No. 108 - Abril 1998

Una evaluación de las ONG

A cuatro años del Octavo Aumento General de Recursos del BID

En la Asamblea Anual del BID celebrada en marzo en Cartagena, dos ONG -el Centro de Información sobre los Bancos Multilaterales de Washington y el Instituto del Tercer Mudo de Montevideo- elaboraron un análisis del cumplimiento de las decisiones del Octavo Aumento General de Recursos del BID aprobado en Guadalajara en 1994 y plantearon una serie de recomendaciones para su mejor cumplimiento. El documento fue discutido con altos funcionarios del BID por un conjunto de ONG (entre las que se encontraban miembros de Red-Bancos) y se distribuyó a varios directores ejecutivos del organismo multilateral.

El Octavo Aumento General de Recursos

En 1993, una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) de América Latina, el Centro de Información sobre los Bancos Multilaterales (BIC) y otros grupos exigieron que los gobiernos introdujeran reformas específicas con el propósito de aumentar la transparencia y la responsibilidad del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y mejorar sus políticas ambientales. Este esfuerzo de las ONG en defensa de las reformas influyó en la elaboración del acuerdo del Octavo Aumento General de Recursos del BID, que fue firmado el 13 de abril de 1994 en Guadalajara, México.

En pocas palabras, el acuerdo comprometió al BID a:

* adoptar una política para la disponibilidad de información;

* ensanchar el ámbito de la participación pública en los proyectos financiados por el banco;

* establecer un mecanismo de reclamación para los ciudadanos en los países prestatarios que pudieran haber sido afectados adversamente por los proyectos financiados por el banco;

* fortalecer las políticas y los procedimientos ambientales;

* asegurar que el banco tenga en cuenta los derechos y las necesidades de los pueblos indígenas a la hora de hacer préstamos * que los préstamos al sector privado no excedan el cinco por ciento del programa anual de prestamos del BID;

* limitar los préstamos sectoriales al 15 por ciento del programa anual de préstamos.

El BIC, conjuntamente con ONGs latinoamericanas, ha venido monitoreando la implementación de las reformas aprobadas en el Octavo Aumento General de Recursos de 1994.

La reforma sobre la disponibilidad de información

Acciones puestas en práctica por el Banco: En septiembre de 1994, la junta del banco aprobó su "Política sobre la Disponibilidad de Información", que entró en vigor el primero de enero de 1995. Esta política supone que toda la información sobre las actividades operativas del banco estará a disposición del público, "a menos que exista una razón imperiosa para mantenerla en reserva". Esta política no es retroactiva.

Los requisitos de la política:

* En cualquier país miembro del banco debe existir acceso a toda la información pública de la institución.

* La información brindada al público "debe estar disponible en tiempo y forma que permitan realizar una apreciación sustantiva del proyecto y comentarlo oportunamente".

* La decisión final en cuanto a qué información será considerada "confidencial o delicada" corresponde al banco y a sus gobiernos miembros. No debe permitirse que se ponga a disposición del público información que pueda comprometer la seguridad nacional de los países miembros.

* Las evaluaciones ambientales deberán estar a disposición de los grupos afectados y las ONGs locales del país prestatario en algún lugar público de fácil acceso, antes de que el banco proceda a enviar una misión de análisis para toda operación que requiera una EIA o un análisis ambiental.

El primer día de febrero de 1995, el banco estableció un Centro de Información Pública en su sede en Washington y en su oficina especial en París. También procedió a poner su información a disposición del público en el Web Site del BID en WWW y el sistema Gopher Search de Internet. Bajo la actual política, se mantiene confidencial el Documento de País, un documento clave que constituye el principal documento de programación, en el que se describe la estrategia y el programa de préstamos del banco para cada país.

Implementación de la política: El Centro de Información (PIC) del BID en Washington ha atendido los pedidos del público y su personal ha llevado a cabo eficazmente sus tareas. Sin embargo, fuera de Washington, los problemas con la implementación efectiva de la política sobre la disponibilidad de información, siguen creciendo. A través de visitas e inspecciones, el BIC ha descubierto que los documentos de los proyectos no suelen estar disponibles en tiempo para realizar una apreciación sustantiva y a veces no están disponibles de ninguna forma en las misiones residentes del banco. La persona designada para suministrar información no responde siempre a los pedidos de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs). En general hay una falta de comprensión del personal del banco en las misiones residentes sobre el contenido de la política de información del banco.

La accesibilidad de los documentos en el PIC de Washington, así como en las misiones residentes, se vuelve más difícil a causa del personal que no entrega los documentos al PIC a tiempo. Este retraso dificulta la capacidad de la sociedad civil para "realizar una apreciación sustantiva del proyecto y comentarlo oportunamente", como requiere la política.

El banco ha permitido que los gobiernos prestatarios invoquen la cláusula de confidencialidad cuando no existe una situación comprometedora para la seguridad nacional, ni ninguna razón justificable o transparente para mantener un documento como confidencial. La lista del PIC de documentos disponibles de proyectos en ejecución incluye a 36 proyectos clasificados como confidenciales, para los que sólo existe un resumen de información disponible. De éstos, 21 son proyectos del área de reforma sectorial, en tanto que la mayoría de los restantes se relacionan con préstamos directos al sector privado. En ninguno de estos casos se dio una explicación pública acerca de las razones para que estos documentos fueran confidenciales. Por añadidura, en la mayoría de los casos los resúmenes disponibles aportan muy escasa información acerca de impactos sociales o ambientales o acerca de las condicionalidades incluidas en los préstamos.

Recomendaciones para mejorar la implementación

1) Incrementar la formación del personal de operaciones en las misiones residentes y en la sede del banco para asegurar que se recopile información de manera más sistemática y de asegurar que los documentos estén disponibles cuando se los solicite.

2) Clarificar los criterios para catalogar la información de un proyecto como "confidencial o delicada.

3) Exigir que los resúmenes de los documentos de proyectos confidenciales incluyan toda la información a excepción de aquella que se defina como "confidencial o delicada".

4) Que el "Documento de País" sea un documento público.

5) Instituir en los departamentos de operaciones regionales, un mecanismo que les haga responsables de la entrega de los documentos de proyectos al PIC en tiempo y forma, al igual que a las misiones residentes.

Reforma sobre la participación pública

Acciones puestas en práctica por el Banco: Como parte de la reorganización del banco después del Octavo Aumento General de Recursos, se creó una Unidad de la Sociedad Civil dentro del banco, que ha promovido la participación de la sociedad civil de varias maneras. Además de organizar algunas breves series de formación sobre la sociedad civil en la sede del BID, la Unidad ha ayudado a organizar diálogos a escala nacional entre el gobierno, la sociedad civil, y personal de operaciones del banco en muchos países prestatarios. También ha promovido la participación de la sociedad civil en proyectos seleccionados.

El banco elaboró en 1997 un borrador de procedimientos, que requiere que los gobiernos prestatarios consulten con las comunidades afectadas en aquellos proyectos con impactos significativos en lo social y ambiental. Para ayudar al personal en la implementación de estas disposiciones, el banco publicó recientemente dos documentos sobre el tema de la participación: El Libro de Consulta sobre la Participación y Consulta Comunitaria, Desarrollo Sostenible y el BID.

En relación con la participación de la sociedad civil en el desarrollo de las políticas y estrategias del banco, el progreso ha sido lento. La Unidad de Programas Sociales y Desarrollo Sostenible trabaja con un grupo de ONGs en Washington para definir un proceso que facilite el contacto con la sociedad civil en la región, y que ésta comunique sus ideas sobre la estrategia del banco en campos como el trabajo, la energía, y la agricultura. Además, el BID se ha comprometido a un proceso participativo en el desarrollo de su política sobre los pueblos indígenas, la que debería estar finalizada en abril.

Áreas débiles: A pesar del progreso en el discurso del banco sobre la participación de la sociedad civil, muchos proyectos están diseñados e implementados sin una real e informada participación de las comunidades afectadas por la toma de decisiones. Al no existir directrices operacionales sobre el proceso de consulta, las interpretaciones sobre cuales son los procedimientos adecuados para la participación varían ampliamente dentro del banco. Además, el personal del banco a menudo vacila en hacer que los gobiernos cumplan con los lineamientos sobre la participación ciudadana.

En relación con la participación en las estrategias y políticas del banco, todavía no existe claridad sobre como se documentarán o como serán tenidos en cuenta los puntos de vista de los consultados en la versión final de los documentos. Además, las consultas con los grupos de la sociedad civil en la región aún no parecen estar incorporadas en los términos de referencia como un componente clave en el desarrollo de futuras estrategias y políticas. Rara vez se asignan rubros presupuestales con este fin.

Recomendaciones para mejorar la participación pública

1) Elaborar directrices operacionales sobre consulta y participación ciudadana para acompañar los procedimientos establecidos por el banco.

2) Hacer obligatorios los planes de participación para todos los proyectos con impactos sociales y ambientales significativos.

3) Consultar el público afectado a través de las misiones residentes sobre las estrategias sectoriales y las prioridades de los préstamos para proyectos.

4) Incluir un registro de consulta con cada documento de política que sea presentado a la junta del banco. Los registros de consulta incluirán la metodología y los resultados de la consulta con la sociedad civil; una lista de organizaciones consultadas; un indicio de como se tomaron en cuenta sus comentarios; y un breve resumen de las posiciones coincidentes del comentario público.

5) Asignar un presupuesto para la consulta con el público en cada proyecto.

6) Adiestrar al personal de operaciones en las mejores prácticas para la participación de la sociedad civil.

La temática ambiental

Antecedentes. El Octavo Aumento General de Recursos comprometió al banco a:

* extender las directrices ambientales a áreas tales como agricultura, transporte, manejo de cuencas, actividades extractivas y minería;

* desarrollar y poner al día las directrices ambientales en consulta con el público;

* trabajar con los países prestatarios para fortalecer los marcos legales y regulatorios ambientales, así como las instituciones ambientales;

* mejorar la calidad ambiental de las operaciones;

* promover préstamos a proyectos que utilicen energía de manera eficiente;

* adoptar un enfoque integrado sobre la planificación, la conservación y el manejo de los recursos, con especial énfasis en el apoyo de la agricultura sostenible y al manejo sostenible de los recursos forestales.

Acciones puestas en práctica por el Banco: Como parte de la reorganizacion del banco, la responsibilidad de integrar las consideraciones ambientales en las operaciones se descentralizó hacia las Divisiones Ambientales y de Recursos Naturales de los tres departamentos regionales. Como resultado, se ha puesto un mayor énfasis en la integración de los temas ambientales en el nivel de programación, incluyendo el desarrollo de estrategias ambientales nacionales en algunos países y un más consistente análisis del documento de programación de país. El banco creó la División Ambiental dentro del Departamento Central de Desarrollo Sostenible para concentrar su atención en el desarrollo de nuevas estrategias y políticas ambientales y para revisar la calidad de las operaciones del banco. Hasta el momento, la División ha desarrollado estrategias sobre desarrollo rural, manejo integrado de recursos hídricos, energía, recursos costeros y reducción de la pobreza.

En 1997, el banco aprobó la cifra récord de 861 millones de dólares en proyectos ambientales y 52 proyectos adicionales de cooperación técnica por un total de 16,3 millones de dólares. Sin embargo, de acuerdo con las propias estimaciones del banco, sólo un cinco por ciento del monto total de préstamos se orientó hacia la conservación de recursos naturales, en tanto que el resto de los proyectos se relacionaron con saneamiento urbano, agua potable y ayuda de emergencia.

En noviembre de 1997, el banco adoptó nuevos procedimientos para la evaluación de impactos sociales y ambientales, implementados por el Comité sobre los Impactos Ambientales y Sociales (CESI). Bajo los nuevos procedimiento, el banco eliminó las clasificaciones ambientales que avisan el publico acerca de los proyectos con impactos graves. En 1997, 47 por ciento de los proyectos revisados por el CESI durante las etapas preliminares requirieron una Evaluación de Impacto Ambiental completa (EIA).

Areas débiles: Aunque éste es un aumento en préstamos ambientales desde 1995, tanto en 1996 como en 1997, sólo tres de los proyectos ambientales se orientaron al área de conservación y manejo de recursos y sólo un proyecto fue en 1997 hacia la eficiencia energética, siendo que ambas áreas fueron enfatizadas en el Octavo Aumento de Recursos. Por añadidura, resulta débil la inclusión de objetivos ambientales en otras áreas de financiamiento del banco, en particular en el documento de programación de país y en los préstamos para reformas sectoriales diseñados para promover la inversión del sector privado. Tal situación ocurre pese al énfasis puesto en el Octavo Aumento sobre marcos ambientales legales e instituciones serios y el reconocimiento de que el desarrollo del sector privado debe ser acompañado por una fuerte capacidad y buena disposición para implementar un adecuado cumplimiento de la legislación ambiental.

Aunque se distribuyeron borradores a unos pocos y selectos grupos, los nuevos procedimientos ambientales fueron desarrollados sin consulta con sectores relevantes del público, pese a que así se lo exigió en el Octavo Aumento. Pese a que el banco sostiene que las evaluaciones han mejorado mediante su expansión para abarcar los temas sociales, la eliminación de las categorías ambientales vuelve más difícil la tarea de ONGs y otros agentes externos para monitorear proyectos ambientalmente riesgosos del BID. No existe una explicación clara sobre como la eliminación de esas categorías pueden mejorar la rendición de cuentas en torno a temas ambientales y sociales.

Las EIAs continúan siendo de calidad desigual y los procedimientos del banco no son puestos suficientemente en práctica en los proyectos. Por ejemplo, mientras las EIAs están usualmente disponibles en las grandes ciudades, no son fácilmente accesibles para las personas afectas en el área del proyecto (ver estudios de caso). Las personas afectadas a nivel local a menudo reciben información insuficiente como para poder dar opiniones informadas sobre las EIAs, dado que rara vez los borradores son difundidos. Los sistemas de supervisión ambiental y los sistemas de monitoreo en los proyectos son a menudo insuficientes. Esto resulta especialmente problemático, dada la débil capacidad institucional en muchos países y el bajo nivel de importancia asignado a los temas ambientales.

Recomendaciones para mejorar la calidad ambiental en las operaciones del banco

1) Mejorar los procedimientos actuales de EIAs, requiriendo una evaluación estratégica de los impactos secundarios y acumulativos de los proyectos de infraestructura a gran escala, acampañada de un plan de manejo social y ambiental para atender dichos impactos; el cumplimiento de los puntos de referencia de la implementación de los planes debe ser un requisito previo al financiamiento por parte del banco.

2) Incrementar el financiamiento del banco hacia proyectos sobre eficiencia energética y manejo y conservación de recursos naturales, con especial énfasis en el fortalecimiento de las leyes y la capacidad de manejo ambiental, tanto en préstamos específicos como en el contexto de los préstamos para reformas sectoriales.

3) Incrementar la supervisión ambiental de los proyectos y mejorar la calidad de los mecanismos de monitoreo ambiental en aquellos proyectos que sean ambientalmente sensitivos.

4) Elaborar estrategias ambientales de país para todos los países miembros hacia el año 2000, que aseguren una mejor integración de la temática ambiental en los documentos de programación de país.

5) Mejorar la accesibilidad local de las Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA) para las poblaciones afectadas, y hacer disponible los borradores de la EIA en tiempo para permitir que la población afectada pueda comentarlo oportunamente antes de que se complete la versión final.

6) Publicar trimestralmente un resumen de datos ambientales que identifique los proyectos que requieran de una EIA.

7) Evaluar el impacto de la eliminación de la clasificación ambiental de los proyectos sobre la calidad de las operaciones.

Mecanismo de Responsibilidad

Acciones puestas en práctica por el Banco: En junio de 1994 el banco estableció un procedimiento para la creación de un Mecanismo de Investigación Independiente, y en octubre de 1995 se aprobó una lista de investigadores para integrarlo. El mecanismo mantiene una lista permanente de 10 expertos, que en conjunto abarcan una amplia gama de conocimientos en lo técnico y en diferentes áreas geográficas. Según los procedimientos aprobados por la junta del banco, el Mecanismo se aplica a los casos en que la gente local tiene quejas o reclamaciones que el banco ha fracasado en el diseño, análisis o implementación de operaciones propuestas o ya en marcha, para seguir sus propias políticas operativas o cuando se hayan constatado efectos adversos como resultado de la no consideración de dichas normas.

Caso de prueba: El banco ha probado el Mecanismo solamente una vez. En setiembre de 1996, la organización paraguaya Sobrevivencia presentó una demanda al banco a nombre suyo y de los ciudadanos de Paraguay afectados por la represa hidroeléctrica de Yacyretá en el río Paraná, lindante con Argentina. Después de siete meses, en abril de 1997, la junta del banco autorizó un estudio independiente del proyecto. El estudio y la respuesta de la administración estuvieron listos en setiembre de 1997, pero recién fueron puestos a disposición de Sobrevivencia en febrero de 1998.

Un mecanismo que ha fallado: La experiencia de Yacyreta subrayó varias deficiencias en el procedimiento actual. El BIC, conjuntamente con el Centro Internacional Legal sobre Medio Ambiente, recomienda la introducción de los siguientes cambios:

1) Crear un secretariado permanente que sirva como el punto de contacto independiente para los demandantes o demandantes potenciales, y que también coordine el trabajo de la Lista de Expertos y de los paneles actualmente en funcionamiento.

2) Nombrar un Comité Ejecutivo y un Presidente de la Lista de Expertos, entre cuyas atribuciones se encontraría la supervisión del proceso de investigaciones y la realización de evaluaciones iniciales a las demandas para a) determinar la elegibilidad y la veracidad de las demandas y b) hacer recomendaciones acerca la necesidad de una investigación a la junta del banco.

3) Emitir procedimientos operacionales, a ser desarrollados por el Comité Ejecutivo de la Lista de Expertos. Estos procedimientos podrían definir cómo presentar una demanda, dónde presentarla, cuáles son los procedimientos que hay que seguir durante una investigación, y cómo se comunicaría la información a los demandantes y al público.

4) Independencia frente a la Administración del Banco. Bajo el Mecanismo actual, el Presidente del BID es el primero en recibir una demanda, y él es quien determina su elegibilidad para inspección y es el que recomienda a la junta del banco la necesidad o no de iniciar una investigación. Este implica un conflicto inherente de interés. Ese papel debería ser responsibilidad del Comité Ejecutivo de la Lista de Expertos y, como se planteó anteriormente, el Comité puede evaluar objetivamente la elegibilidad y entregar sus recomendaciones a la junta del banco basadas en el análisis inicial de la demanda. Tal procedimiento aseguraría la independencia del proceso de la administración del banco, una supervisión objetiva, así como la protección de los derechos de las personas afectadas.

Los Pueblos Indígenas

Antecedentes: Las estrategias del BID sobre los temas socioculturales relacionadas con el medio ambiente (adoptadas en 1990) contienen principios-guía que:

* requieren la consulta y la participación plena de los pueblos indígenas en todas las etapas de los proyectos que afecten sus vidas;

* especifican que el BID no apoyará proyectos que "suponen acercamiento no necesario o evitable a los territorios utilizados u ocupados por los pueblos indígenas, o los proyectos afectando tierra indígena, a menos que la sociedad indígena esté de acuerdo con los objetivos del proyecto".

* incluye acciones específicas que el banco debería adoptar para mitigar los efectos negativos en los pueblos indígenas incluyendo "medidas para demarcar y dar títulos a las tierras indígenas, el reasentamiento de los colonos no indígenas, medidas en el campo de la salud, la educación y el apoyo para actividades productivas"...

El Octavo Aumento de Recursos amplió el enfoque del banco acerca de los pueblos indígenas, de modo de incluir sus necesidades y sus intereses en el conjunto de las operaciones del banco.

Acciones puestas en práctica por el Banco: Después de la reorganización que siguió el Octavo Aumento de Recursos, el banco creó una unidad específica sobre Pueblos Indígenas y Desarrollo Comunitario para actuar como punto focal y para proveer apoyo técnico a las operaciones del banco en esta área. La unidad, que ha promovido activamente los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la inclusión de la temática indígena en todas las actividades del banco, ha comenzado a desarrollar una política sobre pueblos indígenas para poner al día el marco existente desde 1990 bajo el título de Estrategias Socio-Culturales. El banco está proveyendo apoyo estratégico para que el Fondo de los Pueblos Indígenas sea financieramente sustentable.

Implementación de la política actual: El banco sigue dando respaldo a los grandes proyectos de infraestructura como las represas hidroeléctricas, las carreteras, y los gasoductos, que probablemente tendrán efectos perjudiciales en los pueblos indígenas, especialmente sobre sus posibilidades de acceso a la tierra. En 1997, la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos identificó cuatro proyectos problemáticos, cuyos impactos sobre los pueblos indígenas podrían ser muy graves. Un quinto proyecto, aprobado por la junta del banco en 1997, implicará impactos directos y adversos para las comunidades mayas en Belice y ha generado protestas por parte de los pueblos indígenas.

En varios de estos proyectos, la consulta a la sociedad civil fue inicialmente pobre y sólo mejoró como resultado de fuertes presiones públicas sobre el banco. En algunos pocos proyectos, tales como el proyecto de una carretera en Panamá, el BID respondió y mejoró considerablemente el proyecto respondiendo a presiones por parte de la opinión pública. Además de los problemas en materia de consulta, el personal del banco no siempre buscó soluciones a problemas identificados como tales por los pueblos indígenas. Los estudios de caso que acompañan este documento reseñan la experiencia de los pueblos indígenas al respecto.

Recomendaciones sobre la implementación de la política actual

1) Asegurar un proceso de consulta más temprano y mejor informado con los pueblos, involucrándolos en las reuniones informales y en los Términos de Referencia para los Planes del Desarrollo para los Pueblos Indígenas y los EIAs.

2) Consultar a representantes indígenas locales o subregionales, además de los representantes indígenas nacionales o regionales, con un presupuesto y tiempo suficiente incorporado en el plan del proyecto.

3) Asegurar que las EIAs incluyan tanto los impactos directos como indirectos sobre los pueblos indígenas, particularmente en materia de acceso a la tierra y a otros recursos naturales.

4) Requerir planes de desarrollo sostenible amplios, que apunten a buscar soluciones a los impactos indirectos de los proyectos sobre los pueblos indígenas, previo al financiamiento del proyecto. El financiamiento del banco debería supeditarse a la implementación de determinadas medidas.

5) Evaluar la eficacia del banco en la inclusión de las necesidades e intereses de los pueblos indígenas en el conjunto de sus operaciones financieras, con especial énfasis en los impactos de las políticas de reformas sectoriales sobre los pueblos indígenas y la integración de la temática indígena en el documento de programación de cada país.

6) Abstenerse de financiar proyectos de infraestructura en áreas donde las tierras indígenas no están claramente demarcadas y legalmente protegidas.

7) Asegurar el involucramiento pleno de las organizaciones indígenas en el desarrollo de la nueva política sobre pueblos indígenas.

Préstamos al sector privado y promoción del desarrollo del sector privado

Acciones puestas en práctica por el Banco: Desde la aprobación por el Octavo Aumento General de Recursos de destinar el cinco por ciento de su cartera de préstamos al sector privado, el banco se embarcó en numerosas actividades de préstamos a ese sector. Es probable que, durante la Asamblea Anual del banco en 1988, éste solicite que ese porcentaje se incremente al 10 por ciento de su cartera de préstamos.

Fracaso en el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y las reformas del Octavo Aumento General: Las actividades del BID en préstamos al sector privado y sus directrices operacionales no están vinculadas de manera alguna con las metas formuladas en el Octavo Aumento de Recursos de aliviar la pobreza y el desarrollo sostenible. La junta del banco está considerando las directrices operacionales para los préstamos al sector privado, pero éstas no incluyen criterios ambientales y sociales para la determinación de la factibilidad, riesgo o performance del proyecto.

Durante el año pasado, el sector privado del BID persistentemente no cumplió con la política de disponibilidad de información, volviendo la participación informada de los ciudadanos afectados por estos proyectos virtualmente imposible. El Departamento del sector privado propone actualmente que no se haga disponible ningún documento hasta que la carta de mandato esté firmada. Teniendo en cuenta que la carta de mandato usualmente se firma después de que todo el trabajo preparatorio ha culminado, la aprobación de esta propuesta inhibiría grandemente la participación ciudadana durante la etapa crucial de su preparación. Esto no es de utilidad ni para la sociedad civil ni para el sector privado.

A pesar del acuerdo del Octavo Aumento de Recursos que establece que los préstamos vinculados a políticas sectoriales no deberían exceder el 15 por ciento de la cartera de préstamos, de hecho el banco comprometió en 1996 el 30 por ciento de sus préstamos para reformas basadas en las políticas sectoriales. Estas reformas que tienen la intención de atraer mayor inversión privada, no prestan suficiente atención a los temas ambientales y sociales, y como resultado han tenido impactos negativos sobre el medio ambiente, los sindicatos y las mujeres.

Recomendaciones sobre las operaciones de préstamos al sector privado

1) Cumplir con las metas establecidas en el Octavo Aumento General de Recursos. Para distinguirse como una institución pública de desarrollo, el BID tiene que integrar de forma explícita las metas de sostenibilidad ambiental y equidad social en todas sus actividades relacionadas con el sector privado.

2) Llevar a cabo una evaluación para determinar hasta qué punto las operaciones del sector privado contribuyen a las metas del Octavo Aumento General en el campo de la reducción de la pobreza, la equidad social, la participación de la sociedad civil y la sostenibilidad ambiental y como las reformas de políticas en el área de los procedimientos ambientales, disponibilidad de información y participación están siendo puestas en práctica por del Departamento para el Sector Privado.

3) Reducir los préstamos para reformas basadas en políticas sectoriales al 15 por ciento del total de préstamos.

4) Asegurar que las directrices operacionales promuevan un mejor equilibrio entre el interés público en materia de participación ciudadana, transparencia y sostenibilidad ambiental y el interés privado relacionado con rapidez, confidencialidad y menores costos de tramitación.

5) Asegurar que las directrices sobre la disponibilidad de información para el sector privado requiera la disposición de datos básicos, incluyendo impactos sociales y ambientales antes de la firma de una carta de mandato. Debería revelarse toda la información no delineada en materia de elementos descriptivos del proyecto poco después de la consideración del mismo por parte del banco.

6) Cumplir con las estrategias ambientales del banco. Las operaciones del sector privado financiadas por el BID, deberían estar claramente dentro de las estrategias ambientales nacionales (CES) del banco. Los préstamos de BID al sector privado deberían apoyar y contribuir a la implementación de la Convención de Cambio Climático y del recién negociado Protocolo de Kyoto. Además, El BID sólo debería apoyar proyectos en aquellos países que asuman un compromiso claro en lo referente al establecimiento y efectivo cumplimiento de marcos regulatorios ambientales y sociales.