No. 84 - Octubre 1998

El desastre de Bhopal: un reclamo de justicia

Las víctimas fatales del desastre de la Union Carbide en Bhopal, India, en 1984 ascienden hasta la fecha a 16.000 y la cifra sigue en aumento. Como revela el siguiente extracto de un informe preparado por Bhopal Gas Peedit Mahila Udyog Sangathan y el Grupo de Bhopal por Información y Acción, la lucha en reclamo de justicia y medidas de reparación adecuadas está lejos de haber terminado.

En la medianoche del 2 de diciembre de 1984, más de 40 toneladas de isocianato de metilo, cianuro de hidrógeno y otros gases se filtraron de una fábrica de plaguicidas de Bhopal, propiedad de la multinacional Union Carbide Corporation, con sede en Estados Unidos. Ni el edificio de la fábrica ni su forma de funcionamiento observaban criterios de seguridad. Más de 500.000 hombres, mujeres y niños quedaron expuestos a las nubes venenosas producidas por los gases, y en la primera semana del desastre murieron no menos de 6.000 personas. La cifra actual de víctimas fatales se ubica en más de 16.000, y sigue aumentando.
Casi 14 años después, la situación médica en Bhopal sigue siendo pavorosa. Cientos de miles de sobrevivientes continúan sufriendo de heridas múltiples en diversos sistemas del organismo, causadas por la exposición a los gases tóxicos. La retención de información médica por parte de Union Carbide ha impedido la búsqueda de líneas específicas de tratamiento efectivo para las enfermedades de los sobrevivientes, y hace tiempo que el gobierno indio ha abandonado el intento. El gobierno no ha procurado mínimamente una rehabilitación económica, social y ambiental. Los funcionarios y organismos que han sido los máximos responsables del genocidio industrial, continúan impunes en tanto el gobierno indio se demora en darles la extradición.

Según los últimos informes del Consejo de Investigación Médica de India (ICMR, por su sigla en inglés), casi un cuarto de la población expuesta se ha convertido en enfermos crónicos. La exposición a los gases de Carbide los ha tornado vulnerables a infecciones secundarias; según el ICMR, la incidencia de la tuberculosis en la población afectada es más del triple de la cifra nacional para la población urbana. Las aberraciones cromosómicas en una cantidad inusualmente grande de personas afectadas por gas, encontradas en un estudio del ICMR, apuntan a la posibilidad de que se produzcan malformaciones congénitas entre las generaciones futuras de los sobrevivientes.

Abandonados

Con la finalización en 1994 de todos los proyectos de investigación del ICMR sobre las repercusiones del desastre a largo plazo en la salud, las actividades de investigación y supervisión fueron prácticamente abandonadas. El gobierno de Madhya Pradesh se había comprometido a continuar con el trabajo de supervisión de las condiciones de salud de los sobrevivientes a través del Centro para los Estudios de Rehabilitación, de Bhopal, pero ese centro nunca publicó ningún informe. No hay casi datos actuales sobre la morbilidad relacionada con la exposición persistente y el predominio de tuberculosis, cáncer e infertilidad entre la población expuesta, todo lo cual, según los médicos que intervienen en el tratamiento de los sobrevivientes, está en aumento. La estructura oficial para supervisar las muertes relacionadas con la exposición a los gases fue desmantelada en diciembre de 1992.

En los últimos meses no ha habido casi medicamentos para las víctimas de la filtración de gases en ninguno de los cinco hospitales y las ocho clínicas que los atienden. Se le pide a gente que no tiene dinero suficiente para satisfacer sus necesidades, que compre medicamentos e incluso jeringas, en estas instituciones que supuestamente les brindan atención médica gratuita.

Los registros sobre las existencias de medicamentos hasta el 15 de octubre de 1997 en una de esas instituciones, el Hospital Jawaharlal Nehru, ubicado cerca de la zona más seriamente afectada, mostraban que faltaba más de 79 por ciento de los medicamentos que debían recibir los pacientes. También indicaban que de 114 medicamentos que había que suministrar a los pacientes, para los tres meses siguientes sólo había tres disponibles en cantidades cercanas a lo necesario. Los registros relativos a las existencias de medicamentos en la Oficina Principal Médica y de Salud al 17 de octubre de 1997, demostraron que faltaba más del 57 por ciento de las medicinas que debían recibir los pacientes.

Más del 70 por ciento de los equipos de los hospitales y clínicas dependientes del Departamento de Liberación de Gases no funciona. La mayoría necesitan ser reparados, en varios hospitales faltan accesorios y nadie sabe restaurarlos ni se preocupa cómo hacerlo. Entre los numerosos equipos para diagnóstico y control de las enfermedades relacionadas con la exposición que no son utilizados está el Sistema Cardiorrespiratorio Gould, que desde 1990 está en el Hospital Jawaharlal Nehru en espera de que lo reparen. El desfibrilador con cardioscopo ha estado sin uso en el hospital Lal Singh desde 1992. La máquina de rayos X (100 MMR) ha estado sin uso en el Hospital Rukmabai desde 1989. La unidad de Prueba de Funcionamiento Pulmonar y la Prueba de Tolerancia al Ejercicio, del Hospital Shakir Ali Khan, permanece rota desde 1992. En el Centro de Medicina Pulmonar hay un equipo muy caro que ha estado inutilizado desde que lo compraron.

Una situación incambiada

Se ha prestado escasa atención a la elaboración de protocolos adecuados para la atención médica en esos hospitales. El tipo de tratamiento médico que se ha aplicado a los sobrevivientes ha permanecido básicamente incambiado desde la mañana del desastre, cuando nada se sabía sobre los gases venenosos. Union Carbide continúa reteniendo información sobre la composición de los gases filtrados y sus efectos a largo plazo en el organismo humano. Ante la falta de esa información, los médicos de Bhopal continúan recetando indiscriminadamente antibióticos, esteroides y drogas sicotrópicas, que proporcionan, si acaso, tan sólo un alivio temporario.

Un estudio realizado por la Comisión Médica Internacional sobre Bhopal señaló que las terapias prescritas a los sobrevivientes en los hospitales estatales apuntan a un alivio sintomático temporario más que a un mejoramiento a largo plazo de los procesos de enfermedades crónicas. Las carencias del sistema de salud pública provocaron el florecimiento de un próspero negocio con la medicina privada. En las zonas severamente afectadas casi el 70 por ciento de los médicos privados no están siquiera suficientemente calificados, sin embargo constituyen el pilar de la atención médica de Bhopal.

A pesar de la continua oposición de las organizaciones de sobrevivientes, el gobierno estatal ha empezado a entregar las ocho clínicas de la comunidad al Trust Hospital Bhopal (BHT), establecido por la propia Union Carbide Corporation. También están en marcha los preparativos para la transferencia de las cuatro clínicas de la Cruz Roja. Los fondos para el BHT salen del valor de las acciones de Union Carbide que han sido embargadas preventivamente para asegurar que los representantes de la empresa enfrenten las sentencias penales relacionadas con el desastre. Mediante las intervenciones en el Supremo Tribunal a través del único depositario del BHT, Sir Ian Percival (un abogado que trabajó para Union Carbide de 1984 a 1992), la empresa pudo levantar el embargo de las acciones y continúa impune. En los últimos dos años Percival gastó 70 millones de rupias en la construcción de un hospital de 260 camas, que está a unos ocho kilómetros de la zona afectada por el gas, y 50 millones en sus propios honorarios y gastos de transporte y oficina.

El BHT pretende dar una imagen humana de la empresa mientras que la ayuda a escapar de la justicia. Los planes de Percival para la administración de la atención de la salud han sido seriamente criticados por grupos profesionales nacionales e internacionales, incluido el ICMR. Otra de las aprensiones es con relación a la transparencia de las actividades del centro de investigación médica que sería creado por el BHT. La buena fe de Percival y su papel en la administración de la atención médica en Bhopal ha sido motivo de juicio en el Supremo Tribunal, presentado por las asociaciones Bhopal Gas peedit mahila Udyog Sangathan (BGPMUS), el Grupo Bhopal para la Información y la Acción (BGIA) y Bhopal Gas Peedit Sangharsh Sahayog Samiti (BGPSSS).

Injusticia

Se ha rechazado alrededor del 30 por ciento de las demandas por lesiones y hay más de 400.000 demandantes cuyos casos todavía están pendientes de resolución. De las 15.168 demandas por muerte, 3.891 han sido rechazadas y se ha pagado un promedio de 67.267 rupias como compensación por 11.267 casos. Si bien es cierto que la suma total pagada por Union Carbide (470 millones de dólares) ofrece escaso margen para brindar compensaciones adecuadas, los jueces están cometiendo graves injusticias en los tribunales en la medida que tienen limitados conocimientos acerca de las consecuencias sobre la salud que provoca la exposición a los gases de Carbide.

El daño causado a la salud mental de los sobrevivientes no se considera pasible de compensación, y los hijos de las mujeres que estuvieron expuestas a los gases y que sufren de retardo en el crecimiento físico y mental, tampoco tienen derecho a reclamar compensación. Negativa a la compensación, corrupción a todos los niveles, demoras y procedimientos tortuosos por las que esas personas deben establecer su condición de víctimas, continúan haciendo de todo el proceso de compensación una pesadilla sin fin. Se estima que hay unas 50.000 personas que han quedado incapacitadas debido a la exposición a los gases de Union Carbide y que por ese motivo ya no pueden mantener más sus trabajos. El gobierno estatal, aparentemente en un intento de deslindar responsabilidades por la rehabilitación de sobrevivientes incapacitados, distribuyó algunas instalaciones entre 16 ONG que se habían comprometido a iniciar actividades generadoras de ingreso dándole empleo a los sobrevivientes en el término de 90 días.

Pasó más de un año y hasta ahora sólo tres de ellas comenzaron a funcionar. De los 152 depósitos edificados en la Zona Industrial Especial, 52 están en posesión de la Fuerza de Acción Rápida y son utilizados como barracas por esta organización paramilitar. Los depósitos, cuya construcción insumió 2,3 millones de dólares, estuvieron originalmente destinados exclusivamente al empleo de más de 10.000 personas afectadas por la tragedia, para las industrias del vestido, del procesamiento de alimentos y la electrónica.

Hasta ahora, ni una sola persona afectada por los gases encontró empleo en la Zona Industrial Especial. Doscientas mujeres afectadas por los gases fueron seleccionadas recientemente para un curso de tres meses de capacitación en la producción de artesanías de yute, sin ningún plan acerca de cuándo podrán obtener empleo después de haberse capacitado. Previamente, este mismo año, el gobierno estatal anunció sus planes de iniciar escuelas de medicina e ingeniería para la rehabilitación de las víctimas. No obstante, 30 por ciento de ellas son analfabetas y sólo el 12 por ciento recibió educación de nivel secundario, según la encuesta realizada por el ICMR.

Los funcionarios no han prestado atención a la imperiosa necesidad de garantizar una pensión vitalicia para las viudas, los huérfanos, los enfermos crónicos y los sobrevivientes discapacitados, y la prestación regular de complementos alimenticios para los niños de familias afectadas por los gases. La orden final del Supremo Tribunal, del 3 de octubre de 1991, de ofrecer cobertura de seguro a unos 100.000 niños que seguramente sufrirán los efectos retardados de los gases letales, también es ignorada por el gobierno central.

El agua potable, el saneamiento y un entorno de vida saludable permanecen inaccesibles para la mayoría de las víctimas de la tragedia, a pesar de que en los últimos 13 años el gobierno gastó más de 20 millones de dólares en la rehabilitación del medio ambiente, fondos que fueron gastados en construcción de caminos, alumbrado de calles y otras infraestructuras fuera de la zona.

No hubo mejoras en las condiciones de vida de las comunidades afectadas por el escape de gas. Las comunidades vecinas a la fábrica de Carbide continúan expuestas a los productos químicos tóxicos que son perjudiciales para los pulmones, el hígado y los riñones y que pueden causar cáncer. Esto es el resultado de la eliminación habitual de productos químicos de la fábrica, contaminando el suelo y el agua subterránea de la zona.

Un análisis realizado por el laboratorio CEL (Citizens Environmental Laboratory), de Boston, muestra la presencia de productos químicos en los pozos de agua de las comunidades de los alrededores de la fábrica. Una investigación en colaboración de Arthur D. Little Inc. (retenida por la Union Carbide Corporation, Estados Unidos) y del Instituto Nacional de Investigación de Ingeniería Ambiental, de Nagpur (retenida por Union Carbide India Limited), confirmó los hallazgos del laboratorio CEL y recomendó continuar con la investigación para hacer una mejor evaluación de la contaminación ambiental. Mientras tanto, la dirección de la compañía dragó el sedimento de los Pozos de Evaporación Solar y enterró el material altamente contaminado a tres metros del suelo, aparentemente con la intención de encubrir la evidencia de daño ambiental.

Nuestros reclamos

Buscamos su solidaridad con nuestra lucha y el apoyo a las siguientes demandas:

* El gobierno de India debe detener el mal manejo que de la acción judicial contra los responsables del desastre está haciendo el Departamento Central de Investigaciones. Es necesario que el gobierno establezca un organismo especial con la debida competencia legal, técnica y científica, y abierta a la participación de representantes de los sobrevivientes, para supervisar el proceso de las empresas y los funcionarios acusados.

* El gobierno de India debe establecer una Comisión Médica Nacional sobre Bhopal para un tratamiento médico a largo plazo, la supervisión de la condiciones de salud y la rehabilitación económica de los sobrevivientes. La comisión debe contar con autoridad y fondos adecuados y debe incluir profesionales que no sean del gobierno y representantes de las organizaciones de los sobrevivientes.

* El gobierno de India debería reanudar el control oficial de las muertes relacionadas con la exposición a los gases en las comunidades afectadas y publicar los informes finales del Consejo de Investigación Médica de India sobre las consecuencias a largo plazo en la salud del desastre de Union Carbide.

* El gobierno de India debe nombrar un organismo autónomo que incluya representantes de sobrevivientes y profesionales no gubernamentales para controlar los fondos del Hospital Trust de Bhopal y supervisar toda la administración de la atención de la salud entre los sobrevivientes.

* El gobierno de India debería nombrar una Comisión de Investigación para investigar la corrupción, la mala administración y la dilapidación de los fondos públicos en los programas oficiales de reparación y rehabilitación en Bhopal.

* El gobierno de India debería adoptar medidas de reparación para resolver las injusticias, la postergación y la corrupción en el pago de las compensaciones. El gobierno debe hacer una evaluación judicial adecuada de todos los casos de lesiones y muertes en que la injusticia es evidente.

* El gobierno de India debería adoptar medidas para evaluar el daño ambiental causado por la contaminación del agua subterránea y el suelo dentro y alrededor de la fábrica de Union Carbide y asegurar que los sobrevivientes de las comunidades vecinas estén protegidos de esos contaminantes tóxicos.