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Actualidades / Comunicaciones
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No. 66 - Segunda quincena de Junio 1995
Cono Sur
Los monopolios se defienden
por
Roberto Bissio (*)
Los monopolios de las telecomunicaciones de Argentina, Brasil y Uruguay -en una reunión donde empresarios de la naciente industria de la información del Mercosur cuestionaron duramente su política tarifaria-, anunciaron la creación de una alianza para defenderse de la competencia de las transnacionales.
Los vínculos entre Embratel, Telintar y Antel, de Brasil, Argentina y Uruguay, respectivamente, se estrecharon el año pasado, al organizarse las tres empresas para administrar el cable submarino de fibra óptica UNISUR, que vincula a Buenos Aires con San Pablo y Rio de Janeiro, pasando por Montevideo, y se entronca con los cables ópticos hacia Norteamérica y Europa.
Durante el "Primer encuentro de servicios de transmisión de datos del Mercosur", realizado el 9 de junio último en Buenos Aires, las tres empresas lanzaron en conjunto su Sistema Especializado de Servicios (SESTEL), por el cual conexiones directas entre los países del Mercosur podrán solicitarse, contratarse y pagarse a través de un único proveedor en cualquiera de los tres países y con una única tarifa.
Desafíos internacionales
Para el ingeniero Gustavo Daltro Santos de Embratel, la alianza entre los monopolios es necesaria "para enfrentar la competencia de las nuevas asociaciones (entre empresas telefónicas) en el mercado global desreglamentado".
Ese mismo día el parlamento brasileño aprobó la enmienda constitucional que posibilita la privatización de las comunicaciones en Brasil. El ingeniero Gustavo Daltro Santos, de EMBRATEL sostuvo que antes de fin de año se privatizarán las empresas estaduales, que proveen servicios básicos al público, fusionando las actuales 29 en ocho o nueve. Aseguró, sin embargo, que Embratel seguirá siendo estatal y monopolizando la comunicación con el exterior.
En Argentina las empresas telefónicas están totalmente privatizadas, pero Telintar (un consorcio de las dos empresas en que se dividió la antigua ANTEL) conserva el monopolio de las comunicaciones internacionales, mientras que en Uruguay ANTEL es el monopolio estatal de la telefonía nacional e internacional.
A pesar de su monopolio, las tres empresas sufren la competencia de los servicios llamados "call-back", que canalizan tráfico internacional vía Estados Unidos, una práctica ilegal que es severamente reprimida en Brasil y Uruguay y tolerada en Argentina.
Para enfrentar el desafío de las nuevas tecnologías de telecomunicación, Embratel prevé invertir más de tres mil millones de dólares en el periodo 1995-99. Sin revelar cifras, Germán Alonso de Telintar aseguró que los planes de inversión previstos en el convenio de privatización se están cumpliendo, por lo que su monopolio se extendería hasta el año 2.000. El ingeniero José Luis Saldías, de Antel, destacó por su parte que las inversiones ya realizadas en Uruguay lo colocan en el primer puesto de América Latina, con 20 teléfonos cada 100 habitantes y una red automatizada en un 99% y 80% ya digitalizada.
Los empresarios presentes en el simposio protestaron enérgicamente contra las políticas tarifarias. Las tarifas de comunicación de los tres países con Estados Unidos han bajado en los últimos meses, para poder competir con el "call-back", pero no sucede lo mismo con los restantes destinos. Para los argentinos resulta mas barato llamar a Estados Unidos que a Brasil y, en algunos casos, que a otras provincias.
La integración regional
La política de integración regional se refleja en las tarifas de transmisión de datos uruguayas, con precios reducidos para la comunicación con Argentina y Brasil, pero estos dos países no tienen tarifas recíprocamente bajas hacia sus socios del Mercosur.
Por su parte Brasil redujo en un 20% el costo del tendido de lineas dedicadas con los países del Mercosur, cosa que no han hecho Argentina y Uruguay. El representante de Embratel sostuvo que "la idea de la asociación entre las 3 empresas es que en un plazo a definir se tenga una tarifa única. y que la "competencia es con las transnacionales, no con las otras PTTs del Mercosur".
Los proveedores privados de información, servicios de valor agregado y acceso a Internet en los tres países también reclamaron contra las políticas de cobrar el acceso a Internet por tiempo y volumen de tráfico, mientras que en el resto del mundo la tendencia es a cobrar tarifas fijas por las conexiones entre computadores.
Finalmente las empresas telefónicas, la Cámara Argentina de Bases de Datos y Servicios en Linea (CABASE), que organizó el encuentro, y la recién creada Cámara Uruguaya de Industrias de la Información, firmaron un acta conjunta en la que se solicita a los gobiernos del Mercosur integrar la subcomisión que negocia sobre la integración en comunicación de datos.
Carlos Kesman, subsecretario de Comercio Exterior de Argentina, reconoció que hasta el momento el Mercosur se ha dedicado a negociar sobre el comercio de bienes, pero que tanto Chile como el Pacto Andino han reclamado la extensión del acuerdo al área de servicios como condición previa a su incorporación al mismo. Oscar Messano, presidente de CABASE, sostuvo que "la información es un componente principal de la integración" y que con la inauguración del cable UNISUR "la carretera (de la información) existe y está pavimentada" por lo que ahora "tenemos que discutir el peaje".
Fuente: Red del Tercer Mundo
(*) Roberto Bissio es director del Instituto del Tercer Mundo (ITeM), operador del nodo telemático Chasque y miembro de la red internacional APC.
La competencia del servicio "call-back"
Un servicio privado que permite a los usuarios reducir el costo de las llamadas telefónicas internacionales está provocando pérdidas millonarias en dólares a las empresas telefónicas nacionales, cuyo futuro corre peligro.
Utilizando una computadora que repite la llamada desde otro lugar, el servicio "callback" permite hacer una llamada desde cualquier país del mundo y pagarla como si ésta se hiciera desde los Estados Unidos.
Como resultado del creciente uso de este sistema, la compañía telefónica nacional brasileña perdió el 30% de sus llamadas internacionales. En Costa Rica, las pérdidas han sido calculadas en un 13%.
En 1995, las llamadas por "callback" arrojarán ingresos por un total de 250 millones de dólares a quienes operan este servicio desde Estados Unidos, y se espera que en 1996 las ganancias de las compañías estadounidenses asciendan a 700 millones de dólares.
Quien efectúa la llamada disca un número de Estados Unidos y cuelga después que sonó tres veces. Uno o dos minutos después una llamada de Estados Unidos da tono libre como para discar a cualquier número (...) a precios locales. La ventaja es enorme. Una llamada de Costa Rica a Inglaterra, por ejemplo, cuesta en ese país tres dólares el minuto. A través de Estados Unidos, el costo total es de 2,62 dólares.
La compañía estadounidense que revende los minutos en línea sólo paga a las redes telefónicas de Estados Unidos 0,48 dólares por minuto para las llamadas internacionales, o 0,10 dólares para las llamadas locales.
Este sistema plantea graves peligros para las compañías telefónicas nacionales de Latinoamérica, afirmó Fernando Murillo, director internacional de Comunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Las compañías telefónicas se quejan de que el "call-back" bloquea sus líneas y perjudica las tarifas internacionales. Los países centroamericanos están tratando de mejorar sus servicios instalando cables de fibra óptica, una red digital e incluso líneas telefónicas subterráneas, pero es una batalla desigual.
Esencialmente, se trata de una guerra comercial entre el Norte y el Sur. La compañía costarricense ha intentado competir bajando las tarifas de las llamadas, pero los revendedores redujeron las suyas aún más, y las empresas estadounidenses hacen oídos sordos a los reclamos.
Como resultado, los países de América Central contrataron en forma conjunta a un abogado internacional para combatir a las compañías. Pero en mayo de 1994, el Comité Federal de Comunicaciones de Estados Unidos autorizó tres compañías de reventa.
El Departamento de Estado, por su parte, declaró que no había violación del derecho internacional, si bien el derecho centroamericano establece que todos los sistemas de comunicaciones son de monopolio estatal.
El director general de la Comisión Técnica de Telecomunicaciones Regional de Centro América (Comtelca), Héctor Rodríguez, dijo que el problema es que el Departamento de Estado considera a los que revenden llamadas como usuarios de las grandes redes telefónicas, y no operadores ilegales.
Fuente: SUNS/IPS
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