No. 83 - Setiembre 1998

Irán

La mujer y la Revolución Islámica

por Farideh Farhi

La historia de las mujeres iraníes y su relación con el Estado musulmán está íntimamente ligada con la Revolución Islámica. Al analizar las distintas etapas de la revolución y su efecto sobre las mujeres, la autora destaca también los diversos obstáculos que las iraníes enfrentan en su lucha por la equidad.

Desde los albores de la Revolución Islámica, el Estado iraní ha mantenido una relación ambigua con las mujeres. Por un lado, intentando movilizarlas y mantener sus rostros y sus cuerpos en el primer plano de la Revolución y, por otro, articulando por la fuerza la imagen "apropiada" de la mujer musulmana. En este proceso, la relación mujer-Estado estuvo influenciada por los sucesos de la propia Revolución, las ambigüedades culturales sobre el papel del género en el ámbito público, las exigencias del desarrollo y la creciente capacidad de las mujeres para utilizar el papel central que les otorgó el drama revolucionario con el fin de mantener sus temas de preocupación real en el plano central de la política.

Por supuesto, ninguna división en períodos de la naturaleza del Estado refleja la complejidad de los asuntos involucrados, pero pueden distinguirse al menos cuatro etapas en el período posrevolucionario, cada una con sus características particulares.

El género y la política de la Revolución

Este es el período que sucede inmediatamente a la Revolución, en el que el papel central de la mujer se inscribe con fuerza y claridad. Durante esta etapa de impugnación y reproducción de poder y de construcción del Estado, la imagen "apropiada" de la mujer musulmana (domesticada, con chador) asume gran importancia como símbolo de la búsqueda de la autenticidad y el renacimiento cultural. Por tanto, la apariencia, el comportamiento y las actividades femeninas son definidas y reguladas según los objetivos políticos o culturales de varios movimientos, el Estado y los líderes. Fue en este período que se impuso el uso obligatorio del chador y la segregación de las mujeres en varias áreas públicas, se prohibió la educación mixta y se dejó de reconocer la autoridad de las juezas.

Más importante fue la derogación, en 1979, de la Ley de Protección Familiar (aprobada en 1967 y reformada en 1974), que negó a las mujeres el derecho al divorcio y restableció el derecho irrestricto de los hombres a divorciarse. Además, se prohibieron las voces femeninas en la radio y las cantantes desaparecieron de la televisión.

Se ideó una campaña para vincular a la mujer con el hogar y la familia. Muchas carreras quedaron vedadas a las mujeres, como la abogacía, y las universitarias no podían participar de programas tales como ingeniería agrícola y ciencias veterinarias. El Estado asumió una política pro natalista: prohibió los abortos y la distribución de anticonceptivos, ensalzó a la familia musulmana y redujo la edad mínima para el matrimonio.

Pese a la derogación de varios derechos de las mujeres, es importante señalar que la Constitución de la República Islámica, ratificada durante este período de intensa lucha política, reafirmó el derecho básico y fundamental de las mujeres mayores de 15 a elegir a sus representantes, y también el de ser elegidas o designadas para todos los cargos políticos y administrativos, excepto la Presidencia, reservada para "distinguidas personalidades políticas y religiosas".

La respuesta de las mujeres a los nuevos códigos varió, según la clase y la ideología, del apoyo entusiasta a la hostilidad declarada, pasando por la aceptación.

¿Un paso adelante y dos atrás?

Las elecciones políticas del período inmediatamente siguiente a la Revolución, que afectaron la vida cotidiana de la mujer de manera fundamental, se realizaron a las apuradas y tuvieron más que ver con la construcción de una nueva identidad islámica y nacional que con las experiencias y los problemas concretos de las mujeres. Por esa razón, fue sólo después de que los nuevos líderes comenzaron a experimentar plenamente su papel de distribuidores y garantes de justicia que se manifestaron diferentes aspectos de sus elecciones políticas relacionadas con las mujeres, en un proceso que continúa hasta la actualidad.

En esta etapa, que puede identificarse con la guerra de ocho años contra Irak, muchas mujeres en general no relacionadas con el ámbito público se movilizaron en diversas actividades. Por ejemplo, pasaron a servir en las lavanderías y cocinas del ejército, como enfermeras en los hospitales militares, y ocuparon cargos más altos en muchas oficinas públicas.

Más importante aún fue que muchos problemas relacionados con las familias de los caídos en la guerra pasaron a primer plano. Esto no quiere decir que los mismos problemas no existieran en otras familias, sino que, debido al impacto devastador de la guerra y a la importancia social de las familias de los soldados para el Estado islámico, los nuevos líderes no podían ignorarlos. Por ejemplo, uno de los problemas más difíciles creados por la guerra fue la cuestión de la tutela de las mujeres sobre sus hijos, que les había sido quitada por las nuevas leyes. El otorgamiento absoluto de la patria potestad al padre y a la familia de éste fue causa de muchos abusos, ya que algunos niños fueron arrancados a viudas de soldados para cobrar la pensión que les otorgaba la Fundación de los Mártires u otras agencias gubernamentales.

Tras numerosas quejas de las viudas y bastante discusión en el parlamento, se aprobó en 1985 una nueva ley que otorgaba la tutela de un menor a su madre a menos que un tribunal rechazara su competencia. Esto le permitía a la madre cobrar la pensión aun si se volvía a casar.

Aunque todavía no se encontró una solución clara al problema, el Estado y el sistema judicial pasaron por un proceso similar con respecto a la incapacidad de la mujer para divorciarse y el derecho de los hombres a casarse en forma temporal o permanente varias veces. Los tribunales comenzaron a mostrar cada vez más flexibilidad en relación con el derecho de la mujer al divorcio y a cierta parte de los bienes del marido en caso de que éste inicie el divorcio, aunque en el caso contrario el bienestar económico de la mujer todavía no está garantizado.

Género y desarrollo

Así como la segunda etapa y su discurso pragmático pueden calificarse como un período de confrontación con la realidad cotidiana de las mujeres en el ámbito jurídico, la tercera es el período en que el papel económico de la mujer adquiere significación. Y esto no debería sorprender. Debido a la reducción de las ganancias por la venta de petróleo, de los ingresos del Estado en general, la creciente pobreza y el endeudamiento derivado de los enormes gastos de la guerra con Irak, el gobierno se vio en la necesidad de cambiar el curso del desarrollo social y económico. Esto hizo necesarias nuevas políticas económicas hacia la inversión extranjera y las exportaciones industriales, además de estrategias para reducir el ritmo de crecimiento de la población, que para entonces era uno de los más altos del mundo (cerca de 3,7 por ciento al año). Así es que surge un nuevo discurso que llama a las mujeres "agentes del desarrollo" e "invalorables recursos humanos", y urge a poner fin a las prácticas y leyes discriminatorias en las áreas de la educación y el empleo.

Algunas barreras al progreso de la mujer, como la limitación de su inscripción en diversas áreas de estudio, debieron ser levantadas. El Estado también debió sustituir su política pro natalista por una política pro familiar. Asimismo, se eliminó la prohibición del suministro de anticonceptivos en hospitales y clínicas, y se suspendieron los beneficios familiares para el cuarto hijo. La licencia maternal fue adecuada al número de hijos: al primero y al segundo correspondían tres meses de licencia, al tercero sólo un mes y ninguno para el cuarto y siguientes. Las clínicas de planificación familiar comenzaron a distribuir anticonceptivos y brindar asesoramiento en forma gratuita en todo el país.

La política de género también cambió en el ámbito de la justicia. Tras desalentar durante una década el estudio de la abogacía en las mujeres, el Estado iraní consideró ventajoso sacar provecho de la experiencia y educación de éstas. En forma lenta pero constante, todos los cargos del sistema judicial excepto las magistraturas se abrieron a las mujeres, que actualmente desempeñan en el Poder Judicial diversas funciones, incluida la de juez investigador.

El cambio de una economía de guerra a una era de reconstrucción produjo grandes cambios políticos en relación a la mujer. El mensaje del gobierno pasó a ser: el crecimiento económico equilibrado y el desarrollo nacional no pueden producirse en una situación de crecimiento descontrolado de la población y de marginación económica, social y cultural de las mujeres.

Un terreno disputado

Este período está marcado por una combinación de medidas pragmáticas, políticas de desarrollo y de identidad cultural e islámica. A esto se agrega que las mujeres, o al menos parte de ellas, finalmente comienzan a tomar posesión de lo suyo en materia política y a hacer sentir su presencia en todos los ámbitos públicos y de toma de decisiones. Las mujeres también están superando barreras en el empleo y en materia de salud reproductiva, además de lograr reformas de las leyes sobre matrimonio, violación, abuso físico, o al menos un reconocimiento de sus deficiencias, y la creación de instituciones de apoyo a las víctimas.

Las primeras señales de un cambio visible en el papel político de la mujer se produjeron en la quinta elección parlamentaria, celebrada en 1996. Una candidata identificada con la defensa de los derechos de la mujer recibió el segundo mayor número de votos en Teherán (el distrito más importante) y fue una de los dos candidatos electos al parlamento por ese distrito en la primera ronda. Otras candidatas que también estaban comprometidas con los derechos de la mujer fueron elegidas en la capital y otras ciudades, y las que no llegaron a ser elegidas tuvieron una buena votación.

Aunque el número de parlamentarias todavía es comparativamente pequeño (14 en 276), se ha abierto un espacio para que las mujeres influyan más en el parlamento y en la sociedad en general.

El resultado de la elección también produjo otras buenas noticias. Por primera vez, una mujer fue designada vicepresidenta de Asuntos Ambientales, y otras fueron nombradas viceministras (antes de los comicios había sólo una en el Ministerio de Salud).

Nada de esto significa que el camino para el progreso de la mujer esté despejado. El Estado islámico, en su evolución posrevolucionaria, incorporó medidas culturales y de desarrollo, y a la vez fue ampliando los derechos de la mujer, aunque en un principio parezcan ideas opuestas. Por ejemplo, la estricta aplicación del código de vestimenta musulmán fue usada para romper barreras culturales contra la presencia en ciertos ámbitos de las mujeres, un mecanismo que éstas utilizaron muy eficazmente para entrar en espacios públicos como trabajadoras o en otra condición.

El futuro

La relación de las mujeres con el estado En Irán está sufriendo cambios y entrando en una nueva fase. El Estado islámico, que se embarcó en un programa de reestructuración económica, está atrapado en una red de relaciones intrincadas en las que los temas de género son a veces usados para construir una identidad nacional y otras como un conjunto de problemas que deben abordarse adecuadamente para dar más legitimidad al Estado y promover el desarrollo económico. Las mujeres también están atrapadas en una red de prácticas y discursos opuestos, e intentan ganar lo más posible de un juego de fuerzas que no pueden controlar demasiado.

A juzgar por el pasado reciente, el parlamento y nuevos organismos gubernamentales de promoción de la mujer probablemente aprovecharán los imperativos económicos para impulsar inversiones y nuevos cambios legislativos en favor de los derechos femeninos. Sin embargo, debido a las exigencias de la reestructuración económica y a la controversia cultural relacionada con la mujer y sus temas, esos cambios legislativos serán inseguros y no necesariamente mejorarán la calidad de vida a menos que se cree una vibrante red de organizaciones de mujeres que pueda articular mejor sus diversos intereses y necesidades, además de protegerse contra posibles ataques. En este sentido, la lucha para mejorar la condición de la mujer es parte de la lucha por liberar a la sociedad del férreo control del Estado, lograr espacios para todo tipo de organizaciones sociales y crear un marco legal en el que los grupos organizados se sientan seguros para perseguir intereses particulares y puedan respirar autonomía.

Farideh Farhi es una escritora residente en Teherán.
Este artículo fue tomado de Focus (volúmenes 12 y 13), el boletín del Centro de Información sobre Derechos Humanos de Asia-Pacífico (Hurights-Osaka).