No. 77 - Primera quincena de Diciembre 1995

Contra nueva agenda de comercio del Norte

por Martin Khor

Los países industrializados están preparando el terreno para iniciar una nueva ronda de negociaciones en el marco de la OMC, con una agenda de temas que con seguridad irán en contra de los intereses de los países en desarrollo.

Los acontecimientos se suceden rápidamente en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los países industrializados se disponen a introducir temas nuevos -como inversiones y normas laborales- en una nueva ronda de negociaciones. Los países en desarrollo, ya bastante preocupados con la Ronda Uruguay previa, no están en condiciones de hacer frente a estos temas nuevos y deberían oponerse a los intentos de introducirlos.

Para eso es necesario prestar atención, y de forma urgente, a los últimos sucesos, en especial con relación a los temas de inversión.

Si los dirigentes políticos, los funcionarios de comercio y las organizaciones no gubernamentales (ONG) de los países del Sur no toman en cuenta este proceso y se oponen activamente al mismo, podrían finalmente verse presionados a aceptar nuevas normas económicas internacionales que conspiran en su contra, más aún de lo que lo hacen las ya existentes.

Reuniones informales

A la mayoría de los países les resulta un enorme esfuerzo avenirse a los acuerdos de la Ronda Uruguay, que exigen grandes cambios de muchas leyes y políticas nacionales. Algunos de estos cambios tendrían efectos sociales y económicos negativos.

Sin embargo, aún antes de que se pueda reflexionar o incluso puedan comprenderse adecuadamente las repercusiones de la Ronda Uruguay, los países del Norte están tratando de imponer temas nuevos en la agenda.

Su meta es la primera Reunión Ministerial de la OMC, que se realizará en Singapur en diciembre de 1966. Esperan poder persuadir a los ministros de comercio de los más de cien países de la OMC a que acepten una "agenda de comercio" que dará lugar a más tratados o acuerdos en torno a los temas nuevos.

Un pequeño grupo de ministros (principalmente de los países del Norte), así como algunos académicos y consultores, se reunieron la semana pasada en Estocolmo, en un encuentro organizado por el Ministro de Comercio sueco, para discutir de política comercial y los temas de una nueva agenda de comercio.

Para los próximos meses de noviembre y febrero se prevé la realización en Vancouver de reuniones similares exclusivas.

Es en reuniones "informales" como éstas que se discuten, examinan y planifican las nuevas agendas de comercio. La mayoría de los países en desarrollo no están invitados a estas reuniones.

Temas en cuestión

Entre los temas que los países industrializados quieren discutir figuran inversiones extranjeras, normas laborales, comerciales y ambientales y políticas de competencia.

Tal fue lo que surgió de una conferencia de prensa que ofreció Sir Leon Brittan, el Comisionado Europeo de Comercio, después de la reunión de Estocolmo. Dijo que el programa de trabajo de la OMC debía trascender la Ronda Uruguay y acompañar a los temas mencionados.

El intento de relacionar el comercio con las normas laborales ya provocó una firme respuesta contraria, en especial de Malasia y otros países asiáticos, que argumentan que esto seguramente conducirá a la adopción de medidas proteccionistas para obstaculizar las exportaciones industriales del Tercer Mundo.

A pesar de esas protestas, el tema sigue estando en el tapete, sobre todo para el movimiento laboral de los países de Occidente y para los políticos de Occidente, que están tratando de granjearse el apoyo de los sindicatos para las futuras elecciones nacionales. Es necesario que los países en desarrollo sigan exponiendo sus puntos de vista sobre este tema.

No obstante, es el tema de las inversiones el que realmente exige el análisis más exhaustivo y la respuesta más pronta. El propio Sir Brittan subrayó que el tema de las inversiones es el tema nuevo más importante para la OMC, y los países industrializados agrupados en la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) coincidieron en que el tema debe ser incluido en la OMC.

Hasta ahora, los países en desarrollo no se han detenido mucho a pensar en este tema, y no han respondido adecuadamente a los intentos de la Unión Europea.

Presiones renovadas

Unos pocos meses atrás, la Unión Europea hizo una reunión sobre el tema para los diplomáticos comerciales del Tercer Mundo en Ginebra. En un documento informal, propuso establecer en la OMC un acuerdo multilateral sobre inversiones que daría a las compañías extranjeras el derecho a ingresar y establecerse en cualquier sector de la economía y en todos los países miembros de la OMC.

Posteriormente, las empresas extranjeras deberían recibir "trato nacional", lo que significa que no puede haber medidas que favorezcan a las empresas nacionales o discriminen a las extranjeras. Ya no estarían permitidas las restricciones a los extranjeros o a las empresas extranjeras, por ejemplo para la apertura de filiales, la compra de propiedades, los límites a la propiedad accionaria o a la repatriación de ganancias.

Si bien la Unión Europea ha sido la más activa en el tema, Estados Unidos y Japón comparten opiniones similares en la medida que también presionaron para introducir ese tipo de normas durante las largas negociaciones de la Ronda Uruguay. Al final, las normas de inversión fueron rechazadas a instancias de los países en desarrollo, y sólo se aceptaron en un acuerdo las normas sobre "medidas de inversión relacionadas con el comercio".

Lo que ahora propone la Unión Europea es, pues, resucitar las negociaciones de la Ronda Uruguay en que se rechazaron las normas de inversión por considerarlas no pertinentes con el mandato del GATT.

Y ahora las normas propuestas van más allá de los intereses legítimos de la OMC, que supuestamente están circunscritos a los efectos comerciales de las medidas de inversión. En lugar de limitarse a las medidas de inversión "relacionadas con el comercio" (para las cuales ya existe un acuerdo en la OMC), la propuesta de la Unión Europea extiende el alcance del tema hasta llegar a abarcar las normas y políticas nacionales, así como todas las actividades de las inversiones extranjeras, en sí mismas y en su conjunto.

Mayor poder a la OMC

La OMC ya no sería una "organización de comercio" sino una organización que regula también las inversiones. Esto, por supuesto, sería ampliar los poderes de la OMC. También significaría la extensión y aplicación de los principios de la OMC y su sistema de solución de diferencias (incluido el uso de sanciones comerciales y represalias comerciales) a la política de inversión.

Esto tendría consecuencias profundas en la conducta, las actividades y los efectos de las inversiones extranjeras en todo el mundo, y en cada país. Las trasnacionales tendrían máxima libertad y derechos para hacer negocios en todo el orbe, libres de la serie de reglamentaciones gubernamentales que enfrentan actualmente.

Del otro lado de la moneda, los gobiernos ya no tendrían el derecho o el poder de concebir sus propias políticas o leyes básicas para regular la entrada, comportamiento y actividades de las empresas extranjeras en sus economías. Las leyes y políticas nacionales existentes, que fijan restricciones a los extranjeros, tendrían que ser canceladas o alteradas para adaptarse al nuevo tratado multilateral de inversiones.

Las consecuencias serían graves, ya que la mayoría de los países en desarrollo tienen actualmente políticas que deliberadamente buscan promover a las compañías nacionales y proteger a los ciudadanos de un control excesivo de la economía por parte de las empresas extranjeras.

El ejemplo de Malasia

En Malasia, por ejemplo, la Nueva Política Económica (NPE) fue formulada para aumentar la participación de los malasios en el capital de los sectores modernos. La NPE procura que los ciudadanos tengan cierto porcentaje de la participación en el capital de las compañías y restringe el porcentaje de capital que los extranjeros pueden tener en distintos sectores.

En 1970, los extranjeros poseían el 70% del total accionario. Actualmente, el porcentaje se redujo probablemente a un 30%, mientras que el de la comunidad Bumiputra aumentó de 2% a aproximadamente 20% o 30%.

Hay una serie de reglamentaciones que implican limitaciones: algunas exigen a los bancos extranjeros y a las compañías aseguradoras que se incorporen como empresas nacionales, otras restringen las posibilidades de los extranjeros de acceder a la propiedad de casas y tierras, otras más limitan el campo de operaciones de los bancos extranjeros y están también las que protegen la actividad comercial de las empresas y profesionales nacionales.

Se ha argumentado que sin esas políticas de "ingeniería social" Malasia no disfrutaría de la estabilidad política de que goza hoy en día ni habría logrado construir el sector nacional, base del desarrollo socioeconómico del país.

Las propuestas de la Unión Europea de fijar normas internacionales de inversión en la OMC tendrían graves consecuencias para países como Malasia, para los cuales ha sido imperioso regular las inversiones extranjeras y promover el crecimiento de las empresas nacionales.

Impacto sobre el Sur

Por su bien, los países en desarrollo deben impedir el establecimiento de un tratado de inversión de ese tipo en la OMC. Por lo menos, los dirigentes políticos, sociales y cívicos de los países del Sur deben prestar suma atención a las maniobras de los países industrializados en este tema.

Esto no es simplemente un "tema técnico del comercio" cuyo tratamiento puede delegarse a los funcionarios de comercio para que lo resuelvan por sí solos en el ámbito de las negociaciones.

Es, primordialmente, un tema de gran trascendencia económica, social y por lo tanto política, en la medida que tendrá una enorme gravitación sobre la soberanía económica, los modelos de propiedad, la supervivencia de las empresas, los negocios y las actividades agrícolas nacionales, y sobre las perspectivas de empleo así como sobre la vida social y cultural.

El mismo tema de las inversiones está surgiendo también en las negociaciones sobre el futuro del Foro de la APEC (Cooperación Económica del Pacífico Asiático), que tendrá una reunión cumbre en Osaka el próximo mes de noviembre.

Estados Unidos ha estado presionando para que la APEC adopte un código sobre inversiones que contenga básicamente los mismos principios que figuran en las propuestas de la Unión Europea. Algunos países importantes querrían que el código fuera más estricto y más tarde se convirtiera en un tratado legalmente obligatorio.

En la presentación de sus propuestas, el Norte argumenta que dichas normas son la mejor forma de promover el ingreso de inversiones extranjeras al Sur.

La mayoría de los países en desarrollo están haciendo lo posible por atraer inversores extranjeros. Pero no se trata de discutir sobre si las inversiones extranjeras son deseables o no. Se trata del derecho de los gobiernos y pueblos a escoger el modelo y la forma de propiedad de las inversiones que quieren para su país, y, en ese contexto, el tipo de inversión extranjera que reciben, en qué sector y con qué condiciones.

Derechos de soberanía

El poder de regular las inversiones extranjeras, de obtener mejores condiciones y beneficios de ellas, y el derecho de aplicar medidas para ayudar a las empresas nacionales más débiles es básico para cualquier país que quiera tener un grado de control mínimo sobre su vida económica y social.

No resulta extraño imaginar el por qué los países industrializados se unen para presionar en este tema. Les gustaría que sus compañías pudieran actuar mucho más libremente en los países en desarrollo, y por lo tanto están reclamando la eliminación de las actuales restricciones y reglamentaciones.

Lograr acceder a los recursos y mercados del Sur, y al derecho a invertir y actuar en los países en desarrollo, ha sido un objetivo estratégico importante para los gobiernos y las empresas del Norte.

Fue este objetivo el que en gran medida llevó a la apropiación de los territorios del Tercer Mundo durante la época colonial. Y fue la necesidad de recuperar el control sobre los recursos y tener políticas nacionales en favor de los intereses nacionales por encima de los intereses extranjeros, lo que hizo arder como un reguero de pólvora las luchas anticolonialistas que finalmente ganaron la independencia para la mayoría de las colonias.

Sería por lo tanto una gran ironía que los países que antiguamente fueron metrópolis colonialistas obtuvieran nuevamente derechos para que sus empresas se establecieran en las economías de las ex colonias para dominarlas, esta vez no mediante conquistas militares sino a través del instrumento de un tratado acordado por todas las partes.

Porque es muy probable que si a los gobiernos no se les reconoce el poder de imponer reglamentaciones a las empresas extranjeras o ayudar a las compañías nacionales, entonces las grandes firmas extranjeras prevalecerán sobre las nacionales y ganarán cuotas cada vez mayores de los mercados nacionales e internacionales.

La gran ironía sería que los países en desarrollo aceptaran esas normas sin comprender claramente su cabal significado.

Existe el peligro de que ocurra así en el caso de que los dirigentes políticos no estén alertas ante los rápidos acontecimientos que en torno a este tema transcurren en la OMC.

Acción mancomunada

Los países del Norte hace tiempo que se han preparado para su iniciativa en materia de inversiones, y han hecho saber sus intenciones.

Los países del Sur deben estudiar a fondo las propuestas y actuar mancomunadamente para responderles lo más pronto posible. Dada la carga de por sí bastante gravosa que supone avenirse a los acuerdos de la Ronda Uruguay, a los países en desarrollo les quedan pocos recursos para aceptar temas nuevos en la agenda de comercio, en especial en la medida que tengan efectos tan trascendentes sobre sus economías.

Por lo tanto, deben argumentar en contra de la adopción de una nueva agenda de negociaciones, y en lugar de eso insistir en que los países del Norte les ayuden a superar los problemas que pueden surgir al ajustarse a los acuerdos de la Ronda Uruguay.

También deben explicar por qué la introducción de ese tipo de normas tan amplias sobre inversiones no están dentro del mandato de la OMC, que, después de todo, se supone que tiene que ver con el comercio.