No. 64 - Segunda quincena de Mayo 1995

Leyes para incriminar prostitución infantil

El comercio sexual de niños se ha ampliado tanto a nivel internacional que puede ser el momento de crear herramientas jurídicas capaces de detener a sus autores, afirman especialistas en derechos humanos.

Los derechos de los niños están contemplados en el derecho internacional y actualmente son reconocidos por más de 100 países. Pero la explotación sexual de los niños continúa, especialmente en los países en desarrollo de Asia, dijeron los expertos que asistieron recientemente en Manila, capital de Filipinas, a una reunión de instituciones de derechos humanos de varios países.

Solamente en Asia sudoriental hay aproximadamente un millón de niñas y niños que ejercen la prostitución, muchos de ellos víctimas de grupos de la mafia o que han sido engañados por pederastas. Pero en el negocio del sexo con niños también participan redes de países occidentales que envían información sobre niños y niñas que ejercen la prostitución por todo el mundo a través de la pornografía en línea.

"La creciente internacionalización de la venta de niños y de la prostitución y la pornografía infantil es un fenómeno particularmente alarmante", expresaba un documento de discusión elaborado para la conferencia por la Comisión Australiana de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

"Estas actividades ocurren no sólo a nivel nacional, sino también entre fronteras. Obviamente, este tema trasciende los límites y jurisdicciones nacionales", agregaba.

Un delito internacional

Para detener el alcance mundial del comercio sexual con niños, quienes trabajan en derechos humanos han discutido la propuesta de incluir un protocolo optativo a la Convención de los Derechos del Niño, por el cual la explotación sexual infantil pasaría a ser un delito internacional.

De esta forma la explotación sexual infantil quedaría sujeta a una "jurisdicción penal universal" que, según el documento australiano, ubica el delito "dentro de la jurisdicción de todos los Estados, independientemente de dónde se cometió el delito o de la nacionalidad del supuesto criminal".

Los analistas sostienen que esto daría mayor fuerza al poder estatal para perseguir a los infractores en lugar de detenerlos por medio de leyes nacionales que impiden toda acción contra los delitos cometidos en el extranjero, o la falta de acuerdos de extradición entre países.

"Esto convertiría a la explotación sexual de los niños en un delito internacional, en un problema mundial. Representaría una ayuda si quien hace uso de la prostitución infantil deja el país", expresó Ofelia Calcetas-Santos, informante especial de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía.

Un tema de actualidad es la acción legal contra Briton John Stamford, acusado de organizar seis excursiones con fines sexuales a Asia y de publicar una guía de intercambio sexual con niños para gays. Según divulgó la prensa, Stamford había aparecido en un video en el que dos niños filipinos eran violados y luego estrangulados. Sin embargo fue acusado de delitos menores por los que debe purgar un máximo de un año de prisión en Bélgica, según lo informado por la prensa.

La iniciativa de proponer el protocolo opcional comenzó con una resolución aprobada en la Conferencia Mundial de Viena sobre Derechos Humanos de 1993, que buscó nuevos instrumentos para proteger a los niños de la explotación sexual.

A la Comisión de Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades de Australia se le encomendó la tarea de preparar el primer proyecto del protocolo. En febrero de 1994, ACNUR formó un grupo de trabajo para discutir el documento.

Avances en leyes nacionales

Los países occidentales comenzaron a discutir y aprobar legislaciones tendientes a detener y castigar el turismo sexual en su fuente. En los últimos dos años se propusieron o aprobaron leyes en Alemania, Francia, Australia y Estados Unidos que permiten el procesamiento de ciudadanos del país que abusaron sexualmente de niños en el exterior.

Las acciones legales están creciendo en todo el mundo, dicen los especialistas. La Interpol tiene un grupo dedicado a la pornografía infantil, la prostitución infantil y el turismo sexual con niños.

Pero a menudo las diferencias entre legislaciones y tradiciones jurídicas de los países -algunos de los cuales desaprueban el procesamiento de ciudadanos nacionales por delitos cometidos en el extranjero- complican los esfuerzos por atrapar a los que cometen delitos sexuales con niños.

Según los especialistas, las leyes existentes en Europa, de donde provienen muchos de los que abusan de los niños, están lejos de ser uniformes y los intentos por cambiarlas han tenido resultados desparejos.

No obstante, se buscan nuevas campañas contra este fenómeno, como incluir folletos en los pasajes aéreos que prevengan contra el turismo sexual con niños.

En Asia, donde se encuentran gran parte de las víctimas infantiles, existen incluso menos restricciones legales sobre la producción, distribución y posesión de pornografía infantil.

Quienes luchan contra el turismo sexual con niños exigen nuevos medios legales para alcanzar los rápidos avances tecnológicos, de bajo costo, que permiten que las redes trasnacionales prosperen. "Hay algunas luces en el horizonte, pero no pueden negarse las proporciones endémicas del fenómeno", expresó Calcetas-Santos.

Delito de lesa humanidad

No se han resuelto aún algunos temas del proyecto de protocolo, por ejemplo si la explotación sexual infantil es considerada "un delito de lesa humanidad", lo que habilitaría su inclusión en la jurisdicción penal universal.

El especialista australiano en derechos humanos Brian Burdekin señaló que el mayor obstáculo era la oposición de los gobiernos de Occidente, algunos de ellos lugar de origen de quienes cometen abuso sexual.

Pero los analistas dicen que varios gobiernos creen que la Convención sobre los Derechos del Niño es suficiente y que un nuevo protocolo sería una excusa para debilitar los compromisos enunciados anteriormente.

No obstante, Burdekin exhortó a las instituciones nacionales de derechos humanos a presionar a sus gobiernos para lograr mayor apoyo al protocolo opcional propuesto. "Todavía nos queda mucho para ganar la batalla", afirmó.

Fuente: SUNS/IPS