No. 74 - Segunda quincena de Octubre 1995

"Aguas Argentinas"

Privatización ejemplar, para el Banco Mundial

por Pratap Chatterjee

El agua de las canillas argentinas sabe mejor, dice un nuevo informe del Banco Mundial, porque las compañías privadas ayudaron a que sea más barata y llegue a más personas que cuando estaba en manos del Estado.

La privatización funciona, concluyen David Donaldson y Dilip Wagle, autores del nuevo informe del Banco Mundial, titulado "Privatización: Principios y Práctica".

Ambos autores, que trabajan para la Corporación Financiera Internacional (CFI), la filial del Banco Mundial que ofrece apoyo directo al sector privado de los países en desarrollo, menciona la venta de Obras Sanitarias de la Nación a Aguas Argentinas, una compañía privada propiedad de Lyonnaise des Eaux, de Francia, como uno de los mejores ejemplos de cómo la privatización puede ayudar a los consumidores.

Beneficio para unos pocos

Equivocado, dicen algunos argentinos. Equivocado, dicen residentes urbanos de lugares diversos, desde Abidjan, Côte d'Ivoire, hasta Birmingham, Inglaterra, quienes se quejan de que la privatización tuvo efectos negativos en el abastecimiento de agua.

Los precios subieron, se cortaron las redes de abastecimiento a los usuarios pobres, mientras que los arroyos locales se secaron como resultado de una explotación descuidada, dicen algunos residentes y activistas.

Las privatización benefició sólo a unos pocos, denuncian. Son los nuevos "magnates del agua" que dirigen el puñado de trasnacionales, como Lyonnaise des Eaux, Compagnie Genérale des Eaux (CGE) y Boygues of France, que sustituyeron a las empresas estatales en todo el mundo.

Donaldson y Wagle coinciden en que no todas las privatizaciones funcionaron a la perfección.

"Privatizar es como manejar un carro de dos caballos. El carro es la empresa en cuestión. Uno de los caballos se llama objetivos políticos y es inquieto y veleidoso; el otro se llama economía y es lento y tranquilo", escribieron.

Una tarea para Superman

"Sólo el conductor más hábil puede negociar el tránsito a la privatización, un camino difícil y cuesta arriba en la montaña de los intereses creados, a través del río de la xenofobia."

Según el informe de la CFI, Aguas Argentinas amplió la red de aguas sanitarias a 600.000 nuevos usuarios, eliminó la escasez de agua, aumentó la producción de agua potable en un 26% y mejoró la confiabilidad del servicio. Aguas Argentinas prometió rebajar los precios en un 27% e invertir 4.000 millones de dólares en mejora de servicios en un período de 30 años.

"Crecen las evidencias. En el 70% de los casos existen claros beneficios netos; en dos tercios, aumentó la rentabilidad", declaró Donaldson a los periodistas cuando anunció la aparición del informe.

"Es mentira. Se beneficiaron algunas personas que viven en el centro de Buenos Aires, pero el agua que consumimos es más cara y el servicio no mejoró. Muchos días no hay agua", dice Marcelo Paoletti, militante del grupo argentino Taller Ecologista. Vive en Rosario, la segunda ciudad del país.

Precio en alza y ríos secos

Los recibos de agua de Paoletti cifran 24 pesos (24 dólares) por mes, algo más de lo que pagaba cuando el abastecimiento de agua pertenecía a la administración pública.

Pero las quejas de Paoletti no son nada comparadas con las de los usuarios de Gran Bretaña, quienes dicen que sus cuentas de agua aumentaron drásticamente desde la privatización en 1989.

Los usuarios que en el año 1989 pagaban 150 dólares al año por consumo de agua, ahora deben pagar entre 250 y 800 dólares al año por los mismos servicios. Dos millones de usuarios pagaron la factura fuera de plazo el año pasado, y cada mes se corta el agua a 1.000 usuarios, según estadísticas recientes.

Veinte ríos británicos se secaron después de la privatización porque "las compañías no tienen incentivos para no producir desechos, y tienen todo tipo de incentivos para extraer agua de la forma más barata posible", escribe Brendan Martin, quien trabaja para Public Services International, una federación internacional de sindicatos con sede en Francia.

La mitad de las nuevas compañías privadas son de propiedad de las trasnacionales francesas, mientras que otras son de propiedad de compañías británicas nuevas. El año pasado, los altos ejecutivos de estas compañías recibieron unos 540.000 dólares por concepto de salarios y ganancias extras.

Las empresas crecen

Algunas de estas compañías se diversificaron, además, en otros sectores. La CGE compró empresas de residuos así como hospitales privados en Gran Bretaña. En 1991, la empresa, con 173.000 empleados y 1600 filiales en todo el mundo, tuvo un giro anual de 20.000 millones de dólares.

"La privatización del agua es un robo, un saqueo, es contrabando legalizado, asalto con patente, una libertad diabólica, un enorme fraude, una burla, una rapiña, una estafa", escribió Joe Rogaly, columnista del Financial Times.

Reclamos similares se oyen desde Abidjan, la capital de Côte d'Ivoire, donde pululan las quejas de los consumidores. Según Jean Saint-Vil, académico, la proporción de personas conectada al abastecimiento sanitario cayó de 57% en 1977 a 47% en 1983.

La empresa estatal encargada del suministro de agua de Abidjan hizo un contrato con una subsidiaria de Boygues, de Francia, que se encargaría de administrarlo en 1977. El número de conexiones nuevas cayó de 8.000 por año en 1977 a 2.300 en 1982.

Simple treta comercial

"El interés de las empresas comerciales en este tipo de juego es bajar los precios de las ofertas que se presentan a licitación, entrar y tratar de crear monopolios o nichos para entonces, más adelante, poder aumentar sus precios y terminar cobrando mucho más que los costos mínimos necesarios para la prestación del servicio", dice Max Sawichy, quien trabaja para el Instituto de Política Económica, con sede en Washington.

Esto desalentó a algunos gobiernos. En Corea del Sur el gobierno detuvo su programa de privatización, iniciado hace ya dos años, cuando descubrió que los compradores de las empresas estatales eran el "chaebol", los conglomerados nacionales creados por el gobierno en la década del 60 para dirigir el crecimiento de las exportaciones.

En México, el gobierno recaudó miles de millones de dólares por la venta de 220 empresas estatales a lo largo de un período de cinco años que finalizó en 1993. Hoy en día, muchas de estas empresas están al borde de la ruina financiera.

Algunos analistas culpan de la caída de los precios del mercado a la crisis de la recién privatizada industria azucarera. Pero otros señalan a la crisis del sector bancario, consecuencia de la corrupción, la mala administración y la creación de cárteles.

"Analizado en perspectiva, los especialistas dicen que el gobierno mexicano debería haber prestado atención a quiénes estaban comprando las compañías y menos en el precio que se pagaba. Y tendría que haber vigilado más después de las ventas", escribe Craig Torres, un columnista del Wall Street Journal.

¿Sólo una falsa antinomia?

Martin, quien acaba de escribir un libro sobre privatización titulado "In the Public Interest", dice que no se trata de si es mejor el sector privado o el público. Ambos tienen cosas buenas y malas. El punto es suministrar buenos servicios al menor costo, que cualquiera de los dos puede hacer si siguen ciertas normas simples. "Hay que buscar las formas más efectivas de que los usuarios participen, colectiva e individualmente, en la concepción y administración de los servicios", aconseja.

Esto no puede hacerse a través de la competencia de precios, exclusivamente, porque la competencia no impide que las empresas se junten para crear cárteles como forma de mantener los precios elevados. Para impedir que suceda esto es necesario que exista un organismo independiente de vigilancia que represente a los consumidores.

"Obviamente, la competencia puede formar parte del proceso para mejorar la eficiencia, pero la noción de que alcanza con ese instrumento, o de que es infalible, no tiene en cuenta el interés público", añade Martin, quien dice que la rebaja de precios también puede hacerse a costa de puestos de trabajo, salarios y condiciones de seguridad de los trabajadores.

(Fuente: SUNS/IPS)