No. 82 - Agosto 1998

México

Chiapas, esa piedra en el zapato

por Santiago Gilles

La resistencia de los zapatistas del estado mexicano de Chiapas ha puesto en jaque al gobierno del presidente Ernesto Zedillo, quien deberá optar entre un ataque militar o permitir una reforma del Estado mexicano.

La guerra de baja intensidad que sufren las decenas de miles de campesinos que integran el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) no ha modificado en un ápice sus demandas, realidad que sólo se explica por el "Ya Basta" pronunciado hace cuatro años y medio, un grito que puso el freno, marcó dos tiempos históricos: el que fue, el que será.

La actual coyuntura, por lo pronto, muestra indicadores que "avalarían" un "golpe quirúrgico" de las Fuerzas Armadas mexicanas tendiente a descabezar al movimiento al atrapar, viva o muerta, a su comandancia y en especial al subcomandante Marcos, acallando supuestamente así sus reclamos por "democracia", "justicia" y "libertad".

El punto en discordia son los Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura indígena firmados por ambas partes el 16 de febrero de 1996, más tarde traducidos a proyecto de ley por la Comisión de Concordia y Pacificación y que fue aprobado con objeciones por los zapatistas pero modificado, en dos oportunidades, por el gobierno federal.

En caso de aprobarlo y único al que se remiten los zapatistas -que afirman estarían traicionando su palabra al aceptar cualquier modificación- el gobierno viabilizaría la reforma del Estado mexicano que sería, como ejemplo para América toda, pluriétnico, al reconocer a los 63 pueblos indígenas del país como sujetos de derecho. También, claro, la dinámica gubernamental, federal y estadual, quedaría supeditada, en cierta forma, a las decisiones indígenas.

Indicadores

Desde que el EZLN renunció a las instancias de diálogo, en setiembre de 1996, acusando al gobierno de "insensible" y "racista" por no cumplir con los acuerdos firmados en febrero de ese año, la guerra de baja intensidad tomó mayores dimensiones, mostrando el verdadero clima imperante en Chiapas con la masacre de 45 campesinos de la localidad de Acteal, en diciembre de 1997. Este hecho marcó un punto de inflexión en el conflicto.

Las comunidades, ciertamente debilitadas, cerraron filas exigiendo no sólo el procesamiento de los sicarios -como se dio- sino también el de los autores intelectuales, exigencias que aún continúan tras la renuncia del gobernador sustituto de Chiapas, Julio César Ruíz Ferro, y la del secretario de Gobernación (ministro del interior), Emilio Chuayfett.

A todo esto, mientras las comunidades están aisladas por primera vez -como los insurgentes, que se encuentran escondidos en las montañas- las principales fuerzas políticas opositoras -el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el derechista Partido Acción Nacional (PAN)- aparecen atados de manos para fomentar una salida política.

La sociedad mexicana se muestra apática por Chiapas, producto de una campaña propagandística que desde Acteal responsabiliza al EZLN de la crisis económica del país -cuando hay cuarenta millones de pobres, la mitad de la población- y a los observadores internacionales de ser sus mentores intelectuales, despertando sentimientos entre nacionalistas y xenófobos. La casi nula presencia de observadores de derechos humanos, nacionales o extranjeros, los primeros por temor a ser encarcelados bajo cargo de incitar la creación de autoridades paralelas (municipios autónomos), los segundos para no ser deportados bajo el artículo 33 de la Constitución que, al acusarlos de intervenir en política, les impediría regresar a México de por vida.

La Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) se disolvió tras la renuncia de su presidente, Samuel Ruíz, obispo de la diócesis de San Cristóbal, justificando que sufrían una campaña de difamación desde esferas gubernamentales, y dieron cuenta tanto de los atentados sufridos como los ataques a inmuebles de particulares. El Ejército mexicano tomó nuevamente posición en la llamada "zona de conflicto", con unos 60.000 soldados según fuentes independientes, ayudado por la ley Federal de Control de Armas de Fuego y Explosivos, a la que echó mano con el pretexto de desarmar a los 10 grupos paramilitares, aún con sus fusiles AK 47.

Hasta que el 18 de julio pasado el subcomandante Marcos envió otro de sus comunicados, el primero en varios meses, desde tiendas gubernamentales se reprochaba el "silencio" zapatista, en un intento de acallar las voces de las comunidades, que reclaman soluciones políticas. Y lo hacen de diversas formas: con sus mujeres y niños expulsando a los soldados; huyendo a las montañas para evitar enfrentamientos con grupos paramilitares, en un éxodo que se repite mes a mes; cursando invitaciones a la sociedad civil nacional e internacional para que asista a encuentros culturales, sobre todo para que dicha presencia evite la guerra; asistiendo a los 20.000 desplazados por la violencia; o protegiendo sus 38 municipios autónomos, creados, según ellos, para poner en práctica lo ya firmado.

Lo que se firma con la mano

Reconocido por sus diferencias en un Estado mexicano pluriétnico, como sujeto de derecho, cada pueblo indígena tendría derechos culturales (que les permitiría tener medios de comunicación), políticos, económicos, educativos, de impartición de justicia, de acceso a la justicia, de protección de migrantes y a la libre determinación, que ejercerían de acuerdo a sus sistemas normativos llamados "usos y costumbres" por el gobierno federal.

El derecho a la libre determinación y, por expresión de ésta, a la autonomía, es el más cuestionado por el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, que afirma se estaría "balcanizando" al país; algo negado por los legisladores redactores del proyecto, que previendo desencuentros, aclararon que se ejercería "como parte del Estado mexicano", diferenciándolo así de la "soberanía".

La verdadera objeción gubernamental a la autonomía, sin embargo, puede leerse entre líneas: al administrar los recursos naturales de sus tierras -no así el petróleo- los pueblos indígenas decidirían qué hacer cuando los capitales extranjeros, deseosos de inversiones, golpeen a sus chozas.