No. 81 - Julio 1998

El impacto de la industria minera en el Sur

Minería, muerte y destrucción

por Danny Kennedy

La industria de la extracción de minerales produjo graves estragos ambientales y sociales en muchos países del Tercer Mundo. El autor ofrece un panorama general de este fenómeno y presenta el ejemplo de la mayor mina de oro del mundo, Grasberg, situada en Irian Jaya, Indonesia. Afortunadamente, las comunidades afectadas se están organizando contra los abusos de las transnacionales mineras.

En materia de minería, los hechos pasados presagian un espantoso futuro para las comunidades indígenas, los ambientalistas y cualquiera interesado en sociedades más sustentables y humanas. La industria de extracción de minerales ha causado y continúa causando enormes perjuicios al planeta y sus pueblos, en particular en el Sur en desarrollo. La buena noticia es que esos mismos pueblos están organizándose contra los abusos sistemáticos de las compañías mineras.

Hace un siglo y medio, buscadores de oro estadounidenses y extranjeros llegaron en tropel al estado de California y diezmaron la población nativa, además de destruir ríos, montañas y casi todo a su paso. Un destino similar habían tenido los incas 350 años atrás, cuando los españoles llegaron a América Latina y comenzaron a explotar yacimientos de oro en los Andes. En definitiva, la muerte y la destrucción han sido el destino de los pueblos y los territorios indígenas en esa búsqueda de oro y otros minerales.

Pero lo que la mayoría no percibe es que esa destrucción persiste hoy en la nueva economía global. Además, la situación empeora en vez de mejorar, ya que se invierte cada vez más dinero en el desarrollo minero en el Tercer Mundo, los avances tecnológicos permiten excavar tierras más rápido, más profundo y más barato, y hay una creciente connivencia entre intereses militares y comerciales en la búsqueda de metales preciosos.

Es verdad que la minería ha vuelto ricos a algunos, pero la riqueza está tan mal distribuida que no compensa los impactos negativos de la actividad. Estos varían desde la degradación de ecosistemas (mucho mayor en el caso de la minería que en el de la explotación forestal o la agricultura) a la imposición a muchos países del Sur de modelos económicos que llevan del crecimiento explosivo a la quiebra. Pese a todo esto, la minería en sí misma no es vista en general como una amenaza tan grande para el planeta y sus habitantes.

La gravedad del problema

El 60 por ciento de la inversión extranjera directa en Africa se destinó a la industria minera el año pasado. El gasto en prospección de metales en América Latina aumentó de 200 millones de dólares en 1991 a 1.770 millones en 1997. Y en Filipinas, desde que el gobierno creó un régimen de inversión acorde con las normas de la Organización Mundial del Comercio y nuevas leyes mineras a mediados de esta década, más de 25 por ciento del país cayó preso de la explotación extranjera. El modelo económico claramente tiende a la exportación de lo extraído hacia los países de donde procede la inversión y no a enriquecer a las naciones productoras.

Desde una perspectiva fiscal, el panorama no es mucho más alentador. Al menos 14 por ciento de los países en desarrollo obtienen de los minerales un tercio o más de sus ingresos por exportaciones. En promedio, su deuda externa es 1,4 veces mayor que su producto interno bruto. Irónicamente, el Banco Mundial continúa promoviendo la explotación de los minerales como base del desarrollo, pese a su propensión a destruir economías locales sustentables. El impacto se manifiesta de diversas maneras, y a menudo resulta en violencia contra las comunidades y destrucción del ambiente local. Ejemplos de ello son lo sucedido en Guyana en 1995, cuando un contenedor de residuos de minería de la compañía Cambior se rompió y arrojó millones de litros de agua contaminada con cianuro al río Esequibo, y el vertido masivo de desechos de la empresa Marcopper en Marinduque, Filipinas, al año siguiente.

Desde el punto de vista social, un ejemplo de los efectos más nocivos de la actividad minera de las multinacionales en el Sur es el de las operaciones mercenarias para recuperar concesiones de explotación de diamantes en Sierra Leona y Angola, donde las compañías contratan soldados a sueldo. Otro es la devastadora guerra civil en la isla de Bougainville, en Papúa-Nueva Guinea, que comenzó a causa de la explotación de la mina de cobre de Panguna y costó unas 10.000 vidas en los últimos 10 años.

Las compañías mineras también se han caracterizado por crear dependencia en las comunidades con respecto a grandes proyectos. De manera similar, los gobiernos nacionales se vuelven adictos a los ingresos por concepto de minerales, como impuestos y regalías. Esto hace que dichos gobiernos se preocupen poco por implementar normas sociales y ambientales, y suelan cargar los costos de limpieza ambiental a futuras generaciones y no a las compañías responsables de los daños.

El caso Grasberg

Quizá el ejemplo más claro sea el de Grasberg, la mayor mina de oro del mundo, situada en Irian Jaya, Indonesia, y operada por Freeport McMoRan, una empresa con sede en Nueva Orleans. La compañía subsidiaria que opera la mina Grasberg de oro y cobre, llamada Grasberg Gold Mine PT Freeport Indonesia, ha sido acusada de abusos ambientales que improbablemente cometería en un país industrializado, en especial del vertido de 130.000 toneladas de piedras de desecho por día en ríos del lugar. La empresa también adquirió mala fama debido a las violaciones de los derechos humanos cometidas por los miles de soldados que tiene en el sitio para proteger la mina de residentes locales descontentos, en cuyas tierras la empresa realiza excavaciones o arroja desechos.

Grasberg es, desde el punto de vista de la ingeniería, un lugar muy difícil para la exploración minera. A 4,2 kilómetros de altitud en la cadena montañosa de Jayawijaya, de Nueva Guinea, constituye una demostración de hasta dónde puede llegar el interés por el oro. La compañía ya recortó 122 metros de una montaña sagrada para el pueblo amungme y cuando deje el lugar, dentro de 40 años, habrá creado un cráter de 457 metros de profundidad. Las dificultades geográficas pueden explicar parte del impacto ambiental, pero nada justifica la beligerancia de la firma hacia los intereses de las comunidades locales, que sólo puede entenderse como una manifestación del racismo y el doble discurso practicados por la compañía y el gobierno con respecto a los pueblos indígenas.

El impacto ambiental de la mina "equivale a que yo orine en el mar Arafura", dijo en una réplica a las acusaciones de daño ambiental James Moffett, gerente general de Freeport McMoRan, para la revista Australian Financial Review. Y sabiendo bien que los amungme consideran a Grasberg como la cabeza de su madre, lo describió como "un volcán decapitado por naturaleza, y estamos excavando, si se quiere, en su esófago".

Cuestiones de derechos humanos

Las violaciones de los derechos humanos cometidas por la compañía minera están bien documentadas y forman parte de la estrategia del desarrollo de recursos de Indonesia, porque las leyes que de hecho aprueban tales violaciones fueron diseñadas por el gobierno del Nuevo Orden del ex presidente Suharto para proteger las actividades de inversionistas como Freeport McMoRan (Ley de Minería Nº 11/1967 y sus reglamentos, sustentados por la Ley de Inversión Doméstica Nº 6/1968 y sus reglamentos).

Aunque tal situación no es inusual en algunos países del Sur, en especial en Indonesia, otorga a las compañías inversoras varios derechos destinados a facilitar la generación de ganancias para ellas mismas y para el Estado mediante acuerdos impositivos. En el caso de Grasberg, dichas leyes también beneficiaron a la familia Suharto, que realizó fuertes inversiones en PT Freeport Indonesia. Estos derechos especiales, combinados con el pleno apoyo del gobierno y su aparato de seguridad, abrieron las puertas a las violaciones de los derechos humanos perpetradas por la compañía o el propio gobierno contra las comunidades que viven cerca de la mina, que incluyen:

* Violación del derecho a la autodeterminación. Los derechos tradicionales sobre las tierras de individuos, familias o tribus no se reconocen, ya que quedaron abolidos por el título de la compañía minera. Como resultado, se niega la base de la organización social de los indígenas, pese a un acuerdo firmado en 1974 entre PT Freeport y la comunidad amungme.

* Violación del derecho a la vida. El conflicto por las limitadas tierras entre tribus está exacerbado ahora que la mina adquirió tanto territorio. Muchas personas mueren como resultado de esos enfrentamientos y de la acción abusiva de las fuerzas de seguridad, y podrían morir como resultado del impacto ambiental de la mina.

* Desapariciones y detenciones arbitrarias. Estos hechos ocurren con alarmante frecuencia dentro de la concesión de PT Freeport y su ámbito de influencia mediante el aparato estatal. Otras acciones de las fuerzas de seguridad incluyen la violación del derecho a la presunción de inocencia y a un juicio justo, y, en algunos casos, al derecho de reunión y a la libertad de expresión.

* Violación del derecho a vivir sin temor. Muchos residentes locales también fueron estigmatizados con etiquetas políticas como GPK u OPM, lo cual ha creado una atmósfera de miedo. Aun la supuesta vinculación con esas organizaciones puede ser causa de persecución.

* Tortura y trato cruel e inhumano. En Grasberg tuvieron lugar varias detenciones seguidas de torturas y tratamientos degradantes que causaron daños físicos y mentales. Aunque se alega que el propósito consiste en mantener la estabilidad social, está claro que la violencia se usa para proteger un solo bien: Grasberg.

* Violación al derecho a la subsistencia. Este derecho se viola sistemáticamente, por ejemplo mediante el vertido de desechos en las tierras de residentes locales que practican la agricultura de subsistencia.

* Violación al derecho a un nivel de vida adecuado y a la salud. Los desplazamientos forzados, los desalojos y las apropiaciones de tierra afectaron adversamente el nivel de vida antes adecuado de la comunidad, cuya salud también se vio perjudicada por la contaminación ambiental.

* Violación del derecho de los niños a la protección. La conducta del personal de seguridad que ejecuta los desplazamientos forzados o la "restauración del orden" en Grasberg frecuentemente implica una violación a este derecho. Los niños que crecen en estas condiciones son víctimas de graves traumas.

Problemas ambientales en Grasberg

Aparte de los problemas que enfrentan los amungme, es claro que la comunidad komoro tiene mucho de que quejarse, ya que una parte sustancial de sus bosques tropicales, situados en tierras bajas cercanas a la mina, fueron destruidos por las piedras de desecho de ésta, transportadas principalmente por el río Ajkwa. Actualmente, la compañía admite que 30 kilómetros cuadrados de bosques están muertos, y prevé que la destrucción llegará al menos a 130 kilómetros cuadrados. Esas tierras fueron alguna vez un terreno fértil de un clan del pueblo komoro, que fue reubicado por la fuerza varias veces para satisfacer las necesidades de la compañía minera.

Pero no sólo los komoro sostienen que PT Freeport está matando sus bosques. Consultores del gobierno de Estados Unidos que trabajaron para la Corporación de Inversión Privada en el Exterior (OPIC), la cual emitiría una póliza de seguro contra riesgo político para PT Freeport, realizaron una evaluación detallada de la mina en 1995. Los expertos concluyeron que "las prácticas de manejo y desecho de los residuos de PT Freeport degradaron gravemente los bosques tropicales cercanos a los ríos Ajkwa y Minajerwi", y además "el proyecto continúa presentando irrazonables peligros ambientales, de salud y seguridad (...) para los ríos, el ecosistema terrestre circundante y los habitantes locales". Como resultado, OPIC canceló su garantía para la mina Grasberg.

Esta devastación constituye una advertencia para otros países dispuestos a permitir el vertido de residuos en sus ríos, aunque es sabido que esta práctica destruye las cuencas a largo plazo y fue prohibida en el Norte industrial hace al menos 15 años. En 1990 se produjo un bloqueo del río Ajkwa debido a los sedimentos de Grasberg, lo cual cambió su curso hacia el vecino río Minajerwi. Los residuos crearon básicamente un lago artificial, inundaron los bosques tropicales circundantes y destruyeron la ecología del río. La muerte de 30 kilómetros cuadrados de bosques se debe con toda probabilidad a los efectos combinados de la movilización de cobre, el drenaje de ácido y la asfixia de las raíces de los árboles con lodo.

PT Freeport creó "diques" a ambos lados del río Ajkwa para impedir el transporte lateral de desechos, pero el daño al ecosistema ya es irreparable. Otros ríos cuyo curso fue modificado por la actividad de la mina son el Pika, el Uamiau y el Aimua, de acuerdo con un experto del Ministerio de Población y Ambiente de Indonesia. Considerando un caso análogo en el río Ok Tedi, en Papúa-Nueva Guinea, parece improbable que las áreas boscosas cercanas a Grasberg se recuperen en las próximas décadas.

El agua del río local ya no se puede beber debido a la gran cantidad de cieno que posee, y probablemente contenga varios metales en niveles tóxicos, en especial cobre. PT Freeport y el ejército indonesio no permiten un control independiente de la calidad del río, como bien lo sabe el autor, que fue deportado por intentar enviar muestras de agua a Estados Unidos en 1997. Sin embargo, incluso estudios realizados para el laboratorio de PT Freeport revelaron que en las aguas del río hay elementos tóxicos como mercurio en niveles cuatro veces superiores al considerado seguro para el consumo humano.

Lo peor no llegó todavía

La situación podría volverse peor con el proceso de desgaste químico por el que los sulfitos de los residuos se exponen al aire y al agua. La llamada área de deposición del Ajkwa -el tramo flanqueado por los diques construidos por la compañía minera- podría transformarse en una perpetua máquina contaminadora, que lentamente liberaría ácido sulfúrico al ecosistema. Ya se registró un drenaje de ácido en el principal vertedero de piedras de desecho, que podría acelerarse. Actualmente el proceso se ha enlentecido por la presencia de depósitos naturales de piedra caliza, pero la capacidad de éstas de neutralizar el ácido pronto se agotará debido al carácter finito de la reacción química que se produce entre ambos.

Los efectos potenciales del ácido de la mina son devastadores e incluyen la destrucción de todo el sistema ecológico del río, tanto por el aumento de la acidez a niveles peligrosos como por la liberación de metales pesados disueltos en dicho sistema. La alteración del pH del río Ajkwa ya limitó el crecimiento de microorganismos que integran el nivel inferior de la cadena alimenticia. El medio ácido hará a su vez que metales asociados como cobre, mercurio y arsénico salgan de las piedras e invadan el ambiente circundante. Una vez que comience la generación de ácido alrededor del área de deposición del Ajkwa, las sustancias tóxicas acumuladas podrían diseminarse por la capa freática y causar la muerte biológica de gran parte de la región, incluido el Parque Nacional Lorentz, situado sólo unos pocos kilómetros al este de la mina.

Además, una proyectada expansión de PT Freeport que requeriría el desecho de 285.000 toneladas diarias de residuos agravaría los perjuicios de Grasberg al ambiente. El sitio para el desecho de la basura adicional todavía no está decidido, pero las opciones incluyen la construcción de una represa en la cuenca de un río local y el transporte de los residuos mediante tuberías al mar de Arafura o hacia el norte, a la bahía de Cenderawasih. Esta posibilidad amenaza con aumentar el daño ambiental que PT Freeport ha causado en la región.

Las buenas noticias

Las comunidades amungme y komoro, así como otros pueblos del Tercer Mundo perjudicados por inescrupulosas compañías mineras, están resistiendo. En el caso de Freeport McMoRan, debido a la dificultad de obtener justicia en Indonesia, los dirigentes locales demandaron a la compañía ante cortes de Estados Unidos por violaciones de los derechos humanos y daños ambientales por un total de 6.000 millones de dólares. Aunque James Moffett intentó desestimar el caso arguyendo que los tribunales estadounidenses no lo considerarían, dos jueces del estado de Louisiana expresaron la opinión contraria.

Cuando BHP, una compañía minera australiana que explota la mina de oro y cobre de Ok Tedi en Papúa-Nueva Guinea, se enfrentó a la posibilidad de un juicio similar, decidió llegar a un arreglo extrajudicial con 15.000 litigantes de la comunidad local. El acuerdo alcanzado en 1996, tras litigar en los tribunales por dos años, le costó al menos 100 millones de dólares en un paquete de compensación y compromisos de limpieza que realizó a los residentes de Ok Tedi. Aunque estos arreglos extrajudiciales no son la solución perfecta, demuestran que es posible responsabilizar a empresas del Norte por sus abusos en el Sur.

La victoria sobre BHP también ayudó a otra lucha contra la misma compañía. En la isla caribeña de Dominica, BHP descubrió un potencial yacimiento de cobre y planeaba realizar excavaciones en un décimo de la superficie de la isla. La comunidad del lugar deseaba impedirlo, pero no sabía cómo hacerlo. Al oír sobre la lucha de los propietarios de tierras de Ok Tedi contra BHP, los residentes se organizaron en forma local con campañas educativas y contrarias a la presencia de la empresa minera en Dominica. También llevaron su causa más allá de las fronteras, hasta que aliados australianos realizaron una protesta en una junta de accionistas de BHP, en octubre de 1996, exigiendo que la compañía abandonara sus planes, lo cual sucedió en abril del año siguiente.

Abundan los ejemplos de éxito de comunidades del Sur bien organizadas que se resisten a los abusos de los intereses mineros y trabajan junto a aliados del Norte para lograr que las compañías sean responsabilizadas por esos abusos. A largo plazo, como lo ha hecho el movimiento por los bosques tropicales, las comunidades afectadas por la explotación minera deberán buscar soluciones mediante el desarrollo de alternativas a la producción de materiales modernos, además de resistir, empresa por empresa.

Danny Kennedy es director de Project Underground, un medio de apoyo a los pueblos amenazados por las industrias minera y petrolera que promueve la vinculación entre las comunidades afectadas.
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