No. 171 - Agosto 2003

América Latina

Una calificación de "riesgo país" alternativa

por Eduardo Gudynas

Las calificaciones de "riesgo país" tienen enormes impactos sobre las economías latinoamericanas. Esas evaluaciones enfatizan indicadores económicos y olvidan los sociales y ambientales, pese a que sus resultados tienen consecuencias sobre toda la sociedad. Es tiempo de iniciar un procedimiento de calificación alternativo desde el Sur, incorporando elementos sociales y ambientales enfocados en la autonomía para construir nuevas estrategias de desarrollo.

Las empresas "calificadores de riesgo" se han hecho muy conocidas en América Latina. Esas agencias evalúan la situación económica de un país, un municipio o una empresa, y le asignan una nota de acuerdo a su desempeño económico o capacidad de cumplir con sus deudas. También se evalúa el "riesgo país", convertido en otro indicador de enorme peso en la marcha de las economías nacionales. Este tipo de calificaciones tienen actualmente una gran influencia en la toma de decisiones en América Latina, y en muchos casos han contribuido a desencadenar múltiples problemas con graves repercusiones sobre todos nosotros.

Calificación y riesgo

La calificación del "riesgo" tiene un sentido estrictamente económico; el énfasis está puesto en evaluar una situación actual y sus consecuencias hacia el futuro, en especial la capacidad de pagar deudas o lograr rentabilidad. Por ejemplo, la empresa calificadora Fitch, con fuerte presencia en América Latina, sostiene que sus evaluaciones son "una opinión sobre las condiciones de un emisor o de una emisión de títulos de honrar sus compromisos financieros, tales como el pago de intereses, de dividendos preferenciales o de pago de la deuda principal, en el plazo esperado". Esa calificación no apunta a ofrecer información a la población de la nación evaluada, sino que es dirigida a los inversores, la mayoría de los cuales se encuentran fuera de fronteras y le prestan mucha atención, ya que los orienta sobre las posibilidades de recibir beneficios o recuperar su capital.

Las calificadoras realizan evaluaciones de países, municipios o comunidades autónomas, y empresas privadas o estatales. Las más conocidas son las calificaciones sobre países. Es tradicional que esas agencias dividan sus notas en dos grandes categorías: inversión, donde existe una baja probabilidad de incumplimientos; y especulación, donde la posibilidad de incumplir son mucho mayores. La forma más común es asignando notas por medio de letras; por ejemplo, AAA es el punto más alto, mientras BBB es especulativo, y CCC tiene un alto riesgo de incumplimiento. Algunos procedimientos apuntan específicamente a evaluar la "probabilidad de default" (cesación de pagos), tal como hace la agencia Moody’s para empresas.

También se han popularizado los indicadores numéricos del "riesgo país", que en realidad es una medida de la diferencia entre los rendimientos de la deuda pública emitida por un gobierno contra los rendimientos de papeles del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se toma como referencia de riesgo inexistente. Un cálculo de riesgo país muy citado es el EMBI (Emerging Markets Bond Index) desarrollado por el banco de inversión J.P. Morgan, basado en los bonos de deuda externa englobados en el Plan Brady, bonos globales, bonos domésticos y otras colocaciones bancarias.

La influencia de estos indicadores es enorme. Durante el desarrollo de la crisis argentina, los informativos de televisión brindaban día a día la calificación del riesgo país, siempre en aumento. Otro tanto sucedió en Brasil, más recientemente: a comienzos de 2002, el riesgo de ese país estaba por debajo de mil puntos básicos, y a medida que avanzaba la campaña electoral presidencial se elevaba; en setiembre superó los 2.400 puntos, y comenzó a caer poco a poco, en especial por el inédito hecho que todos los candidatos presidenciales (incluido Lula) firmaron un compromiso preelectoral de cumplimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El riesgo país de Brasil terminó el año 2002 en el orden de los 1.400 puntos y a mediados de este año se encuentra en los 700 puntos, un hecho que es presentado como un éxito por el equipo económico del gobierno.

Esas evaluaciones apuntan a desentrañar el desempeño económico, y por lo tanto se atenderán en especial indicadores como el nivel de endeudamiento, el ritmo de las exportaciones, etc. Sólo se incluyen variables de otro tipo en la medida que pueden afectar el desempeño económico. El ejemplo típico es la consideración de un "riesgo político" dentro del cálculo del riesgo país, como pueden ser las medidas gubernamentales que pueden afectar el libre flujo de capitales, la toma de utilidades, el mantenimiento de los contratos, etc.

Algunas de estas prácticas tienen una larga historia. La empresa Poor’s realizaba calificaciones en la década de 1920, llegando a cubrir todos los países latinoamericanos (en esos tiempos todos recibían una calificación especulativa, excepto Argentina), y otro tanto hacía Standard Statistics en la década de 1930. Esas dos empresas se fusionaron años más tarde en la hoy conocida Standard & Poor’s, la que ha realizado calificaciones durante años, pasando de 10 naciones evaluadas a principios de los años 80 a cien países en 2001.

Esta fuerte presencia de las calificaciones se debe a la proliferación de nuevos mecanismos de inversión y, en especial, a un creciente aumento de la inversión especulativa, donde existen muchas personas y fondos dispuestos a tomar esos riesgos buscando obtener mejor rentabilidad. Los propios gobiernos del Sur están interesados en ser evaluados como medio indispensable para recibir inversiones. En ese contexto, el libre flujo de capitales es un elemento esencial, asegurando que la inversión pueda entrar a un país con total facilidad, los beneficios se puedan retirar libremente y que en caso de peligro se pueda repatriar el grueso de los capitales. Esta liberalización del capital es justamente lo que se encuentra en discusión en negociaciones como las del Area de Libre Comercio de las América (ALCA).

Una calificación parcializada

Varias razones explican que las calificaciones de riesgo sean parciales. En primer lugar, más allá de la pretensión de ser objetivas y precisas, en realidad esas notas son indicadores de expectativas, fuertemente basados en evaluaciones cualitativas y subjetivas. En muchos casos lo hacen equipos técnicos de unas pocas personas ubicados en oficinas en Europa o Estados Unidos, con un conocimiento limitado de las realidades de cada país latinoamericano, basándose en contactos telefónicos, relevamientos de la prensa disponible en Internet o informes gubernamentales, todo lo cual es ciertamente limitado. Algunos documentos de las propias empresas reconocen que sus evaluaciones son "opiniones".

En segundo lugar, las calificaciones están restringidas a objetivos económicos. Los componentes sociales o ambientales no son considerados adecuadamente, y en aquellos casos que son incorporados pueden tener un efecto contrario debido a que pueden reducir la rentabilidad de un emprendimiento. Pongamos un ejemplo concreto: la calificadora Fitch ha realizado un análisis sobre el efecto de las regulaciones ambientales sobre la generación de energía en varios países industrializados, donde se advierte que la obligación de instalar tecnologías de control de la contaminación puede reducir las ganancias y aumentar los costos de producción. Desde esa visión, las mejoras ambientales son vistas como factores que aumentan el riesgo, ya que a juicio de Fitch, alteran la habilidad de las empresas energéticas en alcanzar sus obligaciones financieras. Se considera incluso que esas exigencias ambientales pueden ser de tal envergadura que es "más costo-efectivo cerrar una planta" de energía que mantenerla operando*. Por lo tanto, una mejor normativa ambiental aumenta el "riesgo" y desalienta a los inversores.

A este ejemplo se le pueden sumar otros tantos, que demuestran que estas calificaciones ignoran los componentes políticos, culturales, sociales y ambientales del desarrollo, o bien sólo los incorporan en análisis del tipo costo-beneficio por sus efectos sobre el beneficio económico. A pesar de minimizar los aspectos sociales y ambientales, las calificaciones tienen enormes repercusiones dentro de cada país: afectan las decisiones políticas y económicas, pueden desencadenar corridas bancarias, estimulan o bloquean inversiones, y condicionan la base productiva. Consecuentemente, la influencia de las calificaciones se extiende hasta influir en el empleo, la calidad de vida y las condiciones ambientales.

El mantenimiento de una calificación se puede convertir en un objetivo central de la política económica de un gobierno, tal como sucedió en Uruguay hasta mediados de 2002. El ministro de Economía de esos tiempos justificaba medidas como nuevos ajustes y aumento de tributos, para mantener el "grado inversor" de la deuda uruguaya. Por lo tanto, la política económica queda subsidiaria a los intereses de inversores, y de los mediadores de su "percepción": las agencias calificadoras. Se podría responder que esas empresas lo único que hacen es ofrecer señales sobre la situación de un país, pero en realidad también son parte del problema, ya que sus notas afectan a los agentes económicos, y desde allí inciden en el diseño de las estrategias de desarrollo.

La necesidad de una mirada alternativa

Frente a esta situación queda en claro que es necesario comenzar a buscar indicadores alternativos, de manera de incorporar de mejor manera aspectos sociales y ambientales clave. La calificación que se otorga a los países no puede quedar restringida a una evaluación económica de recuperación de ganancias o inversiones, sino que implica analizar condicionantes e impactos sobre un desarrollo volcado a la calidad de vida y la calidad ambiental.

Tengamos presentes también que en buena medida el uso de calificaciones de riesgo es expresión de facetas de la globalización. Tanto por esta razón, como por los factores indicados más arriba, el camino hacia un indicador alternativo obliga considerar la capacidad de un país para establecer sus propias estrategias de desarrollo. Este camino está siendo explorado en estos momentos por D3E, apuntando a una calificación alternativa al riesgo país que incluya las dimensiones sociales y ambientales, pero enmarcadas en una escala entre la autonomía y la dependencia (Un riesgo país alternativo, en Globalización América Latina: www.globalizacion.org). Se llega así a una nueva escala, donde la capacidad para superar la subordinación es esencial para manejar en forma autónoma las decisiones sobre el desarrollo y las regulaciones sobre los flujos de capital. Necesitamos, por lo tanto, una nueva calificación que va de la D de dependencia a la A de autonomía. (D3E)

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Eduardo Gudynas es analista de información en D3E (Desarrollo, Economía, Ecología y Equidad – América Latina).