No. 87/88 - Enero/Febrero 1999

Smurfit Cartón de Venezuela: las plantaciones de la discordia

por Ricardo Carrere

"El grupo Smurfit Cartón de Venezuela se halla ligado a las comunidades de cada región donde actúan sus empresas. Mediante programas socioeducativos y culturales mantiene el acercamiento con su entorno, para lograr la integración total con la comunidad".(1) Si lo de arriba pretende describir la realidad en el estado de Portuguesa, basta con conversar cinco minutos con los habitantes de las comunidades aledañas a las plantaciones de Smurfit para afirmar que es falso; en caso de tratarse de una declaración de intenciones, sólo se puede concluir que hasta ahora ha sido un fracaso estrepitoso.

Un pasado poco alentador

En 1986, el Grupo Jefferson Smurfit adquirió la empresa norteamericana Container Corporation y uno de los resultados de dicha fusión fue que se convirtiera en la principal accionista de Cartón de Venezuela, cambiando su nombre al actual de Smurfit Cartón de Venezuela.

¿Qué es el Grupo Jefferson Smurfit y cuáles son sus antecedentes? Se trata de una enorme empresa transnacional, con sede en Irlanda, que recientemente se fusionó con la norteamericana Stone Container (convirtiéndose así en la mayor productora mundial de envases de papel y cartón). La empresa tiene inversiones en veinte países, entre los que se destacan los Estados Unidos, México, Colombia y Venezuela (en éstos tres últimos es donde obtiene sus mayores ganancias). En nuestra región continúa en expansión, en particular en Argentina y con posibilidades de hacerlo en Brasil.

Sus antecedentes en materia social y ambiental dejan mucho que desear. En los Estados Unidos, la política inflexible de la empresa generó largas huelgas y sus directivos han recurrido con frecuencia al lock-out patronal. Al momento de la adquisición de la Container Corporation, despidió inmediatamente a unos mil empleados, respondiendo a su ya tradicional política en ese sentido. En los Estados de Ohio y Oregon ha sido investigada y multada por sus delitos ambientales. En Colombia ha deforestado y generado graves impactos ambientales, a la vez que mantiene conflictos con las comunidades locales, lo que le ha implicado cuestionamientos en la propia Irlanda. Recientemente fue publicado un libro (El imperio de cartón: impacto de una multinacional papelera en Colombia, por Joe Broderick, 1998), donde se describe en detalle un panorama en Colombia casi idéntico al que se constata en Portuguesa.

La invasión latifundista

En 1986 comienza a adquirir tierras y a plantarlas con eucaliptos (fundamentalmente de las especies urophylla y grandis), pinos (caribaea variedad hondurensis) y melinas (Gmelina arborea). En la actualidad es propietaria de quince fincas, con un total de unas 27.000 hectáreas en el Estado de Portuguesa y de otras 7.000 en los Estados Lara y Cojedes. Al menos la mitad de dichas tierras han sido clasificadas como de prioridad agrícola. De acuerdo con la legislación venezolana, dichas tierras no podrían haber sido plantadas con árboles. Por un lado, porque es violatorio del Plan Estadual de Ordenación del Territorio, al ocupar suelos de vocación agrícola, distintos de los designados explícitamente para la plantación de árboles. Por otro lado, porque la propia Constitución venezolana explícitamente prohibe (en su artículo 105) el latifundio y este conjunto de propiedades se encuadran claramente en la definición de "latifundio". Pese a todo ello, la empresa ha logrado adquirir todas esas fincas y cubrirlas con enormes plantaciones de eucaliptos, pinos y melinas.

La generación de empleos

La generación de empleos por parte de una empresa constituye en general una de las razones para que sea aceptada y valorada por las comunidades locales. Sin embargo, las condiciones de trabajo en los empleos que generó Smurfit en Portuguesa han sido malas y acompañadas por la represión antisindical. Además, luego de una primera etapa que implicó cierta generación de empleos, se pasó a una reducción drástica de personal y en la actualidad sólo tienen trabajo permanente unas pocas personas en cada una de las fincas. Emplea muchas mujeres en su vivero, pero allí las condiciones de trabajo son pésimas, con largas y agotadoras jornadas de trabajo, sin transporte desde y hacia sus hogares, sin leyes sociales, sin ropa adecuada y expuestas a productos químicos que afectan la piel. Se sospecha que varios abortos y malformaciones son consecuencia de la exposición a dichas sustancias químicas, utilizadas en la clonación de eucaliptos. El trabajo es además mayoritariamente temporario, por lo que la inestabilidad laboral es la regla.

La toma de La Productora

Independientemente de lo que la empresa entienda por "el acercamiento con su entorno, para lograr la integración total con la comunidad", lo cierto es que hizo todo lo contrario. Ya en 1997 la relación entre la Smurfit y las comunidades campesinas locales se encontraba en un nivel crítico a consecuencia de una fumigación aérea con herbicidas realizada por la empresa, que destruyó 190 hectáreas de cultivos de los campesinos e incluso provocó la intoxicación de escolares en la población de Tierra Buena. Súbitamente, la situación hizo explosión. Ese año, la Smurfit había adquirido una extensa finca de 2.700 hectáreas (La Productora), que hasta ese momento había estado dedicada a la producción agrícola comercial y a la cría de ganado. Los campesinos de dos comunidades adyacentes (Morador y Tierra Buena) habían estado a la espera de que se les adjudicara tierras de dicha finca en el marco del programa de reforma agraria del gobierno. Smurfit cambió totalmente la situación, no sólo por la plantación de árboles en esas tierras que los campesinos necesitaban para sus cultivos, sino también porque modificó la relación que los campesinos habían mantenido hasta entonces con el anterior propietario, que les autorizaba el libre acceso a la finca, incluyendo actividades de pesca, de caza y de recreación. En ese contexto, la Smurfit cercó todo el predio con alambre de púas y contrató guardias para impedir el ingreso de gente a su propiedad.

El 14 de julio de 1997, los campesinos ocuparon La Productora en forma pacífica, con el objetivo de dialogar con el gobierno para lograr que se les asignara parte de dichas tierras. Desde el punto de vista legal, todo parecía estar de su lado, ya que la legislación venezolana prohibe la existencia de latifundios y prioriza la asignación de tierras agrícolas a los campesinos. Como parte de su estrategia para impedir que en esas tierras agrícolas se plantaran árboles, los campesinos dañaron unas 150 hectáreas recién plantadas con eucaliptos, pasando por encima de la plantación un tractor con rastra.

Como respuesta, el gobernador envió a la Guardia Nacional. La represión fue despiadada y cientos de hombres, mujeres y niños fueron brutalmente apaleados, gaseados, baleados, pateados y arrestados. Las narraciones de quienes vivieron la experiencia son terribles. Hablan de fusilamientos con perdigones, de bombas lacrimógenas que se hacían explotar en la cara de la gente, de un joven baleado, con los intestinos saliéndosele del cuerpo, tirado en una camioneta de la Guardia y con la bota de un soldado pisándole el cuello y gritándole que lo iba a matar; de un hombre de unos 60 años siendo pateado por 6-8 soldados jóvenes y a quien como consecuencia se le desprendió un riñón, de mujeres embarazadas siendo apaleadas y pateadas brutamente, de una joven violada.

El hostigamiento permanente

Muchos de quienes participaron en la toma de La Productora aún sufren de los daños físicos que se les infligieron y aquellos sospechados de haber dirigido la operación todavía tienen sus movimientos restringidos y deben presentarse regularmente ante las autoridades. Pese a existir sobrada evidencia de las torturas a que se sometió a la gente (incluyendo fotografías y testimonios escritos), los responsables no han sido condenados y se mantienen impunes. Por el contrario, la represión continúa presente en la zona y el terror es la herramienta básica para intentar mantener a la gente alejada de las propiedades de la empresa. Se han traído desde Colombia perros especialmente adiestrados (incluyendo sus correspondientes perreros); se disparan ametralladoras durante la noche; el área es patrullada por vigilantes a caballo con sus rostros cubiertos con pasamontañas; se registran casas sin orden judicial; se efectúan disparos contra la gente frente a sus propias casas; las personas son detenidas en la carretera y son golpeadas si se les encuentra una caja de fósforos en sus bolsillos (algo considerado por la empresa como sinónimo de intento de incendio).

Otra medida adoptada fue el despido de todos aquellos trabajadores que participaron en la toma o sospechados de haber participado en ella. Pero la empresa no perdona. Aún después de despedidos, los continúa hostigando con una mezquina venganza: no les completa los formularios para presentar ante el seguro social y eventualmente se los completa, pero incorrectamente, por lo que el trámite nunca termina y aún no han podido cobrar aquello a lo que tienen derecho.

Es importante recalcar sin embargo que el tema no se restringe a la finca La Productora. En Chigüire, poblado adyacente a otra finca de Smurfit (El Toco), la Guardia Nacional confiscó y derramó el keroseno de uso doméstico de los pobladores, con el argumento de que se trataba de un arma para provocar incendios en las plantaciones. Y así en el resto de sus fincas.

Una de las más recientes perlas de ese collar: Melvis Molina, presidente del Grupo Ecológico Morador, fue detenido en diciembre de 1998, pocos días después de la visita del autor de este artículo a ese estado, donde pudo recoger gran parte de la información que aquí se resume. El Grupo Ecológico denunció que la decisión del juez fue el resultado de presiones por parte de los apoderados de la empresa Smurfit y acusó a ésta de "responder con terrorismo judicial la reciente visita del Ing. Ricardo Carrere del Movimiento Mundial por los Bosques, quien llevará a instancias internacionales el desastre ecológico y social causado por esta empresa". Simultáneamente, se cree que la detención constituye una venganza contra la familia Molina por su persistente crítica en los medios de prensa locales sobre los impactos sociales y ambientales de las plantaciones de la Smurfit. Gracias a la activa participación del abogado del Comité de Tierras, Dr. Rafael González, Melvis Molina fue finalmente liberado, tras haber permanecido en detención por varios días.

El arte de hacer "amigos"

Resulta claro que esta empresa ha tenido una gran habilidad en hacerse de enemigos. En compensación, también ha sabido hacerse de amigos, en particular en las esferas de poder. Por alguna extraña razón, los efectivos locales de la policía y Guardia Nacional, así como del Ministerio del Ambiente e incluso el gobernador parecen ser sus amigos. Se dice -la gente es mala y murmura- que el teniente coronel de la Guardia Nacional que dirigió personalmente el operativo de desalojo de La Productora recibió una camioneta Toyota en premio a sus esfuerzos. Se sabe que los funcionarios de la guardia nacional afectados a la defensa de las propiedades de la empresa son alojados y alimentados a expensas de la misma. Extraña a su vez la facilidad con que el Ministerio del Ambiente le otorga permisos de corta de bosques, como asimismo extraña la ceguera de la policía que "no ve" los camiones que circulan con madera de bosque tropical por las carreteras. Se dice -otra vez la gente mala- que los hijos del director de Medio Ambiente de Portuguesa trabajan para la empresa. En materia sindical, resolvió el tema al clásico estilo siglo XIX: despidió a todos los que intentaron crear un sindicato e inventó uno con gente adicta a la empresa.

Hablemos del medio ambiente

"El Grupo Cartón de Venezuela y sus Compañías Asociadas se comprometen en hacer de la preservación del ambiente una prioridad en sus operaciones existentes, así como sus nuevas inversiones (...) y tiene como objetivo asegurar que vivamos y trabajemos en un mundo ambientalmente amistoso".(2) La empresa auspicia diariamente un espacio radial (muy malo por cierto) titulado "Hablemos del medio ambiente". Pues bien, entonces hablemos -pero en serio- de lo que la empresa le está haciendo al medio ambiente.

La deforestación forma parte de la política de la compañía. A pesar de disponer de extensas plantaciones, su planta de pulpa ha sido hasta ahora fundamentalmente alimentada con madera tropical, extraída tanto de sus propias propiedades como de predios de terceros. Aunque tal actividad es ilegal, la empresa logra "legalizarla" con la ayuda de algunos funcionarios públicos. Existe amplia evidencia de que la compañía ha deforestado en muchas de sus fincas y una de las primeras denuncias en ese sentido se remonta al año 1993, cuando se constató una importante deforestación en las cabeceras de la Quebrada de Tacamajaca. En el caso de la finca La Productora, obtuvo un permiso del gobierno para deforestar 600 hectáreas de bosque tropical altamente diverso. En otras de sus fincas, la tala de bosques se ha llevado a cabo ilegalmente.

Además, cualquier persona puede observar camiones cargados de "leña" (designación genérica utilizada para evitar el control de especies legalmente protegidas de la corta), desplazándose de noche por las carreteras en dirección a la planta de pulpa Mocartel (propiedad de Smurfit) en el Estado Yaracuy. Simultáneamente, la empresa logra "legalizar" la corta de bosques de terceros mediante un mecanismo sencillo: envía emisarios a fincas privadas donde ha identificado la existencia de bosques aprovechables, pero que sus dueños no pueden cortar porque les resulta imposible obtener el permiso correspondiente. El emisario sólo requiere que el propietario esté de acuerdo en venderle la madera y el resto de la tarea queda a su cargo: obtener el permiso del Ministerio del Ambiente, cortar, sacar, cargar y llevarse la madera. Si bien el precio que pagan al propietario es muy bajo, a éste le conviene porque por un lado obtiene algo de dinero (que de otra manera no podría obtener del bosque) y por otro lado porque le permite ampliar -legalmente- el área destinada a cultivos agrícolas o a ganadería. Para la empresa constituye un gran negocio, puesto que obtiene la materia prima que necesita a un precio tan bajo, que le resulta más conveniente que cortar sus propias plantaciones, lo cual explica entonces el misterio de la predominancia de los camiones de "leña".

Los pobladores locales han constatado importantes impactos sobre el agua pocos meses después de que se establecieran las plantaciones de la Smurfit. Como en el resto del mundo, estos impactos son el resultado del elevado consumo de agua por estas plantaciones de rápido crecimiento. Pero en este caso se suma la destrucción deliberada de cursos de agua con bulldozers, que aplanan el terreno para poder así plantar más árboles (la política de la empresa parece ser la de que cada centímetro de tierra debe ser plantado) y la destrucción de los bosques de galería que protegen y regulan las cuencas hídricas. El resultado (por supuesto negado por los "expertos" que periódicamente trae la empresa para demostrar lo indemostrable) es que se están secando las quebradas y el volumen de agua de los pozos es cada vez menor.

Animales, peces y plantas locales, que proveían muchos de los recursos alimenticios de la gente local también están desapareciendo a pasos agigantados, a medida que sus hábitats naturales son sustituidos por desiertos verdes de árboles y a medida que se talan más bosques para alimentar la planta de pulpa. "Nunca he visto un pájaro que se pare en un árbol de esos", dice la gente. Agregan que antes los conejos eran muy abundantes y que ahora sólo se los encuentra muy alejados de las plantaciones. Cuentan que antes cazaban armadillos, venados y que consumían pescado de la quebrada, pero que ahora, a causa de las plantaciones, casi han desaparecido.

Un modelo insustentable

Todo lo anterior lleva a una sola conclusión: el modelo de "desarrollo" que lleva adelante la Smurfit en Portuguesa es insustentable, tanto en lo social como en lo ambiental. Pese a su política de hostigamiento y represión, la compañía no parece estar teniendo éxito en cuanto a doblegar la determinación de la gente de oponerse a sus actividades y se abre un gran signo de interrogación respecto a cuanto tiempo podrán sobrevivir sus plantaciones (aún protegidas por alambrado de púas, perros y hombres armados), estando al mismo tiempo rodeadas de cientos de personas que odian a esos árboles y a la empresa que ellos representan. Si las plantaciones forestales son insustentables en general, en este caso parecen ser más insustentables que nunca.

(1) Asociación Civil Escuela Técnica Agropecuaria Smurfit Cartón de Venezuela, s.f. (Escuela Forestal creada y financiada por Smurfit)." (2) Smurfit Cartón de Venezuela, S.A., División Forestal, Acarigua, Edo.Portuguesa).