No. 82 - Segunda quincena de Marzo 1996

Presionan a Asia para liberalizar las inversiones

por Martin Khor (*)

La propuesta de los líderes europeos de introducir en el marco de la Organización Mundial de Comercio un acuerdo internacional sobre inversiones extranjeras fue uno de los temas principales de la Cumbre Euroasiática recientemente realizada en Bangkok

Los dirigentes europeos tratan de convencer a los países en desarrollo asiáticos para que, en la declaración del presidente de la Cumbre Euroasiática, incluyan una referencia favorable a que la Organización Mundial de Comercio (OMC) comience a discutir sobre un acuerdo de inversión que permitiría a las compañías establecerse en cualquier país bajo el mismo tratamiento que las empresas nacionales.

Para comprender la naturaleza del tratado propuesto por la Unión Europea, es necesario referirse a un documento de la Comisión Europea, "A level playing field for direct investment worldwide" (Un terreno parejo para la inversión directa en el mundo), que circuló informalmente entre las delegaciones de la OMC en Ginebra a principios del año pasado.

La propuesta de la UE

Del documento surge claramente que el acuerdo propuesto obligaría a los gobiernos firmantes a:

*Otorgar libre acceso a las inversiones extranjeras. Las empresas extranjeras tendrán el derecho de ingresar y establecerse, en condiciones cien por ciento de igualdad, en todos los sectores y actividades, excepto en materia de seguridad.

*Otorgar "trato nacional" a los inversores extranjeros. Las compañías extranjeras serían tratadas de manera "no discriminatoria", igual que las empresas nacionales. Las políticas que ahora favorecen a las firmas, bancos y profesionales nacionales tendrán que ser modificadas. Los extranjeros y las empresas extranjeras tendrían plenos derechos a la propiedad de la tierra y bienes inmuebles y para recibir ayuda, subsidios y contratos del gobierno, de la misma forma que los nacionales.

*Tomar mayores "medidas acompañantes" (como el derecho a la total repatriación de las ganancias, cambios a las leyes fiscales y empresariales para eliminar el trato favorable a los actores nacionales, etc.), para crear condiciones favorables para los inversores extranjeros.

Revocar el poder del Estado

Como se señaló en una declaración conjunta de ONGs firmada por más de 70 grupos "esa propuesta revocaría el poder y el derecho legítimo de los estados y pueblos de regular la entrada, las condiciones, la actuación y las operaciones de las empresas extranjeras y de los extranjeros en su país. Este es un derecho soberano primordial y fundamental, esencial para que un país decida sus propias políticas económicas y sociales.

"Este es un derecho precioso, que es vital que los países en desarrollo protejan. Esto se debe a que el sector interno (incluidas las empresas nacionales, los predios rurales nacionales y el sector público) se ha debilitado con el colonialismo y todavía necesita más tiempo de creación de capacidad.

"La capacidad de regular las empresas extranjeras como parte de la política económica obviamente es crucial para permitir la creación de capacidad interna, que finalmente permitiría a las empresas locales competir exitosamente en la economía. La eliminación del derecho de los países en desarrollo a regular el área de inversiones, efectivamente cerraría la posibilidad de la creación de capacidad económica interna".

Las ONGs subrayaron que no están en contra de las inversiones extranjeras per se, ya que reconocieron que "la inversión extranjera puede tener un papel importante y sin duda significativo de contribución al proceso de desarrollo".

Derecho de regulación de los gobiernos

No obstante creen que este papel debe ser desempeñado en un contexto político apropiado, que "exige que los gobiernos continúen reteniendo el derecho de regular los términos y condiciones para la entrada y actuación de la inversión extranjera en los diversos sectores".

Las preocupaciones de las ONGs tienen su razón de ser. Los países del sudeste asiático lograron atraer grandes volúmenes de inversiones extranjeras, pero las compañías tienen que actuar dentro de sofisticados marcos regulatorios.

Por ejemplo, los inversores extranjeros pueden ser bien recibidos en algunos sectores (manufactura, producción de petróleo), pero en otras pueden tener preferencia las empresas nacionales (por ejemplo, agricultura de plantación). Incluso en manufactura muchos países tienen políticas que limitan la igualdad total de derechos, exigiendo a los inversores extranjeros que participen en empresas conjuntas con firmas nacionales.

En el sector de servicios, muchos países en desarrollo restringen las actividades de las empresas extranjeras en la banca, otras instituciones financieras, los medios de difusión y las profesiones.

Protección a los actores nacionales

Existen razones de peso por las que en los países en desarrollo se hace necesario tanto la protección de los actores nacionales en el área de la inversión como el derecho de los países a regular las inversiones extranjeras.

* Merced al legado colonial, las empresas y predios agrícolas nacionales todavía son demasiado débiles en muchos sectores como para competir con grandes firmas extranjeras. Dar acceso total a las empresas extranjeras arruinaría a muchas empresas nacionales, provocando pérdidas de puestos de trabajo y formas de sustento.

*Para retener una cuota significativa de soberanía sobre los recursos nacionales y la actividad económica (un principio afirmado por varias Cartas y Declaraciones de la ONU), los países en desarrollo deben tener el derecho a limitar el grado de propiedad extranjera sobre los recursos y sectores en general, y en especial sobre los más cruciales (como la tierra y las finanzas, respectivamente).

*Para evitar un problema estructural de la balanza de pagos, los gobiernos deben tener la capacidad de regular las inversiones extranjeras en áreas tales como las acciones de capital -de manera que algunas de las ganancias sean de propiedad nacional y queden en el país-, la repatriación de las ganancias -para que exista una reinversión considerable de las ganancias- y la limitación de las importaciones -para impedir la importación excesiva de bienes de capital e intermedios.

*Para desarrollar las empresas nacionales (incluyendo a los pequeños agricultores) los gobiernos deben tener derecho a promover su crecimiento a través de subsidios o políticas preferenciales, por lo menos hasta que puedan competir en términos de mayor igualdad con las grandes firmas extranjeras. De eliminar el derecho a tratar a los actores nacionales más favorablemente bien podría cerrar la posibilidad de desarrollo de la empresa nacional y perpetuar o empeorar la dependencia de la empresa extranjera.

*El tratado propuesto también quitaría a los gobiernos el uso de un instrumento clave de gestión macroeconómica, financiera y de desarrollo.

El peligroso ámbito de la OMC

Otra razón por la que la propuesta de la Unión Europea podría perjudicar a los países en desarrollo es que el tratado debe situarse en el marco de la OMC, un organismo en el cual pueden aplicarse represalias comerciales o sanciones contra países que no cumplen con sus obligaciones.

La OMC también tiene un "sistema integrado de solución de diferencias", con la posibilidad de la "represalia cruzada": sanciones que pueden ser impuestas en un país no sólo en el área donde se considera que existió infracción sino también en otros sectores donde el castigo puede sentirse de manera más efectiva.

Por ejemplo, si un país no cumple sus obligaciones en materia de derechos de propiedad intelectual o servicios o inversión, sus exportaciones de bienes (como caucho o productos electrónicos) pueden quedar sujetas a sanciones comerciales, si no alcanzó con el castigo aplicado a los sectores anteriores.

Es por la naturaleza de amedrentamiento del sistema de observación de la OMC, y el hecho de que todo lo acordado en la OMC puede ser aplicado, que los países desarrollados lo eligieron como el ámbito favorito en el cual introducir los temas nuevos. Ya que a través de la OMC pueden estar más seguros de disciplinar a los países en desarrollo.

Por lo tanto sería sensato que los dirigentes asiáticos tuvieran cuidado con las sugerencias de los dirigentes europeos en cuanto a que la AEM acepta considerar una agenda con más temas (sean inversión, normas laborales, política de competencia o incluso corrupción) para la OMC.

Los "deberes" del Sur

Funcionarios comerciales de muchos países en desarrollo de Asia han argumentado que encontraron varios problemas y dificultades para intentar aplicar los acuerdos de la Ronda Uruguay, concluida hace poco.

Los países en desarrollo deben cambiar sus políticas en agricultura, una amplia gama de servicios y manufactura, debido a sus compromisos de liberalización. También debe modificar las leyes sobre propiedad intelectual. Y mientras tanto, hay negociaciones en marcha para los "negocios inconclusos" de la Ronda, en sectores como servicios financieros y telecomunicaciones.

Seguramente los países en desarrollo de Asia y otros continentes deben tener un "margen de respiro" para ajustarse a las consecuencias en gran escala de la Ronda Uruguay, y no verse presionados hacia una nueva ronda de negociaciones sobre temas tan críticos como un tratado de inversión extranjera con consecuencias tan importantes para su futuro desarrollo.

(Fuente: SUNS)

(*) Este documento fue presentado ante la Conferencia de ONGs Euroasiáticas, celebrada en Bangkok del 27 al 29 de febrero, pocos días antes de la Cumbre Euroasiática de los jefes de gobierno.