No. 101 - Setiembre 1997

FMI y Banco Mundial en América Latina

Mercantilización del desarrollo

por Eduardo Gudynas

El FMI y el Banco Mundial acaban de lanzar nuevas propuestas de desarrollo en América Latina. Ambas parten de concebir al mercado como un escenario privilegiado, y al crecimiento económico como el motor del desarrollo. Sin embargo, existen diferencias: mientras el FMI se mantiene en una retórica ortodoxa, el Banco Mundial alienta la acción estatal, aunque de forma subordinada al mercado. Es una visión heterodoxa que espera la resolución de problemas como la violencia y la educación desde la economía. Las cuestiones ambientales son ignoradas, aún las vertientes mercantilistas que el mismo banco ha defendido.

En el último año se han sucedido nuevas propuestas de reformas en América Latina, y el tema del desarrollo vuelve a los primeros planos. Insistiendo en un modelo a imitación de los países industrializados, el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzan nuevos consejos para los países de la región. Aunque en realidad estas ideas no se originan en esas instituciones, sino en universidades y centros académicos, no sólo de los países industrializados, sino en la propia América Latina, tanto el FMI como el Banco Mundial se constituyen en sus grandes difusores.

Así, en estas semanas es posible presenciar la presentación en sociedad de los planes que esos organismos defenderán para la próxima década en América Latina. Esta circunstancia se convierte en una oportunidad para analizar detenidamente sus propuestas y poder construir alternativas allí donde sea necesario.

En este artículo se presentan, con cierto detalle, las propuestas de estas dos instituciones, tal como son defendidas por sus promotores, de manera de comprender a qué objetivos se apunta, qué medidas están en juego y sus concepciones del desarrollo. Seguidamente se adelantan algunos apuntes de un análisis crítico de estas concepciones que, antes que un análisis detallado, son una invitación para que otros hagan otro tanto y contribuir a un amplio debate a escala continental.

Sabiduría desde el fondo

En los últimos meses, Michel Camdessus, director-gerente del FMI, ha defendido sus nuevas medidas de reforma económica para América Latina. Por ejemplo, en la reunión del Círculo de Montevideo, que nuclea a participantes políticos y académicos de varias tendencias (como el español Felipe González, el presidente uruguayo Julio Sanguinetti, o el ministro chileno de Obras Públicas, Ricardo Lago, junto al presidente del BID, Enrique Iglesias, e intelectuales como Helio Jaguaribe y Alain Touraine), presentó lo que llamó los "siete pilares de una nueva sabiduría". Sus propuestas fueron la rectitud macroeconómica, la profundización del ajuste estructural, la reforma del Estado, el uso de eficiencia y eficacia en las políticas sociales, la reforma del sector financiero, la revitalización de la diversidad cultural y la invención de un nuevo sistema político central a escala planetaria. Esas y otras ideas son parte de los "once mandamientos" establecidos por el Comité Interno del FMI.

En sucesivas reuniones se han defendido todas o parte de esas ideas. Uno de los más claros alegatos tuvo lugar en mayo en Buenos Aires, donde Camdessus las presentó ante la Asociación de Bancos de Argentina. Denomina a su programa "la segunda generación de reformas estructurales" en América Latina y postula dos objetivos primarios:

Aumentar el crecimiento económico, y que sea "genuinamente sostenible en el largo tiempo en nuestra siempre globalizante economía mundial". El crecimiento económico debe ser alto (por lo menos superior al cuatro por ciento anual) y con beneficios que se destribuyan equitativamente.

Completar la transformación del papel del Estado en la economía.

Camdessus enfatiza que no existe ninguna distinción "artificial o teórica" entre las dos generaciones de reformas, o sea, que es la lógica continuación de las reformas estructurales que se preconizaban desde un año antes. Las medidas propuestas por Camdessus, utilizando sus propios conceptos y palabras, se pueden resumir como sigue:

1. Se debe promover un sistema de regulación que sea simple, transparente, y aplicado igualitariamente, con el objetivo de asegurar un acceso equitativo a los mercados, que promueva la competencia, elimine los costos de comercio innecesarios, y genere eficiencia y crecimiento.

2. Se debe elevar la profesionalidad e independencia del sistema judicial, asegurando una justicia rápida e igual para todos, dándole confianza a los ahorristas e inversores que los contratos serán cumplidos, sus derechos protegidos, y que la propiedad estará asegurada.

3. La calidad del gasto público se entiende como una reducción de los gastos que son improductivos de manera de disponer de más fondos para invertir en capital humano y en infraestructura básica. También se busca asegurar que los servicios públicos esenciales sean provistos a un costo razonable, que alcancen a quienes son sus destinatarios, y que su acceso sea equitativo. Camdessus destacó que la inversión en educación tiene una enorme importancia al aumentar la productividad y habilidad de los trabajadores. También elogió a los países de la región por ser los que menos gastan en el sector militar.

4. En el sector laboral, se alerta que se han hecho pocos avances lo que ha tenido efectos negativos sobre el progreso social. El director del FMI reconoce que muchos asocian las reformas estructurales con la pérdida de trabajos, pero insiste en que ello es en realidad un "costo de corto plazo" mientras las industrias se modernizan y el sector público reduce sus plantillas. Su "clave para preservar y expandir el empleo, especialmente entre los menos calificados, es un mercado laboral flexible" que promueva la movilidad y mantenga los costos laborales en línea con la productividad. Las medidas específicas que menciona son la reforma y descentralización de la negociación colectiva laboral, incrementar la eficiencia, contener los costos de asistencia laboral frente a quebrantos de salud o despidos.

5. En el sector financiero, los bancos deben moverse en una estrategia orientada hacia el mercado, lo que requiere una regulación estatal prudente y una supervisión más efectiva, que lleve a modernizar los servicios, reducir sus costos y aumentar su disponibilidad para nuevos emprendimientos. Camdessus destacó, para el caso argentino, la necesidad de mejorar la transparencia, tanto al nivel de los bancos con las agencias estatales, como con sus usuarios.

6. En el sector fiscal, Camdessus elogió las reformas pasadas, y señaló que las nuevas deben apuntar a ensanchar la base tributaria, mejorar su administración y la rectitud de los pagadores. Asimismo se deben clarificar las responsabilidades fiscales de los gobiernos locales y los nacionales.

7. Finalmente, para que las reformas sean viables requieren de una "buena gobernabilidad", en especial al nivel de las instituciones públicas. Pero además, ello tendría otros efectos positivos, como políticas de crédito que sea responsables y buenas, una cultura de cumplimiento impositivo, etc. Esto pasa por reducir la intervención del Estado en la economía y aumentar la transparencia de los gobiernos

La larga marcha

El Banco Mundial no se ha quedado atrás y acaba de lanzar su propia versión de las reformas que son necesarias para el continente. Bajo el sorpresivo título de "La larga marcha", que rememora a la revolución china, los economistas Shahid Javed Burki y Guillermo E. Perry apuntan en una dirección similar: más reformas estructurales para un mayor crecimiento económico. Pero su programa no es idéntico al del FMI. Mientras aquel se mueve esencialmente en el campo económico-financiero, el Banco Mundial aborda "el desarrollo", incursionando en problemas como educación, salud, vivienda, pobreza, etc. Estas diferencias cobran mayor nitidez cuando los propios Burki y Perry señalan que sus nuevas propuestas, que "algunos" denominan en forma "imprecisa" de segunda generación, son en realidad diferentes a las realizadas anteriormente, e incluso aparecen como más problemáticas.

Sin embargo la meta es la misma: que América Latina crezca por encima del seis por ciento anual, ya que esa es la tasa necesaria para reducir el número de pobres en el continente. Para ello, el programa de reformas se ordena en cinco esferas, que pueden describirse como siguen.

1. Inversiones en capital humano. El estudio de Burki y Perry considera especialmente el "capital humano" en los ámbitos de los servicios de salud y educación. Su principal propuesta es la introducción de sistemas de incentivos y regulaciones propias del mercado. La educación se trata con más detalle, dándose la prioridad a la enseñanza básica y a instrumentos como una mayor autonomía de las escuelas, control en la escuela por los padres y las comunidades, competencia entre centros de enseñanza públicos y privados, salarios de los docentes sobre la base de rendimiento, etc.

2. Sector financiero. Se propone el fortalecimiento financiero, mejorando la reglamentación, supervisión, inspecciones y controles sobre los préstamos, y asegurando la independencia del sector de las presiones políticas. Se debería fomentar la competencia bancaria, sin distingo de propiedad, privatizando aquellos bancos públicos ineficientes, y la promoción de mercados de bonos y acciones.

3. Marco legal y reglamentario. En este terreno las metas apuntan a la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de los contratos, y el fortalecimiento de la credibilidad de la estructura jurídica y normativa, las que son consideradas como muy débiles, con una consecuente repercusión negativa en los inversionistas nacionales y extranjeros. En efecto, se parte del convencimiento de que es indispensable aumentar los niveles de inversión para mantener el crecimiento económico, y ello requiere de seguridades para los inversores.

Las medidas concretas que se manejan incluyen la protección y ampliación de los derechos de propiedad, leyes sobre competencia, la eliminación de la reglamentación innecesaria o ineficiente sobre la actividad económica.

También se señalan prioridades en los mercados laborales, y el marco normativo para la inversión privada en infraestructura y servicios sociales. En los primeros se busca aumentar la flexibilidad para contratar y despedir, y durante la negociación colectiva, reformar los sistemas de pagos por despido y desempleo, y reducir la carga de impuestos sobre la contratación de personal. El sustento conceptual de Burki y Perry es reducir las distorsiones y mejorar la eficiencia en el "mercado" de trabajo. En el segundo aspecto, el propósito es generar infraestructura pública y servicios sociales que lleguen especialmente a manos de los pobres pero que sean provistos por privados bajo contratos con el Estado. Se deberían mejorar los marcos regulativos, establecer organismos de contralor independientes, y mejorar la distribución y gestión de los riesgos que representa la inversión en proyectos de infraestructura.

4. Fortalecimiento fiscal. La reforma fiscal es la primera prioridad en esta propuesta. Se la presenta como un complemento de los ajustes que ya se realizaron en América Latina, pero indispensable para "garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo; para mejorar la eficiencia, y para promover la igualdad", así como para aumentar las tasas de ahorro. Los instrumentos a los que se apelará incluyen reforma de la seguridad social, la reforma fiscal en los gobiernos locales, la mejora de la gestión de los bancos centrales y bancos estatales, las garantías a los exportadores e inversionistas privados en infraestructura, así como mejoras en la recaudación de los impuestos y en las instituciones presupuestarias.

5. Sector público y gobierno. Los cambios propuestas apuntan a que los gobiernos sean confiables, eficientes y responsables. De nuevo se considera que los inversionistas requieren de mejoras en este terreno, en especial sobre la responsabilidad y transparencia de los gobiernos, la calidad de la burocracia pública, la fiabilidad del poder judicial y la seguridad personal. Burki y Perry recuerdan que recientes estudios muestran que "los niveles excepcionalmente altos de delincuencia y violencia en la región acarrean un elevado costo económico". Los instrumentos de reforma previstos pasan por la descentralización efectiva del gobierno, las reformas de la administración pública y el poder judicial.

La importancia de las reformas

Algunas de las reformas propuestas por el FMI y el Banco Mundial aparecen como acertadas. El fortalecimiento del sistema judicial o la lucha contra la violencia y la corrupción serían compartidas por más de un lector, y además han estado en el centro de las prédicas de muchos movimientos sociales. No olvidemos que algunas ciudades latinoamericanas enfrentan una creciente ola de violencia, a la par que se han sucedido serios casos de corrupción que han llegado a los más altos niveles políticos. En varios países los sistemas legales son débiles, los jueces carecen de autonomía, y no existe una tradición de un poder judicial autónomo que sirva para amparar a los ciudadanos.

Por ello, el plantear como objetivos el fortalecimiento de esos aspectos debe ser bienvenido. Aceptado esto, debe darse un paso más para no quedar en un análisis superficial, y evaluar los aspectos conceptuales involucrados en ese tipo de propuestas. Este no es un tema menor ni resultado de una exquisitez académica. Tanto el FMI, el Banco Mundial y otras tantas instituciones gubernamentales latinoamericanas han proclamado metas que todos compartiríamos, para luego aplicar instrumentos que apuntan en dirección contraria, sin llegar a resolver los problemas de fondo.

El análisis de la violencia que realizan Burki y Perry revela los conceptos que sustentan sus propuestas. La necesidad de reformas se apoya en advertir sus efectos negativos sobre el desarrollo económico, en por lo menos cuatro frentes: el crimen y la violencia afectan negativamente el capital físico de un país, especialmente por su destrucción directa; erosionan el desarrollo de capital humano, por ejemplo al reducir la concurrencia a las escuelas o al desviar fondos públicos a la seguridad; destruyen el capital social, en tanto rompen las redes sociales que sustentan el crecimiento económico y la reducción de la pobreza; y limitan la capacidad de los gobiernos. Es fácil advertir que este análisis del Banco Mundial aborda el crimen por sus impactos negativos sobre el "capital" y el "mercado". Por ello surgen términos como "mercado de la violencia", advirtiéndose que sus costos, en el caso de Colombia, trepan al 13 por ciento de su producto interno bruto (PIB). No se sostiene que la violencia deba ser combatida en defensa de la vida, sino que se busca una protección de los ahorristas e inversores, para asegurar la propiedad privada o la integridad de la infraestructura.

Mercantilización expandida

Este tipo de abordaje conceptual, centrado en el mercado, se ha repetido en los últimos años en otros terrenos. Por ejemplo, en el caso de las pensiones y jubilaciones, uno de los objetivos primarios de las reformas ha sido aumentar la tasa de ahorro en el continente. En el caso de la corrupción, ésta ha sido combatida en tanto distorsiona la marcha de los mercados. Así, la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos se ha quejado por la "competencia desleal" que realizan las empresas europeas, las que están legalmente habilitadas a pagar "comisiones" en América Latina. Algo similar sucede con la educación, en tanto queda bajo un objetivo subsidiario de generar mejores trabajadores y mayor productividad.

En las propuestas del FMI y el Banco Mundial se sigue ese camino, y la agenda de cambios se centra en potenciar y liberalizar los mercados. Eso explica la insistencia en medidas para la protección de los derechos de propiedad, el cumplimiento de contratos, la transparencia administrativa, la remoción de "distorsiones" en el "mercado" del empleo, etc.

Muchos dirían que este tipo de aproximación es neoliberal. Pero bajo un análisis estricto, el rótulo de neoliberal es asignado a quienes siguen a la escuela de economistas austríacos inspirados en F. von Hayek y L. von Misses, los que apelan a un mercado liberalizado y extendido, con un Estado que apenas asegura su funcionamiento, y rechazando cualquier planificación y regulación. Un problema como la justicia social no tiene sentido para un neoliberal, en tanto el orden social emerge espontáneamente del mercado, a partir de hombres buscando su propio beneficio. F. von Hayek en 1968 sostenía que la "justicia social", entendida como medidas para evitar descensos en la posición material de grupos de personas no es posible sin "destruir con ello los fundamentos del orden del mercado". Precisamente estos fundamentos se anteponen a cualquier otra consideración. El Estado debería, a juicio de esta corriente, encargarse de proteger los derechos de propiedad, mantener la seguridad pública, y unos pocos aspectos más. Si bien Burki y Perry no invocan la "justicia social", sí promueven varias acciones desde el Estado, lo que un neoliberal ortodoxo nunca apoyaría. Por eso, la agenda de reformas del Banco Mundial es heterodoxa.

En cambio la propuesta del FMI está mucho más cerca de la visión ortodoxa. Por ejemplo, Camdessus a partir de reconocer que los ajustes estructurales no habían conseguido milagros, se preguntaba si "el péndulo se fue demasiado hacia la derecha, y no sería tiempo, ahora, de relajar las disciplinas para que haya un poquitín más de joie de vivre, un poco más de Estado" Su respuesta fue contundente: "hay que escapar de esta falsa lógica pendular" y tratar de avanzar en nuevos caminos, que no son otros que una profundización de la mercantilización de la sociedad, el Estado y la propia concepción del desarrollo.

El Banco Mundial no llega a ese extremo, y está más cerca de varias de las estrategias que ya han ensayado los países latinoamericanos, donde se mantienen algunas funciones del Estado, pero con una neta primacía del mercado. Ejemplos notorios son las intervenciones "focalizadas" sobre los sectores más pobres y marginados, que buscan tanto reducir algunos de los impactos sociales más graves de la reformas económicas, como evitar cualquier estallido social.

Este es un aspecto clave en los modelos actualmente vigentes. La estrategia de desarrollo es pensada en función del mercado, y el Estado pasa a tener funciones subsidiarias a éste. En tanto se proclama una meta de elevado crecimiento económico, será en el mercado donde podrá dispararse ese proceso. Si bien no se llegó al extremo neoliberal de desmantelar el Estado, se está avanzando en un camino igualmente dramático: el Estado subordinado al mercado.

Tanto las propuestas del FMI como del Banco Mundial están repletas de esta mercantilización del desarrollo: las estrategias en campos no económicos, como la enseñanza o la salud, se analizan y estudian en términos económicos, y dentro de ese campo, bajo una óptica basada en el mercado. Se usan términos como "capital humano" para referirse a la educación y salud, "mercado laboral" al tratar el trabajo, y la asistencia y solidaridad es un "gasto social".

Reparando la pobreza

El documento del Banco Mundial pone como su primera preocupación a la pobreza en América Latina. Su urgencia es comprensible ya que, si bien según los últimos datos disponibles de CEPAL, en 1994 la pobreza descendió al 39 por ciento, dos puntos menos que en 1990, igualmente sigue por encima de los niveles de 1980 (35 por ciento). El número absoluto de pobres creció de 197 millones en 1990, a 209 millones en 1994.

Pero la receta de solución es dar prioridad al crecimiento y no los procedimientos de redistribución de la riqueza o de regulación de la acumulación. Burki y Perry insisten: "En términos generales, cuanto mayor sea la desigualdad de un país, mayor será la tasa de crecimiento que se requiere para reducir la pobreza". Rememorando una vieja idea se supone que si la "torta" crece, todos, aún los más pobres, recibirán una porción un poco mayor.

Sin embargo, el preconizar un modelo de causalidad mecánica entre el crecimiento económico y la reducción de la pobreza resulta poco aceptable. Sin negar la importancia del aporte económico, no deben olvidarse determinantes igualmente relevantes, especialmente las políticas. Hace ya algunos años, Hirschmann alertaba sobre la "conexión intermitente" entre los avances económicos y sociales, con ejemplos latinoamericanos donde a pesar de un retroceso económico continuaron mejorando los indicadores sociales. Más recientemente, los sociólogos Filgueira y Rodríguez ilustran la relevancia de las circunstancias políticas y los impactos de los gobiernos autoritarios.

Las políticas de intervención social que preconiza el Banco Mundial son focalizadas y buscan ingresar a las personas al mercado. Conceptualmente el modelo se asemeja a las ideas básicas sustentadas en Estados Unidos, donde lo que existen son mecanismos de "reparación", que provienen de una concepción distinta a los de justicia social, en tanto presuponen que hay víctimas a las que se le deben reparar sus daños. Se trata entonces de una indemnización en manos del Estado, donde se excluye la discusión de los derechos (veáse el análisis de Rosanvallón, 1995).

Ciudadanos o consumidores

La mercantilización también se expresa en invocar como actores, no a las personas como seres humanos, sino en su condición de ahorristas, inversores, o consumidores. Las personas sólo cuentan en las transacciones comerciales; la propia esencia humana se mercantiliza.

Por ejemplo, para atender el problema de la tierra, Burki y Perry postulan una "reforma agraria asistida por el mercado", que busca la participación de los "pobres en el mercado inmobiliario". Los "Sin Tierra" de Brasil serían en realidad "Sin Capital", y la solución sería "entrar" al "mercado inmobiliario", como "compradores dispuestos a comprar y vender".

Como las personas son tales sólo en el mercado, se minimizan los foros políticos en sentido amplio. El gobierno mantiene funciones para asegurar el funcionamiento del mercado, pero no como expresión de foros políticos. El fortalecimiento de la gobernabilidad postulado por el FMI y el Banco Mundial se centra más en ese rol subsidiario del Estado, pudiendo contribuir a aumentar el descreimiento político que existe en el continente. Se cae así en "democracias delegativas" personalizadas (veáse las advertencias de O’Donnell, 1992).

Amnesia ecológica

El tema ambiental es ignorado en estas propuestas. En los últimos años, el Banco Mundial lo abordó, manteniendo su fe en el crecimiento económico, aunque postulando que la protección ambiental era necesaria para mantenerlo. Sus propuestas recogieron gran parte de la teoría y práctica del "ambientalismo del libre mercado" desarrollado en Estados Unidos y Canadá, desplegando una nueva familia de instrumentos de gestión ambiental basados en el mercado. Se promovió una vertiente del desarrollo sustentable, donde la Naturaleza era una forma de capital, y era intercambiable con el capital de origen humano. Este tipo de posturas tienen muchos elementos debatibles, pero al menos se ponía la cuestión ambiental sobre la mesa y podía discutirse sobre ella. En cambio, "La larga marcha" es un paso atrás: no se trata el tema ambiental.

Esta exclusión de la agenda de reformas demuestra que muchos de los estudios ambientales del Banco Mundial siguen todavía desvinculados de sus propuestas de desarrollo. Se refuerza la impresión de que esos aspectos, así como los temas de equidad social, las condiciones laborales, o la participación de la sociedad civil, son agregados circunstanciales. Burki y Perry son sinceros y transparentes: el marco ecológico no es un tema para la próxima década. Lo mismo sucede con las propuestas de Camdessus, pero con la salvedad de que el FMI nunca se internó seriamente en las cuestiones ambientales.

Esta es una enorme limitación. Se olvida que el marco ecológico del continente impone condiciones al desarrollo. En América Latina no puede hacerse cualquier cosa, ni tampoco puede crecerse por siempre: la superficie de tierras cultivables está limitada, la disponibilidad de agua es acotada, las reservas minerales son finitas, y así sucesivamente con todos los recursos naturales. Estos límites explican por qué el crecimiento económico no puede ser un fin en sí mismo, ya que aquellas economías que estén bajo continua expansión, y por lo tanto consumiendo más recursos y generando más impactos, más tarde o más temprano chocarán con esos límites. Desde el propio Banco Mundial, Herman Daly invirtió varios años en alertar sobre la falacia del crecimiento continuo.

Estas condiciones ecológicas del desarrollo no son menores para América Latina, ya que el deterioro ambiental es serio y sigue en aumento (especialmente la destrucción de áreas silvestres, la deforestación, y la contaminación de las áreas urbanas). Los países de la región extraen recursos naturales para uso doméstico pero sobre todo para exportarlos.

La economía chilena, que es puesta varias veces como resultado de reforma exitosa, es en realidad un ejemplo de expoliación que recuerda a la época de la colonia. Del 55 al 70 por ciento de sus exportaciones son recursos naturales sin procesar, y del 24 al 31 por ciento son recursos naturales con algún tipo de procesamiento. Es venta masiva, en particular de recursos madereros, mineros, y pesqueros, con enormes impactos ambientales.

El mismo estilo de desarrollo ocurre con la maquila de México, aunque de manera más sofisticada. Ese sector manufacturero recibe insumos externos, los procesa localmente, y los vuelve a exportar, aprovechando sobre todo la mano de obra barata y dejando en suelo mexicano la externalización de impactos ambientales.

Un largo retroceso

Estas propuestas del FMI y el Banco Mundial no parecen presentar ninguna aproximación innovadora, sino que refuerzan el actual estilo de desarrollo. En el mejor de los casos, alcanzando una tasa de crecimiento del seis por ciento anual, se terminaría como Estados Unidos, Inglaterra y otros países industrializados, con una gran destrucción ambiental, retroceso en la calidad de vida de las mayorías, pobreza sostenida (recordando que se acaba de demostrar que en Estados Unidos el índice de pobreza estaría en el 14 por ciento). Aun bajo el modesto crecimiento actual el deterioro ambiental ya es evidente. Las proyecciones disponibles indican que la superficie de tierras alteradas pasaría de 100 millones de hectáreas en 1980, a 169 millones para el año 2030.

Es cierto que debe existir un crecimiento económico en América Latina, pero es imperioso discernir en qué sectores, y bajo qué mecanismos debe darse, de manera de asegurar la mayor justicia social en sus beneficios. El crecimiento económico no puede ser un fin en sí mismo, sino uno de los componentes en el desarrollo. Precisamente es necesario discernir cómo construir una estrategia de desarrollo que sea plural en sus contenidos, y por lo tanto exige de una discusión, que es política en su amplio sentido. Esa aproximación queda minimizada en aportes como los del FMI y Banco Mundial, impidiendo los intentos de explorar caminos alternativos. Solo queda como positivo que estas agendas promuevan el debate sobre el futuro del desarrollo en América Latina, una materia que todavía recibe poca atención.

Notas

Burki, S.J. y G.E. Perry. 1997. La larga marcha. Un programa de reforma para América Latina y el Caribe en la próxima década. Banco Mundial, Washington.
Camdessus, M. 1996. Ponencia presentada al Círculo de Montevideo, SEPREDI, Montevideo.
Camdessus, M. 1997. Toward a second generation of structural reform in Latin America, International Monetary Fund. Washington.
Filgueira, F. y J. Rodríguez. 1996. Desarrollo económico y desarrollo social. Cuadernos del CLAEH, Montevideo, 77: 91-113.
Hayek, F.A. 1968 (1993) La competencia como proceso de descubrimiento. Estudios Públicos, Santiago de Chile, 50: 1-17.
Hirschmann, A.O. 1994. La conexión intermitente entre el progreso político y el económico. Estudios Públicos, Santiago, 56: 5-14.
O’Donnell, G. 1992. ¿Democracia delegativa? Cuadernos del CLAEH, Montevideo, 61: 5-20.
Rosanvallón, P. 1995. La nueva cuestión social. Manantial, Buenos Aires.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), de Montevideo, Uruguay.
Correo-electrónico: claes@adinet.com.uy