No. 96 - Abril 1997

Acuerdo Multilateral de Inversión

Diez razones de preocupación

¿Qué es el Acuerdo Multilateral de Inversión?

Los países industrializados más ricos del mundo están negociando un tratado sobre la inversión extranjera que dará más poder a las grandes empresas transnacionales. Se llama Acuerdo Multilateral de Inversión (AMI).

¿Qué podría hacer el AMI?

Los países que firman el AMI deben:

(1) abrir su economía a los inversores extranjeros;

(2) tratar a las empresas extranjeras en pie de igualdad con las empresas nacionales;

(3) permitir la aplicación de nuevos derechos de los inversores extranjeros en tribunales internacionales especiales.

¿Qué tiene de malo el AMI?

El acuerdo otorga nuevos derechos a las transnacionales y a los extranjeros ricos. Si miramos al mundo, tal como está actualmente, ¿podemos decir que son ellos los que necesitan ayuda de los gobiernos? En el afán por derribar los "obstáculos" a la investigación extranjera, el AMI pondría nuevos obstáculos a nuestro derecho democrático de manejar los asuntos internos de forma que nos beneficie en lo económico y lo ambiental.

Pero dejemos que sea el propio AMI el que hable por sí mismo. A continuación hay diez citas extraídas de proyectos confidenciales del acuerdo. Traduciremos la terminología legal para explicar lo que haría el AMI en el mundo real.**

1. ¿Qué abarca? Casi todo

El AMI dice "Medios de inversión: Todo tipo de activo en posesión o controlado directamente por un inversor".

Traducción: Al hablar de inversión extranjera, ¿qué es lo primero que se nos ocurre? Probablemente algún gran convenio en el que una empresa extranjera compra a una compañía nacional o instala una nueva fábrica. El AMI, tal como su definición lo indica, abarca esto y más: acciones, bonos, derechos de propiedad intelectual, concesiones, etc. De manera que cualquier acción de un gobierno que afecte alguno de estos "activos" podría ser cuestionada en el marco del AMI.

En lo concreto: En gran medida, las acciones de las grandes compañías se compran, se venden y son de propiedad de inversionistas de todo el mundo. Si alguno de estos inversionistas se ve afectado por una reglamentación nacional, podrían denunciarla aduciendo que se opone al AMI.

2. Trato igualitario ...
¿o derechos especiales?

El AMI dice: un país que firma el AMI debe dar a los inversionistas extranjeros "trato no menos favorable que el trato que concede (en circunstancias iguales) a sus propios inversionistas".

Léase: Una de las normativas principales del AMI es el "trato nacional", lenguaje técnico que significa que los países prometen tratar a los inversionistas extranjeros de igual forma que a sus propios inversionistas.

¿Qué tiene eso de malo? Nada, si se trata de una elección libre. Tampoco tratar a las transnacionales extranjeras de manera diferenciada cuando se lo considera apropiado tiene nada de malo. Por ejemplo, en los casos en que los propietarios extranjeros no tienen en cuenta las necesidades de una comunidad local, los gobiernos suelen imponerles prescripciones.

El AMI eliminaría esa capacidad de elección y obligaría a un "trato no menos favorable" como norma uniforme e inflexible. Como la norma es "no menos favorable", los gobiernos están impedidos de tratar a las compañías extranjeras peor que a las firmas nacionales, pero sí las pueden tratar mejor. Esto podría dar lugar al peligro de que los países establezcan convenios especiales para competir por la inversión extranjera.

También, en la medida que la disposición es vaga, debemos analizar el resto del AMI para ver qué significa "no menos favorable". A medida que avancemos, veremos que en realidad a los inversores extranjeros se les han concedido derechos especiales.

En lo concreto: Algunos países supervisan la inversión extranjera para asegurarse que las nuevas inversiones sean de interés nacional, o restringen la propiedad extranjera de los medios de difusión y otros sectores económicos. Como esto es un trato "menos favorable" que el que se les da a los inversionistas nacionales, sería ilegal para el AMI. Pero los países que establecen exenciones impositivas y zonas de exportación especiales para las compañías extranjeras estarían autorizados a seguir manteniendo negocios atractivos fuera de sus ubicaciones actuales.

3. No se autorizan condiciones

El AMI dice: un país que adhiera no puede "imponer, poner en práctica o mantener ninguna de las prescripciones siguientes, o poner en práctica compromiso alguno en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, gestión, operación o conducta" de una compañía extranjera.

Léase: Este es un ejemplo de cómo el AMI concede a las compañías extranjeras un trato menor, y no igual. Los gobiernos no pueden exigir a las empresas extranjeras el cumplimiento de ciertas prescripciones o condiciones, aún cuando éstas rijan para las compañías nacionales.

En lo concreto: Los países no pueden exigir a los inversionistas extranjeros que alcancen un determinado nivel de inversión en su territorio. Entre las condiciones que se prohibe aplicar figuran las prescripciones relativas al uso de abastecedores nacionales, a entrar en sociedad con empresas nacionales, o contratar una cantidad mímica de empleados locales – los tipos de medidas que pueden ayudar a asegurar que los ciudadanos del país se beneficien de la inversión extranjera.

4. ¿Qué es expropiar?

El AMI dice: "Una parte contratante no expropiará o nacionalizará directa o indirectamente una inversión ... o adoptará medida alguna o medidas que tengan un efecto equivalente ... salvo con fines que sean en bien del interés público ... acompañado del pago de una compensación pronta, adecuada y efectiva".

Léase: Según el AMI, los gobiernos que "expropian" una propiedad de un inversionista tendrán que pagar el precio del mercado. Desde un punto de vista ambiental, surgen problemas con la inclusión de los conceptos de expropiación "indirecta" y "medidas que tienen efectos equivalentes" a la expropiación. Al definir la expropiación de modo que abarque las expropiaciones indirectas, el AMI abre una puerta a los inversionistas extranjeros para llevar la batalla fuera de nuestro proceso político y legal normal – en el que por lo menos ambas partes tienen derecho a ser escuchadas -, al sistema unilateral del AMI.

En lo concreto: El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre Canadá, México y Estados Unidos, tiene normas de inversión sobre expropiación similares a las del AMI. Para dar una idea de cómo las empresas extranjeras pueden aducir que las disposiciones ambientales suponen una expropiación de sus inversiones, vale la pena citar el caso de una compañía estadounidense que advirtió a Canadá que el establecimiento de restricciones a un producto químico potencialmente tóxico que la empresa produce y vende en Canadá, equivaldría a una expropiación, y que Canadá tendría que pagar 200 millones de dólares por su compensación.

5. Costos de la libertad monetaria: movilidad de capital y estabilidad financiera

El AMI dice: "Cada Parte Contratante asegurará que todos los pagos relativos a una inversión en su territorio de un inversionista de otra Parte Contratante puede ser transferido libremente dentro y fuera de su territorio sin demora".

Léase: La mayoría de los países quieren atraer inversiones extranjeras de largo plazo que puedan contribuir a un crecimiento económico estable. Esta parte del AMI garantiza una inversión más riesgosa y especulativa, en la que el dinero extranjero puede entrar en un mercado "de alto riesgo y rendimiento" y luego salir rápidamente si la economía se desestabiliza. El AMI impide que los países establezcan restricciones a los flujos excesivos de dinero que entren o salgan de sus economías.

En lo concreto: ¿Recuerdan la crisis económica de México, en la que el valor del Peso se derrumbó, erradicando ahorros y provocando una rebaja de salarios casi instantánea? Una de las causas principales de esta crisis financiera fueron los enormes e inestables flujos de ingresos y egresos de inversiones extranjeras. Para evitar éste problema, algunos países, como Chile, exigen a los inversores extranjeros que mantengan las inversiones nuevas en el país por lo menos durante un año. El AMI desbarataría éste tipo de medidas de seguridad, aumentando el riesgo de que la crisis financiera mexicana se repita en todo el mundo.

6. Los derechos del inversionista extranjero: el peor de los mundos

El AMI dice:

Léase: El AMI importa porque sus normas pueden ser aplicadas. Si un inversionista extranjero cree que un país en el que ha invertido está violando el AMI, el inversionista tiene a dónde recurrir. Puede reclamar ante su propio gobierno, que puede llevar al otro país a un arbitraje internacional. O el inversionista puede directamente demandar al país receptor. En cualquiera de ambos casos, el arbitraje consiste en que algunos especialistas en comercio se junten como jueces y atiendan el diferendo en un grupo cerrado, sin dar a los ciudadanos de cualesquiera de los dos países la posibilidad de hacer comentarios. El grupo decidirá si los gobiernos están violando el acuerdo, y en tal caso pueden aconsejarles que cambien las leyes y compensen los daños – posiblemente millones de dólares – al país o al inversionista que presentó la demanda.

En lo concreto: El grupo "gobierno a gobierno", con sus normas secretas, es una figura heredada directamente de los acuerdos comerciales internacionales. Existen antecedentes de países que utilizan estos grupos especiales para oponerse a leyes ambientales de otros países – y generalmente las que pierden son las leyes ambientales. Por ejemplo, la ley de Estados Unidos que exige a los pescadores de atún que utilicen métodos para evitar la matanza de delfines, y partes de la Ley de Aire Puro del mismo país han sucumbido al arbitraje comercial. Las mismas normas en el AMI podrían ser incluso más perjudiciales. Los acuerdos comerciales tienen un enfoque limitado sobre cómo se tratan los productos exportados. Como el AMI abarca la inversión extranjera dentro del país, todas las reglamentaciones nacionales sobre formas de producción y contaminación de las empresas – la base del derecho ambiental – pueden llegar a convertirse en motivo de diferencia internacional de gobiernos de otros países.

Permitir que las empresas extrajeras cuestionen directamente las leyes nacionales en "tribunales empresariales" internacionales y especiales es una idea peligrosa. Pensemos en una ley nueva que cuente con el apoyo de los ambientalistas y la oposición de algunos empresarios nacionales y extranjeros. Hasta ahora ambas partes podrían enfrentarse en un proceso político, y en los tribunales del país. Pero si se firma el AMI, las empresas extranjeras tendrían un arma nueva que ningún otro grupo podría utilizar. Podrían cuestionar la ley en el marco de las normas especiales del AMI, o tan solo amenazar con hacerlo, dejando a las autoridades en vilo frente a la posibilidad de pérdidas millonarias.

7. ¿Y los derechos de los ciudadanos?

El AMI dice: " "

Léase: La razón de que aquí haya un espacio en blanco es porque el AMI no concede ningún derecho a los ciudadanos. Dicho de otra forma, no existen obligaciones vinculantes para los inversores extranjeros, que los ciudadanos, o incluso los gobiernos, puedan hacer cumplir a través de las normas de solución de diferencias del AMI.

En lo concreto: Toda vez que una empresa invierte en un proyecto en el extranjero, eso afecta a varios grupos: 1) la empresa, obviamente; pero también 2) los integrantes de la comunidad en que la compañía invierte, en especial los trabajadores; y 3) el gobierno del país receptor. En caso de surgir un conflicto, debe haber ámbitos abiertos, equilibrados, donde se escuchen todas las voces. En lugar de eso, el AMI crea un sistema unilateral (sólo puede ser usado para defender los intereses de los inversionistas) y de exclusión (los ciudadanos no pueden participar).

8. ¿Un derecho para negociar con dictadores?

El AMI dice: los gobiernos no pueden imponer sanciones o negar beneficios "debido a las inversiones que hace, posee o controla directa o indirectamente un inversionista de otra Parte Contratante".

Léase: La inversión extranjera en países no democráticos puede ayudar a respaldar a los dictadores. Por esta razón, algunos países, estados o ciudades utilizan sus leyes para atraer o desalentar la inversión en regímenes dictatoriales.

En lo concreto: El AMI dice que las empresas extranjeras no pueden ser castigadas por las inversiones realizadas en otros países. Esto significa que debemos cerrar nuestros ojos a la forma en que un inversionista actúa fuera de fronteras, de manera que cuando haya empresas extranjeras de por medio, nuestras leyes no podrán reflejar nuestros valores.

9. Un acuerdo para abrir mercados

El AMI dice: Los países firmantes del AMI "entablarán negociaciones con países interesados no firmantes del Acta Final y tomarán decisiones sobre su aptitud para convertirse en Parte Contratante".

Léase: el AMI está siendo negociado por miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), un club de 29 países ricos. En todo momento el plan ha sido finalizar el acuerdo en el marco de la OCDE y luego invitar a los países en desarrollo a firmarlo. Muchos países en desarrollo tienen reglamentaciones más estrictas para la inversión externa. Uno de los principales propósitos del acuerdo es llegar a un consenso entre los países industrializados y utilizar el AMI para presionar a los países en desarrollo a "abrir sus economías" y cambiar sus leyes de inversión extranjera.

En lo concreto: Un porcentaje cada vez mayor de la inversión extranjera va a parar a los países en desarrollo. Si los países en desarrollo firman el AMI, podría perder la gente tanto de los países ricos como pobres. El AMI dará a las empresas más derechos y seguridad para trasladarse de los países con salarios más altos a otros con mano de obra barata. Por su lado, los países en desarrollo habrán firmado un acuerdo en cuya elaboración no participaron, y perderán la posibilidad de agregar condiciones a las nuevas inversiones extranjeras.

10. Sin escapatoria

El AMI dice: "En cualquier momento dentro de los cinco años a partir de la fecha en que éste Acuerdo haya entrado en vigor para una Parte Contratante, esa Parte Contratante podrá dar aviso ... de su retiro por escrito ... Las disposiciones de éste acuerdo continuarán aplicándose durante un período de 15 años a partir de la fecha de notificación del retiro".

Léase: La mayoría de los tratados internacionales exigen a los países que deseen retirarse, un plazo de seis meses de antelación para dar aviso. El AMI va más lejos. Un país que ha firmado el acuerdo no puede irse hasta por lo menos cinco años después de haberlo ratificado. A partir de entonces las normas del AMI dejan de cubrir nuevas inversiones extranjeras, pero sigue rigiendo para las existentes durante quince años más. Esto es porque el AMI está más preocupado por dar seguridad al inversionista de largo plazo que por nuestro derecho democrático a cambiar de opinión y cambiar las leyes.

En lo concreto: Tomemos el ejemplo de un país que ratifica el AMI en 1998. Luego, en el 2000 sale electo un presidente y un Congreso con ideas diferentes sobre las empresas extranjeras. Mala suerte, porque no pueden sacar a su país del AMI hasta el 20003. Las empresas de propiedad extranjera que ya estén en el país tendrán derechos especiales hasta el 2013. Por supuesto, nadie podría impedir a un país que cambiara sus leyes de forma que resulten violatorias del AMI – salvo que sería llevado ante el tribunal del AMI y multado ¡teniendo que compensar a las compañías extranjeras en los 20 años siguientes!

(Fuente: Amigos de la Tierra/FOE)