No. 66 - Segunda quincena de Junio 1995

Directorio del BID

U$S 2.000 millones al sector privado

por Ricardo Carrere

Históricamente, los préstamos de la banca multilateral de desarrollo para grandes obras de infraestructura iban dirigidos a los gobiernos. Pero ahora el BID discute , ya a nivel de su Directorio, la posibilidad de prestar dinero al sector privado para realizar este tipo de obras, lo cual puede tener una serie de consecuencias muy importantes.

El personal del BID ha elaborado una serie de lineamientos para préstamos del banco al sector privado. Hasta ahora, los préstamos requerían la participación protagónica -y la garantía- de los gobiernos. Ahora, como parte de la política privatizadora impulsada por el FMI y la Banca Multilateral, el BID va a canalizar préstamos directamente hacia el sector privado. Se manejan cifras de 2.000 millones de dólares a ser prestados al sector privado para obras de infraestructura en América Latina y el Caribe, en las áreas de energía, transporte, agua, saneamiento y telecomunicaciones. Los préstamos individuales no podrían exceder los 75 millones de dólares ni más del 25% del total de la inversión. Se trataría entonces de inversiones muy importantes, de hasta 300 millones de dólares.

Preguntados acerca del porqué de la financiación de proyectos privados con dineros públicos, la primera respuesta de los funcionarios es que el BID -a diferencia del Banco Mundial- está autorizado estatutariamente a prestar dinero tanto a gobiernos como al sector privado. Además, se argumenta que estos préstamos pueden apoyar a los países que actualmente están privatizando empresas públicas y servirían para atraer capitales privados para financiar grandes obras de infraestructura

El Estado sustituido por la empresa

Esta nueva política, en caso de ser aprobada, tendría una serie de consecuencias importantes. En primer lugar, implicaría la desaparición de la acción planificadora del Estado. En efecto, la empresa privada, con apoyo del BID, decidiría el tipo de obras de infraestructura a implementarse en el país. El gobierno tendría, en teoría, la posibilidad de objetar un proyecto, pero no sería requerida su aprobación formal. La empresa privada, obviamente, eligirá aquellas áreas de inversión que resulten rentables, independientemente de las necesidades de la sociedad. Esto podría implicar que el Estado tuviera que elegir entre hacerse cargo de aquellas inversiones no rentables pero socialmente necesarias -lo que implicaría un mayor déficit estatal- o no realizarlas pese a su necesidad.

Otro aspecto importante tiene que ver con la privatización de obras que tradicionalmente han estado en la órbita estatal. Con esta política, las grandes obras estarían en manos privadas desde su inicio. Las rutas nacionales, los puentes, las usinas generadoras de energía, el saneamiento, el agua potable, etc., podrían ser privadas.

Los beneficiarios de esta línea de créditos serían grandes empresas privadas de ingeniería civil, nacionales o transnacionales. Si bien en principio los préstamos podrían ser otorgados a empresas de cualquier tamaño, se aclara que, "para el uso eficiente de los recursos, se entiende que la mayoría de las operaciones serán grandes" (traducción propia), con lo que la pequeña y mediana empresa nacional quedaría sin posibilidades de competir. La gran empresa estaría recibiendo préstamos subsidiados, con dinero de los estados miembros de este organismo intergubernamental. Como no se quiere compartir con los "de afuera", se aclara que, para ser elegible, la mayoría de las acciones de la empresa deben ser detentadas por nacionales de los países miembros del BID (que incluye no sólo a los países de la región, sino también a la mayoría de los países industrializados).

Borrando con el codo

En numerosos casos, las grandes obras de infraestructura financiadas por la banca multilateral provocaron desastres ambientales y sociales de gran envergadura. Esto a su vez proporcionó el ímpetu inicial a un movimiento mundial que bregaba por la reforma de estos bancos. Luego de una larga lucha, recientemente se logró que los bancos adoptaran una serie de políticas y procedimientos en materia de evaluación de impacto ambiental, apertura de la información y participación del público en sus proyectos. Estas políticas, firmadas hace muy poco, estarían siendo borradas con el codo en el caso de la nueva política de préstamos al sector privado.

En efecto, dada la "confidencialidad" requerida por el sector privado, pocos serán los documentos que se pondrían a disposición del público. Los lineamientos de la política establecen que la información estará a disposición del público "salvo que el cliente del sector privado...haga objeción a ello" (traducción propia). En ese caso, "el asunto será considerado por el Directorio Ejecutivo para adoptar una decisión sobre como proceder". Resulta poco plausible que el Directorio decida la no aprobación de un préstamo por esta razón, por lo que esta disposición resulta a todas luces insuficiente.

Lo peor del caso es que el acceso a la información y la participación se vea afectado nada menos que en el caso de las obras de infraestructura, cuyos desastres fueron justamente los que dieron lugar a las actuales políticas en materia de información del banco. No existe razón alguna que justifique que el banco financie proyectos del sector privado -con dinero público- y que no exija que se cumpla con los mismos requisitos que se exige de los gobiernos. Por lo menos eso.

Fuente: Red-Bancos