No. 87/88 - Enero/Febrero 1999

Es la hora de los derechos humanos

Con ocasión de los hechos que se han desencadenados en el país y en la comunidad internacional a raíz de la detención de Augusto Pinochet en Londres, diversos organismos de la sociedad civil comprometidos con el proceso democrático nacional, expresamos a la opinión publica: 1. Pinochet ha recibido la sanción moral del mundo. Nadie puede desmentir los crímenes contra la humanidad que se cometieron en Chile durante la dictadura militar. Tampoco se puede negar la responsabilidad de Pinochet y otras altas autoridades en la comisión de estos delitos. La propia defensa del dictador lo confirmó ante el tribunal británico. Y el fallo de la Cámara de los Lores, del 25 de noviembre, que declaró legal el arresto del dictador así lo ratifica.

2. Esta decisión -junto al juicio llevado en España- son hechos históricos para el futuro de los derechos humanos y para la lucha contra la impunidad. Constituyen el esfuerzo de la comunidad internacional para lograr que los derechos humanos dejen de ser solo un discurso y se transformen en realidad, mediante apropiados y renovados instrumentos de sanción penal internacional.

3. Se ha pretendido hacer creer que la detención del ex dictador es un hecho que atenta gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o puede comprometer la seguridad nacional. No es verdad. El verdadero agravio que sufre el país han sido las ejecuciones de las más graves, masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos que se hayan cometido nunca en la historia de nuestro país y, lo es también, la persistencia de la Impunidad, la denegación y ausencia de justicia, por más de 25 años. No tiene la mínima validez ética pretender ampararse en burdos subterfugios. Quienes invocan derechos de soberanía y territorialidad, condiciones de inmunidad y determinadas competencias de jurisdicción no quieren comprender que se está construyendo un nuevo ordenamiento de la convivencia humana, basada en la cultura de la paz y los derechos humanos.

4. En el país no existen las condiciones jurídicas ni políticas que garanticen efectivamente el ejercicio de la justicia respecto a las graves violaciones de derechos humanos. En efecto, en Chile existe un Decreto de Ley de Amnistía que el Poder Judicial aplica en la gran mayoría de los procesos; los Tribunales Militares juzgan todos aquellos casos donde los delitos fueron cometidos por militares, aplicando sin investigar, dicho decreto de Amnistía; y, por sobre todo, existe una Constitución política que no garantiza la subordinación del poder militar al poder civil. Corresponde entonces, que estos crímenes sean juzgados por la comunidad internacional.

5. La derecha chilena ha demostrado una vez más su incapacidad para asumir la validez de los derechos humanos y del principio irrenunciable al derecho a la vida. Con la soberbia que la caracteriza vuelve a amenazar oculta o abiertamente a la democracia. Con ello ha estado creando un clima propicio para desencadenar una inaceptable nueva ola de violencia política.

6. El gobierno frente a estos hechos se ha dejado presionar, incurriendo en una actitud vergonzosa frente a la comunidad nacional e internacional. Ha representado la defensa de Pinochet en una campaña de presión política hacia Inglaterra y España fundada en el desconocimiento de principios esenciales del estado de derecho, tales como, los de la igualdad frente a la ley y el de la autonomía de los poderes del Estado. También niega el principio del reconocimiento de la jurisdicción penal universal de los tribunales nacionales para enfrentar los crímenes graves contra la humanidad; principio sin el cual no se garantiza la efectividad del Derecho Internacional. Sin embargo, el gobierno se inhibe en su rol de autoridad pública, toda vez que ha sido incapaz de restablecer el imperio de la ley y de garantizar la vigencia y el pleno respeto a los derechos humanos.

7. El proceso democrático de Chile no puede seguir pretendiendo fundarse en el ocultamiento de la realidad. Hoy diversos sectores políticos nacionales insisten en presentar soluciones limitadas, frente a la exigencia de Verdad y Justicia, que junto con perpetuar el modelo de impunidad existente persiguen en lo inmediato, construir una base de apoyo político que haga creíble frente al mundo la presunta voluntad que tiene el gobierno chileno de juzgar al dictador.

8. En el año del cincuentenario de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha llegado la hora de reconocer que sin derechos humanos no hay democracia. Y sin Verdad y sin Justicia no se pueden restablecer las bases institucionales del país.

Santiago, 9 de diciembre de 1998

Coordinadora de Instituciones de Derechos Humanos para el 50° Aniversario de la Declaración Universal

Amnistía Internacional Sección Chilena; Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS); Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU); Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC); Fundación de Protección a la Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (PIDEE); Corporación Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Chile).

Adhieren:

Red Chile de Acción por una Iniciativa de los Pueblos (RECHIP); Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD); Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP); Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos IX Región; Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos, Valdivia; Colectivo de Ex-detenidos de Centros Clandestinos de Reclusión y Campos de Concentración; Foro Permamente por los Derechos Humanos, Ancud-Chiloe; Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; Taller de Acción Cultural (TAC); Corporación del Desarrollo de la Mujer, La Morada; Instituto de la Mujer; Fundación Laura Rodríguez; Taller PIRET; Grupo de Acción Ecológica de Atacama (GAEDA); Consejo Ecológico de Los Angeles; SENDAS, IX Región; CETAL, Valparaíso; Red Chilena de Objeción de Conciencia (ROC-Chile); Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE)