No. 95 - Marzo 1997

Un caso en México

BID y participacion ciudadana: del dicho al hecho

por Ricardo Hernández (Equipo PUEBLO)

Cuando se viene entrando a la Ciudad de México desde el sur, por la autopista que conecta a la capital del país con la turística Cuernavaca, un comentario obligado es el nivel de contaminación observable mientras uno desciende varios kilómetros. Lo común es ver una nebulosidad cobriza y espesa que oculta las edificaciones, pero también hay días en que atmósfera amanece tan clara y limpia que da gusto. En cualquiera de los casos, a mano derecha se observa en el horizonte una no muy extensa cadena de montañas más rojizas que verdes, especialmente erosionadas ahí donde parecen haber sido cortadas a tajo por la explotación de minas de arena.

Ese macizo montañoso es la Sierra de Santa Catarina. En sus faldas viven casi medio millón de habitantes de bajos recursos. En el papel, ellos son beneficiarios directos del Proyecto de Conservación Ecológica para el Area Metropolitana de la Ciudad de México, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Este proyecto, que está siendo financiado con 100 millones de dólares del Banco, comprende una serie de acciones, básicamente de reforestación, en varias zonas de la ciudad. Uno de sus más importantes subproyectos es el que pretende cubrir mil hectáreas de la Sierra de Santa Catarina, a partir de un aporte calculado en 36 millones de dólares.

Al Banco y al gobierno les gusta mostrar a sus visitantes la parte "bonita" de ese proyecto. En un reciente Seminario Internacional sobre Areas Verdes Urbanas, organizado por aquéllos, los asistentes extranjeros pudieron ver durante una visita de campo el Bosque de Chapultepec, la Alameda Central, y el camellón central de la avenida Paseo de la Reforma, que hace más "nice" la vista del Hotel Nikko y del Hard Pock Café. No los llevaron a la Sierra de Santa Catarina, de donde seguro hubieran regresado con la cara cubierta de una fina capa de arena.

Información a 3.400 kilometros de distancia

Poco después de la aprobación del Proyecto de Conservación Ecológica en junio de 1993, representantes de una organización de base, el Frente en Defensa de la Sierra de Santa Catarina, se dirigió al gobierno de la Ciudad de México y a la agencia ejecutora del proyecto, la Comisión de Recursos Naturales (Corena) para obtener información, cosa que no lograron.

Por lo anterior, en octubre de 1993 un representante del Frente viajó a Washington para expresar ante funcionarios del BID sus preocupaciones por la ausencia de información y de participación comunitaria en el proyecto. El entonces Director Ejecutivo por México en el Banco recomendó por escrito a Corena y a la Misión Residente que se entrevistaran con los representantes del Frente. En aquella visita el Frente obtuvo – por una filtración – una copia en inglés de la propuesta de préstamo del proyecto.

De vuelta en México, el representante y otros 11 líderes de colonias populares enviaron una carta al BID diciendo: "Consideramos que los pobladores directamente involucrados debemos participar en el diseño de alternativas de solución (...) reclamamos, como habitantes de esta región, el derecho a conocer toda información, planes y/o proyectos que tengan que ver con el lugar donde vivimos (...) el éxito o fracaso de cualquier propuesta de mejoramiento de la Sierra de Santa Catarina tiene que ver con el acuerdo y participación directa de la población involucrada".

Ellos solicitaron al Banco "ser incluidos en el proceso de elaboración y ejecución de propuestas del proyecto que el gobierno mexicano piensa implementar con apoyo técnico y financiero del BID".

Todos hablan de participación, nadie la ve

En abril de 1994, cansados de no obtener respuestas por parte del gobierno y de la Misión Residente, el mismo representante que fue a Washington se presentó en Guadalajara, nada menos que a la Reunión de gobernadores del BID donde se acordó la Octava Reposición de Capitales. Ahí entregó personalmente a Nancy Birdsall, vicepresidente ejecutivo del Banco, el documento "Una alternativa para la Sierra de Santa Catarina".

La Misión Residente también recibió una copia del documento elaborado por los pobladores con asesoría técnica de organizaciones no gubernamentales (ONG). En el mismo mes, el Congreso de Estados Unidos conoció el caso cuando un analista del Fondo de Defensa Ambiental lo expuso durante una audiencia del Subcomité sobre Desarrollo Internacional.

Seguramente como respuesta a esa presión, un mes después funcionarios de Corena, del gobierno local (Delegación de Iztapalapa) y representantes del Frente realizaron un recorrido "para revisar en campo la factibilidad de inclusión de su propuesta", dice una carta del Representante del BID en México de setiembre de 1995. "En esa visita los funcionarios de las entidades gubernamentales acordaron atender buena parte de las recomendaciones formuladas por ustedes". Sin embargo, los hechos mostraron lo contrario, ya que en febrero de 1995 el Frente había enviado otra carta a Nancy Birdsall. En ella los pobladores se quejan de la falta de respuesta de la Misión Residente. En un documento reportaban que "hasta finales de 1994 Corena obstaculizó la participación del Frente en el proyecto".

La carta de setiembre de 1995 también anuncia el proceso de elaboración de un Plan de Manejo para la Sierra de Santa Catarina, y la realización de "una consulta formal con todos los grupos comunitarios organizados y ONG legítimamente interesadas en el programa y sus objetivos"" y añade: "Hemos solicitado a Corena que se asegure que las organizaciones a que ustedes pertenecen, sean consideradas en éste proceso, lo cual les dará una oportunidad más de participación".

Lo anterior no fue una concesión amable del BID. De hecho, lo único que estaba haciendo era comenzar a decir que cumpliría con una parte ya estipulada en la misma propuesta de préstamo, en el capítulo llamado "Justificación del proyecto. Participación comunitaria". Ahí establece: "La participación de la base, ya sea a través de organizaciones de la comunidad, de representantes administrativos, o de los mismos ciudadanos, es una parte importante de la preparación y ejecución del proyecto, a través de un proceso de consulta y acuerdo".

Ese compromiso, que en realidad fue tomado idéntico del Informe Ambiental del mismo proyecto, elaborado a principios de 1992, no ha sido puesto en práctica seria y consistentemente por el BID a lo largo de cinco años.

La comunidad rebasa al BID: el Parque Ecológico

Entretanto, uno de los grupos del Frente, la Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, desarrolló de forma independiente un proyecto de Parque Ecológico para la zona. Mediante un acuerdo firmado en octubre de 1993, el gobierno de la ciudad y los pobladores se comprometieron a aportar los cerca de 400.000 dólares estimados para la construcción del parque en un espacio de 38.000 metros cuadrados. El parque ya cuenta con un vivero, un centro de reciclaje de basura orgánica y una caseta de vigilancia, y se prevé continuar con un mirador, un jardín de niños, juegos infantiles, una planta de recuperación y tratamiento de agua y una casa ecológica para dar educación ambiental a la comunidad.

A diferencia de las acciones de reforestación y conservación de áreas verdes en la colonia promovidas por Corena, que han terminado varias veces en fracasos, el Parque Ecológico se ha ido perfilando como un modelo de proyecto social sustentable.

Los contrastes son notorios: los árboles que planta Corena se han secado por falta de cuidado y porque sus reforestaciones se han hecho sin coordinación con la organización social, lo que implica poca vigilancia sobre las áreas.

En cambio, el Parque Ecológico y la Unión de colonos consolidan sus proyectos debido a la participación de la comunidad en ellos.

Mientras Corena contrata trabajadores para plantar árboles, y "educadores" ambientales sin experiencia ni conocimiento de la zona, la propia comunidad realiza campañas de reforestación con su contribución voluntaria, y hace una labor de información y educativa permanente, de mayor cobertura e impacto.

Mientras el BID sólo se lamenta de que la explotación de minas continúe, el Frente presiona todo el tiempo a las autoridades para que se cancelen los permisos y amparos de explotación.

En mayo de 1996 el Asesor Regional de Medio Ambiente del BID, con base en México, aceptó una invitación del Frente en Defensa de la Sierra de Santa Catarina para realizar una visita de campo. En esa ocasión, el asesor – junto con los operadores de Corena – fue testigo de las fallas de implementación de las acciones de la agencia ejecutora, y es llevado al Parque Ecológico. Ahí recomienda a la agencia apoyar las iniciativas ecológicas de la comunidad, en particular una Campaña Civil de Reforestación.

A pesar de ese acuerdo verbal, Corena no cumplió con su parte. La agencia había prometido apoyar con un donativo de árboles, pero un día antes de la Campaña quiso cambiar el sitio de plantación acordado entre ambas partes.

Para la organización social eso era imposible, ya que los pobladores habían sido previamente citados en puntos específicos. Corena no dio los árboles ni participó de ningún modo. Afortunadamente, la comunidad no dependía de ese donativo y realizó la campaña con una participación de 2.000 personas.

Con recursos infinitamente menores, la comunidad de la Sierra de Santa Catarina hace mejoras ambientales de mayor calidad y eficacia que el BID.

En julio de 1996, en una carta minuta al Asesor Regional del BID, el Frente reseña esa experiencia de falta de colaboración de la agencia ejecutora, y propone al BID una reunión en la que participe el Frente, el Banco y Corena.

La contestación del Asesor, cuatro meses después, sólo ratifica su "disposición de seguir en estrecha relación con su organización". El Plan de Manejo tuvo un nuevo atraso en su elaboración, y ahora se prevé que esté listo en 1997.

Hablar de ella en cientos de páginas no significa incorporar a la comunidad.

La participación es un tema que para el BID merece mucho, por lo menos las 301 páginas de su muy reciente Libro de Consultas sobre Participación, dirigido al personal del Banco para buscar "involucrar a socios no tradicionales en el diseño y ejecución de los proyectos".

Por su parte, el gobierno mexicano afirmó ante el plenario del Seminario Internacional de Areas Verdes arriba referido, que la experiencia de participación comunitaria en el Plan de Manejo de la Sierra de Santa Catarina, constituye un proyecto piloto que servirá para la elaboración de un modelo de participación para otros subproyectos del Proyecto de Conservación Ecológica de la Ciudad de México.

Pero la situación real contradice los floridos discursos elaborados por funcionarios en Washington o en la Ciudad de México. La Misión Residente ha invitado a la comunidad organizada en el Frente a participar en el Plan de Manejo, es cierto, pero la población no está muy motivada debido a la falta de credibilidad del gobierno. No es para menos. Es sabido que la mayor oposición a la participación de la sociedad civil viene desde el gobierno. En casos como éste, el BID no puede quedarse cruzado de brazos diciendo que ya cumplió con su parte. El Banco debe sensibilizar y recomendar al gobierno tomar en cuenta en serio a la comunidad, favorecer con su presencia el diálogo entre el Frente y agencia ejecutora, y monitorear el trabajo conjunto acordado por las partes.

Pero si el Banco sigue privilegiando las consideraciones políticas hacia personas y grupos privilegiados del sistema mexicano, por sobre la implementación eficiente de un proyecto, las trescientas y una páginas del Libro sobre Participación, y sus decenas de recomendaciones, sólo servirán para adornar - o estorbar – los escritorios del BID.

Publicado en La Otra Cara de México, No. 51, marzo – abril 1977, México.