No. 67 - Primera quincena de Julio 1995

ORIT-TLCA

Sindicatos piden cláusula social

por Humberto Márquez

Los sindicatos de las Américas agrupados en la ORIT están trabajando arduamente para incluir la "cláusula social" en las negociaciones de integración hemisférica que se realizarían en Denver (EEUU) durante el mes de junio.

Las negociaciones de integración hemisférica son precursoras del Tratado de Libre Comercio de América (TLCA), que entrará en vigor en el año 2005.

"El respeto por los derechos de los trabajadores y la legislación laboral y su fortalecimiento son esenciales para una integración económica exitosa en el hemisferio", dijo un representante durante la reunión preparatoria del mes de mayo efectuada en Caracas.

Esta reunión fue organizada por la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), que cuenta con más de 40 millones de miembros en 28 países diferentes.

Los ministros de comercio americanos se reunirán en Denver el 30 de junio para estudiar la integración al TLCA, posiblemente a través de una ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), o uniendo todas las alianzas de comercio regionales más pequeñas.

La ORIT exhorta a realizar una reunión de ministros de trabajo del hemisferio, quienes podrían formar una comisión de trabajo permanente para el proceso del TLCA.

Exigencias mínimas

"Como mínimo, el tratado futuro debe garantizar la libre asociación y el derecho a contratos colectivos, prohibiendo la mano de obra forzada y la discriminación", expresó el documento de la reunión de Caracas. También deberá "promover la seguridad industrial y medidas de higiene en el trabajo, regular la extensión del día de trabajo y prohibir la mano de obra infantil", a la vez que respete las normas ambientales.

El representante panameño Luis Anderson, secretario general de ORIT, dijo que una "integración no puede ser vista solamente como un acuerdo gubernamental y comercial, y los mercados no pueden expandirse si la población gana únicamente lo suficiente para sobrevivir a duras penas".

El dirigente argentino de ORIT, Víctor Báez, declaró por su parte que los sindicatos del Cono Sur de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay se quejan de que los ignoran en el proceso de formación del Mercosur.

"El Tratado de Asunción (que creó el Mercosur) no mencionaba nada sobre los derechos sociales y laborales e ignoraba a los trabajadores (...) si bien hace alusión al desarrollo con justicia social", en su sección de apertura, expresó Báez, agregando que la presión ejercida en el Mercosur para discutir este tema se extendería a las negociaciones con los países del Pacto Andino (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y con la Unión Europea (UE).

La cláusula social y sus peligros

La dirigente sindicalista salvadoreña Amanda Villatoro afirmó que "será fundamental contar con órganos de contralor ya que será muy difícil convencer a muchos gobiernos de que es necesario adoptar la cláusula social".

Anderson sostuvo que las presiones de la competencia a escala mundial llevarían a los gobiernos, tanto del Norte como del Sur, a "menoscabar los derechos laborales para atraer inversiones y aumentar la competitividad", agregando que hay que detener esta "carrera hacia el fondo".

El especialista británico Stephen Pursey aseguró por su parte que una cláusula social debe comprometer primordialmente a los estados miembros de cualquier acuerdo de integración a "adoptar medidas para asegurar la observancia de las normas laborales mínimas".

"La cláusula social no debe ser convertida en la causa de olas de importaciones incontrolables, y las sanciones comerciales deber ser reservadas como mecanismo de último recurso contra la falta de cooperación de países que no cumplen el pacto", expresó.

Y agregó que el movimiento sindical está luchando para que la cláusula sindical sea regulada por un comité conjunto de la Organización Internacional del Trabajado (OIT) y la Organización Mundial de Comercio (OMC) para imponer medidas correctivas a los países que la incumplan y, si el problema persiste, declarar la aplicación de sanciones.

Pursey admitió que la raíz de la discusión está en el poder proteccionista que podría tener la cláusula social, ya que los grupos de interés en un país importador podrían invocar la cláusula para vetar las compras de otros países donde supuestamente se viola la cláusula. "De hecho", expresó, "la adopción de cláusulas sociales podría ser un argumento en favor del derecho de acceso a los mercados, ya que se perdería el pretexto de competencia desleal sobre la base de condiciones de trabajo inaceptables".

Fuente: SUNS/IPS