de cada país. Pero, además, devuelve a cada sociedad la tarea de definir los elementos clave en su estrategia de desarrollo y su evaluación.

--------------- Eduardo Gudynas es analista en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología, Equidad). Por más información sobre el IRPA: www.deudaexterna.com