No. 83 - Setiembre 1998

Colombia

Cultivos ilícitos y guerra química

por Elsa Nivia

El objetivo prioritario de RAPALMIRA ha sido combatir el uso y abuso de los plaguicidas y promover alternativas sanas, viables y sostenibles en Colombia. Por esto, le preocupó la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos por medios químicos y solicitó a los gobiernos de los presidentes César Gaviria y Ernesto Samper la suspensión de las aplicaciones aéreas de herbicidas de amplio espectro sobre cultivos lícitos e ilícitos. En el Congreso Nacional Ambiental pidió nuevamente la prohibición de las fumigaciones con herbicidas y la implementación de políticas sustentables.

RAPALMIRA considera importante combatir la producción de cultivos ilícitos, porque de ellos se extraen sustancias tóxicas que producen efectos sobre la salud a corto, mediano o largo plazo y están generando problemas ambientales. Pero no podemos ser de doble criterio o de doble moral, por tanto también nos oponemos al uso de herbicidas para su control, que pueden causar problemas de salud a corto, mediano o largo plazo y/o causar graves impactos ambientales. Además, desestimulan la inversión en alternativas sostenibles y contribuyen a los procesos de violencia.

Todos los tóxicos son perjudiciales. No hay tóxicos buenos por el hecho de estar permitidos y tóxicos malos por estar prohibidos. Por tanto, no se debe tratar como criminales a los campesinos que siembran los cultivos ilícitos, para obtener los ingresos que les permitan alimentar a sus familias, sin juzgar de la misma manera a la industria agroquímica, que produce y nos vende agrotóxicos no autorizados en Estados Unidos o en Europa, o prohibidos por razones de salud y/o ambientales; y lo mismo puede decirse de quienes nos exportan las 200.000 toneladas de precursores químicos necesarios para procesar la pasta de coca. Detrás de todo mercado de tóxicos se esconde la doble moral.

La estrategia de erradicación de cultivos ilícitos por aplicación aérea de herbicidas de amplio espectro se ha implementado en América Latina por casi 30 años (las primeras fumigaciones se hicieron en México a comienzos de la década de 1970), sin éxito, sino todo lo contrario. Se afirma que en Colombia el área dedicada a los cultivos ilícitos se ha incrementado en 388 por ciento. Por tanto es dudoso que se insista en esta estrategia y valdría la pena analizar qué otros intereses económicos mueven esta política.

Haciendo una mirada histórica encontramos que en 1978, durante el gobierno del presidente James Carter, el Congreso de Estados Unidos prohibió apoyar programas de fumigación en otros países en lo que se llamó la "Enmienda Percy". Y en 1981, durante el gobierno del presidente Ronald Reagan, el Congreso de Estados Unidos anuló la Enmienda Percy y aprobó 37.7 millones de dólares para uso de herbicidas en cultivos ilícitos durante 1982 y 1983. ¿Qué sectores se favorecen con estos millones, tanto en Estados Unidos como en Colombia, si esta estrategia no disminuye las áreas de producción sino que, al contrario, promueve su aumento?

Los intereses económicos externos en la estrategia de erradicación quedaron claros en la política de Reagan, quien para reanuda el programa abolió la orden ejecutiva N° 12.264 firmada por Carter al final de su mandato. Carter había considerado deber de los norteamericanos no exportar a las naciones no advertidas, productos que ellos no autorizarían en su país. Reagan consideró que imponer controles a sus propias exportaciones implicaba una reglamentación muy costosa y así nos impusieron de nuevo sus herbicidas para proteger sus propios intereses.

Los objetivos centrales de esa guerra contra las drogas fueron la erradicación de los cultivos, la interdicción (destrucción de laboratorios y pistas), la destrucción de los negocios de lavado de dinero dentro de Estados Unidos y el castigo a narcotraficantes y consumidores. Lo más importante para el gobierno de Estados Unidos era reducir la entrada de drogas a su país para subir el precio interno al consumidor y desestimular su consumo. Pobre análisis de la oferta y la demanda cuando de adicciones se trata. El tiempo ha demostrado que aumenta la demanda en Estados Unidos conduciendo a una mayor producción en nuestros países. Es difícil creer que los analistas económicos norteamericanos no supieran prever el resultado. Y si no lo previeron ya lo vieron. ¿Qué otros intereses mueven la insistencia en la estrategia de erradicación con herbicidas, que genera fuertes impactos ambientales y sociales pero no controla el problema de las drogas?

Otros intereses económicos se sumaron, como el de la "Fuerza aérea antidrogas" que se inició en 1978 con el ofrecimiento del Congreso de Estados Unidos al gobierno mexicano de cuatro helicópteros, para fumigar marihuana y amapola con paraquat. En 1988 ya contaba con 120 aviones en funcionamiento en Colombia, México y Birmania, más seis aviones de fumigación, seis helicópteros de reconocimiento, seis de transporte de tropas y un avión de carga. Hoy esa industria debe ser aún más próspera. O sea que tres cultivos ilícitos en América Latina mueven en el Norte el mercado de herbicidas, precursores químicos y aviones, más armas de guerra por la violencia que se ha generado, sumando problemas sociales, ambientales y de salud en el Norte y en el Sur, sin éxito. Es urgente cambiar ya la estrategia e implementar medidas social y ambientalmente sostenibles.

La defensa de intereses económicos aparentemente sin mucho interés en la solución de nuestros problemas ambientales, sociales y económicos se evidenciaron en el presupuesto que especificó el "Plan Benneth" en 1989: 45 por ciento para los programas de erradicación, 35 por ciento para los de interdicción y 3,6 por ciento para los de sustitución de cultivos y desarrollo. Grandes recursos financieros se orientaron y se siguen orientando al sostenimiento de las fuerzas armadas que implementan las medidas de erradicación e interdicción, sin resolver los problemas desde la base.

En enero de 1992 el Consejo Nacional de Estupefacientes expidió un comunicado a la opinión pública, donde describió el problema de la amapola y afirmó que en su erradicación se aplicarían medidas que hubieran demostrado científicamente no poner en peligro la vida humana y no causar daños al ecosistema. Pero igual se ha seguido aplicando el Roundup (glifosato), justificando los grandes recursos recibidos.

Pastrana se rebela contra el glifosato

En febrero de 1992 se dio una auténtica rebelión contra el uso del glifosato, por parte del Partido Social Conservador, el M-19 y la Nueva Fuerza Democrática, liderada por el actual presidente de Colombia, Andrés Pastrana.

En febrero de 1992, el ex presidente Misael Pastrana Borrero hizo uso del derecho de tutela para evitar que fuera usado el herbicida y Andrés Pastrana conminó al gobierno en una constancia a suspender la utilización del glifosato para eliminar cultivos de amapola, noticias que tuvieron amplio despliegue periodístico. Por tanto, consideramos que del nuevo gobierno sólo puede esperarse que su conciencia ambiental sea consistente con la de hace seis años.

En febrero de 1995 el gobierno del presidente Ernesto Samper anunció en el "Plan de Desarrollo Alternativo de la Presidencia de la República", su intención de destruir todos los cultivos ilícitos en dos años, y contempló inversiones de 300 millones de dólares en obras de infraestructura, vías, fomento productivo y acciones de conservación y defensa de los recursos naturales.

La realidad hoy es que se han incrementado la pobreza y la inseguridad, faltan vías de comunicación, hay deficiencias en salud, en educación, y el área de los cultivos ilícitos se ha incrementado en 388 por ciento, convirtiendo a Colombia en el primer productor de coca, a pesar de que las fumigaciones se han realizado ininterrumpidamente.

Alerta al Ministerio del Medio Ambiente sobre el Tebuthiuron

RAPALMIRA analizó recientemente los estudios de los norteamericanos C.S. Helling ("Environmental fate of herbicides in Hawaii, Peru and Panama", 1997) y J.J. Menn y Y.M. Schwarz ("Medición ambiental del uso del herbicida tebuthiuron para erradicar cultivos ilícitos de coca en ultramar. Revisión 1990-1997"), con los que se pretendió demostrar bajo impacto ambiental de herbicidas usados en la erradicación de cultivos ilícitos en zonas tropicales. Esta conclusión no es cierta; sólo se demostró mayor movilidad del tebuthiuron en zonas tropicales y no su degradación, lo cual significa alto impacto ambiental.

El tebuthiuron, de acuerdo con la Agencia de Protección Ambiental EPA de Estados Unidos, es un herbicida de amplio espectro, usado para control total de vegetación en áreas no cultivables, altamente soluble en agua y de baja absorción al suelo, por tanto muy móvil con la humedad del suelo y con alto potencial de contaminar aguas superficiales y subterráneas. Además, es un plaguicida persistente, con una vida media en el suelo de más de un año (la vida media se refiere a la desaparición del 50 por ciento de los residuos iniciales).

Este producto y otros con características similares como el imazapyr, nunca deben ser aplicados por vía aérea ni terrestre sobre nuestras selvas y páramos, en cumplimiento del artículo de prevención consagrado por la Constitución y por el Decreto 99 de 1993. Bajo este mismo principio tampoco se deben permitir las pruebas experimentales.

Las pruebas de laboratorio no son suficientes para medir la persistencia en suelo de los tóxicos, porque residuos no detectables por las pruebas de laboratorio disponibles actualmente pueden ejercer acción sobre cultivos susceptibles, como lo demostró Helling en pruebas de campo realizadas en Panamá con siete cultivos, sembrados en suelos tratados con diferentes dosis de tebuthiuron y otros herbicidas. En su informe, Helling concluyó que el tebuthiuron mostró fitotoxicidad prolongada proporcional a las dosis, y que la fitotoxicidad se manifestó después que no se detectaron residuos en laboratorio.

Los laboratorios más sensibles presentan ineficiencias para detectar residuos de sustancias muy solubles en agua y poco solubles en solventes orgánicos, como el tebuthiuron, el imazapyr y el glifosato, porque en los ensayos se utilizan solventes orgánicos. Por tanto, deben rechazarse categóricamente las pruebas experimentales, las cuales no deben aceptarse nunca con sustancias de reconocida peligrosidad, en cumplimiento del principio de precaución.

Conclusiones

* Las leyes de la oferta y la demanda se oponen a los programas de erradicación de cultivos ilícitos con herbicidas. Programas efectivos y duraderos deben orientarse a la solución de problemas de la gente, de las comunidades.

* Históricamente los supuestos estudios de impacto ambiental han sido solamente pruebas de eficacia de los herbicidas sobre los cultivos ilícitos.

* La erradicación aérea con herbicidas genera impactos sociales, ambientales, económicos y políticos, pero no atenta contra el negocio de las drogas. Se puede afirmar que a mayores recursos para la erradicación mayor producción, lo cual merece validez científica porque se ha demostrado durante un tiempo largo.

* Lo sensato actualmente sería suspender inmediatamente y prohibir las fumigaciones con herbicidas, y buscar e implementar otras medidas, de manera participativa, con estamentos nacionales e internacionales a nivel multilateral.

* No pueden mirarse las fumigaciones como un mal menor que reemplaza a otro mayor; son dos inmensos problemas que se suman.

* Si hay presiones políticas internacionales que quieren obligar al país a fumigar con tóxicos nuestras selvas y páramos o a experimentar con ellos, debemos oponer una fuerte presión ciudadana por la protección de las comunidades y nuestra biodiversidad.

Elsa Nivia es directora ejecutiva de RAPALMIRA, una ONG que por más de 15 años ha pertenecido a la Red de Acción en Plaguicidas y Alternativas de América Latina RAP-AL, adscrita a PAN Internacional (Pesticides Action Network).
Ponencia presentada en el Congreso Nacional "Ambiente para la Paz", Guaduas, Cundinamarca, 24-26 de julio de 1998